Equipo Jurídico Pueblos

Equipo Jurídico Pueblos

lunes, 25 de septiembre de 2017

URGENTE CAPTURA MASIVA DE CAMPESINOS EN HACARÍ – NORTE DE SANTANDER (Denuncia pública en desarrollo)

Preliminarmente se conoce de una nueva captura masiva de campesinos en la región del Catatumbo. 

Por información suministrada por habitantes de la región, a las 9:00 de la mañana de hoy (25 de septiembre) en la vereda La Laguna del municipio de Hacarí – Norte de Santander los campesinos OMAR SANGUINO, OSNEIDER ALBERNIA, NOEL CUADROS, DAVID QUINTERO y JHON JAIRO ANGARITA fueron aprehendido (capturados) por miembros del Ejercito Nacional; según la información, al parecer en esa región se están presentando combates lo que permite inferir que los detenidos, quienes además son reconocidos en la región, podrían ser víctimas de un montaje judicial para mostrar resultados operacionales. Hasta el momento se desconoce el paradero de los campesinos por cuanto que la fuerza pública se niega a suministrar información a las familias.  

25 de septiembre de 2017

Equipo Jurídico Pueblos

LAS COMUNIDADES DE BARRANCABERMEJA, EL CARMEN Y SAN VICENTE DE CHUCURÍ RECHAZARON DE VIVA VOZ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE HIDROCARBUROS APE MARTEJA EN SUS TERRITORIOS




El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo en el Municipio de San Vicente de Chucurí la Audiencia Pública ambiental dentro del proceso de licenciamiento del Proyecto Área de Perforación Exploratoria-APE- Marteja, cuya área de influencia abarca 59 veredas de tres municipios del Magdalena Medio Colombiano. 

La Audiencia, presidida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA-, contó con la participación de representantes del Ministerio Público, así como de miembros de las Administraciones municipales, académicos, organizaciones y varios cientos de habitantes de los municipios de Barrancabermeja, El Carmen y San Vicente de Chucurí, que sentaron su voz de rechazo hacia la eventual licencia ambiental que otorgue la ANLA para la ejecución de este proyecto petrolero.

Aportes valiosos en pro de la protección de los recursos naturales de este territorio se realizaron en el marco de dicha Audiencia. Los escasos tres minutos que la ANLA estableció como límite para realizar cada intervención fueron utilizados por casi la totalidad de los intervinientes (con excepción de ECOPETROL y tres o cuatro personas con evidentes intereses personales a favor de la petrolera) para argumentar la necesidad de que se niegue la Licencia ambiental solicitada para la puesta en marcha de actividades en el APE Marteja.

El Equipo Jurídico Pueblos identificó varios aspectos o razones puntuales, en base a los cuales hemos solicitado a la ANLA que niegue la Licencia:

Partamos de que en este proceso de licenciamiento se está coartando a la comunidad del área de influencia del proyecto, de uno de los elementos esenciales o indispensables de la participación ambiental, esto es, de su derecho constitucional a la información.

No es posible hablar del acceso a la participación en este proceso de licenciamiento cuando las comunidades de las 59 veredas que hacen parte del área de influencia no han tenido la posibilidad de contar con información oportuna y suficiente para entrar a ser parte del escenario participativo. No se está atendiendo por parte de los titulares de este Proyecto ni por parte de la Autoridad Ambiental a la esencia del derecho de participación, pues no es suficiente poder acceder a la Audiencia Pública ambiental como escenario o mecanismo de participación si no se ha conocido previamente y con claridad la información del proyecto, así como sus impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas. Es decir, en este proceso de licenciamiento estamos viendo una vulneración flagrante del derecho fundamental a la información.

