Equipo Jurídico Pueblos

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martes, 1 de noviembre de 2011

EL DELITO POLITICO EN COLOMBIA ¡DESDE LOS PRESOS POLITICOS… UNA MIRADA DISTINTA!


¡Los presos políticos no somos delincuentes,
somos luchadores del pueblo!




A primera vista, se llegaría a pensar que este asunto debería preocupar  prioritariamente a nosotros,  “los presos políticos” supuestamente             porque somos  las personas más versadas sobre este tema; pero no es así, siendo un tema de interés al conjunto de movimiento popular.

Pretender que e grueso de la sociedad se ocupe de esto, entonces, seria como otro extremo digamos que opuesto al primero.  Lo que es preocupación para los demócratas, patriotas, defensores del Estado Social de derecho, opositores al régimen, luchadores sociales; son las intenciones y las acciones de ideólogos, juristas, legisladores, gobierno del avance  y consolidación de un estado  fascista que niega e impide libertades y derechos construyendo un régimen de terror al servicio de las mafias, el capital transnacional endosando la Soberanía Nacional con el respaldo político y militar, convirtiendo a Colombia en un protectorado norteamericano.

El tema del delito político, es uno de los hilos conductores que nos llevan a abordar con urgencia y critica la problemática plantada Más a fondo.

Ser preso político es una consecuencia involuntaria de nuestra vida luchadora, de andar haciéndoles el quite a los agentes del régimen por diferentes razones, de diferentes maneras, siendo separados abruptamente de nuestros hábitats, espacios sociales, laborales, familiares.

Fuimos llevados a prisión sin saber que hacer, ni lo que estaba pasando, sintiendo cómo nos arrastraban de un antro a otro, soportando interrogatorios, tortura física y síquica, llevados luego ante  los “cancerberos  judiciales” con sus rituales ridículos, hipócritas e infames, estos falsean, mienten, malinterpretan, compran, pagan, ofrecen; hacen todo lo que les conviene  para procesarnos y condenarnos a como de lugar… para eso son del Estado, para eso les pagan, tratándose como “Enemigos del Sistema”.

Arrojados luego a los botaderos humanos donde sobrevivimos, casi que de milagro, soportando todo tipo de vejámenes de manos de los desadaptados y sicópatas funcionarios del INPEC, que se asocian en todos los niveles con bandas criminales, pandillas, caciques, fomentando la drogadicción y demás vicios y atropellos contra los presos mas desvalidos que son la inmensa mayoría; obligándonos a los presos políticos a vivir a la defensiva, protegiendo  a diario nuestras vidas e integridad, haciendo valer nuestra dignidad y condición de revolucionarios.

Pasamos años en prisión tratando de entender o esclarecer lo que nos hicieron y otros más,  esperando que se cumpla el capricho del mercenario y la maquinaria que nos condenó para volver a la libertad.

Es de conocimiento general y en este recinto en particular,  de la tradición histórica republicana sobre el tratamiento del Delito Político plasmado en las distintas constituciones y estatutos penales de nuestro país; proceso histórico que se ha venido revistiendo desde hace unos años, buscando el régimen sacarlo del ordenamiento jurídico,  valiéndose de  artimañas legales, siendo la más lesiva la sentencia  proferida por la Corte Constitucional C- 456 del 23 de septiembre de 1997  con ponencia de los Magistrados JORGE ARANGO MEJÍA y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ favoreciendo la demanda de un   “ciudadano” decisión que declaró la inconstitucionalidad del artículo 127 del Código Penal vigente para la época, en el sentido de considerar  que las acciones propias de la REBELION, como las bajas en combate deberían ser juzgadas de forma autónoma y no conexos a la esencia del delito de rebelión, eliminando en la práctica el DELITO POLITICO.

Estamos seguros que los argumentos de derecho planteados por juristas y estudiosos en contra de esa ruptura y exabrupto anticonstitucional serán planteados en este evento por lo que vamos a referir a otras apreciaciones que esperamos sean de interés  y utilidad en el presente debate.

El delito político es inherente a la existencia de fuerzas o facciones político militares beligerantes enfrentadas que se disputan el poder estatal o de una región.

En el caso colombiano, una vez constituida la República fue una constante la proliferación de guerras civiles regionales y nacionales. El trato a los vencidos y entre ellos a los prisioneros fue evolucionando hasta la prohibición de la pena de muerte así como la concesión de trato más benigno que a los presos por causas comunes, con penas más bajas para los rebeldes, subsumiéndose en la figura de la rebelión todos los hechos conexos del alzamiento armado y de la confrontación directa; llegándose al reconocimiento mutuo de las facciones hostiles, a la firma de armisticios, concesión de indultos, amnistías, liberación e intercambio de prisioneros.

En la tradición jurídica  republicana,  el delito político es una  institución burguesa, diseñada para perdonar las conductas punibles cometidas por los miembros de la misma clase elitista que ha detentado el poder en Colombia. Sabemos que la política colombiana  siempre giró en torno al bipartidismo: centralistas vs. Federalistas, Santanderistas Vs Bolivaristas; Generales Latifundistas Vs Generales Latifundistas; Liberales vs. Conservadores,  Siempre  dos bandos antagónicos supuestamente enfrentados por el poder; conformados cada uno de ellos por colombianos de distintos estratos socioeconómicos, ricos y pobres agrupados en torno a un trapo ya sea rojo o azul.  La oligarquía criolla se hallaba dividida y se disputaban el poder a los tiros, unas veces ganaban los unos, otras veces los otros y así los encontró el siglo XX con la guerra de los mil días, después de cada guerra se volvían a enfrentar.         

El tipo de trato entre los dos bandos  era para ellos razonable, les permitía en un futuro poder recibir el mismo trato benévolo si llegaban a ser derrotados.  Las contradicciones no eran irreconciliables y como oligarquía criolla tenían los mismos intereses y no había una tercera fuerza que se les atravesara en sus líos por el poder y el control burocrático del país.  Siempre hubo un equilibrio dinámico de fuerzas de ambas facciones, el bando por  fuera del  poder,  tenía los medios económicos para financiar su guerra.

La oligarquía criolla siempre se unificó (y sigue así) para impedir cualquier brote popular o proyecto verdaderamente nacional, se le atravesaron a la gran Colombia; a los Estados Unidos de Colombia, derrocaron a Melo y a los artesanos capitalinos, aniquilaron el Estado Soberano de Santander y radicalismo liberal persiguieron al partido socialista revolucionario y al sindicalismo naciente; masacraron a los trabajadores de las bananeras gringas, reprimieron a las ligas campesinas con los pájaros paramilitares, asesinaron a Gaitán y ahogaron en sangre las aspiraciones del pueblo raso, masacraron la protesta estudiantil, con la llamada violencia despojaron de sus tierras a millones de campesinos llenando de cinturones de miseria todas las ciudades colombianas.

El primer escalofrío lo sintió la oligarquía bipartidista con Gaitán y el pueblo que lo seguía.  El segundo con la diseminación de las guerrillas liberales que amenazaron desestabilizar el Estado y salirse del control de los gamonales;  de ahí que decidieron parar su farsa de guerra civil sentándose a diseñar la política hacia el futuro oficializando ante el mundo su matrimonio al que llamaron Frente Nacional comprometiéndose a no volverse a enfrentar entre ellos mismos;  y pactaron la paridad  del poder político y burocrático cada cuatro años.

El prurito le dio a la oligarquía en los años 60 (y no se le ha podido quitar) con el surgimiento de las guerrillas revolucionarias, apareciendo así nuevos actores alternativos a la política tradicional bipartidista.

