Equipo Jurídico Pueblos

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domingo, 19 de noviembre de 2017

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL NORORIENTE COLOMBIANO DURANTE EL CESE AL FUEGO BILATERAL ENTRE EL GOBIERNO Y EL ELN


(19 de noviembre de 2017)

Humanizar las condiciones de la población fue uno de los objetivos principales del cese al fuego acordado entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno. De acuerdo con el comunicado conjunto realizado por las partes se conocieron los siguientes compromisos.

Por parte del ELN:

• La suspensión de retenciones de nacionales o extranjeros.
• La suspensión de acciones de sabotaje contra la infraestructura.
• La suspensión de incorporación de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario.
• La abstención en instalación de artefactos antipersonales que pongan en peligro la integridad de la población civil.

Por parte del Gobierno Nacional

• Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas para la protección, e investigación de amenazas a líderes y lideresas sociales.
• Desarrollo de un programa de carácter humanitario para el mejoramiento de las condiciones de reclusión, seguridad y salud de los presos políticos del ELN.
• Aplicación de la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social.

Una consecuencia natural del cese impone a las partes la no realización de acciones ofensivas, aunque no impide la defensa frente a éstas.

El presente informe, elaborado por el Equipo Jurídico Pueblos, hace visible la situación de derechos humanos en la región del Nororiente colombiano durante el cese, por lo que de acuerdo con nuestro enfoque y concepción, nos referiremos a las acciones estatales o auspiciadas por el Estado.

1- CONTINUIDAD DEL PARAMILITARISMO

Antes y durante el cese al fuego, el paramilitarismo es una realidad en la región del nororiente colombiano, las cuales opera a través de distintas estructuras, que en la actualidad están en un período de posicionamiento. Éstas, aunque catalogadas por la institucionalidad como “bandas criminales”, son: El Clan del Golfo, los Villacareros, los Escorpiones, las Autodefensas Gaitanistas, las Águilas negras y los Rastrojos-Urabeños, las cuales operan en norte de Santander y Cesar, mientras que en varios municipios de Santander continúan ejerciendo control social y militar al mando del sobrino de alias Botalón.

Estas organizaciones paramilitares, continúan actuando con anuencia de las autoridades civiles y militares de la región; situación que no ha variado durante el cese.

Pese a lo anterior, es importante señalar que el 27 de octubre de 2017 fueron capturados 14 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el departamento del Cesar[1]. Sin embargo, es prematuro hablar de efectos determinantes de la aprehensión y judicialización de éstos, en punto de la desarticulación real de las estructuras paramilitares, evidenciando sí la presencia de las mismas en la región.

Es importante indicar que el no reconocimiento del paramilitarismo de Estado, sigue siendo la constante; una de las más fehacientes expresiones del negacionismo radica en la denominación de sus estructuras como “bandas criminales”, para desviar sus fines y operatividad.

Mientras persiste el desconocimiento de la relación estrecha entre estas estructuras y entidades estatales así como con las clases en el poder local, regional y nacional; la parapolítica se sigue desarrollando a sus anchas, especialmente en Santander, a través del Clan Aguilar, que proyecta a Richard Aguilar al Senado y a su hermano Mauricio (actual congresista), a la gobernación del departamento[2]

2- VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL

Durante el período del cese al fuego, dos grandes movilizaciones se han desarrollado en la región del nororiente colombiano. La primera de ellas, tuvo lugar entre el 11 y 16 de Octubre de 2017, y fue desarrollada por el Movimiento comunal y sector arrocero mediante el cual exigieron una serie de reformas básicas, en materia de salud, educación, infraestructura vial y cultivos de uso ilícito, además de estímulos a la producción y comercialización del arroz. La segunda, fue realizada entre 25 de Octubre y el 04 de Noviembre de esta anualidad, por campesinos organizados en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - Coccam.

Las acciones de protesta, estuvieron marcadas por la represión militar y policial. De acuerdo con las denuncias publicadas por el Equipo Jurídico Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, la Asociación Minga y la Red de Hermandad y Solidaridad, se tienen los siguientes hechos violatorios de este derecho de rango constitucional:

2.1. Represión, intimidación y actos de provocación

12 de Octubre (Ver Boletín No. 2. Sobre situación de derechos humanos https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/10/boletin-numero-uno-sobre-situacion-de.html)

En horas de la mañana el comandante de la Estación de Policía de la Ye abordó a varios campesinos para preguntar que sucedía y el porqué de su desplazamiento hasta ese sector. El funcionario fue informado de la Jornada Nacional de Paro y se le indicó que allí iban a permanecer hasta tanto no se lograra llegar a acuerdos con el Gobierno departamental y nacional, precediendo a retirarse del punto.

En el sector, hace presencia el Ejército Nacional con tanques de guerra, hecho que intimida a las comunidades, máxime después de los últimos graves hechos ocurridos en contextos de protesta social, que han cobrado la vida e integridad de los manifestantes.

Si bien se encuentran a una distancia de entre 50 y 100 metros, su presencia constituye una violación al DIH, especialmente el principio de distinción.

Desde aproximadamente las 7:15 de la mañana está sobrevolando un helicóptero en el sector, lo que intimida a las comunidades que protestan por el reiterado incumplimiento estatal.

Desde tempranas horas, el uniformado “MURILLO” se acercó a la comunidad y manifestó “No queremos actos vandálicos” y posteriormente solicitó paso para mover las tanquetas y un personal que ubicó frente al punto de la movilización.

Hacemos un llamado a las autoridades para que respete el derecho a la protesta social y se abstengan de proceder, como en otras ocasiones, reprimiendo y dando tratamiento militar a quienes legítimamente levantan su voz inconforme y exigen los derechos que les han sido históricamente negados.

13 de Octubre (Ver Boletín No. 3. Sobre situación de derechos humanos https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/10/boletin-numero-dos-sobre-situacion-de.html)

8:30 am - El comandante de la estación de la Yé de astilleros, DAVID HERNANDEZ, sin justificación alguna y en una actitud de provocación, maltrató verbalmente a uno de los manifestantes del sector arrocero, obligándole a identificarse. Sus datos personales fueron objeto de registro.

A las 8:50 am - Sobrevoló un helicóptero de la policía nacional en el punto “El Pedregal”, donde se encuentra apostado el sector arrocero, desplazándose posteriormente hasta “La Unión”, sobre el lugar donde está concentrado el proceso comunitario, permaneciendo durante 15 minutos.

