Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 1 de agosto de 2015

COMUNICADO PÚBLICO POR ABUSO POLICIAL

Denuncia por vulneración al derecho a la libre circulación y al trabajo como fuente de subsistencia en el municipio de Pelaya, Cesar a la comunidad de transportadores de economía Informal.



Las autoridades de tránsito de Pelaya incurrieron en continuas violaciones a los principios a la libre circulación, debido proceso, principio de confianza legítima, presunción de inocencia y el derecho de rango constitucional fundamental al trabajo, en tanto las mismas han  restringido el sustento mínimo vital de trabajadores de economía informal dedicados al transporte de personas, por cuanto de manera sistemática y reiterada dichas autoridades de tránsito abusando del derecho crean masivos retenes, los cuales tienen por fin exclusivo generar el mayor número de multas y quebrar  a las personas que se dedican a dicha labor, no obstante la arbitrariedad y dudoso procedimiento se extiende a  la población en general.

Hechos 

1. La comunidad de transportadores de economía informal del municipio de Pelaya, Cesar, han sufrido una continua persecución por parte de la policía de tránsito en tanto la misma se ha ceñido en desestabilizar esta actividad abusando del derecho y afectando el patrimonio y a su vez el sustento para subsistencia y mínimo vital de los mismos y su familias, en tanto  las multas (“comparendos”), son reiterados y sistemáticos y especial mente a ciudadanos laboriosos que se han identificado como trabajadores de  este escenario;  axial a lo anterior  también se constituye una afectación directa al principio de confianza  legítima por parte de la administración pública, dado a que la misma en años anteriores no presentaba objeciones a esta forma de trabajo por lo cual los trabajadores de economía informal crearon un expectativa de sostenibilidad en esta actividad y por ende de confianza en que su actividad no era perjudicial, ahora la corte constitucional en la Sentencia T-442 de 2013 precisa:  

“(…) preservar el interés general no es a través de actos lesivos del principio de confianza legítima de los administrados, de forma tal que no puede castigárseles por ejercer actividades económicas con las que además se garantizan la subsistencia y el mínimo vital. No es una culpa atribuible a ellos cuando quiera que por acción u omisión (en la mayoría de casos por esto último) la administración ha permitido dichas situaciones, que por mucho tiempo, creó en ellos expectativas favorables que no pueden ser eliminadas súbitamente (…)” 

2. En cuanto al actuar por parte de la policía de tránsito transgrede drásticamente los principios de confianza legítima, libre circulación, el debido proceso y presunción de inocencia, pues estos actúan bajo  postulados de especulación y arbitrariamente presumen la  culpabilidad a todo aquel que transporte personas y que  en alguna ocasión realizo o tuvo afinidad con el transporte de economía informal  y sin una previa corroboración proceden a realizar continuas multas de cuantiosos “comparendos de transito” e incluso la inmovilización de los vehículos. 

3. Ahora lo preocupante de la situación radica en que el trabajo ateniente al transporte de personas constituye una arteria de la vida de los trabajadores de economía informal y sus familias, esta actividad laboriosa  asegura la subsistencia  y mínimo vital, como  también una forma de dignificar las condiciones de pobreza y falta de oportunidades laborales en este municipio que no le dejan más opciones a estas perseverantes personas que realizar una actividad de transporte de economía informal y que hoy día de forma drástica pretende ser erradicada tanto por la administración Publica como por la autoridad de tránsito. 

4. Lo anterior  impacta negativamente la calidad de vida de los trabajadores de economía informal y sus familias a consecuencia de que el actuar por parte de la administración pública y autoridades de tránsito transgrede la expectativa de confianza que estos laboriosos de economía informal habían creado en torno a su actividad, cabe anotar que esta actuación riñe nuevamente con el principio de confianza legítima en tanto el mismo configura unas pautas para que la administración pública  no conculque  el bienestar de aquellas personas dedicadas a esta actividad. 

5. Dicho actuar restrictivo por parte de estas autoridades resulta contraproducente a los criterios que  emana el principio de confianza legítima   pues si bien el mismo comprende: “(…)cualquier acto que pretenda modificar la expectativa creada en los administrados, debe tener en cuenta los siguientes criterios con el fin de garantizar el principio de confianza legítima: (i) la medida de protección no equivale a indemnización ni a reparación y (ii) debe brindarse el tiempo y medio necesarios para que pueda reequilibrar su posición o se adapte a la nueva situación.” Sentencia T-442 del 2013. 

6. A consecuencia la comunidad de transportadores de economía informal de Pelaya, Cesar, han venido desarrollando esta actividad por cuanto vieron una alternativa de ingresos  al identificar falencias en la prestación de los servicios de transporte público en el sentido de que la comunidad necesitaba una solución a tal situación, brecha que  también se presentó como una solución a las necesidades de  subsistencia de los transportadores de economía informal que permitiere siquiera devengar un mínimo vital para la subsistencia de ellos y sus familias, es así que vislumbraron una expectativa de confianza en la medida que su hacer era permitido; situación que drásticamente cambio con las nuevas políticas de la administración pública  que se ven reflejadas en el actuar de las autoridades de tránsito  que tienen por objeto erradicar toda forma de  transporte; realizada por los trasportadores de economía informal. 

7. Así también este actuar resulta lesivo al derecho al trabajo, toda vez que el artículo 25 del estatuto supremo precisa “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”; lo anterior confluye conforme al criterio de la Corte Constitucional Sentencia No. C-606 de 1992, quien se refiere al trabajo así “(…) El derecho al trabajo debe interpretarse en estrecha relación con los principios de igualdad, libertad y dignidad humana”. 

8. Actualmente los trabajadores en esta actividad han intentado obtener el reconocimiento  formal por parte de la alcaldía a través de la creación de asociaciones, empero, la misma administración mediante su omisión ha impedido que se materialice el derecho fundamental a la libre asociación yendo en contravía de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, universalidad, transparencia, debido proceso, estado social de derecho que confluyen  para salvaguardar el derecho de rango constitucional del trabajo por tanto tal actuar por parte del representante de la Administración publica se aleja de los postulado por la corte en la sentencia C542 de 1992 quien se alude al trabajo como: 

“(…) un bien significativo cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo. En efecto, es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto a la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad.” 

Por lo anterior, esta comunidad de transportadores de economía informal y las organizaciones sociales suscriptoras se permiten solicitar respetuosamente a la administración pública y autoridad de tránsito propender y asegurar la protección de la dignidad humana toda vez que la comunidad de transportadores de economía informal tienen su sustento de vida y mínimo vital a través de esta actividad,  el accionar actual por parte de estos entes va en menoscabo de la calidad de vida tanto de transportadores como de su familia.  

También se solicita la creación de mesas de dialogo entre la administración pública, autoridades de tránsito y transportadores de economía informal para buscar soluciones en caminadas a favorecer a esta comunidad y crear un marco de desarrollo sostenible. 

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS, CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC

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