De igual modo, y recordando que este proyecto se superpone con áreas protegidas (Distritos Regionales de Manejo Integrado-DRMI- del Humedal San Silvestre y Serranía de los Yariguíes) es innegable que su puesta en marcha no sólo estaría afectando gravemente las actividades económicas que históricamente se realizan por la comunidad campesina de la región, como la agricultura, la ganadería y la piscicultura, así como los medios bióticos y abióticos de la región (el mismo EIA del APE Marteja admite que los impactos negativos del proyecto tendrán una significación mayoritariamente media y alta que superan ampliamente los impactos positivos que traería el mismo a la zona de influencia), sino que además, se estarían afectando irremediablemente unos ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales, como lo son el Humedal San Silvestre y la Serranía de los Yariguíes (importancia que ha sido reconocida por la ANLA en su Reporte de la Zona Centro Valle Medio Magdalena de 2016), máxime cuando estamos frente a un hecho que la Autoridad ambiental no puede ignorar y es que el Ajuste y Actualización del Plan de Manejo Ambiental-PMA- del DRMI Humedal San Silvestre se está realizando a través del Convenio Marco de Colaboración DHS No. 5211802 del 2013 y su Acuerdo de Cooperación No. 01 de 2013, suscritos entre ECOPETROL y la CAS.

Es decir, es ECOPETROL –empresa que tiene intereses de  exploración y explotación de hidrocarburos en estas áreas protegidas- el que está financiando la determinación de los parámetros técnicos que establecerán los usos y actividades permitidos en las mismas, evidenciando un claro conflicto de intereses que ECOPETROL enmascara bajo su política  de “responsabilidad social corporativa”.

Además de lo anterior, aun cuando la solicitud de licencia ambiental presentada por ECOPETROL a la ANLA versa hasta el momento sobre un área de perforación exploratoria, no podemos perder de vista que el APE Marteja hace parte del Bloque Mares, el cual de acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH- es un área prospectiva de Yacimientos No Convencionales, lo que significa que es un área recomendada por los exploracionistas para encontrar este tipo de yacimientos y perforarlos a través de la técnica de fracturamiento hidráulico o fracking. Es decir, aprobar el APE Marteja es la puerta de entrada para esta técnica extractiva que implica unas consecuencias nefastas para el ambiente y la salud de las personas.

Los impactos socio ambientales que representa el  proceso  del  fracturamiento  hidráulico pueden ser resumidos de la siguiente manera: i) contaminación y uso intensivo de aguas superficiales o subterráneas debido a la cantidad del líquido que requiere el proceso y los riesgos de  contaminación  derivados del uso de químicos  que  hacen  parte  del  fluido  utilizado  para el fracturamiento (EPA, 2016). Se ha encontrado evidencia de que el 25% de los productos químicos usados en el fracking pueden causar cáncer, el 37% puede afectar al sistema endocrino, de un 40 a un 50 % pueden afectar al sistema nervioso, al sistema inmunológico y al sistema cardiovascular y más del 75% pueden comprometer la salud de los órganos sensoriales y el sistema respiratorio (Valdés Aguirre, C.L., s.f.).; ii) riesgo de aumento de la sismicidad debido a  la  reinyección  de  los  fluidos  utilizados  en  el  fracturamiento (Weingarten, M., Godt, J. W., Bekins, B. A., Rubinstein, J. L., 2015); iii) erosión y contaminación de los suelos; iv) contaminación del aire y exacerbación del cambio climático por la emisión de metano, dióxido de carbono e hidrocarburos pesados; y v) deforestación y degradación del hábitat (Physicians for Social Responsibility, 2015).

Ahora bien, el operador del proyecto APE Marteja (con una participación del 50%) es la multinacional canadiense Parex; ello en virtud de una serie de acuerdos comerciales realizados entre esta empresa y ECOPETROL a partir del año 2015.

Al respecto hay que recordar que la petrolera Canadiense Parex realiza actividades con énfasis en la extracción de yacimientos no convencionales mediante fracking (en el año 2014 la ANH le adjudica el bloque VMM 9, ubicado en el municipio de Cimitarra/Santander, el cual es uno de los primeros bloques en Colombia destinado para la exploración de Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos) y que recibe apoyo de su Gobierno y de la EDC (Export Development Canada), una entidad crediticia del gobierno de Canadá.