A las 9:00 am - En el punto La Yé de Astilleros, fue detenido arbitrariamente un manifestante, por miembros de la policía nacional, quien fue conducido hasta la Estación con supuestos fines de identificación, pese a que él exhibió su cedula de ciudadanía en el momento en que ésta le fue requerida.

A las 9:45 am - En el punto de concentración de la comunidad, ubicado en la vereda Oropoma en el municipio  de Ábrego sobrevoló un helicóptero del Ejército Nacional.

A las 4:00 pm a 4:15 pm –  Se realizaron sobrevuelos de helicópteros de la policía nacional, sobre los tres puntos de concentración de las comunidades.

A las 4:20 pm - En el punto de concentración ubicado en la vereda Oropoma en el municipio  de Ábrego, nuevamente se realizaron sobrevuelos de un helicóptero del Ejército Nacional. Durante la noche del día 12 de octubre (8.00 pm) hubo sobrevuelo de tres drones sobre este mismo lugar.

2.2. Estigmatización y Amenazas

En su cuenta de twitter, el 13 de Octubre, Álvaro Uribe Vélez, escribió sobre el paro regional: “Regreso al pasado: “porq guerrilleros disfrazados de campesinos se tomaron la vía Ocaña-Cúcuta y sin Estado nos toca decidir no viajar”

Por su parte, el Ministro de Defensa por medio del Gobernador del Norte de Santander, el 13 de Octubre, envió un mensaje a las y los campesinos movilizados en sentido que debían garantizar el derecho a la libre locomoción, dado que se encontraban apostados en varios puntos de las carreteras de la región.

De igual manera, según información publicada por Ascamcat “Líderes sociales recibieron amenazas vía Whatsapp. Desde el inicio de la movilización [25 de Octubre], los líderes han recibido amenazas de muerte anónimas, en estos mensajes se acusa a los líderes de ser guerrilleros y se les intimida para que dejen la movilización. Además, dieron a conocer sobre el seguimiento contra los voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, hombres sin identificarse han asediado las viviendas de los voceros campesinos que se han hecho visibles por expresar el pliego de los campesinos movilizados”[3].

2.3. Agresión contra manifestantes

De acuerdo con la nota de prensa publicada por Colombia Informa, los campesinos agrupados en la Coccam, fueron violentados por la fuerza pública tras menos de 24 horas del inicio del paro[4], a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios - Esmad.

Las organizaciones Ascamcat, Marcha Patriótica y la Coccam, denunciaron que “En el sector conocido como la Y de Sardinata, en la vía que conduce de Cúcuta a Ocaña, desde un vehículo en movimiento se disparó un arma de fuego contra de los manifestantes. Pese a las denuncias inmediatas del campesinado y a la amplia presencia de fuerza pública en el área, actualmente no se ha dado con el paradero de los responsables de esta acción”[5].

2.4. Algunas conclusiones rápidas

La militarización de la protesta social, expresada en sobrevuelos de helicópteros del Ejército y la policía, así como las acciones de inteligencia (fotografías, registro de manifestantes, entre otros) y la agresión física, sumado a los permanentes actos de provocación, constituyen acciones que intimidan y causan daño a la población. Son formas de violencia que buscan desestimular o desarticular el ejercicio de un derecho fundamental.

La obtención de información sobre los manifestantes, es otro de los hechos que generan preocupación a las comunidades, si se tiene en cuenta los varios antecedentes de víctimas de detenciones y montajes judiciales, que han sido encarcelados luego de su participación en acciones de protesta comunitaria.

De igual manera, es objeto de intranquilidad, la estigmatización a la que sigue siendo sometida la población que se moviliza, por parte de sectores políticos en el poder; pues da cuenta del arraigo aún vigente de la “ideología contrainsurgente” que ha convertido en “enemigo interno” a amplios sectores populares del país.

Asimismo, las amenazas de ingreso del ESMAD o la respuesta brutal de la “principal fuerza del pos-conflicto”, usadas en el marco de la protesta, son muestras de una reacción “natural” violenta y primaria del Estado frente a las reclamaciones de la sociedad; la segunda, son los acuerdos incumplidos.

3. LA FALSA PROMESA DE DES-PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Son diversas las formas de criminalización de la protesta y el movimiento social en general. No sólo por aquellas conductas contempladas en tipos penales de lo que se llama la Ley de seguridad ciudadana (art. 43 a 45), han sido encarcelados o judicializados, las y los manifestantes en este país. Punibles de mayor entidad (en términos punitivos) han sido imputados a quienes participan en la protesta social: Rebelión, terrorismo, asonada, lanzamiento de sustancias peligrosas, daño en bien ajeno; Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, entre otros.

En la actualidad, cursa un proyecto de ley, el 014 de 2017, mediante el cual se propone solamente la des-penalización del punible contemplado 353A del código penal (obstrucción a vías públicas), bajo los siguientes argumentos:

Se propone descriminalizar el artículo 353A que en su momento fuera introducido por la Ley de Seguridad Ciudadana -1453 de 2011- y que contiene la conducta de Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. La razón de esta descriminalización que se pone a consideración, está en el carácter fragmentario del derecho penal con miras a que sólo se sancionan aquellas conductas más graves, más lesivas, en relación con el bien jurídico que se pretende proteger y que este caso es el de la Seguridad Pública.

Así, teniendo como referente que al momento de crear esta norma, en la exposición de motivos de la que a la postre fuera la Ley de Seguridad Ciudadana, se dijo que tenía como propósito materializar la política criminal del Estado contra el terrorismo y la criminalidad organizada, debido a su gran potencialidad para afectar gravemente la paz y la seguridad pública al ser los medios empleados para minar las bases del Estado de Derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, hoy se considera que el comportamiento que consagra el artículo 353A es un tema de Policía que no debe hacer parte del Código Penal, y que debe ser analizado, bajo esta óptica, en el marco de los límites constitucionales y legales del derecho a la protesta social y sólo deben estar en el Estatuto Punitivo aquellos actos que, fruto de la conducta que hoy se descriminaliza, sí alcanzan a ser delito y que se encuentran recogidos en otros tipos penales, como podría ser el daño en bien ajeno, la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, el constreñimiento ilegal, entre otros[6].

De lo anterior se desprende que el problema de criminalización primaria de conductas usadas comúnmente por las comunidades para expresar su inconformidad, no se ha resuelto, ni lo será tampoco de ser aprobado como ley el proyecto 014 de 2017 (el cual acaba de surtir su primer debate en el senado), pues éste sólo despenaliza, como se observa, un solo tipo penal, quedando en firme otros igualmente representativos para el movimiento social, entre éstos, la perturbación en servicio de transporte público.

