Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 21 de octubre de 2017

POLICÍA AGREDE PROTESTA POPULAR EN LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN BOGOTÁ

Boletín sobre situación de derechos humanos 

Derecho a la protesta social

El pasado 24 de abril de 2017 la comunidad del asentamiento Esperanza Villas del Rio, del barrio Bilbao, localidad de Suba, ciudad de Bogotá, fue víctima de un desalojo irregular realizado por la Fuerza Pública ESMAD, en el que fueron quemadas sus viviendas y pertenecías.

Antes y después de este hecho que afecta su derecho a la vivienda, a la vida digna, a la subsistencia, a la familia. La comunidad ha procurado la apertura de espacios de diálogo en el marco del cual se dé solución definitiva y de fondo a su problemática. Las autoridades competentes del gobierno local y distrital, han tenido una actitud negligente e indolente ante el hecho y las necesidades de la comunidad. El último acto de irrespeto y desatención de sus obligaciones como Estado, fue la inasistencia a la audiencia convocada en el Concejo de Bogotá el pasado 29 de abril.

Con el propósito de ser escuchados y de lograr la conformación de una mesa que permita resolver las necesidades y derechos, el día de hoy, 20 de noviembre del 2017, en el marco de la jornada nacional de indignación, la Comunidad del asentamiento Esperanza Villas del Río, en ejercicio del derecho a la protesta social, realizó una visita cultural a la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá.

A las 8:00 am, se dio inicio a la acción legítima de exigencia. Un grupo de personas se apostó frente a las instalaciones de la entidad, y otro grupo se ubicó al interior de la misma, llamando la atención sobre su situación y solicitando la presencia de autoridades para establecer un diálogo en la vía de garantizar su derecho fundamental a la vivienda digna.

Es importante mencionar que ningún funcionario de la institución fue agredido o retenido en contra de su voluntad; la comunidad informó el objetivo de la actividad y dio la posibilidad de que las personas salieran del lugar. Por el contrario sí se presentaron agresiones por parte del personal de seguridad contra la comunidad, además de ataques por parte de la fuerza pública.

Represión policial impide el diálogo

En desarrollo de la manifestación la comunidad, conformada por mujeres niños y ancianos fue objeto de la represión policial:
  • A las 9:00 am, un grupo de aproximadamente 20 uniformados del ESMAD de la Fuerza disponible - quienes dijeron estar coordinados por el teniente coronel ELKIN QUICHEA -, rodearon el lugar.
  • A las 9:30 am, cerca de 30 efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD llega al sitio de la concentración, apostándose en el mismo en actitud intimidante.
  • A las 9: 50 am, la fuerza pública procedió a desalojar de los alrededores a vendedores ambulantes y transeúntes y dio la orden a los propietarios de establecimientos de comercio de los alrededores, de cerrar sus negocios.
  • A las 9:55 am, más miembros del ESMAD llegan al lugar amenazando a los manifestantes con desalojarlos.En medio de la situación, funcionarios de la Personería Distrital, presentes en el sitio, intentaron mediar con el coronel DANIEL GUALDRÓN - Comandante Operativo de la Zona Centro de Bogotá-, quien para ese momento había asumido el mando del operativo, indicándole que en ejercicio de su función, estaban procurando habilitar la instalación de la mesa de diálogos que requería la comunidad y que delegados de la Secretaría se dirigían al lugar con esta intención. Pese a ello, el oficial en actitud intransigente les indicó que ya había dado suficiente tiempo y que procedería al desalojo.
  • Hacia las 10:00 am, el personal de la Policía procedió a separar a empujones, de la puerta de la entidad, al grupo de personas que se encontraba fuera de ésta, lanzándolos hacia la calle. Consecuencia de este proceder violento, un manifestante cayó por las escaleras ubicadas a la salida de las instalaciones de la Secretaría. Cumplido el propósito, los uniformados se ubicaron frente a la puerta de la entidad, impidiendo todo contacto entre el grupo de personas que se encontraba al interior y quiénes se encontraban afuera; amenazando con ingresar y desalojar violentamente a los manifestantes.
  • A las 10:10 am, aproximadamente, varios uniformados intentaron romper la guaya que había sido puesta en la puerta, para evitar el ingreso violento de éstos, atemorizando a los manifestantes.
  • Una defensora de derechos humanos que se encontraba dentro de las instalaciones de la Entidad por solicitud de la comunidad, se acercó a la puerta solicitando a los policiales que cesaran la violencia, pues en el sitio se encontraban ancianos, niños y niñas. Sin embargo, sus requerimientos fueron desoídos y por el contrario fue agredida físicamente por los uniformados, quienes aprovechando que la puerta de ingreso se encontraba entreabierta, la tomaron del carnet de la organización a la que pertenece, el cual tenía en el cuello , halándola hacia el piso, mientras otros dos la tomaron de sus brazos violentándola.
  • Varios manifestantes fueron filmados por el CTI de la fiscalía y la policía, amenazándolos con futuras judicializaciones.