Sobre esto último se debe puntualizar que la legislación ambiental, minera y petrolera colombiana, es una legislación creada por la “cooperación” canadiense a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá- ACDI y una ONG de Multinacionales denominada CERI, lo cual rompe con el principio de soberanía nacional sobre los recursos naturales, da ventajas ilegales a las compañías canadienses como Parex, viola los principios de aplicación general, impersonal y neutral de la ley para favorecer estas empresas, en detrimento de las condiciones ambientales y de salud de millones de colombianos. Por ello no se debe permitir que las licencias ambientales sean aprobadas por organismos y funcionarios al servicio de estas multinacionales.


Para finalizar, se debe puntualizar que el carácter geoestratégico que poseen estos territorios, principalmente toda la región del Magdalena Medio, donde confluyen una gran riqueza de recursos naturales, lo ha convertido en uno de los focos del modelo económico neoliberal que como política nacional de desarrollo ha implantado el Gobierno colombiano, priorizando e impulsando el sector minero energético desde una perspectiva extractivista que está por encima de factores de protección ambiental o de respeto por las comunidades originarias de las regiones. Ha primado la “ideología del progreso o desarrollo económico” al servicio de intereses particulares, especialmente de las multinacionales, superponiéndose sobre los derechos humanos y fundamentales y generando escenarios de conflicto en donde se gestan procesos de crisis social, étnica, política y ambiental. Todo amparado bajo la lógica del capital.



25 de septiembre de 2017



EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

sábado, 16 de septiembre de 2017

CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL: UNA EXPRESIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO

*Por Equipo Jurídico Pueblos

1- Caracterizando los efectos de la criminalización contra el movimiento social

La política criminal en Colombia ha estado intencionalmente direccionada hacia la creación de conductas que sancionan penalmente acciones propias del movimiento social[1], buscando intimidar por vía de la prohibición y sanción a los sectores populares que se movilizan. El delito y la pena, desde la perspectiva estatal, se encuentra asociados a un fin de prevención general, que supone una advertencia a la sociedad para que no incurra en determinadas conductas que se consideran proscritas.

Lo más grave de esta forma de criminalización del movimiento social, no es en sí mismo la pretensión de encarcelar a quien ejercer un derecho fundamental como lo es la protesta social o la libre expresión del pensamiento, sino el efecto desmovilizador que genera al incorporarlas como delito, incluso sin necesidad de acudir a la represión - judicialización.

La adopción de formas de protesta, conforme a los estándares permitidos por el establecimiento -“pacífica”-; sin costos, sin presión, desprovistas de la beligerancia requerida para dejar sentadas cuando menos las bases de las reformas pretendidas, ha sido una de las más notorias victorias del poder, con la incorporación de los aludidos delitos. Los llamados a morigerar, incluso la condena pública por acudir a las vías de hecho durante las manifestaciones, constituyen otra secuela vergonzosa de ello.

Por otro lado, la criminalización al movimiento social se concreta en la judicialización selectiva o masiva de voceros, activistas y miembros de las comunidades; bajo acusaciones estigmatizantes con cargos de terrorismo, rebelión, entre otros delitos; como castigo por su acción ante el cierre de espacios institucionales.

Dicho de otra forma, la criminalización y judicialización busca desvertebrar el movimiento popular, desmovilizar, dividir y atemorizar a las comunidades, convirtiendo en blanco de la acción judicial a quienes se oponen a la imposición de los intereses económicos de multinacionales; a quienes resisten desde la cotidianidad con su permanencia en los territorios, máxime si plantean y defienden proyectos políticos alternativos.

La detención de un/a campesino, obrero, activista estudiantil, genera naturales temores, que se multiplican cuando se está ante el fenómeno de una captura masiva. La incertidumbre, la zozobra, las angustias, la desestabilización del trabajo organizativo, son parte de los efectos calculados de esta práctica del terrorismo de Estado. Pero tal vez la más grave consecuencia está en provocar divisiones, en sembrar dudas y provocar señalamientos al interior de las mismas comunidades y procesos.

2- Criminalización una aplicación de la doctrina del enemigo interno

Garantizar la hegemonía de un sistema político y económico, implica una constante reconfiguración de los esquemas de dominación. La criminalización y judicialización hace parte de la construcción “social” (no desde las mayorías) del enemigo interno; esto es, de aquel actor individual o colectivo, al que se justifica encarcelar y si es necesario exterminar, porque confronta el status quo, o constituye un obstáculo en la implementación de intereses de las minorías en el poder.