Sumado a lo anterior, se tiene que la despenalización del artículo 353 A del código penal, no determina en la reducción o eliminación de la práctica estatal de judicializar y detener arbitrariamente a integrantes del Movimiento social (criminalización secundaria), como acto de retaliación por su condición de tal; aún cuando los hechos y/o las conductas, en apariencia no lo reflejen. Sobre este tema, espere, informe nororiental de derechos humanos 2017.

En relación con las disposiciones contenidas en los Acuerdos de Habana, la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 177 de 2016, en relación con la renuncia de la acción penal frente a conductas perpetradas en contextos de protesta social, se tienen varias dificultades derivadas de la redacción ambigua de estas disposiciones que condicionan las conductas a su conexidad con el delito político; de lo cual podría inferirse varias conclusiones complejas:

1- Que la protesta en Colombia, ha estado direccionada por la insurgencia y -no como lo es- una acción propia de sectores sociales inconformes.

2- Que sólo podrían ser beneficiarios de estas medidas de alternatividad penal o con la renuncia de acción penal, aquellas personas que reconozcan haber tenido relación con la insurgencia de las Farc-Ep (como parte del Acuerdo), dejando por fuera a las grandes mayorías que acuden a las calles a protestar. 

4- CAPTURA Y JUDICIALIZACIÓN DE SUPUESTOS MIEMBROS DEL ELN

Durante el cese al fuego, en la región del nororiente colombiano, han sido detenidos y judicializados dos supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional: Isidro Romero Ropero[7] y Omar Yesid Rosado Cárdenas[8].

5- LAS CÁRCELES DURANTE EL CESE

Las cárceles del país se siguen caracterizando por las condiciones indignas de reclusión que afectan a presos políticos y sociales por igual, siendo inaceptable el sometimiento a ellas, para cualquier ser humano.

Si bien abordaremos la situación denunciada por los detenidos en el establecimiento penitenciario y carcelario de Girón – Palogordo, lo cierto es que la situación es generalizada. No existe un solo centro de reclusión de Colombia que presente condiciones acordes con los derechos humanos.

a- Derecho a la alimentación. En un reciente comunicado los presos políticos y sociales de Palogordo denunciaron irregularidades en el cumplimiento del contrato de alimentación que afecta a la totalidad de la población reclusa. De acuerdo con la información difundida, en la actualidad no se cumplen con los horarios en que deben ser suministradas las comidas, prolongando los espacios en tiempo en que se consumen los alimentos por parte de los detenidos; lo que puede conllevar posteriores problemas en salud.

“PRESOS  DE  PALOGORDO DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Los presos de la cárcel de Palogordo (Girón) denunciamos públicamente a la empresa MACSOL por el incumplimiento en el suministro de alimentos. De manera injustificada no cumplen con los horarios  establecidos de distribución de comidas a los diferentes patios. Esta situación se presenta desde abril de este año, fecha en que MACSOL asumió el contrato en este penal.

Lo anterior ha conllevado a que el menú establecido en la minuta se sirva a destiempo, precisando que permanecemos períodos prolongados sin recibir alimentos con los consecuentes problemas de salud que esto implica. De esta problemática tiene conocimiento la Subdirectora de la cárcel, además del ingeniero de la empresa, tal como consta en actas de las reunión con la empresa contratante.

Solicitamos la intervención inmediata  la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, Procuraduría Regional y organizaciones defensoras de los derechos humanos para actúen de manera pronto y contundente. De igual manera hacemos un llamado a  los medios de comunicación para que nos abran los espacios para que los presos podamos denunciar toda la problemática y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de que somos víctimas los seres humanos que estamos privados de la libertad en la cárcel de girón.

17 de noviembre de 2017

Presos Políticos y sociales de Palogordo
Movimiento Nacional Carcelario”[9]

De otra parte, los presos políticos y sociales recluidos en el EPAMS - Ocaña, denunciaron que permanentemente reciben alimentos en descomposición generando recurrentes afecciones gastrointestinales. Indican en su comunicado reciente que “La situación es tan crítica que la mayoría de los presos pasan toda la semana sin comer por miedo a envenenarse o intoxicarse, ya que el nivel de descomposición en el que nos entregan la comida, es tóxico para el organismo”; ello se suma a un hacinamiento que estiman en el 200%, entre otras problemáticas[10].

Por otro lado, los presos políticos y sociales de Acacías denunciaron las condiciones insalubres en que son preparados los alimentos. Hace unos días, detectaron una rata dentro de la sopa que les fue suministrada.

Una de las causas estructurales al problema de alimentación que actualmente se presenta en las cárceles del país, tiene relación directa con la tercerización de este servicio, convirtiendo en un negocio, lo que es un derecho fundamental de la población reclusa.

b- Derecho a la Salud. La falta de asistencia médica oportuna, la imposibilidad de acceder a atención inmediata por un especialista, el represamiento de cirugías y la ausencia de tratamientos idóneos a cualquier enfermedad en prisión, es una realidad.

En el período del Cese bilateral, a pesar de las promesas del Gobierno de desarrollar un plan de atención humanitaria a los presos políticos del ELN, desde Palogordo se denunció que “…JORGE IVÁN IBARRA ROJAS preso político del Ejército de Liberación Nacional - ELN, (…)defeca sangre cada vez que va hacer sus deposiciones, su salud cada día se deteriora y esta más bajo de peso con el pasar del tiempo, hemos acudido a las directivas del establecimiento EPAMS - Girón para que el compañero sea llevado a Bucaramanga donde un especialista y le brinde un tratamiento idóneo para la patología que presentan”[11].

Hasta el momento, no ha recibido atención alguna.