Con la conformación del Frente Unido del Pueblo liderado por Camilo torres se reinició la lucha política y popular de manera organizada de los diferentes sectores pobres y explotados de Colombia promoviendo la abstención, la lucha directa como la movilización, la huelga, el paro cívico, la lucha callejera; proceso acompañado por los partidos  y movimientos políticos de izquierda.

Como podemos apreciar,  en los años 60 cambió el panorama de las disputas bipartidistas por el poder y la burocracia, pasándose a una confrontación de lucha clases abierta, entre ricos y pobres, entre derecha e  izquierda, entre reaccionarios represores y revolucionarios, entre el ejército de la oligarquía y las guerrillas del pueblo quedando las élites bipartidista (liberal – conservadora) como un polo contrario al movimiento popular en su  conjunto.

Al cambiar el carácter  y  los protagonistas de las contradicciones por el poder,  la oligarquía desató una feroz represión contra el movimiento popular dándole un tratamiento  de guerra  a todas las expresiones sociales organizadas como si se estuviera enfrentando a las guerrillas; desconociendo la relación fundamental que debe existir en un Estado Social de Derecho, el cual tiene el deber de proteger los derechos y  satisfacer las necesidades básicas de los gobernados, así como la buena administración de los bienes y recursos nacionales.

Desde antes de ser diseñado e implementado el Plan Cóndor en los países del Cono Sur, los represores colombianos ya se habían graduado en las escuelas militares norteamericanas asesinando, torturando, desapareciendo luchadores populares, implantando la guerra sucia y el Terrorismo de Estado.  Las campañas de aniquilamiento contra embriones guerrilleros revolucionarios y organizaciones agrarias autónomas desarrollando el Plan Lasso donde utilizaron el NAPALM, mucho antes de que fuera utilizado contra el pueblo Vietnamita;  de la misma manera, ejecutaron la operación Anorí en el nordeste antioqueño contra el movimiento rebelde.  

Con la desaparición del estudiante  de la Universidad Nacional, CARVALO (BUSCAR NOMBRE),  empezó el régimen a institucionalizar la modalidad de la detención y desaparición forzada contra los opositores o sospechosos de serlo.  Luego siguieron entre otras víctimas OMAIRA MONTOYA HENAO y FEDERICO TRUJILLO, egresados universitarios también.

El régimen implementó los Concejos Verbales de Guerra que permitía a los militares juzgar a los civiles, violando de facto la constitución, imponiendo una legislación de guerra en donde se volvió doctrina y norma (hasta hoy  día) la teoría de tenebroso Mayor Ñungo de que todo procesado es culpable hasta tanto no  demuestre su inocencia, revirtiendo uno de los principios rectores del derecho penal universal. 

La clase burguesa que detenta el poder es consciente de su ilegitimidad, de su condición de usurpadora que elimina los espacios democráticos que en teoría son de los ciudadanos; la sociedad en general es consciente de los pecados de la oligarquía, de  sus miedos y su cobardía, y esta decidida a no ceder ni un solo palmo a quienes exigen espacios participativos. 

Conocedora de cierta benignidad al momento de aplicar la figura del delito político que convertía  a los procesados en héroes del pueblo dignos de emulación, optó por el camino  de negar la existencia presos políticos implementando sus secretos códigos  y reglamentando incluso, la pena de muerte a los opositores mediante procesos sumarios clandestinos aplicando ejecuciones extrajudiciales como política de Estado.

Por si fuera poco, los revisionista  de la constitución de 1886 y 1991, por poco facultan al Estado en aras de proteger la vida e integridad de los soldados y policías, amigos del famoso “ciudadano  demandante”, construyeran otro ejército y otra policía alternas para que los cuidaran de los “feroces” guerrilleros  y de los hambrientos y desempleados que claman soluciones; no les basta para espantar el miedo,  la desventajosa relación de 40 a 1 que existe entre los armados del régimen y las guerrillas.