El enemigo interno en Colombia, ha sido edificado desde unas clases dominantes sumisas del imperialismo norteamericano, que a su vez ha sido ejemplo de desplegar todo su arsenal ofensivo para garantizar su hegemonía regional y mundial. Desde la guerra fría hasta hoy, el enemigo interno se ha construido a partir de la máxima de “quien no está conmigo, está contra mí”.

El derecho penal es una herramienta de las clases en el poder, para resolver las contradicciones o conflictos sociales. Por lo tanto, no es ajeno a la doctrina del enemigo interno. Al contario, hace parte de las más poderosas armas de guerra que buscan, como ya se indicó, debilitar a quien considera su adversario o su obstáculo.

En este sentido, debe entenderse que la criminalización del movimiento social, no es en un fin en sí mismo; sino un medio, un instrumento más de represión; un arma entre otras (el desprestigio, el desplazamiento, los asesinatos y cualquier violación de ddhh) que se usa para desarticular y exterminar todo brote de resistencia.

3- Criminalización como expresión del derecho penal de enemigo

“Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos[2] plantea Jackobs Gunter, uno de los mayores exponentes del derecho penal del enemigo.

De tal manera, hablar de la aplicación del derecho penal del enemigo contra el movimiento social, tiene implicaciones concretas: a) La acción del Estado está dirigida, no a reaccionar frente a un hecho delictivo en concreto, sino a prevenir los efectos de la organización social, por considerarla un obstáculo para la imposición de los intereses del capital; b) Se despoja al actor individual o social, de todo derecho, de toda garantía.

En esta línea argumentativa, se entienden los modelos de juzgamiento contra campesinos y habitantes de la ciudad caracterizados por imputaciones severas, privación de la libertad bajo presunciones de peligrosidad, prolongación de los términos de investigación y juzgamiento, el encarcelamiento en establecimientos de alta seguridad lejanos de los lugares de arraigo social y familiar de lxs acusadxs, entre otros mecanismos restrictivos de derechos.

4- La criminalización del movimiento social: Una práctica estatal en beneficio de intereses del capital

Héctor Barbero y Guadalupe Godoy en el informe “La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino Décadas de 1950 - 1960”, logran plasmar con suficiencia la relación directa entre los modelos de represión estatal, entre ellos la criminalización y los intereses del capital, de moldear las clases subalternas y la neutralización del movimiento que impugna el sistema establecido:

“Las formas en que a lo largo de la historia se articula el modo de producción capitalista generan modelos económicos que, en última instancia, determinan la configuración interna de las clases sociales. Los requerimientos de la producción en cada uno de esos modelos económico-sociales plantean a la burguesía la necesidad de establecer distintos tipos de esquemas de dominación sobre las clases subalternas. Estas transformaciones en el modo por el cual el capital contiene las contradicciones primordiales entre los factores productivos parecieran generar en la conciencia colectiva un tipo social intrínsecamente negativo, pernicioso para la producción y el «bien común».

Este otro cultural por un lado excluye a los elementos sociales (individuos o grupos enteros) que no se adaptan a la producción o impugnan el sistema, mientras que por el otro dota de coherencia interna al cuerpo social, dándole entidad y límites definidos. La creación, denuncia y criminalización del otro cultural, verdadero enemigo interno del orden social, tiene por tanto una doble finalidad: educación de la mayor parte de las clases subalternas, moldeándolas según los requerimientos de las diferentes fases de la producción, y la neutralización de cualquier movimiento impugnatorio del sistema establecido, sea de tipo ideológico, es decir político, o puramente individual, es decir negación del rol social impuesto.

La realidad en los territorios donde se usa con mayor frecuencia el aparato judicial para reprimir los sectores populares organizados, estigmatizados y acusados como miembros o colaboradores de la insurgencia da cuenta de esta relación.