La lista de detenidos con requerimientos en salud, es larga. A continuación, se hace pública la misma, con expresa autorización del colectivo de presos político:

1. John Jairo Castrillón; patio 8. Problemas de columna, renal y colon
2. Omar Sarmiento; patio 8. Quiste en testículo. Esquirla de granada. Problemas de artrosis
3. Isahuri Cierra Naranjo, patio 3. Trauma cebero, hombro izquierdo, cirugía pendiente.
4. Samuel Andrés Mira Álzate, patio 3. Problemas de desviación de tabique y rinitis, tutela fallada a favor, incumplida.
5. Wilfrido  Vargas Tarrifa, patio 3. Problema de columna, riñones, colon y próstata. Dolor constante en la amputación del brazo izquierdo.
6. Martin Emilio Rodríguez Villamizar, patio 3. Problemas de colon y tensión alta. Problema de rodilla izquierda.
7. Víctor Elías Maestre Rodríguez, patio 3. Problema del bazo derecho hombro. Hipertensión arterial parestesial crónica.
8. Desiderio Bautista Ortiz, patio 3. Cataratas, afecciones de colon, rodillas.
9. Juan Carlos Tarazona, patio 3. Úlcera crónica, dolor en la cintura constante.
10. José Ernesto Galvis Suarez, patio 3. Cataratas en ojo izquierdo, pérdida de la visión, diabetes, mala circulación en la sangre.
11. Jesús Antonio Londoño Herrera, patio 3 hernia. Problema de columna.
12. Wilson Velázquez Castillo, patio 3. Esquirla en pierna derecha.
13. Benedicto Sierra Valencia, patio 3. Esquirla en la rodilla derecha.
14. Jonatán Estiben Infante Badillo. Dolor e inflamación en la ingle izquierda
15. Luis Alberto Herrera Carranza, patio 3. Problemas de colon y colesterol
16. Geovany Cáceres Cáceres, patio 3. Requiere cirugía de tabique y extracción de fistula del oído izquierdo, tratamiento de ortodoncia pre quirúrgico y cirugía maxilar
17. Jon Fernando Villegas Nieto, patio 3. Extracción de proyectil de arma de fuego en la ingle parte derecha.
18. Abdón Manrique Manrique, patio 3.  Problemas de triglicéridos y colesterol
19. Alberto Bastos Bastos, patio 3. Problema de columna y esclerosis.
20. Joaquín Gómez Quiñonez, patio 3. Problema de terigio de los dos ojos, requiere tratamiento de ortodoncia
21. Juan Carlos Páez, patio 3. Problemas de colesterol, triglicérido, hipertensión arterial.
22. José Alejandro Chinchilla, patio 3. Problema del colon, ulcera, hongos en la cara, hemorroides, problema en la nariz, infección en riñones.
23. Marco Antonio Rodríguez Orjuela, patio 3. Problemas de gastritis, colon y triglicéridos.
24. Douglas Jiménez Hernández, patio 3. Problemas de colon, articulaciones y conjuntivitis.
25. Carlos Julio Tirado Hernández, patio 3. Problema visuales.
26. Hernán Lizcano Rojas, patio 3. Enfermedad visual y de la columna 
27. Luis Alberto Castaño Estrada, patio 3. Problemas odontológicos.
28. Osvaldo Miguel Pérez Gallego, patio 3. Requiere valoración y tratamiento por oftalmología.
29. Humberto Manjarrez Hernández, patio 3 varicocele y úlcera.
30. Miguel Ángel Monterrosa, patio 3. Impacto de bala en la rodilla izquierda y extracción de proyectil parte de la ingle lado izquierdo, problema de vista
31. Ibaldo Correa León, patio 3. Atención por dermatología.

c- Violación del derecho a la huelga. En el EPAMS-Girón, no se han registrado hechos violatorios del derecho al a huelga en el último mes y medio. Sin embargo, si se han ocurrido en otros centros de reclusión. De acuerdo con información recibida del Establecimiento de reclusión de Pasto, en retaliación a la huelga que se realizaba por los detenidos en protesta por múltiples problemas que afectan su dignidad, vida e integridad; el día 24 de Octubre de 2017, se realizó un operativo de la guardia penitenciaria en el marco del cual se destruyeron sus pertenencia, los alimentos almacenados por los internos (café, aceite, yogurt, etc) fueron pisoteados y vertidos sobre los colchones y ropa. Igualmente se les amenazó con restringir el derecho a la visita si continuaban con la jornada.

d- Violencia intra-carcelaria /seguridad. El 10 de noviembre, detenidos del complejo penitenciario de Jamundí denunciaron que “JHON LEYTON preso político del Ejército de Liberación Nacional - ELN, fue víctima de un ataque a cuchillo por parte de otro interno, recibiendo tres puñaladas por la espalda el día 7 de noviembre a las 10:00 am, cuando realizaba su labor de aseador en el área de la cancha de futbol del bloque 2, a la fecha, cumple 3 días de estar hospitalizado”[12].

Tal como ya fue objeto de análisis en una columna de opinión por parte del Equipo Jurídico Pueblos “Es común escuchar que sobre este tipo de hechos, la responsabilidad del Estado se concreta exclusivamente en la omisión de medidas eficaces para proteger la vida e integridad de las y los presos del país, en particular de las y los presos políticos; o que son consecuencia de la supuesta incapacidad de la autoridad penitenciaria para gobernar los penales. Sin embargo, la situación merece otras miradas y análisis. La violencia intracarcelaria, no es un asunto que deba atribuirse exclusivamente a problemas de convivencia entre internos. Es un fenómeno provocado y permitido intencionalmente por la Institucionalidad, como forma de resolución de conflictos sociales, dirigiendo a través de terceros (conscientes o inconscientes) mecanismos de eliminación de los excluidos. En las prisiones, igual que en barrios populares, en las calles de las ciudades, entre otros espacios, se potencia la violencia letal entre los oprimidos, mientras se salva a la fuerza represora del Estado de su acción -muchas veces exteriorizada- de exterminar a su adversario de manera directa. Una forma de criminalidad estatal que debe visibilizarse, evitando desviar las miradas hacia responsables aparentes”[13]

Es importante indicar a partir de los antecedentes frente a este tipo de situaciones, dos cosas más:

a- La autoridad penitenciaria ha resuelto los problemas de seguridad, no a través de una adecuada clasificación de la población reclusa, sino del aislamiento o el traslado de la persona cuya vida corre riesgo. Alternativa inadmisible si se tiene en cuenta que existen otras concepciones y medidas que en esta materia impactan en menor grado, los derechos humanos de las y los detenidos.

b- La ubicación de reclusos en pabellones donde tiene problemas de seguridad, se ha usado como mecanismo de castigo por parte de la autoridad penitenciaria. Este tipo de imposiciones, conlleva al aislamiento “voluntario” de los detenidos, que optan por evitar espacios colectivos, como medidas de autoprotección. Al respecto, no se han adoptado medidas preventivas, pese a que la práctica ha sido visibilizada en diferentes informes.

Varios de los anteriores temas, serán ampliados en el informe sobre derechos humanos 2017.

