Equipo Jurídico Pueblos

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viernes, 2 de diciembre de 2016

CULMINA CON ÉXITO CÁTEDRA SOBRE PEDAGOGÍA, DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARO EN CÁRCEL DE PALOGORDO - GIRÓN SDER

Ceremonia de Clausura del Diplomado
Con éxito culmina la cátedra sobre pedagogía, derechos humanos y sistema penitenciario realizado por la Universidad pedagógica nacional y el equipo jurídico pueblos en el establecimiento de alta y mediana seguridad de Palogordo - Girón Sder. 

Ochenta y cinco (85) personas iniciaron este proceso de formación y la gran mayoría de ellas lo culminaron “…eso es una novedad… llegar al punto de terminar casi la totalidad, dice mucho” planteó uno de los graduados, quien lleva 8 años participando en actividades del área de educativas y manifiesta que una de la principales problemáticas de los programas de formación al interior de la cárcel, es la deserción.

Con sentimientos de satisfacción, los detenidos destacan que estos espacios “nos liberan y nos hacen sentir en una universidad”, palabras con las que además de expresar la importancia de este proceso de formación en derechos la población privada de la libertad envió un mensaje a la Universidad Pedagógica, el Equipo Jurídico Pueblos y el Inpec para que “esta capacitación no sea la única ni la última”.

De la misma manera, en desarrollo de la ceremonia de clausura, el director del Establecimiento, resaltó el impacto favorable de estos espacios educativos en contextos de encierro y aislamiento, destacando la disciplina de los internos que lograron culminar con éxito el proceso.

El Equipo Jurídico Pueblos, agradece a la población reclusa, personal de guardia y los docentes que aportaron en este intercambio de saberes y a la Universidad Pedagógica Nacional por traspasar las fronteras del claustro para contribuir en la formación de nuevos defensores de derechos humanos. A su vez, resaltamos la apertura de la dirección del establecimiento y la coordinación de DDHH del Inpec que sin duda facilitó el desarrollo de esta actividad. Expresamos nuestro firme compromiso de continuar aportando en la formación y promoción de los derechos humanos, que contribuye en la construcción de Movimiento Carcelario.

Galería fotográfica








miércoles, 23 de noviembre de 2016

TERCER DÍA EN HUELGA DE HAMBRE LOS TRABAJADORES DE COCA COLA


A las 10:40 AM, del 22 de noviembre de 2016, a la carpa de la huelga de hambre de los trabajadores de Coca Cola, en la entrada de la embotelladora en la ciudad de Bucaramanga, en un camión y patrullas, llego un grupo de policías dirigido por el Subintendente Julio Sánchez, hicieron preguntas sobre los motivos de la protesta e informaron que estaban esperando que llegara el Teniente Harry Serrano para recibir instrucciones para proceder porque la empresa Coca Cola estaba llamándolos presionando para que incautarán las carpas y el sonido donde permanecen los trabajadores de Coca Cola en huelga de hambre y cuando arrivó  el Teniente Harry Serrano, advirtió que ordenaría incautar las carpas, el sonido y todos los implementos que están en el sitio de la huelga de hambre y trató de intimidarnos con llamar al ESMAD para que nos desalojaran, luego de poner de presente nuestros derechos y que las autoridades deben proteger el derecho a la protesta, la libertad de expresión y que se trata de un conflicto laboral, por la grave problemática que no ha querido solucionar la multinacional Coca Cola, se nos permitió continuar la huelga de hambre.

El día de ayer, nos enteramos que en Barranquilla, Coca Cola está usando Azúcar importada de Ecuador y producida por la Compañía Azucarera Valdés S.A., hacemos la invitación para que protejamos la producción nacional, beneficiemos las fuentes de empleo y para no perjudicar al país, no consumir productos importados o elaborados con materias primas o insumos  extranjeros. Hagamos realidad nuestra campaña: "CONSUMA LO NUETRO".

El 22 de noviembre de 2016, Aproximadamente a las 12:00 M., al interior de la embotelladora de Coca Cola en Bucaramanga, nuevamente ocurrió un accidente por una fuga de amoniaco y resulto afectado el trabajador afiliado a Sinaltrainal Florentino Osorio, que fue sacado en ambulancia e internado  en un centro hospitalario. 
Recordamos que el 21 de noviembre de 2016, dentro de la embotelladora de Coca Cola en Bucaramanga, resultó afectado otro trabajador por la fuga de amoniaco y fue llevado en ambulancia hacia un centro hospitalario.
Ayer en la ciudad de Villavicencio, unos trabajadores de Coca Cola sufrieron un accidente, por fallas mecánicas del camión repartidor de los productos de la multinacional.

La falta de mantenimiento a camiones, máquinas y la insalubridad de los puestos de trabajo, es precisamente una de las soluciones que reclamamos con la huelga de hambre.

Siendo aproximadamente la 1:50  PM, en el sitio de la huelga de hambre, se presentó Edilberto Gómez Guzmán, Inspector de Trabajo y Seguridad Social y conversó con los huelguistas y se le expuso la problemática para que intervengan y se instale la mesa de trabajo  previo levantamiento de los descargos e inmediatamente ingresó a la embotelladora de Coca Cola para conversar con los representantes de La multinacional.

En la ciudad de Bogotá, en la embotelladora de Coca Cola, los trabajadores afiliados a Sinaltrainal realizaron mitin de solidaridad con la huelga de hambre y exigiendo a la multinacional solución a la problemática laboral.
En Cúcuta, los trabajadores afiliados a Sinaltrainal realizaron mitin de solidaridad con la huelga de hambre y exigiendo a la multinacional solución a la problemática laboral.

A la carpa de la huelga de hambre frente a las embotelladoras siguieron llegando los delegados de Sinaltrainal de otras ciudades, familias y representantes de organizaciones sociales, de Derechos Humanos y de diferentes sectores.

Sinaltrainal Presente

lunes, 21 de noviembre de 2016

FORO SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

La discusión tiene como objeto el nuevo Código de Policía y Convivencia que estará vigente en el ordenamiento jurídico de la República de Colombia desde enero del año 2017. Algunas personalidades del sector público especularán sobre las "modernas" herramientas jurídicas para la Policía Nacional, sin embargo, de parte del Equipo Jurídico Pueblos se abordarán los alcances reales y facultades desproporcionales a la institución, trayendo consecuencias nefastas para la ciudadanía, implícito en distintos artículos y apartes de esta norma jurídica, la presentación estará a cargo del abogado Leonardo Jaimes, quien tendrá una intervención quizás muy crítica frente a los planteamientos conservadores y represivos en este Código.