El capital moldea ideológicamente la población para que cumpla su rol en las distintas fases de producción; y en este propósito es útil el derecho penal (en su fin de prevención general). Pero también castiga severamente a quien se opone u obstruye sus intereses para lo cual se acude también a este instrumentos como parte de un modelo de represión.

5- La respuesta a la criminalización del movimiento social: Conclusiones, lecciones y propuestas

5.1- La criminalización y judicialización, son expresiones de un modelo de represión funcional a los intereses del sistema capitalista.

5.2- Es una expresión del terrorismo de Estado que busca desvertebrar el movimiento social: previniendo o exterminando cualquier brote de resistencia u oposición a los intereses de las clases en el poder.

5.3- Los efectos de la criminalización se evidencian en el moldeamiento de las expresiones de inconformidad social a las “formas” permitidas por el sistema; propósito al que consciente o inconscientemente, han cedido algunos sectores del movimiento social y de derechos humanos.

5.4- La judicialización impacta sicosocialmente a las comunidades y procesos organizativos, por lo que debe realizar una adecuada lectura de sus manifestaciones a efectos de evitar o frenar posibles focos de división y señalamientos al interior del Movimiento y su “desmovilización”;

5.5- La respuesta a la criminalización y judicialización del movimiento social debe ser integral. Tener en cuenta sus causas y todos sus efectos y por ende estar dirigida hacia distintos frentes:

5.5.1- Prevención
5.5.2- Formación política - creación o fortalecimiento de la conciencia política
5.5.3- Movilización - beligerancia
5.5.4- Defensa Jurídica y política del movimiento social.

5.6- Toda respuesta contra la criminalización y judicialización debe evitar la atomización, los personalismos, el culto a los liderazgos individuales y por el contrario promover la defensa del Movimiento social en su conjunto.

5.7- la respuesta a esta práctica del terrorismo de Estado, impone desenmascarar las instituciones y personas que desde los más altos niveles del poder diseñan las políticas de persecución judicial contra el movimiento social y sus intereses.


[1] La Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público; la Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; el daño en bien ajeno y la Asonada, son expresiones propias de esta modalidad
[2] Entrevista completa en http://www.lanacion.com.ar/826258-el-enemigo-tiene-menos-derechos-dice-gunther-jakobs

sábado, 9 de septiembre de 2017

LAS ENCRUCIJADAS DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO



Luego de ser notificado el habeas corpus interpuesto a favor de ocho campesinos de Becerril - Cesar; hacia las 10:30 de la noche de ayer, 08 de septiembre, fueron liberados del complejo penitenciario de Bogotá - Comeb, La Picota, siete de ellos. Al parecer, por errores de digitación en la boleta de libertad, aún se encuentra en reclusión Luis Oscar Galvis Sánchez.

El 05 de septiembre en horas de la mañana, un Juez de garantías de Valledupar ordenó la libertad de Jorge Enrique Mieles Velásquez, Wilson Paredes Aguilar, Cristo Antonio Pineda Castillo, William Paredes Aguilar, Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Huber Nel Duran Riobó y Cristo Humberto Calderón sin embargo, ésta sólo se hizo efectiva 4 días después, por lo que se configuró una prolongación ilegal de la privación este derecho.

La comunidad de Becerril y el Equipo Jurídico Pueblos, celebra la liberación de los labriegos, víctimas del abuso del poder judicial desde el 16 de junio de 2016. A su vez, solicitan a la judicatura realizar los ajustes necesarios a la documentación oficial, para poner fin a la privación de la libertad de Luis Oscar Galvis.

09 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

viernes, 8 de septiembre de 2017

ORDENAN LIBERTAD DE CAMPESINOS DE BECERRIL VÍCTIMAS DE MONTAJE JUDICIAL


El 5 de septiembre de 2017, un Juez de control de Garantías de Valledupar ordenó la libertad de los campesinos JORGE ENRIQUE MIELES VELÁSQUEZ, WILSON PAREDES AGUILAR, CRISTO ANTONIO PINEDA CASTILLO, WILLIAM PAREDES AGUILAR, LUIS OSCAR GALVIS SANCHEZ, ERASMO GALVES SANCHEZ, HUBER NEL DURAN RIOBÓ y CRISTO HUMBERTO CALDERÓN ROSSO, por vencimiento de términos. La decisión aún no se ha hecho efectiva.

