Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 22 de abril de 2017

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS: Un negocio rentable en las cárceles colombianas


La tercerización de servicios (forma de privatización) tiene por sí sólo un alto riesgo de corrupción, lo cual se torna más grave, cuando de ello depende el goce efectivo de los derechos humanos. En las cárceles colombianas, se ha convertido en un negocio la alimentación, la telefonía e incluso la salud de las y los presos y las consecuencias son notorias.

El día de hoy, 21 de abril, y hasta tanto no se den soluciones reales, los detenidos de la Picota iniciaron una huelga de hambre, a la que se sumarían los presos de Valledupar y Cómbita, la semana que entra. La razón es más que justa: Las empresas contratistas de alimentos, han decidido, al parecer con anuencia de la USPEC y la mirada impávida del INPEC, reducir las raciones de alimentos, que además entregan de mala calidad y deficiente preparación.

A pesar de las reiteradas quejas que en este sentido ha presentado la población reclusa, la Procuraduría General de la nación considera que tal violación sistemática de los derechos humanos, no amerita una investigación y la contraloría no toma cartas en el asunto. Una evidencia más del tratamiento denigrante que el Estado colombiano le da a los seres humanos en reclusión, a pesar de lo cual persiste en defender a ultranza la privación de la libertad, como única alternativa al delito.

El Equipo jurídico Pueblos, se solidariza con las justas protestas de las personas privadas de su libertad y sus familiares y reproduce el comunicado público que sobre el particular emiten los detenidos de la estructura 3 del complejo penitenciario de Bogotá (Picota)

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MAS HAMBRE, DESNUTRICION Y MUERTES EN EL COMEB
COMUNICADO

Anunciamos a la opinión pública en general, entes de control del Estado, ONG defensora de los derechos humanos y demás personalidades que los internos del COMEB Estructura tres (ERON Picota) entramos en huelga de hambredesede las primera horas del día de hoy, como única medida pacífica y constitucional que nos ha dejado la admnistración local para que nos escuchen a través de los voceros autorizados, lo que consideramos un abuso y falta de respeto a nuestra dignidad, puesto que la USPEC, entidad del inpec encargada de la contratación con los voceros, sin tener en cuenta a los privados de la libertad como directos implicados, ha hecho un nuevo contrato de alimentos, donde se nos reduce sustancialmente el gramaje y la cantidad de bebida en el suministro diario para cada ración, perjudicando contundentemente el balance diatético que todo adulto debe consumir para mantener el equilibrio de la sallud.

Importante que se sepa que con la racion que suministran actualmente, como para un niño menor de eiez años, la sensación de hambre que queda, después de cada comida es generalizada, trayendo como consecuencia la desnutrición y la baja en anticuerpos para contrarrestar las virosis que pululan en semejante hacinamiento, con infrahumana infraestructura lo que ha generado el aumento de índice de muertes en este centro de reclusión.

Para colmo de males, si permitimos que nos reduzcan la cantidad de alimentos, la situación se tornará aún más difícil para sobrevivir en medio de las condenas que nos han impuesto.

Situación por su lado más difícil padecen los que por su patología o enfermedad no les están enviando la dieta como está autorizada por el nutricionsta , que por lo general no lo hay, empeorando la situación de salud e incluso de enfermos terminales.

A lo anterior se le suma que los alimentos vienen de mala calidad, mal preparados, carnes, ensaladas y frutas en estado descomposición, arroz crudo, bebidas sin leche, donde toca por obligación para evitar diarreas, botar más de la mitad.

Vale aclarar que al Estado colombiano le cuesta sólo en alimento por cada internoal año, cerca de 8 millones de pesos, lo que da un promedio diario de 20 mil pesos, para una ración de 7 mil, pero la realidad no refleja ni la mitad del costo suministrado.

Por último anunciamos que hasta tanto la administración del COMEB y la USPEC no se reunan con nuestros representantes y le den una solución inmediata a nuestra justa protesta, no levantaremos la huelga de hambre.

POR LA DIGNIDAD Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES!!!

COMITES DE DERECHOS HUMANOS
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO – MNC
COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS ORLANDO QUINTERO PAEZ
COMEB ESTRUCTURA 3

Bogotá D.C.