La sesión se realizará el día 22 de noviembre del año 2016 en el Salón Terranova del Hotel Dann Carlton, ubicado en la Calle 47 No. 28-83 en la ciudad de Bucaramanga, la programación es la siguiente:

LOS MASC EN EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA
BUCARAMANGA, SANTANDER
22 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETIVO GENERAL:      Generar espacios de diálogo entre autoridades civiles,  académicos, funcionarios públicos, autoridades uniformadas de policía y estudiantes, con el fin de socializar los mecanismos de prevención y solución de conflictos en el marco del Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Propiciar la comprensión y apropiación de conceptos y procedimientos establecidos en el Nuevo Código de Policía y Convivencia que permitan la atención adecuada a las diferentes situaciones que alteren la convivencia ciudadana.
2. Compartir experiencias entre los asistentes y ponentes del evento que enriquezcan el diálogo y permitan el fortalecimiento de la gobernabilidad en las regiones en torno a la seguridad y convivencia ciudadana.

PROYECTO DE AGENDA
07:30 a.m. a 08:00 a.m.:     Registro
08:00 a.m. a 08:45 a.m.:     Instalación:
-  Palabras del Alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Doctor Rodolfo Hernández Suárez
-  Palabras del Gobernador de Santander, Doctor Didier Alberto Tavera Amado
- Palabras del Viceministro de Promoción de la Justicia, Doctor Arleys Cuesta Simanca
08:45 a.m. a 09:00 a.m.:    Café
09:00 a.m. a 10:15 a.m.:    PANEL 1: Contexto General del Nuevo Código de Policía y Convivencia
-          MinDefensa
-          Leandro Ramos, Integrante de la Comisión  Gubernamental de Redacción del Nuevo Código de Policía y Convivencia
-          Leonardo Jaimes Marín, abogado, especialista en Derecho Penal, candidato a Magister en Derechos Humanos, profesor de Derecho Penal Internacional  y Derecho Penal Internacional de la Universidad Industrial de Santander
10:15 a.m. a 10:30 a.m.:     Preguntas y respuestas
10:30 a.m. a 10:45 a.m.:     Receso
10:45 a.m. a 12:00 p.m.:     PANEL 2: Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en el Nuevo Código de Policía y Convivencia
-          Néstor Arévalo Barrero, Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio de Justicia y del Derecho
-          Maribel Arguello, Directora del Departamento de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de la Fundación para el Desarrollo de Colombia-FUNDESCOL
-          César Augusto Quijano, Subsecretario de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga
12:00 a.m. a 12:15 p.m.:    Sesión de preguntas y respuestas
12:30 p.m. a 02:00 p.m.:   Almuerzo
02:00 p.m. a 03:15 p.m:       PANEL 3: Convivencia y Seguridad Ciudadana
-          Ignacio Pérez Cadena, Secretario de Interior de la Alcaldía de Bucaramanga
-          Héctor Julio Prieto Celis, Gerente Jurídico de la Fundación para el Desarrollo de Colombia-FUNDESCOL
-          Capitán Juan David Palacio Ardila, Policía Nacional
03:15 p.m. a 03:30 p.m.:    Sesión de preguntas y respuestas
03:30 p.m. a 04:00 p.m.:   Receso
04:00 p.m. a 05:00 p.m.:    Conclusiones y clausura

jueves, 17 de noviembre de 2016

REFLEXIONES SOBRE EL OTRO - SÍ A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

– Parte I –


Por Equipo Jurídico Pueblos

Se anunció el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP con la incorporación de las propuestas de algunos sectores que promovieron el No plebicitario.

El 15 de febrero de este año, el Equipo Jurídico Pueblos, junto a otras organizaciones, publicó un documento de análisis titulado “Ambiguo y decepcionante acuerdo: Itinerario para la impunidad de los crímenes de Estado” (http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/02/ambiguo-y-decepcionante-acuerdo.html), en el que además de celebrar lo avanzado en La Habana, asumimos que era “una obligación política y moral realizar observaciones críticas sobre aquellas materias que consideramos pudieran tener graves consecuencias para los derechos humanos y de los pueblos”. La reacción, desde distintos sectores incluso de izquierda, fue la estigmatización y la condena. Unos pocos, en voz baja, respaldaron nuestras reflexiones; pero en general, la defensa mayoritaria a lo acordado en materia de Justicia, se redujo a plantear que en cualquier proceso de “paz” debe haber intercambio de impunidades.

El anuncio reciente del presidente Santos en el sentido que “…se protocolizó que en cualquier circunstancia los miembros de nuestras Fuerzas Armadas no quedarán en condiciones inferiores en materia de la aplicación de la justicia transicional, comparado con lo que se les va a dar a los miembros de la guerrilla”, complementadas con las manifestaciones de su ministro de defensa Luis Carlos Villegas cuando indica que “en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, se aplica la renuncia a la acción penal, con la que buscamos que nuestros hombres puedan estar rápidamente gozando de la libertad”, sumado al estudio de las modificaciones incorporadas al Acuerdo, nos lleva a reafirmar nuestras conclusiones.

Insistimos en que es un mal inicio para la construcción de verdad y memoria histórica, partir de asimilar la Rebelión con la criminalidad del Estado o efectuar distinciones que asumen la justicia para las víctimas como una afrenta a los “héroes de la patria”. Posturas éstas que han sido insistentemente defendidas por Álvaro Uribe Vélez y ACORE y reafirmadas por Juan Manuel Santos al patrocinar nuevas fórmulas de impunidad frente a los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que en suma significa que seguimos en el país de las manzanas podridas, que cobraron al menos cinco mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 45 mil desaparecidos, más de 6.18 millones desplazados y despojados de sus tierras, sindicalistas y defensores de derechos humanos asesinados o exiliados.