Los campesinos fueron detenidos el 16 de junio de 2016, luego del paro agrario, campesino, étnico y popular, por solicitud del Despacho 47 de la antigua Unidad Nacional Anti Terrorismo a cargo de CESAR AUGUSTO TIBAMOSO FLECHAS. Desde su detención, la comunidad de Becerril (corregimiento de Estados Unidos) ha denunciado que  éste es otro montaje judicial diseñado por esta estructura de la Fiscalía, con la orientación directa del Ejército.

La medida de aseguramiento contra los campesinos, fue sustentada por la Fiscalía con base en las supuesta versión de dos desmovilizados del ELN, que posteriormente fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional (Sobre el caso ver https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/09/urgente-nueva-ejecucion-extrajudicial.html) De acuerdo con lo informado por los familiares de los jóvenes ultimados y presentados falsamente como bajas en combate, ninguno de ellos conocía a los detenidos como miembros de la insurgencia y rendirían testimonio en el juicio en tal sentido.

JORGE ENRIQUE, WILSON, CRISTO ANTONIO, WILLIAM, LUIS OSCAR, ERASMO, HUBER NEL y CRISTO HUMBERTO fueron recluidos en el ERON - Picota, a kilómetros de distancia de sus familias y comunidad, sometidos a un régimen de alta seguridad y a las condiciones indignas de reclusión que padece la gran mayoría de la población en prisión.

Este caso se suma a otros tantos que se viene presentando en el país; y que guardan patrones de actuación estatal de alta similitud, por lo que los entendemos como sistemáticos, generalizados y premeditados actos de persecución contra el movimiento social, con fines económicos y políticos. Es igualmente ilustrativo de cómo el aparato judicial en Colombia se viene usando como arma de guerra. La Unidad nacional contra el Terrorismo (ahora dirección nacional contra el crimen organizado) es el instrumento a través del cual se ha desarrollado esta particular faceta del modelo de represión en el país.

A la sociedad en su conjunto le corresponde estudiar y desnudar la persecución judicial contra el movimiento popular, como una expresión más del terrorismo de Estado, rechazarla y exigir su eliminación.

8 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

jueves, 7 de septiembre de 2017

INTERNOS DE PALOGORDO DENUNCIAN ARBITRARIEDADES POR PARTE DEL INPEC

Los presos recluidos en la cárcel Palogordo de Girón - Santander, miembros del movimiento nacional carcelario, informamos a la comunidad Nacional e Internacional, familiares, amigos, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, a los organismos de control como defensoría, procuraduría, contraloría y la superintendencia de industria y comercio y al mismo gobierno nacional, que denunciamos públicamente el abuso al que estamos siendo sometidos y la represión que se va a agudizar por parte de funcionarios del INPEC y del Director de Gestión Corporativa el señor JOSÉ MENESES MORENO RODRÍGUEZ al imponer un cobro por operación bancaria que nuestros familiares realicen ante el BANCO POPULAR en la cuenta única matriz de internos, por la suma de $ 2.000 pesos a partir de octubre del 2017.

Igualmente, denunciamos el mal servicio que viene prestando el expendido casa en el establecimiento penitenciario, producto de un recorte presupuestal por parte de la señora mayor JOHANA ANDREA MONTOYA CIFUENTES subdirectora de desarrollo de actividades productivas y encargada de gestionar el presupuesto y pautas para el manejo y venta de los productos de primera necesidad a la población reclusa, en los expendidos de cada uno de los establecimientos penitenciario y carcelario del país, en especial la penitenciaria de Palogordo de Girón.

Agradecemos a todos y a todas el acompañamiento de este problema. 