[2] Sobre el tema ver entre otras nota “nuevamente juntos Hugo y Richard Aguilar hacen política en barrios de Bucaramanga” Blue Radio, 13 de septiembre de 2017.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

PRESOS DE PALOGORDO DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Los presos de la cárcel de Palogordo (Girón) denunciamos públicamente a la empresa MACSOL por el incumplimiento en el suministro de alimentos. De manera injustificada no cumplen con los horarios  establecidos de distribución de comidas a los diferentes patios. Esta situación se presenta desde abril de este año, fecha en que MACSOL asumió el contrato en este penal.


Lo anterior ha conllevado a que el menú establecido en la minuta se sirva a destiempo, precisando que permanecemos períodos prolongados sin recibir alimentos con los consecuentes problemas de salud que esto implica. De esta problemática tiene conocimiento la Subdirectora de la cárcel, además del ingeniero de la empresa, tal como consta en actas de las reunión con la empresa contratante.

Solicitamos la intervención inmediata  la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, Procuraduría Regional y organizaciones defensoras de los derechos humanos para actúen de manera pronto y contundente. De igual manera hacemos un llamado a  los medios de comunicación para que nos abran los espacios para que los presos podamos denunciar toda la problemática y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de que somos víctimas los seres humanos que estamos privados de la libertad en la cárcel de Girón.

17 de noviembre de 2017

PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE PALOGORDO
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

sábado, 18 de noviembre de 2017

EXPECTATIVAS DESDE LA PRISIÓN

Parte V

Familiares de las y los presos del país agradecen al ELN los espacios de participación

Todos los días se atropella a la población reclusa en Colombia, y aunque los familiares y amigos de las y los presos no se encuentran en reclusión, son unos de los principales perjudicados de esa absurda política del Estado, de criminalizar y olvidar a sus seres queridos en las mazmorras; por eso apoyan el proceso de diálogos que se adelanta en Quito y lo ven como un escenario para buscar las soluciones urgentes que aclaman a gritos los presos.

Como familiares y amigos de las víctimas directas de esta problemática grave en materia de Derechos humanos, se preparan y construyen ideas para exigir en una mesa de negociación, el bienestar de sus padres, madres, hermanas/os y amigas/os en prisión.

1. ¿Qué significó para la asociación de familiares de presxs, haber estado presente e intervenido en la audiencia preliminar de participación?

Representar a las personas privadas de libertad y ser ese grito de auxilio, de voz para los que no tienen voz, que el mundo reconozca las situaciones degradantes e inhumana en que viven nuestros familiares presos.

Nosotros y ellos  vivimos el día a día cada abuso, cada atropello y más con el tema de derechos humanos, en nombre de la falsa resocialización, por lo tanto agradecerle al ELN el poder participar en el evento.

2. Cuales son los principales problemas en materia de garantías de participación para los familiares de las y los presos del país?

La mayoría de los presos de Colombia son de escasos recursos y para nosotros como familia y amigos se nos hace muy complicado el  desplazamiento a donde se llevan los  encuentros, no se cuenta con una economía para poder cubrir los gastos necesarios.

También vemos con preocupación lo relacionado con nuestra seguridad,  ya que debido a la problemática y politización del país, los familiares estaríamos expuestos a una persecución política. Aún así, asumiremos la responsabilidad con altura.

3. Cuáles son las problemáticas de fondo que quiere platear los familiares en el marco de la Mesa de diálogos instalada en Quito?

Principalmente la mesa de trabajo, local, regional y nacional, para allí tratar con todos los organismos que competen como ONG`S, Equipo Jurídico Pueblos, jueces, INPEC,  etc, la realidad carcelaria en Colombia, que es degradante. También tratar el tema de salud, criminalización de las conductas, beneficios administrativos y sus subrogados penales, humanización de las cárceles.

Que las condenas lesivas y excesivas sobrepasando la etapa de productividad del individuo, sean abordadas desde la alternatividad penal. Queremos exigir no a la creación de mas cárceles si a la creación de mas escuelas.

La libertad prendaria hace muchos años se dio y hoy en día está abolida, sería una forma de permitirle al preso seguir siendo ese eje y núcleo de la familia.

La igualdad ante la ley, el respeto por un juicio justo, respetándose la presunción de inocencia y no encarcelándose hasta no ser condenado. Estas son algunas ideas que hemos venido reflexionando, junto a nuestrxs familiares.

La situación de las y los pos-penados es otra problemática de preocupación muy grande. Son necesarias medidas permitan la reinserción real de los presos, porque cuando ellos salen en libertad, no pueden volver a trabajar por que hay limitantes que se registran en la cédula y la gente le niega los trabajos.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

EXPECTATIVAS DESDE LA PRISIÓN

Parte IV

Seguir acompañando los procesos organizativos de los presos: El qué hacer de los presos políticos

Las propuestas desde las cárceles ha sido muy estricta, respaldando el Movimiento Nacional Carcelario y llevar a otro nivel las asociaciones de familiares, para que ellos también tomen voz y participación en esta Mesa que se adelanta en Quito, buscando una solución al gran problema de violaciones de derechos humanos que se viven en todas las cárceles de Colombia.

Los retos no son de poco calibre, en primer lugar, la organización y unidad de sectores  e intereses de clase diversos como los que encuentran en las cárceles del país; segundo, enfrentarse al sinnúmero de restricciones impuestas desde la institucionalidad penitenciaria que por lo general inviabilizan los espacios de organización de la población reclusa y finalmente, encontrarse ante un Estado que poco ha hecho por dar soluciones radicales a la crisis que se vive en las prisiones producto de una política criminal, que como todas, no comulga con el respeto de la vida, dignidad y en general los derechos humanos.

1. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos de los presos para una verdadera participación?

- La no reactivación de las mesas de trabajo
- La falta de recursos técnicos que nos permitan a los internos participar constantemente con la mesa de negociación.

- En la distintas cárceles no permitirle a los delegados asistir a las distintas audiencias
Ejemplo: Que el INPEC no facilite los mecanismos que tiene para hacer una verdadera participación.

2. ¿Cuáles son los retos más importantes que hoy tiene el Movimiento Nacional Carcelario (MNC)?

Ayudar a organizar y consolidar al MNC tanto local como nacional, lograr la humanización del sistema penal y penitenciario, la rebaja de penas, la regionalización por acercamiento familiar, obtener los beneficios administrativos para todos los presos, que las personas privadas de la libertad obtengan pronto la libertad para el regreso del núcleo familiar y social, consolidar las asociaciones de familiares de los presos y amigos. Nada de esto es fácil porque los obstáculos en cada campo son inmensos.

3. ¿Después de participar en la audiencia preparatoria del 11 de noviembre, que han proyectado como presos políticos?

Seguir acompañando el proceso organizativo que se desarrolla en las cárceles, consolidarnos y fortalecernos en todos los ejes de trabajo como colectivo de presos políticos, visibilizar y presentar la problemática carcelaria a la opinión pública en general, tanto nacional como internacional.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

miércoles, 15 de noviembre de 2017

EXPECTATIVAS DESDE LA PRISIÓN

Parte III

Esperamos solución a la crisis social y humanitaria de los centros de reclusión en Colombia

Mediante espacios de participación y pedagogía a nivel local, regional y nacional, que permitan la construcción, socialización y retroalimentación de propuestas de la población reclusa, con presencia activa de entidades de Gobierno y Estado, organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares y amigos de las y los presos del país, así como de organismos internacionales tales como el CICR y la ONU; los detenidos de Palogordo proponen generar ambientes propicios para la Mesa Nacional carcelaria.

La idea fue presentada durante la Audiencia preparatoria sobre participación, en la cual intervinieron, enarbolando además las banderas que han aglutinado a las y los presos del país, organizados/as en el Movimiento nacional carcelario – MNC. Propuesta en la que coinciden con otros detenidos y detenidas de otros centros de reclusión que tuvieron voz en este escenario.

De la participación, como parte de la sociedad en los diálogos que adelanta el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno, los presos de Palogordo esperan una solución definitiva a la crisis social y humanitaria que vive la población reclusa.

¿Qué esperan los presos de Palogordo, de la Mesa de diálogos instalada en Quito?

Aprovechar los espacios abiertos en la Mesa de Quito, donde los entes gubernamentales puedan dar una positiva solución a la crisis social y humanitaria de los centros de reclusión en Colombia, siendo escuchados por los organismos nacionales e internacionales, respecto a la utilización de los elementos en la defensa de los derechos humanos, encontrando una participación integral de todos los sectores.

¿Cómo fue la preparación de esta audiencia por parte de ustedes?

Debido al problema coyuntural existente en las cárceles del país, hemos adelantado reuniones periódicas de la población aglutinada en el Movimiento Nacional Carcelario, manejando un documento base de los problemas estructurales existentes, a partir de la cual se elaboró una propuesta que dicta:

El movimiento nacional Carcelario es un espacio de análisis detallado de la realidad política, económica, social y cultural del país y de las realidades que se viven al interior de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, en lo que respecta a la búsqueda de soluciones a la grave crisis social y humanitarias al interior de los mismos.

Hemos colegido la necesidad de crear una mesa nacional de familiares y amigos de los presos de Colombia, tomando como basamento la resolución 3569 del 22 de septiembre de 1999, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, amparados en los dispuesto en el articulo 1º de la constitución política de Colombia que cual que “Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democráticas, participativas y pluralista, fundada en respeto de la dignidad humana en el trabajo y al solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general”.

A partir de allí, consideramos que es deber del Estado colombiano el velar y procurar el goce de los derechos fundamentales a la vida y la dignidad humana, tanto de los ciudadanos colombianos, como de los presos de Colombia y en especial estos últimos, puesto que se encuentran en un estado permanente de indefensión y vulneración de sus derechos fundamentales .

Todo eso con el objetivo de que tengamos voz y representación, al exterior de estos muros, en una mesa nacional, la cual es un medio efectivo de articulación entre la población privada de la libertad y el componente constitucional del sistema penal y carcelario.

Según lo fallado entre otras, en la sentencia T- 053 del 2013, la que la Corte Constitucional refiere a las relaciones especiales de sujeción entre la población reclusa y el Estado, de las cuales se deriva un vínculo en el que en un lado el recluso se sujeta a determinaciones que se adopte en relación con las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio de ciertos derechos y del otro, el estado asume la responsabilidad de protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión. Esta corporación ha precisado que entre la consecuencias más importantes de la existencia de la relaciones especiales de sujeción se encuentran:

1. La posibilidad que se tiene de limitar ciertos derechos fundamentales de los reclusos tales como, lo de intimidad , reunión, trabajo, etc.

2. La imposibilidad de restringir el ejercicio de algunos derechos fundamentales como: la vida, la dignidad humana, la salud, la libertad de cultos, el debido proceso, el habeas data, entre otros.

3. El deber del estado de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación dada la especial situación de indefensión o debilidad manifiesta en la que se encuentren los internos.

4. El deber positivo del estado de asegurar todas las condiciones necesarias para garantizar la efectiva resocialización de las personas recluidas.

Sin embargo, estas obligaciones del Estado no se cumplen y de ahí se ha derivado una crisis continuada, que debe ser conjurada.

Hemos planteado que la mesa nacional, como espacio de participación de la población reclusa, debe estar conformada por dichos integrantes:

· Por cada pabellón 5 mujeres y 5 hombres, familiares y allegados de los presos en Colombia.

· Vinculación de la iglesia católica como garantes de los cumplimientos y las propuestas que se produzcan al interior de la misma y a su vez como acompañante interno de carácter espiritual, social  y cultural para los presos de Colombia.
 
· Vinculación de los organismos de control, tales como: la Defensoría del Pueblos, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, aunados con los miembros de los consejos municipales, asambleas departamentales y el Congreso de la Republica.
 
· Vinculación de un delegado de la corte constitucional y además un delegado de la cruz roja internacional y de la organización de las naciones unidas – ONU como garantes de los tratados internacionales en los que respecta a los derechos humanos, los cuales realicen acompañamiento.
 
· Vinculación del INPEC y la USPEC como partícipes, en procura de una solución de unos problemas que durante décadas han aquejado a la población privada de la libertad en Colombia.
 
· Vinculación del Equipo Jurídico Pueblos, colectivo de abogados José Alvear Restrepo y ONG`S defensoras de los derechos humanos y a quienes ejerzan funciones como gestores de paz .

De esta forma el movimiento nacional carcelario articulado a la mesa nacional como constructores de justicia, equidad y dignidad, proponen

· Rebaja de penas para toda la población reclusa de Colombia sin excepción de ninguna naturaleza.

· Que se decrete emergencia social y humanitaria al interior de los centros penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.

· Regionalización de la persona privada de libertad en procura de la preservación de su núcleo familiar  y social.

· Beneficios administrativos y subrogados penales para todos y todas las personas privadas de la libertad en Colombia.

· Erradicación del hacinamiento y otras causas de la violación masivas de los derechos.

· Aplicación de una justicia restaurativa, basada en la equidad y la igualdad.

· Reforma a la política criminal y penitenciaria del país.

· No a la extradición de nacionales.

· Conformación y dinámica de la mesa de víctimas.

Todo lo expuesto antes debe funcionar al rededor de las sentencias T-153 y  T- 388, las cuales se encuentran ratificadas en la sentencia T- 762 del 2015, en la cual se habla de las generalidades de las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos al interior de las cárceles en Colombia.

¿Cómo se concretaría esta propuesta?

Para llevar a cabo la propuesta planteada, se crea el plan piloto de pedagogía como instrumento de participación general para todos los patios, desarrollando dinámicas vinculantes a nivel local, regional y nacional de la siguiente  forma:

· Encuentro de representantes de derechos humanos de cada comunidad del establecimiento mas dos acompañantes de cada patio, direccionado por el cónsul de derechos humanos del panóptico, Defensoría del pueblo, Comité de Solidaridad de los Presos Políticos y Sociales, Equipo Jurídico Pueblos.

· Conformación de las mesas de trabajo con la participación tripartita es decir; entes del estado, entes no gubernamentales y presos con sus familias. Conformación de estas mesas con entidades del estado, familiares de allegados, entes no gubernamentales, colectivos de abogados, juntas de acción comunal y adjuntas, un delegado de la mesa de quito, gestores de paz de la iglesia católica y el Equipo Jurídico Pueblos.

· Conformación de la mesa de trabajo nacional, los trabajos regionales y locales son vinculantes a la mesa nacional, integrantes:

- Representantes de la Presidencia de la Republica.
- Representante del Congreso de la Republica.
- Representante del Ministerio de Justicia y del Derecho.
- Representante de la Corte Constitucional.
- Representante de Defensoría del Pueblo.
- Representante de la Cruz Roja Internacional.
- Representante del Equipo Jurídico Pueblos.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

martes, 14 de noviembre de 2017

EXPECTATIVAS DESDE LA PRISIÓN

Parte II

La gente presa ve la oportunidad en el proceso de Quito

Para la población reclusa ha sido un éxito el que por primera vez en una negociación entre la insurgencia y el gobierno, se incorpora la cárcel como parte de un problema social que debe ser resuelto. Las y los presos del complejo penitenciario de Cúcuta, advierten que uno de los más importantes logros en este sentido es que se reconozca a la población reclusa como parte de la ciudadanía, como pueblo tras las rejas. Hombres y mujeres recluidos en este centro penitenciario, trabajaron para la audiencia sobre participación, encontrando en el espacio una forma de ser escuchados y dejar atrás ese silencio que rodea la cárceles de Colombia.

Fortalecer el Movimiento Nacional Carcelario, es una de las propuestas comunes que surgen en el marco de estas jornadas y que fue también planteada desde el complejo carcelario de Cúcuta. Formación, movilización y mantener las banderas de la rebaja de penas, beneficios administrativos y judiciales para todas y todo los presos; el acercamiento familiar y procesal; la implementación de mecanismos de justicia restaurativa y alternatividad penal; y la no extradición de colombianas y colombianos; hacen parte del grueso de las reformas mínimas que se requieren en materia de política criminal, y que deben ser abordadas en la Mesa de Quito.

¿Cuál es la expectativa de la población reclusa con la audiencia previa sobre participación que tuvo lugar hoy?

En esta cárcel si hay muchas expectativas, acá en el COCUC, por que nosotros hemos venido socializando con todos los delegados al comité de derechos humanos a nivel cárcel, tanto reclusión de mujeres, parte norte y parte sur, como la importancia que tiene este espacio que se ha venido abriendo desde Quito hacia la población carcelaria, producto de los alivios humanitarios.

Entonces acá las expectativas son enormes por que la gente presa ve la oportunidad en el proceso de Quito, que se revise a fondo la política criminal, la política penitenciaria y por supuesto todo lo que tiene que ver con el aparato judicial, ¿por qué? Porque son 60 años más o menos que se llevan en Colombia construyendo la política criminal, la política penitenciaria y la política judicial, bajo los conceptos de un país en guerra y si se está haciendo una negociación con la insurgencias y se está pensando en una solución política y se está pensando en las cárceles.

De igual manera las cárceles tiene que hacer parte de ese plan, por que son parte también del problema, por que no solo la represión del Estado viene con la violencia militar , también viene con otras violencias mucho más complicadas, como esa, la criminalización de la protesta, la judicialización por pensar distinto, etc.

Las expectativas son enormes, con claridad, tampoco quiere decir que con lo que vamos a empezar a trabajar entonces sea la solución, no por que es una discusión que se va a llevar a esferas nacionales, esferas de negociación, esferas de participación y que los presos tendremos que poner nuestro granito de arena, a partir de enero también con la movilización, las huelgas, etc. Para apalancar esas propuestas que estamos construyendo, discutiendo y que hoy estamos mirando las metodologías.

Dentro de esas metodologías hay unanimidad que se vuelva abrir la mesa nacional carcelaria para atreves de esa institución, recoger los insumos necesarios para aportar a esa discusión.

Como lo desarrollamos hoy? Se llevó el evento con muchas expectativas y también muy satisfechos por que hay mucha unanimidad en las propuestas de las diferentes partes lo que quiere decir que la problemática en general del sistema penitenciario nos afecta a todos por igual.

¿Cuáles son las propuestas sobre los mecanismos de participación que surgieron en la Audiencia?

Hubo casi unanimidad en la participación, fundamental que se abra la mesa nacional carcelaria para poder hacer el trabajo de socialización y de recoger de forma directa la problemática que se vive en cada cárcel y que eso se centralice y vaya a una Mesa Nacional con el mismo mecanismo que funcionaba, eso es una propuesta que andaba y que nos parece que no se demorarían mucho en construirse, por qué? Con la experiencia de la mesa pasada que se creo por resolución en el 97, 98 y se cerró por en el 2005 por resolución, que se abra esa posibilidad, otra propuesta que surgió es construir equipos y participar de forma directa desde Quito, un equipo de presos y presas.

En el caso ya de participación interna como COCUC, lo que nosotros propusimos y vemos la viabilidad de que se nos permita hacer reuniones Y encuentros con todos los derechos humanos que conforman este complejo, es un equipo sólido que hay acá, muy dinámico, muy formado, parte de ese equipo participaron en la anterior cátedra de derechos humanos que se llevó acá, y que fue dictado por la Universidad Pedagógica con el apoyo del Equipo Jurídico Pueblos. 