Abril 21 de 2017 


Equipo Jurídico Pueblos

viernes, 21 de abril de 2017

RESISTIENDO EL OLVIDO

Cristóbal Salazar Vargas, joven oriundo de Ocaña Norte de Santander, viajó a la ciudad de Bucaramanga en busca de mejores oportunidades laborales, pero el  21 de abril de 2006,  en zona rural del municipio de Rionegro –Santander-, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional y reportado, junto a otro joven, como una baja en combate. 

“Mi hijo se llamaba CRISTOBAL SALAZAR VARGAS, tenía 23 años de edad, soltero, había estudiado solo la primaria, vivíamos en Ocaña donde trabajaba en una panadería en el centro de la ciudad; en el año 2006 por la situación económica viajó a Bucaramanga con la intención de buscar una vida mejor. El 21 de abril de 2006 mi hija recibió una llamada de su primo   quien le dijo que a CRISTOBAL lo habían asesinado en Rionegro –Santander- miembros del Gaula del Ejercito Nacional; en ese momento como madre me desesperé y viajé de Ocaña a Bucaramanga con mis hijos, nos dirigimos a Medicina Legal donde se pudo constatar que el cuerpo de mi hijo estaba allí, me dijeron que fuera a la Brigada, nos dirigimos allá, fueron presentados como muertos en combate, pero eso es mentira porque mi hijo siempre fue un muchacho sano, de casa, nunca había tenido problemas, se dedicaba a trabajar”.

El caso de Cristobal, no sólo es evidencia de los ya conocidos patrones comunes en la perpetración de las ejecuciones extrajudiciales en el país; sino también en la selección de las víctimas mortales: Personas humildes, jóvenes pobres, seres humanos excluidos; lo que no es casualidad, ni producto del actuar irreflexivo de unos cuantos uniformados.

Al contrario, es una muestra entre miles, del carácter selectivo del terrorismo de Estado, de sus motivaciones más allá del conflicto armado, de la intencionalidad que supera la excusa de “ganar la guerra”. Cristobal fue testimonio de la injusticia que se refleja no sólo en una vida carente de oportunidades,  sino en una muerte que le cobró su condición social.

Son ya 11 años de impunidad, este caso como otros más sigue sin ser investigado por autoridad judicial alguna. 

Seguimos construyendo memoria que anima la resistencia, que niega el olvido y que alimenta la esperanza.

Viernes, 21 de abril de 2017


Equipo Jurídico Pueblos
Familiares de víctimas del terrorismo de Estado del Nororiente

jueves, 20 de abril de 2017

EN MEMORIA DE ANDRÉS OLIVAR


El Equipo Jurídico Pueblos, se conduele con la muerte del compañero Andrés Olivar, miembro de Sinaltrainal, a quien conocimos en medio de las luchas por los derechos de la clase trabajadora y del pueblo en general. 


Un hombre sensible ante la injusticia y solidario, que fue ganando conciencia política a través de los años y una práctica comprometida.

Honramos su vida, por haber sido ejemplo de resistencia hasta el último de sus días. Extendemos nuestro saludo fraterno a su familia y la organización sindical que lo acogió y formó, Sinaltrainal.

Andrés, seguirá presente en las luchas de quienes hemos optado por defender los intereses de las clases populares.

Equipo Jurídico Pueblos
Abril 20 de 2016

REFLEXIONES PARA CONVOCAR LA MARCHA POR EL DERECHO A LA IGUALDAD

¡El 29 de abril a las 7:00 desde los Juzgados de Paloquemao!



Las y los presos del país, sus familiares, amigos y organizaciones populares, se han dado cita el 29 de abril, a las 7:00 am, en las instalaciones de Paloquemao (Bogotá), para marchar por el derecho a la igualdad. El Equipo Jurídico Pueblos se une a la iniciativa y hace un llamado extenso a respaldar esta y toda acción de movilización y reflexión sobre la política criminal en Colombia y sus implicaciones.

La realidad de las cárceles colombianas es más que dramática y es el producto de políticas estatales deshumanizantes, que se perpetúan con el silencio y la indolencia, que ha sabido permear distintos sectores de la sociedad.

Mientras cientos de miles de seres humanos son humillados y sometidos a la pena de muerte de facto en las prisiones; ante la opinión pública se infunden temores que legitiman el hiper-encarcelamiento de la población, condensados en lo que denominan “seguridad ciudadana”. Muy poco se habla de los estudios que reflejan no sólo las nefastas consecuencias sociales de la degradación que a diario se vive tras las rejas, y menos aún de la real eficacia del derecho penal para dar respuesta a verdaderas problemáticas sociales que sólo se profundizan con la cárcel. Los esfuerzos estatales para prevenir las causas del delito –buena parte de ellas producto de la inequidad, exclusión y el descontento social– son, por decir lo menos, exiguos.

¡¡Es sin duda criminal, la política criminal en Colombia!!. Pues no de otra forma puede calificarse la penalización de la pobreza; la persecución al movimiento social; la falta de garantías judiciales que llevan a inocentes a purgar altas dosis de cárcel; el desconocimiento de la persona que se ve avocada a delinquir, así como de sus motivos; el sometimiento a la tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes que a diario se vive tras los muros, bajo la excusa de garantizar la seguridad y el orden interno; el extrañamiento; la desintegración de núcleos familiares y sociales; la sistemática negación de derechos humanos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la vida de las y los presos. Es sin duda criminal, toda política que se funda en el peligrosismo y la estigmatización y a la vez omite garantizar las condiciones de vida digna de la población colombiana, con lo cual seguramente se prevendrían los delitos de hambre.  Es criminal la política que omite perseguir la delincuencia de “cuello blanco”, que encubre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos gestadas desde el propio Estado y blinda legalmente a sus más altos responsables y beneficiarios. 

Es hora de reflexionar no sólo sobre la cárcel, sino sobre el delito mismo. De decantar, con todos los sectores de la sociedad, qué se penaliza, a quiénes, por qué, para qué y cómo se “castiga” . Estas y otras reflexiones, aunque parezcan agotadas son más vigentes que nunca, cuando se habla de transitar hacia la “paz”.

Equipo Jurídico Pueblos
Bogotá, 19 de abril de 2017

jueves, 13 de abril de 2017

LA INSTITUCIÓN PRISIÓN EN COLOMBIA

Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres》.
PITÁGORAS


Durante muchos años se ha publicado abundante literatura respecto a la crisis social y humanitaria que han padecido, y padecen aquellos ciudadanos colombianos y (extranjeros) que han permanecido, y permanecen, privados de la libertad física en las cárceles y penitenciarias del país. Desde descripciones, narraciones y vivencias, hasta criticas, denuncias y propuestas en materia de política criminal, han sido difundidas por un sinnúmero de interesados e involucrados. Por ejemplo, diversos grupos de investigación en Ciencias Políticas, Sociales y Humanas, adscritos a varias universidades públicas y privadas, han desarrollado múltiples estudios entre lo que se destaca, principalmente, el fracaso de la institución prisión en la estructuración y funcionamiento del comportamiento social civilizado del Homo Sapiens. De este modo, se ha afirmado, en pocas palabras, que la instución prisión fue una de las peores instituciones creadas por la humanidad. Que nació deforme: anencefálica y con espina bífida. Y que, a pesar de esto, en Colombia han hecho hasta lo imposible para conservarla viva: le suministran todo tipo de terapias paliativas, anhelando su cura, sin lograr mejora alguna. En consecuencia, la institución prisión es como esos seres enfermizos que es preferible dejar morir, pues ni en manos de los mejores especialistas podría recuperarse satisfactoriamente.

A partir de esto último se afirma, entonces, que la principal función de la institución prisión NO es la de re-institucionalizar pautas de corpotamiento social legitimadas como “normales” (valores éticos, morales, religiosos, políticos y jurídicos), sino la de des-institucionalizarlas y de des-legitimarlas. Es decir, NO re-integra el infractor a la ley penal a la sociedad: lo desintegra. NO lo re-socializa: lo des-socializa. En otras palabras, NO humaniza el suplicio del infractor: produce al delincuente. Con la institucionalización de la institución prisión (esto es, con la “humanización” de la justicia penal), las sociedades NO consiguieron humanizar el castigo. Por el contrario, implantaron una nueva relación entre el infractor a la norma jurídica y el sistema penitenciario: el delincuente. Así, el delincuente es el verdadero producto de la institución prisión:

"Se dice que la prisión fabrica delincuentes. Es cierto que vuelve a llevar, casi fatalmente, ante los tribunales a aquellos que le fueron confiados. Pero los fabrica en ese otro sentido que ella ha introducido en el juego de la ley y de la infracción, del juicio y del infractor, del condenado y del verdugo. La realidad incorpórea de la delincuencia que une a unos  a otros y, a todos juntos, desde hace siglo y medio, los hace caer en la misma trampa." (Foucault, Michel. Vigilar y Castigar: el nacimiento de la prisión, 1974).

Por tanto, la verdadera función de la institución prisión NO es la de “curar” aquel “enfermo agudo” y de prevenirlo de futuras “recaídas”, sino la de convertirlo en un “enfermo crónico” y de mantenerlo adicto a sus costosos e inútiles tratamientos (el tratamiento penitenciario).

Ahora bien, conforme a lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, se afirma que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero que su finalidad es la de resocializar a quien ha trasgredido la ley penal. Empero, nuestra legislación NO hace una clara distinción entre los fines y los objetivos de la pena, falla que confunde la identificación de sus propósitos. Así mismo, el artículo 4 del Código Penal Colombiano establece que la pena debe cumplir las funciones de prevención general (lo que debería ser el producto de una vasta educación infantil y juvenil), retribución justa (que siempre ha sido venganza), prevención especial (por el contrario, se adquieren otros conocimientos que perfeccionan la criminalidad), reinserción social (utopía que se acepta con el propósito de conservar “viva” la enfermiza institución prisión) y protección al condenado (que, además de ser imposible, es contradictoria con la realidad, demostrada durante más de siglo y medio).

No obstante, la pretendida retribución justa (justicia retributiva) de la pena es cuestionable por dos razones: primero, porque ésta es desproporcionada e inequitativa. Pues el aumento descontrolado de prisioneros NO corresponde con el aumento de la criminalidad (opuesto a lo que divulgan los medios de comunicación del país, que participan activa pero negativamente en “la construcción de la realidad social” Colombiana), y principalmente sólo se aplica a personas de bajos recursos económicos (marginadas y excluidas). Y segundo, porque en un Estado social democrático de derecho, el fin de la pena JAMÁS debe justificar que su ejecución conlleve a la continua y permanente vulneración de los derechos -constitucionalmente reconocidos- de los prisioneros.

Adicionalmente, las prácticas propuestas como tratamiento penitenciario y las condiciones de vida en las cárceles y penitenciarías de Colombia, contradicen lo planteado y/o exigido tanto por el derecho interno (Códigos Penal, de Procedimiento Penal, y Penitenciario y Carcelario), como por el derecho internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas), pues no sólo hay una permanente trasgresión a la dignidad personal sino también una constante vulneración de otros derechos inherentes a la Naturaleza Humana: derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al debido proceso y a la salud.

Así, la ley penal, al aplicarse preferentemente a los miembros menos favorecidos de la sociedad, hace que éstos pierdan (durante la ejecución de una pena) gran parte de su dignidad, convirtiendolos en seres absolutamente débiles y vulnerables. De este modo, dentro de un centro de reclusión son múltiples las formas y prácticas en que se ven menoscabadas sus vidas. Al estar encerrado, cada infractor comienza a verse sometido a un determinado orden que le es impuesto, no sólo por los funcionarios del poder estatal sino también por otros infractores (o《kameradenpolizei》[nombre que se daba en los campos de concentración Nazi a los presos, generalmente comunes, que gozaban de la confianza de los alemanes y con los cuales colaboran en las tareas represivas y de control, siendo recompensados por ellos con ciertos privilegios]), en el que múltiples intereses y formas de poder (unas legales y otras ilegales, pero ambas ilegítimas) se entremezclan para fortalecer sus propias estructuras de dominación. Esta transgresión a la Naturaleza Humana se encuentra ampliamente expuesta por Raúl Zaffaroni en su texto “Muertes Anunciadas”. En dicha obra, este pensador Argentino señala que el derecho a la vida se ve afectado en las prisiones, generalmente, por las mismas entidades del Estado que tienen a cargo su protección (ya sea por sus acciones o por sus omisiones), convirtiendose en un fenómeno estructural propio de la dinámica del ejercicio del poder tradicional.

Así las cosas, los centros de reclusión resultan ser espacios de muerte donde se propicia todo el ambiente para llevar a cabo, con total impunidad, todo tipo de violaciones de Derechos Humanos. En otras palabras, la ejecución de una pena privativa de la libertad física, en los establecimientos penitenciarios o carcelarios del país, se realiza en medio de las peores condiciones de vida, contrariando los valores, los principios y los derechos pactados en la Constitución Política de 1991.

Con todo, a la prácticas institucionales descritas se la añade el alto grado de hacinamiento que padecen los establecimientos de reclusión del país. Según cifras oficiales, el hacinamiento Carcelario y Penitenciario supera, en general, el 50%. Sin embargo, en varios establecimientos alcanza el 450%. Como es sabido, ésta situación propicia, coadyuva y exacerba la ya mencionada sistemática violación de Derechos y Principios Constitucionales: así lo han denunciado varias entidades del Estado. Por ejemplo, en 1998 la Corte Constitucional declaró, con base en las altas tasas de hacinamiento y en las particulares situaciones propias de la dinámica carcelaria y penitenciaria vividas durante la década de 1990, el《Estado de Cosas Inconstitucional》en el Sistema Penitenciario y Carcelario de país. En 2013, con base en la persistencia de las elevadas tasas de hacinamiento y en otras situaciones desarrolladas en materia de política criminal (diferentes a las presentadas durante los años 90), la misma Corte decidió declarar nuevamente el《Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Carcelario y Penitenciario》Colombiano. A mediados de 2016, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- declaró el《estado de emergencia penitenciaria y carcelaria》en el país, debido a las《graves situaciones de salud y orden sanitario》que se estaban presentando -supuestamente soló- durante ese año. Y en 2017, tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte Constitucional, le han solicitado al Gobierno de turno el cierre inmediato de las cárceles o penitenciarias de Riohacha, Medellín (Bellavista), Pereira, Manizales, Valledupar, Montería, Santa Marta y –Modelo de- Bogotá.

Empero, absolutamente NADA ha cambiado: el《Estado de Cosas Inconstitucional 》se mantiene (fue reiterado en 2015), la tasa de hacinamiento -según la oficina de estadísticas del INPEC- continúa siendo superior al 50%, las《 graves situaciones de salud y orden sanitario 》no mejoran (la atención en salud es inadecuada, las condiciones de salubridad son pésimas y los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad brillan por su ausencia), y todos los establecimientos de reclusión continúan recibiendo infractores sin ninguna restricción.

Ahora bien, es importante destacar que la tasa de hacinamiento de todas los centros de reclusión del país, en general, y de cada establecimiento, en particular, es calculada por el Gobierno Nacional de manera arbitraria e incorrecta. Así, por ejemplo, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- la cárcel de Riohacha tiene un hacinamiento, aproximadamente, del 450%. Sin embargo, si la tasa de hacinamiento de dicho establecimiento se calcula teniendo en cuenta unas condiciones respetuosas de los Derechos de los infractores, la tasa de hacinamiento resultaría ser, aproximadamente, del 930%. Adicional a esto, también es importante llamar la atención respecto a la atención en salud y al saneamiento ambiental, pues las《graves situaciones de salud y orden sanitario》no sólo NO se presentaron unicamente durante el primer semestre de 2016, sino que cada día se exacerban más. De este modo, la atención en salud al interior de los centros de reclusión de Colombia SIEMPRE ha sido paupérrima, deficiente e ineficaz: prueba de esto es la enorme cantidad de acciones de tutela interpuestas durante los últimos años, no sólo contra la extinta EPS-S CAPRECOM sino también contra la actual -inoperante- Fiduprevisora S.A. Igualmente, los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, y de saneamiento ambiental NO se implementan, razón por lo cual cada día son más los casos reportados de prisioneros infectados con el VIH, Sífilis o Tuberculosis, de brotes o epidemias de gastroenteritis (debido a la calidad de los alimentos suministrados), y de aumento de plagas – vectores.