Para la Corte Constitucional  los tiros disparados por la guerrilla son balas criminales; mientras los disparados por la tropa gubernamental son balas legales y justicieras.

Irónicamente, la Corte Constitucional mediante el polémico fallo descubrió quien del lado de la guerrilla dispara, hiere o mata en medio de cada combate y estableció que por no dejarse matar el guerrillero debe ser juzgado por asesinato pero no estableció ninguna reciprocidad  por las muertes causadas por los gubernamentales.

Si hablamos del Derecho Internacional Humanitario (DIH): fueron la organizaciones insurgentes quienes primero comenzaron a acatar sus normas exigiéndole a la contraparte, es decir,  a las tropas del Estado Burgués que las respetara, circunstancia  que hasta la fecha se han negado a cumplir.  Los distintos gobiernos han venido suscribiendo las normas del DIH a cuenta gotas, poniendo siempre objeciones para no implementar su mandato y con esto blindar aún más a las fuerzas militares.

Tanto el respeto a las normas de la guerra,  como el respeto a la población no combatiente están contemplados en las normas internas y éticas de las organizaciones insurgentes más conocidas como humanización del conflicto y normas de comportamiento con las masas; mientras que los manuales contrainsurgentes del Estado diseñados por  el Ejercito de los EE.UU. y los militares colombianos no hacen ningún tipo de distinción entre población civil y combatientes revolucionarios.

De qué luz providencial viene la Corte Constitucional a darle la razón a “un ciudadano” que no es otro que el mismísimo criminal de guerra y genocida, general HAROLD BEDOYA PIZARRO para que sean juzgados los insurgentes por homicidio causado en el fragor del combate.  ¿Qué altura ética y moral pueden tener o han mostrado los militares y paramilitares al servicio del Estado?  Basta simplemente con mirar los registros o las estadísticas de las hostilidades para darse cuenta de que guerrilleros nunca quedan heridos en poder de la tropa estatal, pues es práctica de ellos rematar y fusilar a la mayoría de los capturados y eso es conocido como ejecuciones sumarias, asesinatos extrajudiciales, crímenes de guerra, violaciones al DIH.   Por otro lado la guerrilla siempre respeta la vida de los heridos en combate de las tropas del Estado, brindándoles toda la asistencia médica y sanitaria posible.  

Estamos completamente de acuerdo en que los actos de ferocidad y  barbarie deben quedar exentos de la figura del delito político. Pero ¿Donde está la censura y el castigo cuando los agentes del Estado los cometen?  ¿Dónde queda para ellos la obligación de respetar a la población inerme cuando las fuerzas gubernamentales se comportan como fuerzas de ocupación en las mismas regiones colombianas?  ¿Qué decir o hacer sobre la sevicia y la hipocresía de esas tropas que fabrican escenas, simulan combates, presentan falsos positivos, poniendo bombas, matando prisioneros o pobladores desprevenidos para ganar prebendas, prestigio y asensos?

Y qué decir de la unidad de cuerpo existente entre la cadena represiva y los administradores de justicia cuyo centro de gravedad no queda en los códigos sino en los cuarteles dejando al descubierto que todo el aparato estatal está en función de una lucha de clases donde los ricos cuentan con todos los medios para agredir a los  pobres.

No solo la Corte Constitucional se ha venido enfilando con los cogobernantes del régimen; también jueces y magistrados  de tribunales superiores de distritos judiciales  han venido haciendo lo mismo a la hora  de valorar los actos propios de la rebelión.  Para ellos el rebelde o guerrillero debe ser como un ermitaño para merecer la aplicación del Delito Político, ya que si observan procesalmente que estaba acompañado, le aplican el delito de concierto para delinquir. 

