Equipo Jurídico Pueblos

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viernes, 23 de diciembre de 2016

DOS AÑOS DESPUÉS DE NOTIFICADA LA SENTENCIA T-282 DE 2014 CONTINÚAN LAS VIOLACIONES DE DDHH EN LA TRAMACÚA

A pesar de la Sentencia T-282 de 2014 y las órdenes emanadas con posterioridad por la Corte Constitucional, en el Establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar, se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la información trasmitida por la población privada de la libertad, formas veladas de castigo se continúan imponiendo para evitar que las denuncias superen el encierro, tales como los cambios de patio, los informes de la guardia contra los detenidos que reclaman sus derechos, el inicio de investigaciones internas a quienes realizan escritos de seguimiento con destino a la Corte Constitucional y la estigmatización, señalamientos y relevos contra los delegados a los comités de derechos humanos que cumplen de forma responsable y cabal con su labor.

Aunque la Corte constitucional en el Auto 191 de 2016 realizó un llamado de atención a la administración penitenciaria y ordenó investigar las verdaderas razones del traslado de dos detenidos que venían documentando la situación carcelaria y participando en jornadas legítimas de protesta para reclamar el cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014 que fueron trasladados bajo cargos de promover desórdenes internos, los órganos de control no dan resultados sobre el asunto y esta práctica se mantiene. Mientras la Corte advertía el sinsabor por estos probables abusos del poder discrecional del Inpec, otros internos que promovían la defensa de los derechos humanos al interior del penal, fueron trasladados de patios donde su vida corría peligro y otro hacia la UTE en la que permaneció aislado y posteriormente remitido a otro centro carcelario, con acusaciones similares. Transcurridos varios meses desde que se evidenció esta situación, lamentamos que se continúen presentando casos de similar talante; que se sigan usando medios aparentemente legales para acallar las voces de la población reclusa que reclama el respeto de los derechos humanos.

De otro lado, se continúan presentando abusos contra los visitantes, que consisten en no permitir su ingreso por la aparente alarma canina, que supuestamente indica la presencia de sustancias ilícitas en el individuo, la cual no es descartada o confirmada por otros medios pese a que así lo indican los reglamentos. De esta manera, el esfuerzo de familiares y amigos por mantener el acompañamiento de la población reclusa, termina frustrado.

A su vez, encontramos que han sido pocos los avances en materia de garantía del derecho a la salud. La atención especializada y operaciones pendientes siguen represadas en buena parte. La debida clasificación de la población privada de la libertad, continúa siendo un problema que pone en riesgo la vida de los reclusos. Se mantiene la UTE, cuya existencia es negada por parte del INPEC, lo cual contribuye un obstáculo para el debido seguimiento de la situación de personas sometidas al aislamiento prolongado.

Si bien reconocemos los esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura, hacemos un enérgico llamado a las autoridades por implementar políticas que garanticen la defensa y goce efectivo de los derechos humanos al interior del establecimiento y a los órganos de control para que retomen sus esfuerzos en materia de prevención y reacción oportuna y célere ante las denuncias de la población reclusa y organizaciones acompañantes. Alentamos a los detenidos para que continúen su proceso de formación y labor en defensa de sus propios derechos y a la comunidad en general para seguir forjando conciencia sobre la grave problemática que se presenta en las prisiones de Colombia.

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