Como resultado de todo lo expuesto se tiene, por tanto, que la institución prisión es una de las peores instituciones inventadas por la humanidad pues, desde todo punto de vista, NO desempeña un papel “positivo” en el desarrollo del comportamiento social humano. Todo lo opuesto. Si fue creada para “humanizar” el suplicio del infractor – castigado, su resultado fue producir -y reproducir- delincuentes. Si fue creada para disuadir y prevenir la comisión de hechos delictivos, debe aceptarse que JAMÁS se conseguirán dichos objetivos: toda vez que aquellos son propios de otras instituciones (valores éticos, morales, políticos, religiosos y/o juridicos ), los cuales deben ser instituidos a través de la educación y durante los primeros años de vida del individuo (《estructuralismo 》). Si fue creada para conservar o mantener el “orden social”, entonces por qué su institucionalización estimula, propia y coadyuva a la destrucción de la institución familia del infractor? Y si fue creada para cumplir la función de re-socializar al infractor, tampoco la cumple: por el contrario, lo des-socializa: des-institucionaliza los –“pocos”- valores sociales que el infractor haya adquirido antes de ser prisionalizado. Así pues, aunando a esto las condiciones de vida (hacinamiento, insalubridad ambiental, inatención en salud, etc.) y las prácticas impuestas (《tratamiento penitenciario》) en las cárceles y penitenciarias del país, la institucionalización de la prisión, en Colombia, desempeña otras funciones: asesina la dignidad del infractor y aumenta la desigualdad social: mientras los menos favorecidos son sometidos a la prisionalizacion, los más favorecidos son beneficiados con los dividendos monetarios que ésta produce, pues para nadie es un secreto que nuestro Sistema Carcelario y Penitenciario es un botín burocrático y económico gigante. 


Prisioneros Políticos – ELN
Colectivo “Manuel Pérez M.”
Pabellón 4 – Estructura 1
COMEB – La Picota

miércoles, 12 de abril de 2017

SOBRE CÓMO EL AFÁN DE GANANCIA SE ANTEPONE AL RESPETO DE LA DIGNIDAD

Detenidos de “la Tramacúa” se niegan a recibir alimentos

Desde hoy, 12 de marzo, detenidos del EPCAMS-Valledupar (conocido como La Tramacúa), se niegan a recibir alimentos porque la Empresa ESTRADA Y NAVARRO S.A desconoció la costumbre de brindar a los internos una comida especial, con ocasión a la Semana Mayor.

“En las condiciones indignas en que vivimos, los presos nos ilusionamos con cualquier cosa” dicen los internos, por esta razón no se trata de una exigencia desproporcionada, sino más bien, de una evidencia adicional de las implicaciones que tiene la privatización de un derecho como lo es la alimentación, en el que la lógica del humanismo se remplaza por la ganancia.

Cuando se conoce la realidad de la prisiones, es posible entender la importancia que para los detenidos tienen este tipo de reivindicaciones. Por este motivo, requerimos de la USPEC el INPEC exigir a la Empesa ESTRADA NAVARRO, el cumplimiento de esta justa pretensión de los detenidos, que sin duda alguna, no implicará un desbalance en la lucrativa relación comercial que tiene con el Estado.

Solicitamos de la comunidad nacional e internacional solidaria, expresar con regularidad sus preocupaciones ante las autoridades penitenciarias y de gobierno, sobre la crítica situación carcelaria y sus expresiones en materia de derechos humanos.


Equipo Jurídico Pueblos
Bogotá, 12 de abril de 2017

ADENTRO DE LAS PRISIONES EN COLOMBIA, INFORME DE FEBRERO 2017

Prison Insider se denomina como un sitio web que recoge información sobre las prisiones en el mundo.

El Equipo Jurídico Pueblos a través de las múltiples investigaciones y denuncias a favor de las personas privadas de la libertad contribuyó con la redacción del informe de la cárcel en Colombia. En esta se pueden encontrar ejes temáticos de gran interés: Integridad física, población carcelaria, locales y personal, vida cotidiana, relaciones con el exterior. 

https://www.prison-insider.com/fichapais/prisionesdecolombia?s=l-integrite-physique#l-integrite-physique



Equipo Jurídico Pueblos