Se propuso que se haga una sola reunión donde participen los delegados al comité de derechos humanos de la reclusión de mujeres, parte norte y sur de la cárcel, lógicamente con la participación de los voceros de los presos políticos del ELN; esa propuesta tiene fuerza acá para la participación y que desde esas reuniones se recojan todas las propuestas, todas las inquietudes, todas las estadísticas que se tienen en esta cárcel en torno a la problemática que vivimos de forma particular, se tiene como punta de lanza que lo de propuestas se eche a andar la agenda del movimiento nacional carcelario, los ocho puntos  que han venido circulando y que nos recogen a todos , esos ocho puntos hay un puntos que son apelativos que ayudarían a resolver de momento la crisis para partir de un punto medio.

¿Cuál cree que deba ser esa lista de transformaciones básicas, que se esperarían lograr, en el marco de este proceso de diálogos con participación de la sociedad?

Son los puntos reivindicativos del movimiento nacional carcelario que recogen a los presos y presas políticas y al resto de comunidad carcelaria

Para que esto arranque en un punto medio debemos:

1. Concrete la rebaja de penas de un 20 % para  todos los presos y presas, que es una deuda histórica que tiene este sistema con los presos de Colombia, viene desde el cambio de milenio, desde la venida del papa, toda esa cantidad de años que lleva el sistema violando la dignidad y los derechos humanos, son 19 años en el cual  la corte a hecho varios pronunciamientos.

2. Que se decrete la emergencia social carcelaria para que el gobierno nacional pueda expedir decretos de ley humanitarios que pongan en libertad las madres cabezas de familia, a los lisiados de guerra, ancianos mayores e 65 años, enfermo terminales, etc.

3. Regionalización de los presos, por acercamiento familiar y procesal.

4. Beneficios administrativos y subrogados penales para todos los delitos y todos los presos sin exclusión.

5. Salubridad y saneamiento.

6. Justicia restaurativa y alternatividad penal donde la pena máxima no exceda los 25 años como lo recomiendan organismos internacionales, entre ellos la ONU.

7. Reforma general a la política criminal y penitenciaria, teniendo en cuenta que en Colombia el populismo punitivo que se practica desde el congreso absorbió la política criminal, aquí no hay política criminal. Y una política criminal seria debe estar fundamentada desde el eje preventivo que es el que nos toca, el eje preventivo  permite prevenir el delito antes que se cometa, para eso debe haber una actividad social de inclusión, formación y oportunidades que permitan las transformaciones.

8. Por la soberanía, estamos en contra de la extradición.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

lunes, 13 de noviembre de 2017

EXPECTATIVAS DESDE LA PRISIÓN

Parte I[1]

La cuota inicial para una real participación de la población carcelaria…

Como una cuota inicia, caracterizan los presos de la Tramacúa, la audiencia preliminar sobre participación ciudadana, que se llevó a cabo el día 11 de noviembre con la población reclusa. Ellos, junto a detenidos y detenidas de otros 12 centros de reclusión del país, plantearon propuestas sobre los mecanismos más idóneos para la incorporación decisiva de esta población -como parte de la sociedad- en el proceso de diálogos que se adelanta entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno.

En medio de las limitaciones del encierro, los presos de este establecimiento, promovieron espacios colectivos para la preparación de la audiencia, en la que propusieron la necesidad de dar impulso al Movimiento Nacional Carcelario, la reactivación de las otrora Mesas de Trabajo, garantías reales para que la población reclusa pueda deliberar y ser escuchados, entre otras. Sus percepciones, expectativas y propuestas, son expuestas a consideraciones por uno de los participantes en la audiencia, entrevistado por el Equipo Jurídico Pueblos:

¿Cuál es la expectativa de la población reclusa con la audiencia previa sobre participación que tuvo lugar hoy?

Con un gran esfuerzo logramos desarrollar la audiencia virtual y preparatoria que estaba programada para el 11 de noviembre de 2017. Fue vista con muy buenos ojos por la población reclusa de Valledupar, por ser esta la cuota inicial para una real participación de la población carcelaria, de los espacios que nos permitan debatir y resolver de fondo la actual crisis que padece este sector de la sociedad. 

¿Cómo fue la preparación de esta audiencia por parte de ustedes?

La preparación nuestra podemos decir que se realizó en un ambiente colectivo, fuimos informados con anticipación del objetivo de la audiencia, los temas a trabajar, en ese sentido logramos socializar con los demás presos sociales, en medio de las limitantes que existen acá para esos encuentros, de forma unánime venimos en la escogencia del vocero y cuatro acompañantes, se oficializo y se envió el listado a la mesa para los permisos, así mismo  elaboramos 6 propuestas y consideramos de que este evento se desarrolló de la manera que lo habíamos proyectado.

¿Cuáles fueron las propuestas planteadas desde La Tramacúa sobre los mecanismos de participación?

1. Que se fortalezca e impulse el Movimiento Nacional Carcelario en todas las cárceles y externamente.

2. Reactivar las mesas de trabajo de presos y presas local, regional y nacional, con participación de los presos políticos.

3. Permitir los encuentros de las mesas de trabajo que permitan unificar propuestas entorno a la paz y crisis carcelaria periódicamente. Esto lo debe facilitar el INPEC ordenado por el gobierno nacional.

4. Que la mesa de dialogo permita la participación de dos o tres delegados del Movimiento Nacional Carcelario, por cárceles y delegados de las asociaciones de familiares y amigos de los presos y presas de Colombia.

5. No más persecución contra los líderes y lideresas de estos procesos, tanto externo como de las mismas cárceles.

6. Que se nos permitan la audiencia presencial, nacional de mínimo tres días, con delegados de todas las cárceles del país, las delegaciones deben ser de acuerdo al número de presos en cada cárcel; a esta audiencia deben participar delegados del Ministerio de Justicia, del alto comisionado para la paz, la ONU, ONG’S que trabajen la temática de los presos, el ELN, el INPEC, países garantes, líderes de asociaciones de familiares de presos, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería, Ministerio de Salud, Ministerios de Educación, Consejo de política criminal, la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura. En esta audiencia se escucharán y se unificarán todas las propuestas para enviarlas a la Mesa de Quito.

[1] Esta, es la primera de una serie de entrevistas con detenidas/os escuchados en las audiencias sobre participación ciudadana.

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