Equipo Jurídico Pueblos

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lunes, 24 de julio de 2017

NOTA COLOMBIA INFORMA: JUSTICIA INTERNACIONAL TIENE EN LA MIRA A 29 ALTOS MILITARES COLOMBIANOS

Compartimos la siguiente nota de Colombia Informa sobre el actual General de las Fuerzas Militares Juan Pablo Gutiérrez el cual fue acusado por la Corte Penal Internacional -CPI- por estar implicado en 119 ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos” donde un integrante del Equipo Jurídico Pueblos opina sobre esta situación.


La Fiscal Fatou Bensouda manifestó que Juan Manuel Santos no garantiza “pruebas tangibles de que se estén realizando indagaciones relevantes” en los procesos judiciales para condenar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

La CPI solo analizó 1228 casos perpetrados durante los años de gobierno de Álvaro Uribe Velez (2002-2010). Bensouda explicó que mediante la política de los falsos positivos, el Ejército nacional desapareció y asesinó de manera lesa y sistemática a varias personas de la población civil. Según la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, en Colombia existieron más de 5000 víctimas y en todos los departamentos del país (menos Amazonas) ocurrieron este tipo de hechos.

El objetivo era mostrar resultados (que en lenguaje de los militares significa “muertes”) en la guerra contra grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Los crímenes contra la población civil fueron premiados por Álvaro Uribe como Presidente, y Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, a través de beneficios salariales (dinero y vacaciones).

Según Leonardo Jaimes Marín, abogado del Equipo Jurídico Pueblos, “los graves hechos conocidos como los ‘Jóvenes de Soacha’ eran solo la punta de iceberg”. Este defensor de derechos humanos afirma que en Colombia “esa práctica fue perpetrada por el Estado Colombiano desde antes del gobierno de Uribe, pero coincidimos con el reporte anual de 2015 de la ONU en Colombia”.

No podrán gozar de la Justicia para la Paz

Previo al juicio de la CPI, los 29 altos cargos (23 generales y 6 coroneles) ya habían solicitado acogerse a la Justicia Especial para la Paz -JEP- acordada como parte de las negociaciones con las FARC. Pero debido a que sus asesinatos ocurrieron fuera del combate entre el Ejército y las guerrillas, no les será posible negociar su impunidad con la justicia colombiana.

Marín explicó que “con la Jurisdicción Especial para la Paz surge el debate de si estos crímenes deben ser conocidos o no por esta jurisdicción pero es necesario precisar que desaparecer forzadamente mediante engaño a un joven habitante de calle de Soacha o Bucaramanga para trasladarlo a una vereda del Catatumbo y luego asesinarlo aparentando un enfrentamiento entre guerrilla y Fuerza Pública y mostrarlo como resultados en la lucha contrainsurgente, no guarda relación ni directa ni indirecta con el conflicto”.

Las demás investigaciones

Para el abogado del Equipo Jurídico Pueblos, “lamentablemente las investigaciones penales adelantadas por estos hechos son decepcionantes. Un buen número de casos permanecen en la impunidad porque nunca salieron de la Justicia Penal Militar. Otros casos fueron vinculados los militares de bajo rango, profiriéndoles algunas sentencias insignificantes. En la mayoría de los casos la Fiscalía imputó el delito de homicidio en persona protegida, cuando los hechos indican que se trató de una política de graves violaciones a los derechos humanos”.

Hasta hoy solamente un alto grado (el General Torres Escalante) ha sido condenado por ser responsable de 150 falsos positivos en el Departamento de Casanare.

En el acuerdo jurídico de la JEP los altos mandos militares nunca serán investigados ya que se estableció la ruptura de responsabilidad por cadena de mando. Leonardo Marín sostiene que “aunque se diga que no existió intercambio de impunidades en los acordado en La Habana, en la práctica se querrá mostrar ante las víctimas y el mundo que asesinar inocentes, de manera sistemática y con conocimiento de causa, obedeció a las lógicas de la guerra. Lo que avizoro es un gris panorama para las víctimas del terrorismo de Estado”.


24 de Julio de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

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