El guerrillero debe defenderse de las tropas a punta de consejos y oraciones, pues si lo vieron armado le suman porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas; si llegare a pegarle a un militar una pedrada o un garrotazo en pleno combate lo acusaran de tentativa de homicidio y silo vieron uniformado como guerrillero le agregan uso y fabricación de prendas militares.  También por el elemental hecho de que el insurgente por su condición clandestina, por sus modalidades  operativas de su seguridad, movilidad  se cambie el nombre y opta por utilizar otra identidad, es penalizado por falsedad ideológica en documento público.

El delito político está siendo eliminado totalmente del ordenamiento jurídico colombiano; el Estado está tras ese objetivo tratando de sacar toda la ventaja posible en su guerra de agresión contra el pueblo colombiano buscando tipificar los actos propios de la rebelión como acciones  terroristas al separar los hechos conexos, imponiendo también a futuro la prohibición de inhibiciones para el ejercicio de cargos públicos. 

Igualmente, ha abierto la puerta para la extradición de rebeldes contrariando el mandato constitucional, artículo 35,  que la prohíbe por  tratarse de delitos políticos o porque los delitos se perpetraron totalmente en territorio colombiano; condiciones estas exigidas en la Constitución Nacional y la jurisprudencia vigente.

El panorama no es para nada favorable en cuanto al respeto al derecho que tenemos los pueblos a rebelarnos contra regimenes tiránicos y opresores como el que vivimos.   

Los gobernantes y los dueños de la economía acomodan las leyes a su antojo, mientras niegan la existencia del conflicto social y armado, desconociendo a la insurgencia como actor político valido contrariando los criterios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).  De manera absurda y jurídicamente imposible, le otorgó  estado de beligerancia – de facto- a las bandas de narcos y paramilitares acordando mutuamente su institucionalización, legalizando sus capitales con indultos e impunidad incluidos, sin importarles la tragedia social y humanitaria que generaron en el país a los más de cuatro millones de victimas desplazadas de sus tierras.

La legislación de guerra y un futuro TLC pone a las puerta de la extradición  a cualquier luchador social por cualquier conflicto laboral o reivindicativo popular contra las multinacionales  gringas o de otro imperio;  es por esto, que el desmonte gradual, de facto y formal del DELITO POLÍTICO y la penalización de la protesta social  deben ser temas de interés general  de demócratas, revolucionarios,  juristas humanistas, políticos honestos, organizaciones sociales, sindicales  y movimiento popular de oposición al régimen.
 
La actitud del régimen es arrogante y triunfalista, cree que la derrota a las guerrillas está a la vuelta de la esquina, por eso subestima las vías de solución política al conflicto social y armado; desprecia la vida de sus militares, policías, políticos prisioneros negándose al intercambio de prisioneros o intercambio humanitario.  Olvida que el país vive una crisis profunda estructural, económica, política, social y cultural; olvida que todo el pueblo sabe que a los únicos que les va bien es tan solo al 1% de los colombianos.  Olvida que el Estado solo se sostiene por el terror paramilitar implantado en las  ciudades, donde la policía ha llevado a cada junta comunal,  a cada cuadra un paraco continuando las masacres y asesinatos selectivos.  

El estado terrorista no le tiembla la mano para aniquilar la oposición política clasista como el genocidio de más de 5.000 militantes de  la Unión Patriótica (UP) y de toda esa generación de luchadores revolucionarios y populares.

Con el trabajo de alienación y desinformación realizado por  los medios de información masiva,  el régimen niega  la existencia del conflicto para hacerse pasar por la victima de su propia violencia y desconocer a las fuerzas beligerantes revolucionarias tildándolas de terroristas.

La actitud del régimen es prueba fehaciente de que el conflicto colombiano es una lucha de clases donde los ricos ostentan el poder del Estado  y de toda la economía reprimiendo y excluyendo al pueblo pobre.   

La clase burguesa no está convencida que su poder es perpetuo, no cree llegar a necesitar la figura del delito político a futuro, porque nunca irá a estar del lado de los perdedores o de los derrotados.
  
