Equipo Jurídico Pueblos

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domingo, 27 de marzo de 2016

Magdalena Medio ¿Departamento, Estado o Comunidad Autónoma?

El pasado 5 de marzo, el profesor Rodrigo Uprimny, en su columna de El Espectador lanzó una invitación a repensar nuestro mapa político llamando la atención sobre la región del Magdalena Medio. En el actual contexto de ebullición social que se vive en Barrancabermeja, San Pablo, Puerto Boyacá, Aguachica y otros municipios aledaños a la rivera del Magdalena se hace necesario profundizar sobre esta propuesta. 

Sólo en Barrancabermeja se registra un 30% de desempleo, siendo un signo de alerta sobre la crisis social y económica que se vive en la región, según lo denunció el Gobernador de Santander por el Partido Liberal, Didier Tavera. El consumo en negocios de alimentos y servicios ha disminuido entre un 50% y 70%, siendo una reducción grave en el comercio local, con efectos drásticos (reducción de personal, endeudamiento y caída en ingresos) en la vida de las personas. En otras latitudes de la región, las asonadas en Santa Rosa y Montecristo, en Bolívar corroboran desgaste y falta de confianza frente a la impunidad y falta de justicia respecto de crímenes atroces en la comunidad. Esto es un signo de alerta que debe ser tomado en cuenta, por las administraciones municipales y departamentales de la región del Magdalena Medio.

Lo que aquí se busca es aportar a la discusión en, primer lugar, planteando las dificultades para lograr el reconocimiento de la región como departamento por tres razones: legal, económica y política. En segundo lugar, aportar algunas ideas sobre escenarios, que permitan transformaciones concretas del modelo político constitucional en Colombia.

Departamento

Se considera que la vía legislativa del Departamento del Magdalena Medio planteada por el profesor Uprimny cuenta con razones prácticas adversas que hacen difícil cualquier intento de discusión al tema, con oposición real al trámite legislativo en el Congreso de la República, afectando condiciones de imparcialidad y garantías, en concreto de los municipios que conforman la región del Magdalena Medio, y las implicaciones legales, económicas y políticas de la posible separación de sus departamentos.

La primera razón es de orden legal. La Ley 1454 de 2011, conocida como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT, en su artículo 23, establece que para la creación de un departamento, su aprobación debe pasar por la Comisión de Ordenamiento Territorial, luego en sesiones de Cámara y Senado, y luego, la convocatoria de consulta popular. En este caso, intermunicipal. En la práctica, la exigencia de estos requisitos es excesiva, dificulta el camino a recorrer por estos municipios y constituye una barrera institucional para que esta región pueda buscar otras formas. En las capitales departamentales, los políticos se acuerdan de los municipios ribereños en temporada electoral, pero no hay propuestas serias frente a problemas como el desempleo, el cambio climático, el manejo de basuras, el consumo de agua y el desarrollo de megaproyectos, con propósito de generación de energía y explotación minera, que están afectando la cotidianidad de las comunidades ribereñas.

La segunda razón es de orden económico. El reconocimiento de un nuevo departamento afectaría directamente el recaudo de impuestos y recursos que ingresan de la Nación a los departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones, afectando la disponibilidad de los entes departamentales afectados. Significaría mucho para el Departamento del Magdalena Medio. Es lógico que habrá mucha resistencia, al menos en los cuatro departamentos afectados, (Cesar, Bolívar, Antioquia y Santander), con representación significativa en quorum y lobby capaz de frenar cualquier iniciativa legislativa.

La tercera razón es orden político. En la actualidad no existen, en trámite, proyectos e iniciativas de ley con este propósito. No es un tema de interés para los dirigentes y bancadas de los partidos políticos. Es poco atractivo de hablar de federalismo, si lo es hablar de Asamblea Nacional Constituyente, porque derecha e izquierda, reconocen que las transformaciones y nuevos acuerdos solo serán posibles por una refrendación del pueblo como constituyente primario.

Estado

Colombia fue federal entre 1866 a 1886, periodo en el que se denominó Estados Unidos de Colombia, cuando se intentaron desarrollar aspectos del federalismo en relación con sus impuestos, ejércitos y el poder de los Estados. Aún Panamá hacía parte de la República y durante esa época se desarrollaron cruentas guerras civiles entre liberales y conservadores, que dieron lugar a la Constitución de Rionegro, de fuerte inspiración federalista y promovida por Tomas Cipriano de Mosquera, que siendo del Estado Federal de Cauca se rebeló en contra del gobierno nacional y redactó esta constitución durante este periodo. Esta sería la última vez que Colombia fue federal.

La modificación del carácter centralista de la República de Colombia, solo sería posible por la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, donde se establecieran los límites y alcances de los nuevos Estados, donde se pudieran incluir más regiones, en condiciones similares, como la depresión momposina, que pudiesen estar interesados en desarrollar formas colectivas de asociación municipales y territoriales.

Comunidad Autónoma

Esta es una institución del derecho constitucional español relacionado con el poder público y administrativo de España, cuya carta política, en su artículo 143, lo expresa cómo “el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos”. En el orden jurídico colombiano, no tenemos una institución que se le asemeje.