Tras estos falsos presupuestos, que adquirirán el carácter de presunciones de ley (“Por lo anterior, sus agentes, en particular los miembros de la Fuerza Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales”), se desvanecen las esperanzas de las víctimas de crímenes de Estado por alcanzar, verdad y justicia y se esfuman las garantías de no repetición. En primer lugar, porque no puede ser transformado lo que no se conoce; si no se desnuda y escudriña la realidad ésta se repite, máxime cuando el modelo económico sobre el cual se sustenta y fundamenta el Estado actual, no se ha puesto en juego.

En segundo lugar, porque las fórmulas jurídicas propuestas, que no son otras que fórmulas de auto-amnistía, constituyen un grave revés para quienes de manera constante, en medio de un camino tortuoso y revictimizante, han logrado arañar unas cuantas sentencias condenatorias, en su mayoría, contra el escalafón más bajo de quienes ejecutaron políticas criminales diseñadas y trazadas desde altas instancias del poder. Finalmente, no deja de ser preocupante que mientras las clases dominantes se ocupan de “bestializar” las acciones a las fuerzas rebeldes agrupadas en las FARC-EP y aún a pesar de los actos de perdón público a las víctimas, que ha realizado esta organización insurgente en los últimos meses, no se observa asomo alguno de contrición estatal por los crímenes sistemáticos y generalizados que tienen en su haber y en el Acuerdo mismo se reafirma la legalidad y legitimidad de éstos.

En esta columna queremos enfatizar en que el problema no es en principio jurídico, la cuestión de fondo es que de entrada se desconozca la naturaleza del conflicto que se ha desarrollado en Colombia por más de siete décadas y partiendo de allí, se insista en ocultar el carácter asesino de la democracia vigente, con las graves consecuencias que esto impone para el futuro del país. Evidentemente el derecho, se ofrece como una respuesta o forma de regulación de conflictos sociales y nunca ha estado desligado de los intereses de las clase en el poder.

Entendemos que en ésta, como en cualquier “negociación”, existen tensiones que finalmente se concilian en un Acuerdo final. Sin embargo, los pactos entre dos actores, sólo pueden versar sobre aquellos aspectos que están legitimados para transar, por lo tanto, a las partes en la mesa de La Habana, no les estaba dado efectuar estipulaciones que afectara a las víctimas de crímenes de Estado, sin que éstas formaran parte de la misma.

Y no puede plantearse que están en similar condición quienes han sido impactados por la violencia insurgente. Primero, porque la administración de “justicia” en Colombia, ha perseguido con suma diligencia e incluso exceso, a los rebeldes (afectando de paso miles de inocentes que fueron encarcelados), mientras que los crímenes de Estado en su gran mayoría permanecen en la impunidad, habiendo sido sus víctimas o familiares perseguidos y revictimizados. Segundo, porque el crimen de Estado por su naturaleza tiene una dimensión que afecta profundamente el conjunto de la sociedad, a la humanidad, por tanto, legitimar por vía de Acuerdo el negacionismo, es cuando menos triste.

Tercero, porque las FARC-EP asumieron la decisión política de deponer las armas y cambiar su forma de lucha y han dado las más férreas muestras de su determinación (desde la ejecución extrajudicial del comandante Alfonso Cano, hasta el asesinato, en los últimos días de dos de sus militantes); sin embargo no promete lo mismo el Establecimiento, del que pocos actos de arrepentimiento hemos visto y menos aún, compromisos de transformación radical de las condiciones que han dado lugar al conflicto en Colombia, por lo que cabe preguntarse: ¿Transición hacia dónde?

Dos aspectos más para la reflexión queremos abordar en este espacio y empezamos por expresar nuestras serias dudas sobre la capacidad real que tienen las víctimas del Estado, la sociedad, para confrontar el grado de verdad que ofrecerán quienes pretenden acceder a penas alternativas, peor aún, a la suspensión de la pena o renuncia a la persecución penal.

El alto grado de impunidad y el ocultamiento, destrucción o tergiversación de las evidencias, sobre todo de las políticas que dieron lugar a graves crímenes que constituyen violaciones a los derechos humanos, ha sido la constante. A pesar de los grandes esfuerzos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, por demostrar la autoría de los más altos responsables y la sistematicidad de estos crímenes contra la humanidad, los avances han sido escasos, fundamentalmente porque las pruebas se encuentran en poder de éstos (lo más responsables) y porque quienes hasta el momento han logrado ser llevados a los tribunales o han decidido narrar su verdad ante los mismos, o no alcanzan a tener el conocimiento sobre la dimensión real de lo acontecido (en razón a su rango) o no tiene en su poder los medios para demostrar su dicho: la prueba reina es casi imposible de lograr (“Cuando un testigo declare contra alguna persona por conductas de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz a cambio de obtener beneficios procesales o punitivos de cualquier naturaleza, el valor probatorio de su testimonio estará supeditado a que el contenido del mismo sea corroborado por otros medios de prueba” - 5.1.2. numeral 14).

Así pues, nada garantiza que la sumatoria de reconocimientos individuales de parte de agentes estatales permita la construcción de la verdad histórica. Menos aún que los más altos responsables – distintos a los presidentes de turno – acudan voluntariamente a la Jurisdicción especial, en tanto más incentivo encuentran en la justicia ordinaria (encargada de mantenerlos siempre lejos de la condena), que en una pena alternativa.

El segundo aspecto enunciado, tiene que ver con el reconocido carácter restaurativo de las penas que tiene la Justicia Especial para la Paz. No somos defensores de la sanción retributiva, esto es, que no consideramos que la Justicia se alcance,  per se, con el sometimiento de los criminales de Estado a altas penas de prisión. Sin embargo, creemos que hablar de Justicia restaurativa, es hablar de las garantías de participación real de las víctimas, que como se sabe, han estado excluidas de los debates que dieron lugar a los acuerdos. Más aún, aceptar que sea el Estado quien defina las penas que serán aplicadas a sus agentes, es sinónimo de permitir que el victimario se imponga su propia sanción (Las sanciones propias del sistema aplicables a los agentes del Estado, serán decididas por el Estado, respetando lo ya establecido en la JEP respecto a las sanciones propias, alternativas y ordinarias - 5.1.2. numeral 60).

A lo anterior queremos agregar, la importancia que tiene en este momento (pese a que en los nuevos acuerdos se define – 5.1.2. numeral 9), acotar cuáles son los delitos cometidos con ocasión o en relación con el conflicto armado. No todo lo ocurrido en este país es producto del mismo. Más allá de las implicaciones jurídicas que ello tiene, esta reflexión hace parte de comprender nuestra historia.

Finalizamos esta columna de opinión, señalando que nuestros planteamientos sólo tienen un objetivo: Hacer un llamado a las víctimas de crímenes de Estado y a la sociedad en general, a estudiar y plantear con sumo cuidado, las estrategias y propuestas que contribuyan a abrir caminos de Justicia desde los pueblos, que vayan más allá de los tribunales, más allá de las argucias estatales que burlan la memoria social.

Noviembre 17 de 2016

miércoles, 9 de noviembre de 2016

EJP PIDE A CORTE CONSTITUCIONAL LIBERACIÓN DE PRESOS: Segundo informe de seguimiento a la Sentencia T-282 de 2014

El 09 de noviembre de 2016, el EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS - EJP, presentó ante la Corte Constitucional su segundo informe de seguimiento a la Sentencia T-282 de 2014.

La Tramacúa, como se le conoce al Establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar, fue el primer centro de reclusión del país, diseñado, desde su estructura hasta el régimen interno, con el asesoramiento directo del Buró Federal de Prisiones. Esto es, que constituyó el plan piloto del imperialismo carcelario. A este establecimiento, fueron trasladados detenidos de “alto perfil” a quienes se les quería imponer un modelo especial de castigo y la guardia penitenciaria fue entrenada en técnicas represivas, que adoptaron la tortura y la humillación, como parte del tratamiento penitenciario. De esta manera, se implementó y ejecutó una política de violación sistemática y generalizada a los derechos humanos en contra de la población reclusa.

El ejercicio del derecho a la resistencia, que se tradujo en múltiples jornadas de protesta de las personas privadas de la libertad y las acciones de visibilización y denuncia amplia desplegadas por ésta, sumado a la solidaridad de distintos sectores de la sociedad, arrojaron como resultado que 13 años más tarde de la apertura del establecimiento penitenciario de alta seguridad de Valledupar, la Corte Constitucional emitiera la Sentencia T-282 de 2014, en la cual otorgó un plazo perentorio de un año para poner fin a la violación grave a los derechos humanos que se presentaba. 

Superado este plazo, si bien se han ejecutado acciones que han impactado de manera favorable dentro del Establecimiento, las personas privadas de la libertad siguen viviendo una situación caótica que afecta de manera grave derechos esenciales como la vida, integridad personal, la salud y la dignidad humana, las cuales documentamos de manera detallada, a partir de los informes que de manera juiciosa elaboran los detenidos y la información recabada en desarrollo de nuestra labor como defensores de derechos humanos.

En nuestro escrito, si bien destacamos la importante iniciativa de la Corte Constitucional en la materia, planteamos la necesidad de dar el salto hacia medidas que permitan impactar de manera inmediata en la crítica situación carcelaria que se presenta, producto de una política criminal ilegítima, que no comulga con el respeto de los derechos humanos.

Compartimos con nuestros lectores, las solicitudes elevadas a la Corte Constitucional, en nuestro II Informe de seguimiento a la Sentencia T-282 de 2014:

Medidas inmediatas para impactar la grave vulneración de derechos de la población reclusa.

Teniendo en cuenta que se ha superado ampliamente el término otorgado en la Sentencia T-282 de 2014 y los tiempos razonables, para cumplir los propósitos del llamado Plan de choque, sin que los resultados sean aún satisfactorios, y que a la fecha ni siquiera las torres intervenidas ofrecen condiciones de vida digna, y en consideración a la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015, respetuosamente solicitamos a la Corte Constitucional adoptar medidas que repercutan en la disminución significativa de la población carcelaria, a fin de hacer menos gravosa la situación de vulneración.

Para tal fin, nos permitimos sugerir a la sala de Revisión y seguimiento de la Sentencia T-282 de 2014:

a. Ordenar la liberación inmediata de las personas que en este momento cumplen los requisitos de clasificación en fase de mínima seguridad.

b. Ordenar la sustitución inmediata de la pena por prisión domiciliaria  de las personas que en este momento se encuentran disfrutando de permiso de 72 horas y han cumplido cabalmente con los compromisos derivados del beneficio. La pena se cumplirá en el domicilio reportado para acceder al beneficio de 72 horas, previa suscripción de acta de compromiso y no será necesario el traslado por parte del INPEC

c. Ordenar la sustitución inmediata de la pena por prisión domiciliaria  de las personas que en este momento se encuentran en grave estado de salud, y con riesgo de sufrir perjuicios irreparables por falta de atención médica. Sugerimos tener en especial consideración los listados elaborados por la población reclusa y que han sido puestos en consideración de la Corte, y de aquellos que han sido tutelados.

d. Ordenar la liberación inmediata de las personas sindicadas que a la fecha hayan sobrepasado el plazo razonable establecido en la ley 1760 de 2015.

Lo anterior, en razón a que las condiciones degradantes e inhumanas de vida, a la que se encuentra sometida la población reclusa en el EPAMS-Valledupar, fueron ya reconocidas, y que el Estado no se encuentra legitimado para someter a ningún ser humano a vivir en las condiciones que ya han sido reseñadas, tornándose ello en una detención arbitraria.

Por lo tanto, consideramos que resulta viable aplicar, si es del caso, la excepción de inconstitucionalidad para hacer frente a las talanqueras que hoy impone la normativa sustancial y procesal penal, que debe recordarse, es producto de una política criminal que ha sido caracterizada como ilegítima.

En materia de infraestructura y suministro de agua

Para garantizar la reparación de las fallas reportadas por los reclusos y que pudieron ser verificadas por miembros de esta Corporación en visita parlamentaria y además evitar el deterioro que se deriva de estos problemas de infraestructura, creemos necesario que la Corte emita órdenes para hacer efectivas las pólizas de garantía y calidad que debieron suscribir los contratistas. Así mismo se deberán impartir órdenes dirigidas a que se inicien las obras para la reparación de tuberías de aguas negras, lavaplatos y lavaderos  colectivos en todas las torres, incluidas las que ya fueron intervenidas, así como cualquier otra que sean necesaria para que las condiciones de habitabilidad sean acordes con la vida en condiciones dignas.