Con esta óptica viene reacomodando el Estado para ajustar su dominio:

·         La rama penal del poder judicial pasa a ser una versión de la justicia penal militar.
·         Los medios de comunicación no son el cuarto poder sino la nueva arma ideológica mediática  de las fuerzas militares.
·         El paramilitarismo como el arma de la fuerza irregular de las fuerzas militares.

Nuevas medidas anticonstitucionales se ven venir en torno al cambio del carácter del delito político y  contra todo aquel que se ponga en contra del Estado mafioso y fascista:

·         Masificación de extradición contra insurgentes y dirigentes sindicales y sociales.
·         Cadena perpetúa para los punibles que atenten contra la seguridad y el bolsillo  de los ricos.
·          Desmonte de la responsabilidad individual frente a los hechos punibles atribuidos a funcionarios del Estado.
·         Establecimiento de paquetes procesales o sumariales atribuidos a una organización, involucrando indiscriminadamente a todo sindicado o sindicada de pertenecer a ella con la intención de mantener preso de por vida a los rebeldes y opositores convirtiéndolos en prisioneros de guerra.
·         Reducción o desmonte de la política de capturas para llevar a juicio, volviendo a la táctica del exterminio por desaparición, sicariato y fusilamiento.
·         Prisión en cuarteles para los presos políticos, aislándolos y quitándoles la solidaridad.
·         Coacción a la oposición de tal modo que las  limitaciones impuestas y la coerción los convierta en presos políticos así estén sueltos.
·         Conversión de todo el país en una prisión y toda la sociedad en prisionera del poderío fascista, limitando todos los espacios, sus derechos y su movilidad al capricho de la tiranía.

Impedir el avance del fascismo es tarea de suma urgencia que obliga a la unidad de acción de todo el bloque popular.

El Estado capitalista por esencia es delincuente, impuesta y cobra tributos a la fuerza, es violador de derechos humanos negando la prestación de los servicios básicos públicos y asistenciales.  Se sostiene por medio de la represión militar y por el engaño, enajenación  y alienación que ejerce contra  la sociedad a través de los medios masivos de información.

El Estado fascista actual es experto en invertir la realidad, haciendo ver como los malos y terroristas a quienes resistimos, generando fanatismo e histeria colectiva a su favor en las mismas gentes que tiene sometida.

El Estado fascista es populista y siempre deja para mañana las soluciones que el pueblo necesita, es embaucador, mentiroso y criminal.

No esperemos a que siga infectando nuestra sociedad, cuando haya un Policía vigilando en cada salón de clase…se nos habrá hecho demasiado tarde. 
  
A estas alturas de nuestra realidad reivindicar la rebeldía no solo es un derecho, sino una obligación urgente y inaplazable.
Precisamos que el eje central de esta temática no es le delito político sino el derecho a la rebelión.

El régimen terminara de excluir de sus normas lo que queda del delito político, porque su guerra es total contra los pobres de Colombia, copiándose del fugimorismo peruano, del neofranquismo español, obedeciendo a los gringos.

En la medida que más sectores pequeño burgueses y de clase media que conforman la franja de opinión favorable al régimen, vayan atravesando el umbral de la pobreza, irán dejando mostrar a toda la sociedad la verdadera dimensión de la crisis estructural del Estado, de la tragedia socioeconómica y humanitaria que estamos viviendo.

En está antidemocracia que ni siquiera respeta la democracia burguesa, afloramos los luchadores populares y revolucionarios con más vigencia que nunca.

Conscientes que la prisión es una consecuencia de nuestra lucha por la soberanía y el socialismo, seguros de triunfo, porque tenemos de nuestro lado la historia, la verdad, la razón y al  pueblo pobre y luchador de Colombia.

Ni las rejas, ni las cadenas, ni los grillos podrán impedir nuestros sueños libertarios.


¡LOS PRESOS POLITICOS NO SOMOS DELINCUENTES,
SOMOS LUCHADORES DEL PUEBLO!

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