INTERNOS CÁRCEL DE PALOGORDO GIRÓN – SANTANDER
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO


miércoles, 6 de septiembre de 2017

JUEZ ORDENA CONTINUAR INVESTIGACION PENAL CONTRA JUAN MANUEL FERNANDEZ, DESPLAZADOR DE LA COMUNIDAD DE PITALITO - CESAR

JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO
El 04 de septiembre un juez de la república tomó decisión sobre la solicitud de preclusión de la investigación elevada por la Fiscalía a favor de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, palmicultor, miembro de la reserva del ejército y beneficiario de “Agro-ingreso Seguro”, denunciado por la comunidad campesina de La Vereda Pitalito en el Municipio de Chimichagua - Cesar, por desplazamiento forzado.

Las víctimas lo denunciaron por el despojo,  las amenazas, actos de tortura física y sicológica y los hostigamientos contra la comunidad, además del secuestro de la Profesora Esther Carmen Martínez entre otros hechos ocurridos en el 2010, sin que hasta la fecha la Fiscalía 21 Especializada de Santa Marta a cargo de la Dra. MARTHA LIGIA BERNAL GARAY llame a imputación de cargos al Palmero. Por el contrario, se ha dedicado a hacer una defensa acérrima a favor del despojador, protegiendo a la parte fuerte, mientras revictimiza a más de 21 familias que habitaban los predios Pitalito y San Miguel, quienes como lo narran en sus declaraciones y denuncias, fueron obligadas a vender forzadamente sus derechos, y para lo cual la institucionalidad ha jugado un papel fundamental por cuanto faltando a la verdad legitimaron el despojo y la violación de derechos humanos.

Para la Fiscal MARTHA LIGIA BERNAL, el hecho del desplazamiento forzado nunca existió, por cuanto según ella, las supuestas víctimas vendieron sus derechos sobre la tierra de manera libre y sin coacciones; de forma absurda argumenta que después de cuatro años las comunidades no han aportado pruebas suficientes, trasladándoles una carga que les es propia al Estado.

De otra parte deja de lado que las mismas víctimas denunciaron que esas ventas fueron forzadas bajo presiones y amenazas de JUAN MANUEL FERNANDEZ protegido por miembros del ejército y personas oriundos de la Guajira quienes se encontraban armados con macocas.

El juez de conocimiento niega la preclusión la investigación con fundamento en lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia en sentido “que no debe existir duda alguna o controversia para que proceda la atipicidad de la conducta, ciertamente aparecen los contratos y otros elementos, si bien los ciudadanos dicen que recibieron dineros, de sus dichos se puede inferir que hay controversia, en razón a que denuncian que fueron presionados y coaccionados para recibir esas sumas, que recibieron amenazas, etc.., y uno de los presupuestos procesales que la Corte analiza a profundidad son los actos coactivos”.

Por tal motivo, para al juez, al no estar suficientemente evidenciada la voluntad de las víctimas en la venta de derechos sobre la tierra, no procede la preclusión y por ende dispone continuar el proceso penal. La Fiscalía deliberadamente ha pasado por alto, que existe el llamado “Desplazamiento Notarial” que es una forma de despojo recurrente en nuestro país y que ha afectado a miles de colombianos víctimas de los terratenientes, palmeros y ganaderos.

La decisión que fuera proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, fue apelada por parte de la Fiscalía 21 Especializada de Santa Marta y la Defensa de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DE CASTILLO.

El caso de la comunidad de Pitalito, sigue evidenciando la absoluta falta de voluntad institucional  por hacer justicia, reparar a las víctimas y en concreto restituir los derechos de campesinos y campesinas a quienes se les ha arrebatado no sólo de sus tierras sino su único medio de vida.

La Fiscalía se ha convertido en un nuevo escenario de legalización del despojo, lo cual desdice de la “paz” que se predica desde las clases dominantes; práctica que se agrava cuando se usa como aparato de extensión de la guerra (a través de la unidad nacional contra el terrorismo) contra el Movimiento social, con claros fines de protección de los intereses económicos del gran capital que involucran los territorios.

Ver video de otros hechos de despojos relacionados con el Palmero JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO: https://www.youtube.com/watch?v=td55jtlP99c

ALFREDO MOLANO BRAVO escribe sobre la comunidad campesina de pitalito - Cesar:

Septiembre 6 de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS