Equipo Jurídico Pueblos

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jueves, 16 de junio de 2016

Comunicado sobre reforma a la Ley 1760 de 2015.




COMUNICADO



La Comisión de seguimiento de la Sociedad Civil, conformada el 9 de junio de 2015, por representantes de diversos sectores académicos, políticos y sociales para darle seguimiento a la Sentencia T -388 de 2013, relativa a los derechos de la población penitenciaria en Colombia, se permite llamar la atención sobre los riesgos que implica el trámite de la propuesta de reforma a la Ley 1760 de 2015.

La prevalencia de la libertad y la presunción de inocencia son principios fundamentales del Estado de Derecho. Por ello, cualquier privación de la libertad debe tener un carácter excepcional, estar estrictamente regulada por la Ley y cumplir con condiciones que garanticen la dignidad humana. En Colombia, el abuso de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad ha sido una constante, lo cual ha agravado los problemas de hacinamiento y la crisis de derechos humanos en centros de reclusión del país, además ha incrementado los costos económicos y sociales del encarcelamiento. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional al declarar y ratificar el estado de cosas inconstitucional en el que viven las personas privadas de la libertad a través de las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.

Con la aprobación de la ley 1760 de 2015, cuyo objetivo fue racionalizar la detención preventiva, se fijó un plazo máximo de un año de duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, salvo en algunos casos especiales.  Igualmente, se estableció que esta clase de medidas de aseguramiento solo se podrán imponer cuando quien las solicite logre probar ante los jueces que las demás medidas son insuficientes.  En este sentido, a partir del 6 de julio de este año según la mencionada ley, el juez de control de garantías tendrá la posibilidad de otorgar una medida no privativa de la libertad cuando se cumpla el plazo máximo de la detención preventiva, y podrá otorgar la libertad a una persona con medida de aseguramiento privativa de la libertad que cumpla las condiciones establecidas en la ley.

Pese a lo anterior, el Congreso está a punto de aprobar el proyecto de Ley No. 161 de Senado de 2016 y 232 de Cámara, “por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”, que plantea aplazar la entrada en vigencia de varias disposiciones de la Ley 1760 por un año más. La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 hace notar que la eventual aprobación de esa reforma es una medida regresiva frente a la propuesta de racionalización de la detención preventiva ofrecida por la Ley 1706, y es contraria a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional con el fin de reducir el hacinamiento carcelario.

La Comisión hace un llamado respetuoso al Congreso de la República para examinar esta propuesta de reforma y abstenerse de aprobar esta iniciativa que resulta regresiva. Solicitamos que cualquier medida que se proponga en materia de política criminal y penitenciaria, respete  los principios de presunción de inocencia y excepcionalidad de la privación de la libertad durante el proceso penal, y se ajuste al propósito estatal, conforme a los estándares internacionales, de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.

No es momento de retroceder. Es momento de avanzar en la formulación de una política criminal y penitenciaria más humana, respetuosa de los derechos humanos, y encaminada a superar los problemas estructurales que enfrenta el país debido a  la grave crisis carcelaria y penitenciaria.

Firma:
La Comisión de Seguimiento de la sentencia T-388 de 2013.

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