Equipo Jurídico Pueblos

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miércoles, 28 de junio de 2017

SOLICITUD PÚBLICA DE ABOGADOS DEFENSORES DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Bogotá, 28 de junio de 2017,

RECHAZAMOS PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y POLICÍA NACIONAL SOBRE EL MONTAJE JUDICIAL EN CASO ANDINO.

Los y las abogadas defensoras de confianza de LINA, ALEJANDRA, LIZETH, NATALIA, IVÁN, CESAR, JUAN CAMILO, BORIS y ANDRÉS, capturados el pasado 24 de junio, nos permitimos hacer una SOLICITUD PÚBLICA a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1.  Rechazamos los pronunciamientos públicos realizados por el Comandante de la Policía Nacional, General Jorge Nieto Rojas, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, poniendo en cuestión decisiones judiciales y afirmando de manera calumniosa: (a) la pertenencia de nuestros defendidos al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-; y (b) la autoría de esta organización, y en extensión de todos los capturados, en los lamentables hechos ocurridos en el Centro Comercial Andino. En un solo acto se vulneraron múltiples principios y garantías constitucionales, entre ellas la independencia judicial, el debido proceso, la honra y la presunción de inocencia.

2.  Condenamos la deslealtad procesal de la Policía Nacional y la Fiscalía General, al haber filtrado a los medios de comunicación elementos de prueba cobijados con el manto de reserva y que se hicieron públicos incluso antes de haberlos conocido como abogados defensores en el curso del proceso. Su difusión descontextualizada se ha prestado para todo tipo de especulaciones y falsedades sobre la responsabilidad de nuestros defendidos, generando un clima de animadversión hacia ellos y de condena anticipada, que presiona indebidamente las decisiones que habrán de tomar los funcionarios judiciales y que pone en riesgo su vida e integridad, así como la de sus allegados.

3.  Compartimos la denuncia penal y disciplinaria que se elevará ante las autoridades respectivas por la detención arbitraria de la que fue objeto IVÁN DARÍO RAMÍREZ, quien fuera detenido el 24 de junio del presente año sobre las cuatro (4) de la tarde mientras se transportaba en un bus de transporte urbano. Estuvo bajo custodia de la Policía durante varias horas, y fue trasladado a la Estación de Policía de Usme, a la estación de la SIJIN, entre otros, para ser finalmente conducido a su residencia familiar, lugar en donde se adelantó un allanamiento y sólo hasta las 2:30 de la madrugada del 25 de junio fue capturado formalmente. Sorprendentemente, la Fiscalía al solicitar la legalidad del allanamiento y captura, afirmó que IVÁN DARÍO fue encontrado en su casa al momento del allanamiento y fue capturado en flagrancia por los elementos de prueba incautados, incurriendo así en una gravísima falsedad. Por fortuna, sus familiares tuvieron conocimiento oportuno de su detención y fueron testigos de su arribo a la casa en manos de los policiales con anterioridad al allanamiento, de lo cual quedó registro fotográfico y fílmico que será igualmente entregado a las autoridades.

4.  De la misma manera, se denunciarán penal y disciplinariamente los hostigamientos que ha recibido la familia de IVÁN DARÍO RAMÍREZ con posterioridad a su puesta en libertad, al haber sido declarada ilegal la captura por el sinfín de irregularidades ya anotadas. En la noche del 26 de junio, mientras se movilizaban en un carro personal los padres, hermano, novia y un sobrino de 7 años de edad de IVÁN DARÍO, fueron primero seguidos por un vehículo presuntamente de la SIJIN y luego interceptados por 2 unidades de la Policía Nacional, siendo intimidados con arma de fuego, requeridos por su identificación y documentos de identidad e interrogados de manera intimidante, para posteriormente proceder a registrar el carro. Esta situación comportó un shock nervioso de la madre de IVÁN DARÍO y del sobrino menor de edad.

En consecuencia, SOLICITAMOS:

1.  Al Comandante de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, que rectifiquen sus afirmaciones temerarias y calumniosas, y respeten las garantías constitucionales de las 9 personas procesadas.

2.   A la Fiscalía General y a la Policía Nacional - SIJIN, que cesen de manera inmediata las filtraciones de información reservada.

3.   A la Comunidad Internacional y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, que hagan veeduría inmediata sobre el proceso judicial.

4.   Al Ministerio Público; Procuraduría y Defensoría, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; a Derechos Humanos de Policía Nacional, y a las demás autoridades involucradas, la adopción de medidas para garantizar la vida e integridad personal de todos nuestros defendidos, en especial de IVÁN DARÍO RAMÍREZ, su familia y allegados.

5.  A las autoridades judiciales y a la Procuraduría General de la Nación, que se investigue con celeridad y eficacia los hechos denunciados que fueran cometidos por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y que pueden configurar privación ilegal de la libertad, falsedad en documento público, seguimiento ilegal, entre otros.