De igual manera solicitamos de la H. Corte, requerir a la Contraloría General de la República para que realice especial auditoria y rinda informe en un plazo perentorio sobre las obras realizadas en el centro de reclusión de Alta Seguridad de Valledupar, dirigidas a solucionar la problemática de infraestructura y suministro de agua, y de manera particular los contratos relacionados en el Oficio USPEC 120-2-GRDP 20117 del 19 de Octubre de 2016.

En atención a las graves denuncias sobre la incautación de recipientes para el almacenamiento de agua, especialmente en épocas de razonamiento, solicitamos a la Corte impartir órdenes para que la guardia se abstenga de retener estos elementos, y se abran las investigaciones por estos hechos, por parte de la Procuraduría. 

En materia de salud

Nos permitimos insistir en que teniendo en cuenta que la solución a esta grave problemática no se avizora en un corto y mediano plazo y que se torna inhumano prolongar la vulneración del derecho a la salud conexo con la dignidad humana, integridad y la vida, consideramos de suma importancia que desde la Corte Constitucional, se tracen lineamientos precisos para que las autoridades judiciales adopten determinaciones en relación con la sustitución de la medida o prisión, en aquellos casos en que con el concurso con el Instituto Nacional de Medicina legal se determine que la enfermedad es compatible con la reclusión, condicionada a que se le brinde el tratamiento adecuado, que como está visto no recibe la población reclusa.

Para tal fin, consideramos H. Magistrados, que desde la dirección del Establecimiento y a partir de los listados que juiciosamente han elaborado los detenidos, se deben identificar los casos de patologías más graves y remitir a la correspondiente valoración de los legistas, para que concluyan lo propio, teniendo en cuenta no solo la enfermedad que padece el recluso, sino también las condiciones de reclusión o determinantes que agravan la misma y la atención recibida; bases que deberá guiar las decisiones de los jueces de la república para tomar las determinaciones judiciales correspondientes.

Se ordene la realización del perfil epidemiológico para el establecimiento, en un término perentorio, a efectos de que se desarrolle un programa de real prevención y promoción de la salud que contemple todos los factores que afecta la salud de esta población.

En materia de tratamiento penitenciario

Se establezcan plazos perentorios para la modificación del régimen interno, con la participación amplia de la población reclusa, y bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad, habida cuenta que sin duda, el vigente, contiene disposiciones que limitan de manera excesiva los derechos de las personas privadas de la libertad.

De igual manera, se ordene la ampliación y regularidad en el desarrollo de programas de educación, formación, recreación y deportes para los detenidos, adecuando para tal fin, los talleres, aulas e insumos necesarios.

Requerir al INPEC para que desarrolle programas de tratamiento penitenciario diferencial de la población reclusa, la cual debe ser previamente caracterizada.

En materia de sanción y prevención de la tortura

Se disponga la revisión y adecuación del protocolo de intervención en casos de huelga, con la participación de Inpec, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, población reclusa y organizaciones de derechos humanos. 

Con el fin de dar una respuesta real a las órdenes impartidas por la Corte en relación con el derecho a la protesta, consideramos oportuno que además del protocolo de huelgas de hambre, se haga un seguimiento real a los acuerdos que el ejecutivo celebra para conjurar estas situaciones, ya que no basta con escuchar a los reclusos y adquirir compromisos con ellos, sino que es necesario que éstos se cumplan para evitar que los reclusos se vean obligados, a nuevas jornadas de protesta para exigir el cumplimiento de acuerdos.

Se ordene la adopción de medidas administrativas frente a los funcionarios denunciados por actos de tortura o tratamiento degradante o humillante, de tal manera que se les ubique en cargos que no impliquen el trato con los detenidos ni sus familiares, mientras se adelantan las investigaciones pertinentes. En tal sentido solicitamos requerir al INPEC para que efectúe una interpretación adecuada de la orden que sobre este particular fue emanada en el auto 191 de 2016, y por tanto se reubique el personal denunciado reiteradamente por violaciones a los derechos de la población reclusa, en cargos en los que no les sea posible ejercer presiones indebidas o actos de retaliación a los quejosos, ya sea de manera directa o por intermedio de sus familiares.

Fijar un plazo para que la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, presenten resultados de las indagaciones y se les requiera para que la adecuación de las faltas y delitos, lo mismo que las investigaciones se desarrollen en consideración a los hechos, gravedad y sistematicidad…

Se conmine a la Defensoría, para que valore la posibilidad de evaluar y fortalecer a partir de ahí, el mecanismo de denuncia independiente para casos de tortura y tratamiento cruel, inhumano o degradante.

Se disponga un control sobre los traslados y cambios de patio de la población reclusa, considerando que existen denuncias sobre el uso del mismo como forma de castigo.

En tanto existe decisión judicial que ampara los derechos del señor Juan Carlos Palomeque, y ordena su traslado a un centro de reclusión en la ciudad de Bogotá, creemos oportuno que la Corte, emita directrices para que se dé cumplimiento a dicho fallo o en su defecto se disponga su retorno al EPAMS-Valledupar (como él mismo lo ha solicitado), como forma de brindar garantías al derecho a la protesta que se vio seriamente afectado con el traslado arbitrario del interno.

Se ordene al INPEC eliminar la UTE en el EPAMS-Valledupar, pues independientemente del nombre que se le asigne, no resulta aceptable que los detenidos allí recluidos permanezcan por meses incluso años, aislados en sus celdas por 23 horas al día, recibiendo solo una hora de sol. 

Ordene a la Defensoría y Procuraduría realizar un análisis y especial acompañamiento de las investigaciones disciplinarias que han sido iniciadas contra los internos, en especial aquellas que se denuncien como actos de retaliación por la participación en huelgas de hambre. Dicho de otra manera, lo que nuestra Corporación propone, es la creación de una suerte de “presunción de retaliación” que consiste en que toda acción disciplinaria, o de traslado, se torne sospechosa cuando la misma se encuentra precedida de quejas, denuncias presentadas o acciones de legítima protesta realizadas por los reclusos. 

Equipo Jurídico Pueblos

martes, 8 de noviembre de 2016

La participación de la sociedad: a propósito de los diálogos con el ELN

El conjunto de la población colombiana no ha participado en las decisiones del país. Es una realidad histórica de exclusión a las grandes mayorías, derivada de la forma misma en que están organizadas las estructuras de poder, en la cual, unas clases sociales han gobernado en su propio beneficio.1
 
Gloria Silva y Leonardo Jaimes*.

