Equipo Jurídico Pueblos

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jueves, 26 de enero de 2017

DURANTE PROTESTAS EN BUCARAMANGA FUERON PRIVADAS DE LA LIBERTAD TRECE PERSONAS

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En horas de la mañana de hoy en el marco de la jornada de protesta social convocada por el Bloque de Transporte Menor (transportadores informales) fueron aprehendidos por miembros de la Policía Nacional trece (13) personas. Los sectores marginados de Bucaramanga obligados a ejercer el transporte informal han sido fuertemente afectados por las políticas oficiales, en la medida que su actividad se verá restringida al no poder laborar en el centro de la ciudad debido al nuevo sistema de pico y placa impuesto por el Alcalde de Bucaramanga. Esta es la razón de sus expresiones de inconformidad.

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Los primeros hechos se presentaron entre las 6 y 10 de la mañana el norte de la ciudad, donde fueron capturados por miembros de la Policía Nacional los señores EDWIN VILLAMIZAR RINCON, JUAN CARLOS MORENO, FRANCISCO MARIN, WILFRAN ALEXIS JAIMES, NORBERTO GUTIERREZ, ELKIN FORERO BARAJAS, GERSON EDUARDO ARDILA, SAMUEL MUÑOZ VARGAS, JUAN MANUEL DUARTE y JAIRO OCHOA DURÁ. Desde el primer momento los abogados defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos pretendieron realizar las entrevistas con los detenidos, siendo impedido por agentes policiales, vulnerando los derechos de toda persona privada de la libertad de ser asistida por un profesional del derecho. Se pudo constatar que uno de los detenidos fue abofeteado por un uniformado durante su aprehensión.

Mas tarde, a las 11:00 am fueron aprehendidos RUBEN DARIO VERDUGO SIERRA y EDUARDO LIZCANO GARCÉS cerca del Puente Provenza; siendo conducidos a la estación de Policía del barrio Mutis, donde permanecen hasta el momento. Según los policiales será puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación señalados de obstruir vías públicas.

Minutos después, estudiantes de Secundaria del Instituto Santa María Goretti realizaron un plantón  dentro de las instalaciones del colegio, luego del cual continuaron con irregularidad académica, originando que agentes de la Policía Nacional ingresaran al colegio, por órdenes de la rectora ANA ISABEL PINO SÁNCHEZ, procediendo a aprehender ilegalmente a la estudiante menor de edad NICOL STHEFANY SANTOS. La joven fue trasladada al Centro de Servicios Jurídicos Especiales para Adolescentes, CESPA, donde la rectora de la Institución educativa no permitió el ingreso de su mamá, según informa la progenitora.
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Los estudiantes y los padres de familia de esta institución llevan tres semanas protestando por el nuevo direccionamiento represivo que la Rectora pretende imponer. Según informan los jóvenes, la funcionaria instaló cámaras de seguridad con micrófonos, despidió a cinco profesores, acabó con el club de básquetbol, de porras, voleibol y de filosofía y la alimentación se sirve en precarias condiciones.
 
Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación han manifestado que en la próximas horas los aprehendidos serán presentados ante un Juez de Garantías señalados de obstruir vías públicas.

Estos hechos, en apariencia distantes, reflejan el creciente descontento y la resistencia al interior de sectores distintos de la sociedad; a la vez que el empeño estatal en incrementar la represión, expresada no sólo en la violencia que impone la implementación de política que afectan los intereses del pueblo (violencia estructural), sino también en aquella que ejerce cuando surgen manifestaciones de inconformidad y que se traduce en agresiones física, desconocimiento de garantías y judicialización, entre otras, por el ejercicio del derecho a disentir.

26 de enero de 2017


                                                              Equipo Jurídico Pueblos

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