Agradeciendo el respaldo y solidaridad de la comunidad académica y universitaria,

Abogados y abogadas defensoras.

COMUNIDADES EXIGEN PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL A ECOPETROL EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR



Las comunidades de los corregimientos de la Mata y Ayacucho del municipio de la Gloria en departamento del cesar, cansados de esperar la voluntad de ECOPETROL y empresas contratistas, a quienes se les ha llamado a firmar acuerdos de participación e inclusión laboral para los pobladores del municipio y especialmente lo relacionado a la llamada responsabilidad social y ambiental.

Temas que han sido de discusión desde hace varios años y que desde el mes de enero del presente año venimos en busca de finiquitar y llegar a acuerdos, pero hasta el día de hoy no ha sido posible, en la medida que ECOPETROL desconoce los derechos que como comunidad tenemos en la zona de influencia de la planta de Ayacucho, sumado a las amenazas de despidos de familiares y amigos del municipio, por el simple hecho de reclamar lo que nos corresponde por ley.

Desde el año 2011, se firmaron algunos acuerdos y que a la fecha venimos exigiendo que se cumplan, por tal razón el día 28 de abril de la presente anualidad las comunidades del área de influencia de la planta, presentamos pliego de peticiones social y laboral con el fin de agotar los mecanismos legales y así convocar una vez más a ECOPETROL y a las autoridades locales al respeto de los derechos a través de la conformación de una mesa de negociación con la participación de delegados de los gremios laborales y los sindicatos, con miras a que las comunidades nos veamos involucradas laboral y socialmente.
El día 12 de Junio ECOPETROL informa a los voceros de la comunidad, que es de su interés crear una ruta de diálogo y negociación, a lo cual se dio respuesta de nuestra parte, proponiéndoles como fecha para iniciar los acercamientos el día 20 de junio de la presente anualidad, recibiendo como respuesta que ellos (la nacional petrolera) convocarían la reunión cuando lo vieran pertinente, siendo así una vez más burlados y menoscabados nuestros derechos. 

Igualmente denunciar, las intimidaciones que el actual mandatario FERMÍN AUGUSTO CRUZ QUINTERO del municipio de la Gloria - Cesar, viene haciendo a familiares y amigos de quienes hoy reclamamos nuestros derechos, manifestando que quien participe en la jornada de paro no tendrá trabajo o sus familiares serian despedidos.

También dar a conocer, que en varios concejos de seguridad, los organismos de inteligencia vienen estigmatizando y haciendo señalamientos a miembros de nuestra comunidad, como es el caso de ELÍAS NAHUM QUINTERO vocero del Movimiento de Trabajadorxs, Campesinxs y Comunidades del Cesar - MTCC y a su vez del Coordinador Nacional Agrario - CNA, ex candidato a la Alcaldía del municipio de la Gloria - Cesar por el Partido Polo Democrático Alternativo, y desde ya denunciamos que puede ser una nueva víctima de DETENCIÓN ARBITRARIA O FALSO POSITIVO JUDICIAL, práctica que ha afectado masiva e indiscriminadamente a nuestros campesinos por defender el territorio de los megaproyectos y terratenientes. Estos señalamientos no solo provienen de los organismos de inteligencia, sino también de funcionarios de ECOPETROL y la administración local.

Por estas razones y ante los constantes incumplimientos por parte de ECOPETROL y empresas contratistas, y de la imposibilidad de concertar una mesa de diálogo para llegar a acuerdos y la garantía de su cumplimiento, nos permitimos informar a la opinión pública nacional e internacional que el día de hoy 28 de junio de 2017, nos vemos en la obligación de entrar en paro indefinido dado que es la última instancia que nos queda por agotar.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a apoyar nuestra causa, a sumarse a nuestra lucha. Del Estado colombiano, exigimos garantías de participación; que cesen los hostigamientos en nuestra contra y se abstengan de adoptar mecanismos represivos contra esta expresión popular de organización y exigencia de derechos.

Junio 28 de 2017

MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS, CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA - ASOTRAIN

 FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES MINEROS, ENERGÉTICOS, METALÚRGICOS Y QUÍMICOS, DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, TRANSPORTADORAS Y SIMILARES DE COLOMBIA - FUNTRAMIEXCO

 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO - SINALTRAINAL 

 EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS - EJP

martes, 27 de junio de 2017

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Y AUTORIDADES DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL




13 de Junio de 2017.

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Combita, Boyacá 

Comunicado a la Opinión Pública y Autoridades de Orden nacional e Internacional.

Juan Manuel Santos
Presidente de la República.

Congreso de la República.