Producto de esa concentración del poder político y económico, amplios sectores de la población, han sido moldeados por sus gobernantes, desde la constitución de la República. La escuela, la familia, los medios de comunicación, las religiones, las instituciones militares y policiales, los jueces, han ejercido un bombardeo ideológico de inconmensurables dimensiones, que no sólo se traduce en que ya pocos creen en otro mundo posible, sino en que se repliquen y reproduzcan, las más retrógradas doctrinas que han justificado y a su vez garantizado la discriminación y la eliminación de quien se opone a ese “orden natural”.

A la par, las organizaciones populares han sido fuertemente golpeadas. En Colombia, así como en otras partes del mundo, disentir y reclamar, se convirtió en un delito sancionado con la pena de muerte, la cárcel o el destierro (en el mejor de los casos); situación, que quiérase o no, ha contribuido en parte, a que hoy nos encontremos ante un movimiento social debilitado; a lo cual se suma su fraccionamiento. Ello no implica que exista descontento social. Al contrario, el sentimiento de insatisfacción en las grandes mayorías del país, podemos decir que es generalizado.

“Así pues, hablar de la “Participación de la sociedad” (que tanta resistencia ha encontrado en el Gobierno), tiene muy serias barreras que no serán fáciles de resolver”

Y que empiezan por la forma misma como desde el poder ha sido contada la historia al país; enraizando en el pueblo una condena anticipada a la rebelión, a la que se le desprovee de su naturaleza como derecho y deber del oprimido, frente la tiranía.

Planteamos que se trata de un obstáculo, porque para poner a dialogar a la sociedad con la insurgencia y el Estado, ha de romperse con la lógica maniqueísta que se ha impuesto históricamente por las clases que ostentan el poder; según la cual, las insurgencias o quienes planteen oposición (aun desde la legalidad), deben ser exterminados e invalidados. Es decir, que ese diálogo debe empezar o cuando menos estar atravesado, por una permanente destrucción – reconstrucción de la historia; por una permanente lucha en el campo de las ideas.

Y este planteamiento, tiene dos razones elementales. La primera, es romper con la postura dominante que ha acuñado por todos los medios la idea de que resolver en conflicto en Colombia es igual a desarmar a la insurgencia, lo que equivale a resolver el conflicto eliminando una de sus expresiones (atacar la consecuencia y no la causa). La segunda, es que la resolución de cualquier problema, sea cual sea, impone la obligación categórica de conocerlo. Caracterizar el conflicto, develar la verdad histórica de lo ocurrido en este país, no puede ser una tarea de las comisiones de la verdad, que se deja, en un eventual post-acuerdo, a cargo de unos cuantos expertos. Caracterizar el conflicto y develar la verdad histórica, es un presupuesto de todo diálogo consciente que busque resolverlo.

Ello impone compromisos concretos, de los cuales mencionaremos a manera de ejemplo, la democratización de los medios masivos de información. Acertadamente el sacerdote Javier Giraldo Moreno, ha planteado que éstos han construido una “muralla cultural – mediática” que se ha encargado de acondicionar los niveles más íntimos de las personas y por lo tanto, hoy han de servir para revertir (al menos en parte) los efectos nefastos del amoldamiento y el sesgo que han promovido; para abrir (e incluso entregar) las cámaras y micrófonos, en igualdad de condiciones a quienes hasta hoy las han tenido vetadas. Es decir, que el compromiso va más allá de trasmitir (sin tergiversar) lo que ocurra en el marco del Proceso de diálogo. Seguramente esta será una de las tantas pruebas de fuego de las clases dominantes (propietarias de los medios) y el Gobierno Nacional.

“Ello impone un compromiso de los Movimientos sociales, intelectuales, estudiantes, religiosxs, comprometidos con las causas populares, de la academia, etc, para llegar a esos rincones del país donde está la gente de carne y hueso”

que aunque han vivido siempre el rigor de un sistema económico voraz y despiadado, sólo conocen la concepción del mundo de quienes lo han construido y defendido y por lo tanto asumen como modelo de desarrollo, el ingreso de una multinacional petrolera o la agroindustria en el campo, porque por un tiempo le pagarán el “sueldo soñado” a sus hijos; esa misma gente de carne y hueso que condena severamente la rebelión porque el cura o pastor del pueblo o la vereda lo han dicho; quienes no saben qué es comunismo, pero profesan el “anticomunismo”. En fin, la labor supera con creces la acción de organizar y asistir a foros regionales y nacionales, que tal como están las cosas hoy, no lograrán convocar a más de los que siempre han estado prestos a construir propuestas alternativas. Va más allá de ir a exponer propuestas y preocupaciones, a Quito o donde quiera que se encuentre sesionando la mesa de diálogos.

Las dificultades

Otra gran obstáculo para la participación, tiene que ver con el alcance de los diálogos que se abren, determinado por los asuntos vedados por el Gobierno: el modelo económico y la doctrina militar, a lo que se suma para el ELN, lo acordado en la Habana en materia de justicia, según ha dicho Santos. A ello se suman la historia y el presente de incumplimientos sistemáticos del Gobierno con los sectores populares e incluso con otras insurgencias que en el pasado han depuesto sus armas. Esto es un indicador de lo que se puede esperar una vez firmados los acuerdos con las insurgencias; y sin duda se convierte en un desestimulo fundado para la participación.

Tras muy pocos meses de haberse desarrollado una importante movilización social (brutalmente reprimida) el Gobierno ha vuelto a incumplir los ambiguos y recortados compromisos que suscribió para recuperar las carreteras tomadas por campesinos, afro-descendientes e indígenas de todo el país. El acto de negociar para des-movilizar es la esencia del modelo empleado por todos los gobiernos en los últimos 70 años de vida republicana, los rebeldes que transitan a la legalidad son asesinados y el pueblo que repliega la resistencia, es burlado en un marasmos de reuniones, tecnicismos y leguleyadas.

A ese modelo, se contrapone la propuesta de un diálogo con participación de la sociedad, para dar solución a los problemas que originaron el conflicto; pero una cosa es que diversos sectores participen formalmente para satisfacer una agenda con el ELN y otra cosa es que la clase dominantes esté dispuesta a ceder parte de sus privilegios.