Los pros, teniendo como base el ejemplo español, desde el desarrollo de esta figura han permitido algunas comunidades autonómicas la gestión de sus recursos, la apuesta y construcción de propuestas políticas y económicas centradas en modelos de bienestar de sus ciudadanos y han permitido el desarrollo de nuevas presencias ciudadanas en el debate político. El Movimiento 15M, de indignados se dio lugar en muchas entidades regionales que evidenciaron la situación de crisis del modelo bipartidista español, la crisis económica que lleva a los desahucios o perdidas de vivienda por deudas bancarias, y niveles de desempleo, que alimentaron la indignación y ambientaron la irrupción de Podemos como fuerza política, significativa y con poder en España.

Los contras a tener en cuenta se presentan, en los conflictos existentes en las comunidades autónomas como Barcelona y El País Vasco, en donde más que ser comunidades, se reconocen como pueblos y naciones distintas; en ese sentido, ejercen la posibilidad de emancipación e iniciar la secesión e independencia de España. Las autoridades catalanas ya están en este proceso de separación, la respuesta de España ha sido demandando la inconstitucionalidad de las decisiones del gobierno catalán, ante el Tribunal Constitucional porque atenta contra la unidad del pueblo español. La propuesta del referéndum ha sido suspendida a la fecha, y las posiciones están cada vez más radicales. El caso vasco es igual de complejo, con la presencia de ETA, la represión paramilitar de los GAL, la represión franquista, la guerra civil, las guerras carlistas y muchos otros aspectos que se salen del actual objeto de análisis.

Conclusiones

La ventaja de pensar una República Federal en Colombia es la posibilidad de sumarse a las discusiones previas de la sociedad civil de cara a una Asamblea Nacional Constituyente, que represente cambios extremos en la estructura política y de participación, y en los cuales, para garantizar una mayor legitimidad, deberán contar con gran participación ciudadana.

Para el caso del Magdalena Medio, la posibilidad de ser un departamento o un Estado o una Comunidad Autónoma, representaría un paso para el fortalecimiento de su institucionalidad política administrativa de Colombia. Podría generar mayor construcción de instituciones y de presencia real del Estado en estas regiones, percibir de forma local recursos fundamentales para la creación de municipios e instituciones estatales que brinden una presencia y garantía de derechos humanos en zonas que han sido víctimas históricas del conflicto armado. Las recientes asonadas en Montecristo y Santa Rosa revelan un descontento social, que debe ser tenido en cuenta para cualquier superación efectiva del conflicto social, político y armado que atraviesa Colombia.

Los contras de pensar en una república federal se deben ver en la realidad de otras naciones latinoamericanas. El caso mexicano es complejo porque se ha establecido la participación de autoridades estatales y federales en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la denominada “guerra contra el narco” decretada por el panista Felipe Calderón y que a la fecha lleva 200.000 muertos, y en aumento. Su peor expresión ha sido la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. De una forma u otra, la realidad federal y estatal en México ha derivado en procesos de corrupción en todos los niveles, de cuerpos policiales municipales, que han permitido asesinatos, masacres y desapariciones forzadas, y cómo esta fragmentación institucional lo único que favorece es la impunidad en la comisión de crímenes graves.

Lo que debe ser claro es que ninguna institucionalidad garantiza que no se presente una guerra y que la guerra ha marcado un elemento de identidad en Colombia, pero se hace necesario cuestionar las propias bases del ordenamiento establecido, en concreto el centralismo hipertrofiado y antidemocrático que reina hoy en día en el país.

El país está ante una oportunidad de replantear directamente nuestra reafirmación en el poder político más local. Estos planteamientos podrían ser el punto de partida de un modelo político con mayor participación de las comunidades y las regiones. Se tiene igualmente que mayor acción estatal podría desarrollar instituciones y capacidades de gobierno y gestión que respondan a las problemáticas nacionales, regionales y locales; incidiendo de manera real y autónoma, con poder popular, en los destinos comunes de las distintas regiones como el Magdalena Medio, que debe ser pensado con mayor razón y fuerza en Aguachica, Puerto Boyacá, Barrancabermeja, San Pablo, San Vicente y El Carmen de Chucurí, El Carmen, Yondó  y demás municipios de la región que estarían interesados en discutir propuestas y alternativas para la región y los desafíos que se vienen en el postacuerdo, en materia de desmovilización, desarme y reintegración. 

Una discusión de este nivel debe estar acompañada del debate público y abierto de las personas en todos los municipios que se verían afectados para que pudieran analizar los pros y contras de una propuesta intermunicipal que construya consensos políticos en las comunidades de la región, donde también debe promover el debate político necesario para el ejercicio de una democracia local de los habitantes de los pueblos ribereños del Rio Magdalena y del país entero.

Autor: Álvaro Frías C. (Twitter: @afriasc), del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio - GEAM.  (Twitter: @GEAMagdalenaMed

Mapa del Magdalena Medio:

Tomado de: http://colfortuna.wikispaces.com/file/view/magdalena.png/180481253/magdalena.png

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