Ministro del interior 
Jose Guillermo Rivera
guillermo.rivera@mininterior.gov.co  

Ministerio de Justicia y del Derecho
Enrique Gil Botero
enrique.gil@minjusticia.gov.co 

Departamento Administrativo para la Seguridad Social
nemesioroys@hotmail.com 

Defensoría del Pueblo Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria
Germán Pabon 
gpabon@defensoria.gov.co

Procuraduría General de la Nación
Procurador delegado: Gabriel René Cera Cantillo 
gabriel.cera@mininterior.gov.co 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos en Colombia
difusion@hchr.org.co

MAPP-OEA
info@mapp-oea.org

Cruz Roja Internacional

Dirección EPAMS Combita
 epccombita@inpec.gov.co

Episcopado Nacional de Colombia y demás Religiones
comunicacionsocial@cec.org.co

Medios de Comunicación
Honorables Magistrados de Altas Cortes.
Directores de Partido Políticos.


Los presos de esta penitenciaria de Alta y Mediana de Seguridad de Cómbita Boyacá “EPAMS Combita”, en una sola voz, llamamos a la unidad de todas las personas privadas de la libertad. Ante el momento coyuntural  por el que pasa el país, y frente a las prácticas aplicadas a nuestras integridades, relacionadas con la violación de nuestros derechos de manera sistemática, que se refleja en el hacinamiento que supera el 70 %, la alimentación de escasa cantidad y calidad, los servicios de salud precarios, que han cobrado la vida de un buen número de presos, la falta de resocialización etc. 

Como lo reconoce la Corte Constitucional en la declaratoria de “Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de las cárceles”, en sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015. De conocimiento general  y sin solución a la vista. Sufrimiento que es el pan de cada día para los privados de la libertad.

Al mismo tiempo el Gobierno Nacional, en busca de la paz, realiza acuerdos con las FARC –EP “acuerdos de la Habana”, para poner fin al conflicto armado con esta organización, por más de 50 años. Excarcelando a cientos de sus miembros. De igual manera, los demás presos somos también colombianos, que como consecuencia de las formas de violencia y negación de derechos individuales y colectivos por parte de los distintos gobiernos a través de la historia, hemos terminado en esta situación.

Históricamente, cada vez que se han firmado acuerdos de paz, ha conllevado a conceder rebajas de penas para las personas privadas de la libertad.

Es de conocimiento de todos que el sumo pontífice, representante máximo de la iglesia católica, el Papa Francisco visitará Colombia y en muchas oportunidades, el Papa ha pedido clemencia  para los presos y presas del mundo. Hemos solicitado al Santo Papa interceder ante  las distintas autoridades y poderes gubernamentales para que se nos conceda una rebaja de penas, Beneficio Jubileo.

Para mitigar en algo el sufrimiento que a diario soportamos tanto físico como espiritual, también solicitamos se estudie rebaja de penas para los privados de la libertad. Todos somos primero, seres humanos y segundo colombianos, que merecemos una oportunidad, incluyéndonos en una paz justa sin exclusiones y esperanzadora para todas y todos.

Ante estas condiciones, convocamos a los presos y presas a lo largo y ancho del país a participar en la búsqueda de que se nos reconozca una rebaja de penas para todos y todas sin exclusión. ¡Unidos lo lograremos!

Informamos, que los presos de Cómbita Boyacá, daremos inicio a una desobediencia de manera progresiva:

A partir del 16 de junio, en las contadas nos quitaremos la camisa.
Para el 1 de Julio no recibiremos más presos en nuestros patios debido al hacinamiento, continuaremos formando sin camisa en las contadas.
Para el 20 de Agosto , contada sí, pero no encerrada, y lo llamaremos "Cómbita despierta."
A partir del 1 de Septiembre, huelga de hambre indefinida.

LA PETICIÓN GENERAL Y ÚNICA: Rebaja de penas por el jubileo, que la firma del acuerdo con las FARC-EP y el Gobierno, nos cobije a todos sin exclusión, y así superar las difíciles condiciones que vivimos día a día tras las rejas en prisión.

Solicitamos el acompañamiento de los entes de control en los establecimientos carcelarios, para que se nos garanticen nuestros derechos y no se nos reprima.
Invitamos a nuestros familiares y amigos , organizaciones sociales, ONG, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –FCSPP-, Equipo jurídico Pueblos –EJP- y demás, acompañar nuestra jornada y exigencias ante las autoridades y las ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Por una paz que incluya a toda la población reclusa, que no es otra cosa, que una expresión mas del conflicto armado y social que ha vivido el país.

Cordialmente:

Comité de DDHH del EPAMS Cómbita.



27 de Junio de 2017


EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

CONVERSATORIO

¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS?