Una tercera barrera para la participación, que debe superarse, tiene que ver con el afán de las clases dominantes y sectores de la izquierda por alcanzar un acuerdo, es lo que algunos han llamado la “paz express”. No sólo es imposible sino un irrespeto, pretender si quiera, llamar a un diálogo a la sociedad, (lo que ya es complejo por sí solo – aunque necesario -), para que sin haberse sentado se pretenda terminarlo. No creemos que se trate de entregar los pliegos que ya están construidos por los movimientos sociales y que el Gobierno ha incumplido en infinitas ocasiones, pues esto es transitar por lo mismo.

Concretar una participación real y eficaz, requiere tiempo, recursos (humanos, ante todo), garantías y un compromiso genuino por asumir el trabajo que en terreno implica incluir a los que han estado excluidos y construir con todxs propuestas, que debe salir de las cajas donde se almacenan y ser analizadas y respondidas. Si llegar a acuerdos entre las FARC y el Gobierno tomó al menos cuatro años; más tiempo tardará un diálogo en el que se incorporen más actores.

Finalmente, es un error partir de lo acordado en la Habana. No porque no existan aportes y avances, sino porque ello es limitar de entrada un diálogo sobre temas en el que no participaron dos de los tres actores que hoy se incorporan.

Luego, partir de lo que está más cerca de ser un nuevo inamovible, es otra restricción a la participación amplia de la sociedad, que es sinónimo de imposición, así se maquille bajo el sofisma de aportar, mejorar o ir por más de lo logrado por las FARC. Esta no es la lógica del Gobierno Santos, que ha demostrado que la clase que él representa está dispuesta a dar poco y que entre líneas ha insinuado que en materia de tierras, justicia y víctimas el pacto estaría sellado con lo alcanzado en la isla.

Para terminar, creemos que independientemente de los resultados de este proceso que inicia, gran ganancia dejaría al país lo que sea que quede de reconstruir la historia, de dilucidar desde y con el pueblo (en todos los escenarios) las reales dimensiones de los temas vedados por el Gobierno; poder escudriñar y analizar si “[las] clases dominantes tienen la voluntad para ceder en  algo en sus privilegios” luego de conocer el listado de cambios básicos que plantee la sociedad; pues así fue como se enunció el objeto y alcance de la negociación que inicia, según lo indicó el ELN que a través del comandante Pablo Beltrán.

Bajo estos presupuestos, el Equipo Jurídico Pueblos, desde la región, habilitará y aportará en espacios que promuevan la participación consciente del pueblo en este nuevo escenario que se abre; planteando desde ya que lo asumiremos por la importancia que tiene para continuar forjando procesos de formación y organización de las comunidades que desde distintos escenarios resisten con dignidad al modelo económico y la doctrina militar, en los que las clases dominantes dicen no estar dispuestas a ceder.

Para ampliar

A propósito de nuestras reflexiones sobre “participación de la sociedad”, trascribimos apartes de la intervención del profesor Renán Vega en el III Seminario sobre delito político, situación de los presos políticos y paz, en las que realiza un recuento histórico de esta realidad, a que hoy nos vemos avocados, a la que tenemos que enfrentarnos en esta coyuntura…

“…el conflicto armado contemporáneo tiene más de 70 años, en realidad, y lo que habrían explicar es por qué razón, y el padre Javier a través de sus múltiples intervenciones y en sus obras, nos recuerda que este no es un país democrático, que más bien Colombia es como lo llamaba Erving Goffman es una democracia asesina… y creo que es bueno decir que Colombia es un país muy injusto, terriblemente desigual y eso no es solamente algo de hoy, es algo que históricamente se ha constituido y por eso también se puede decir y múltiples indagaciones lo demuestran que la estructura política y social de Colombia no ha cambiado en los últimos 200 años, es decir que nosotros vivimos en una situación similar a la que vivía este país apenas se produjo la independencia.

Algunos podrían decir que esta es una alusión sin fundamento porque pueden decir que Colombia es hoy un país fundamentalmente urbano, que el mundo agrario no tiene la misma importancia que ha tenido hasta épocas recientes… [pero] nos referimos a cosas más fundamentales, más profundas que tienen que ver con una estructura, económica, social, política y social terriblemente desigual, que perdura hasta el día de hoy.

Y uno puede hacer la comparación con lo que acaba de pasar recientemente con el plebiscidio, es decir, el suicidio que fue el plebiscito y encuentra y puede sacar de contexto algunas informaciones y resulta que casi con las mismas palabras eso es lo que se viene diciendo en este país desde 1820, por ejemplo el miedo al comunismo, Colombia y eso lo demostró Gerardo Molina, las clases dominantes de Colombia son anticomunistas antes de la emergencia del comunismo, es decir que antes de que se hablara del comunismo como un proyecto político, con programas claramente establecidos, que se fundaran partidos u organizaciones que se llamaran comunistas en Colombia ya existía un sentimiento anticomunista, generalizado por parte de las clases dominantes.

Justamente en estos, días antes del 2 de octubre, yo me di a la tarea de hacer algunas comparaciones a través de la prensa de distintas épocas y encontré que muchas de las cosas que hoy se dicen pro parte de políticos de extrema derecha de este país por parte de representantes de iglesias evangélicas y por parte de representantes de las jerarquías católicas, esas declaraciones son exactamente iguales a las que se empezaron a difundir en Colombia óigase bien desde la década de 1820 y cuáles son las características de esa propaganda de esa publicidad, de ese conjunto de mentiras convertidas en verdades de tanto ser repetidas, los grandes dueños de este país, terrateniente, exportadores cafeteros, ganaderos, a los cual debemos adicionar el sector financiero, los banqueros de las últimas décadas, todos estos sectores siempre han mantenido su dominio y su poder en la sociedad colombiana a partir del miedo, a partir del miedo para que no sean tocados sus intereses de ninguna manera, es decir, para que en este país terriblemente desigual nadie se atreva a cuestionar esa desigualdad, como si esa desigualdad fuera un designio natural, de la divina providencia.