Incumplimiento de garantías ante salida voluntaria

Hacia las 10:40, en medio de la presión y violencia policial, se acordó la salida voluntaria de los manifestantes, a lo cual prosiguió una movilización hacia la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, los agentes del ESMAD y la Fuerza Disponible, agredieron a varios manifestantes una vez afuera:
  • Una anciana fue intimidada y violentada físicamente por uno de los uniformados, generándole una afectación sicológica tal que minutos después se desmayó,
  • Un integrante de la comunidad, fue tomado violentamente por dos agentes de la fuerza disponible, quienes pusieron su bastón de mando sobre el cuello del manifestante ejerciendo presión sobre él, provocándole asfixia.
  • Tres personas más intentaron ser aprehendidas; procedimiento en el cual fueron víctimas de violencia física.
  • Una funcionaria pública fue agredida físicamente al intentar impedir la aprehensión de personas.
  • Algunas mujeres integrantes de la comunidad fueron intimidadas al salir en compañía de sus hijos.
La detención arbitraria y la continuidad de actos de tortura provocados por los policiales, fue evitada ante la intervención de la comunidad, quienes lograron liberar a los agredidos de la acción violenta de los uniformados.

Obstrucción al ejercicio de defensores de derechos humanos

Además de la agresión sufrida por la defensora de derechos humanos que quiso evitar la agresión contra los manifestantes (entre ellos niños, niñas y ancianas) que se encontraban dentro de las instalaciones de la Secretaría, se presentaron otras acciones que constituyen una clara trasgresión del ejercicio de esta labor.

Mientras la policía intentaba ingresar violentamente a la entidad, varios defensores plenamente identificados con sus distintivos y chalecos, intentaron intervenir, siendo separados de la comunidad que procuraba establecer el diálogo con los uniformados, impidiéndoles participar en éste y realizar una veeduría más efectiva.

Difamación mediática

Los medios de comunicación que trasmitieron el hecho, dieron a conocer información imprecisa que deslegitima la protesta. El diario El tiempo publicó una nota en la que indica que “Encapuchados ingresaron a la Secretaría de Hábitat, en Bogotá”, a lo que El Espectador, adiciona que éstos intimidaron y agredieron a varios funcionarios de la entidad. A su turno, Redmas afirma que había personas presuntamente armadas.

Estas aseveraciones no se corresponden con la realidad: ninguno de los asistentes a la visita cultural violentó a los funcionarios de la Secretaría, ni portaba armas. Tampoco se presentó un grupo de encapuchados, como se pretende demostrar a través de una fotografía en la que aparece sólo una persona con una pañoleta sobre su rostro; medida que no deja de ser legítima cuando a pesar de la naturaleza de la acción de exigencia, desde su inicio, la policía con cámaras filmó a los manifestantes y les amenazó con futuras judicializaciones.

La visita cultural de la comunidad a las instalaciones de la Secretaría de Hábitat, no perdió su carácter pacífico, ni siquiera ante la presión, violencia, intimidación y actos de provocación de la fuerza pública.

La tergiversación de la información por parte de los medios masivos de comunicación, ha constituido una práctica que legitima la represión y la violencia estructural, propias de modelos económicos excluyentes.

A la par que se acrecienta la inconformidad en todos los rincones del país, se incrementa la represión contra las comunidades y sectores populares que acuden a la protesta para exigir la garantía real de sus derechos. La respuesta estatal ante los múltiples conflictos sociales que se desarrollan tanto en el campo como en la ciudad, sigue siendo la intimidación y la agresión, mientras la vía del diálogo es soslayada en medio de la indiferencia y el silencio de las autoridades. Una reacción constante que da cuenta de los grandes retos para el Movimiento social, en la construcción de un país en el que la dignidad sea un hecho cierto.

Octubre 20 de 2017 

COMUNIDAD DE ESPERANZA VILLA DEL RÍO
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
CAMPAÑA SOMOS DIGNIDAD
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

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