Recordé entonces a Ezequiel Moreno, el primer santo colombiano que no nació en Colombia sino en España. En su época de armas no religiosas sino literalmente armas, en la guerra de los mil días, este personaje dijo “matar liberales no es pecado”. Matar liberales después se convirtió en “matar comunistas no es pecado”, “matar sindicalistas no es pecado”, “matar dirigentes campesinos no es pecado”, “matar defensores de derechos humanos no es pecado”, “matar presos políticos no es pecado”.

Esa misma lógica es la que ha dominado gran parte de la historia colombiana desde el ámbito del poder, del bloque de poder contrainsurgente, formado por el Estado y las clases dominantes de este país para mantener esa terrible desigualdad, esa terrible injusticia que caracteriza a la sociedad colombiana. De tal manera que tenemos un elemento que podríamos llamar de larguísima duración, que no empezó con el surgimiento del movimiento armado como unos quieren hacer creer, que se remite a la misma independencia, a la misma constitución y formación traumática del estado nación en Colombia, cuyos problemas son exactamente los mismos que hoy avocamos, porque nunca fueron resueltos.

En el imaginario de la gente y sobre todo de la gente urbana, de los habitantes de las ciudades, se ha erigido un triunfo del bloque de poder contrainsurgente y es que se considera inaceptable que la gente se pueda rebelar, entonces en Colombia se aceptan en los círculos urbanos. Esa es una de las variables, entre muchas, que explican el triunfo del no en el plebiscidio del 2 de octubre: no se puede perdonar que nadie se rebele y menos que se rebele en armas.

Se puede perdonar y olvidar que con motosierra se diseccionen a las personas estando vivas; se puede perdonar y olvidar que en Colombia hayan habido hornos crematorios al estilo nazi; se puede perdonar y olvidar que campesinos, metizos y negros hayan sido echados vivos para ser devorados por los cocodrilos pero no se puede perdonar que un grupo de campesinos colombianos se haya levantado en armas contra el Estado y los poderosos”.

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*Gloria Silva y Leonardo Jaimes, son abogados e integrantes del Equipo Jurídico Pueblos, colectivo que pretende divulgar un nuevo enfoque del Derecho desde la óptica de la autodeterminación, que busque una verdadera concreción de la justicia social, la soberanía y la dignidad.

1. Colombia Informa (La participación de la sociedad: a propósito de los diálogos con el ELN) [online]. Bogotá (Colombia) Agencia de Prensa Colombia Informa [publicado 2016-11-02]. Disponible en internet: 

http://www.colombiainforma.info/la-participacion-de-la-sociedad-a-proposito-de-los-dialogos-con-el-eln/

jueves, 3 de noviembre de 2016

CUARTO DÍA EN HUELGA DE HAMBRE

Colombia es el país del mundo que más persigue a los sindicalistas, se les quiere callar y doblegar. Ante las injusticias laborales los compañeros de Sinaltrainal, Astdemp, Sintramunicipio y Sintraobras realizan una huelga de hambre desde el 31 de octubre del año 2016, hoy comienza el cuarto día y este es el comunicado de los compañeros en la lucha: 


Día Cuatro de la huelga de hambre de los Trabajadores de Coca Cola, Saceites, Acueducto Metropolitano, Municipio de Bucaramanga y Entidades Descentralizadas 

Frente a la Alcaldía de Bucaramanga, en las horas de la mañana del 2 de noviembre, un trabajador del  Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que se encuentra en la huelga de hambre, desde las 6:00 A.M. del 31 de octubre, presentó dificultades de salud y fue atendido por el personal médico, los nueve huelguistas adicionales se presentando un grave cuadro de angustia y depresión.

 En la ciudad de Medellín frente a Coca Cola, los huelguistas fueron víctimas de un sucio montaje al parecer fabricado por los testaferros que administran la multinacional, ubicando un camión en el lugar de la huelga e informaron a las autoridades, que los huelguistas estaban bloqueando la entrada de la embotelladora y la Policía Nacional acudió al sitio a solidarizarse con la multinacional Norteamericana. 

En las horas de la mañana del 3 de noviembre, se realizó la sesión de Control Político a la Secretaría administrativa y el Concejo Municipal de Bucaramanga, abrió una sesión extraordinaria para los sindicatos en Huelga de Hambre, quienes solicitaron la suspensión de las Sesiones hasta que el Alcalde instale la mesa, para tratar y resolver la problemática y fue aprobado por la mayoría y delegaron a los Concejales Uriel Ortiz, Wilson Mora y Nelson Mantilla.

Luego, la secretaría administrativa Lida Marcela Salazar, por solicitud del Alcalde propuso que solo se reuniría con los delegados de los sindicatos en Huelga de hambre y en reunión que se tenía acordada desde el día 1 de Noviembre, con el Personero Municipal en horas de la tarde, con participación de la Procuraduría Provincial, la Defensoría del Pueblo, el presidente del Concejo y el Concejal Wilson Mantilla y los delegados de Sinaltrainal, Astdemp, Sintramunicipio y Sintraobras, siguimos insistiendo para que el Alcalde habilitara la reunión y en las horas de la noche se concretó que paralas 11:00 A.M., del 3 de noviembre de 2016. Se realizará la reunión con el Alcalde de Bucaramanga, la Personaría Municipal, la Procuraduría Provincial, la Defensoría del Pueblo, los concejales Uriel Ortiz, Wilson Mora y Nelson Mantilla y los delegados de Sinaltrainal, Astdemp, Sintramunicipio y Sintraobras, para tratar la problemática que dio origen a la huelga de hambre.

La multinacional Coca Cola por su lado propuso reunirse con Sinaltrainal, pero antes se debe terminar la huelga de hambre y consideramos que no hay las garantías, por cuanto lo mismo ocurrió en abril del 2015, cuando aceptamos terminar la huelga de hambre que realizamos en Bogotá y luego en  presencia de la Cetcoit y el Ministerio del Trabajo nos desafío, diciéndo que no haría ninguna reunión nacional con Sinaltrainal, se burló de los trabajadores y agudizó el ataque contra Sinaltrainal y los trabajadores. 

Seguimos a la espera que Saceites conocida en el mercado por los productos Arroz Diana, Aceite Búcaro, Ricapalma habilite la reunión para tratar la problemática de los trabajadores.

Sinaltrainal, Astdemp, Sintramunicipio y Sintraobras