Un análisis de la situación actual de Estados Unidos de América en su guerra por la captación de recursos en países más desiguales para garantizar la permanencia en el tiempo del capitalismo; la situación propuesta por el imperialismo es adueñarse de los recursos donde quiera que se encuentren, a los trabajadores se les disminuyen sus derechos fundamentales y se consolida la desigualdad entre los países menos desarrollados del mundo. 

Esta tesis la desarrolla el profesor Renán Vega Cantor en la siguiente entrevista:


Equipo Jurídico Pueblos

sábado, 24 de junio de 2017

RESISTIENDO EL OLVIDO

Camila y Diego
21 de junio de 1997

El 21 de Junio de 1997, en una calle de la capital colombiana, por órdenes del entonces coronel Naranjo, hoy vicepresidente de la república, fueron asesinados Camila y Diego, dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional; presentados por el oficial, como “bajas” de un combate inexistente. Una práctica deliberada del terrorismo de Estado, masificada años más tarde, ya no sólo contra rebeldes sino también contra  hombres y mujeres humildes a lo largo y ancho del país.

Días más tarde, la residencia de Carlos Alberto, nuestro amigo, hermano de Camila, era objeto de un allanamiento ilegal y la familia entera hostigada y perseguida, aun en medio de sus honras fúnebres.

Otra práctica antiquísima del terrorismo de Estado, que ha extendido su odio a la rebeldía, hacia familias y comunidades enteras, como si con ello lograra exterminar las semillas de resistencia que han surgido y seguirán creciendo mientras las condiciones de miseria a la que son sometidas las mayorías cambien radicalmente.

Veinte años más tarde, el sueño de Diego y Camila sigue vigente, su sangre insumisa circula en lxs jóvenes, hombres, mujeres, obrerxs, campesinxs, que levantados o no en armas, cuestionan esta sociedad, donde la avaricia de unos cuantos se impone en medio del terror, la muerte, la inequidad y la miseria.

Resistirse al olvido es una forma de entender la historia y el presente; de rebelarse ante la mentira oficial y desnudar el terrorismo de Estado. Por eso, en nuestro espacio, la memoria de Camila y Diego, así como de otros luchadores populares y gente humilde que ha sido perseguida y asesinada, será siempre honrada.

El Equipo Jurídico Pueblos comparte las reflexiones de Carlos Alberto Ruiz.

martes, 20 de junio de 2017

LA PAZ DEBERÍA INCLUIR LA DISCUSIÓN SOBRE POLÍTICA PENITENCIARIA Y CRIMINAL EN COLOMBIA


En los últimos días la problemática carcelaria se ha hecho aún más visible. Las denuncias que traspasan los muros de las prisiones son variadas, van desde las miserables condiciones de reclusión pasando por una alimentación inadecuada, el alto costo de las comunicaciones con sus familias, el pésimo sistema de salud que ha causado centenares de muertes por falta de atención, la corrupción, hasta el cacicazgo, la tortura y malos tratos hacia las y los presos como a sus familiares y visitantes, entre otras prácticas y situaciones aberrantes.

Pese a esto, las altas esferas de poder, encabezadas por el Fiscal General de la nación, protagonizan campañas discriminatorias que promueven la privación de la libertad como regla general e infunden temores por el supuesto riesgo a la seguridad ciudadana que conlleva la liberación de reclusos cuyos juicios se han prolongado ilegalmente.

Producto de ello, el proyecto de ley 148/2016 fue retirado por el gobierno, lo cual pone en riesgo la entrada en rigor de la Ley 1786/2016 que impone límites al tiempo de detención preventiva.

Sobre esta problemática Colombia Informa entrevistó al representante a la cámara Víctor Correa Vélez, quien hace un llamado general a la sociedad colombiana a volcar sus miradas sobre las prisiones del país y a reflexionar sobre una política criminal que cada día lleva a más ciudadanos y ciudadanas pobres a la cárcel.

Colombia Informa: Ha sido evidente su preocupación por la situación carcelaria y la política criminal en el país, problemas que a pocos parece interesar. ¿Por qué la sociedad en general debe preocuparse por lo que ocurre dentro de las prisiones?

Víctor Correa: Empiezo por decir que me parece  que hay una tendencia actual, o no sé que tan vieja sea en la humanidad, de pensar que tiene que  haber una razón útil para hacer algunas cosas y que lo que debe mediar es como un asunto de causalidad efecto que logre justificar las motivaciones para que una persona se mueva, se movilice o busque cambiar alguna realidad. Frente al tema carcelario yo diría que más allá de un porqué debería haber una preocupación real de todo el mundo. Cuando me preguntan por qué lo hace, yo digo porque hay injusticias en lo que está ocurriendo, porque en realidad hay gente que está sufriendo, que está mal y en virtud de solucionar el problema a estas personas en un tema de sensibilidad de vínculo humanista.

Ahora, pues hay quienes han debatido  sobre este tema y plantean que es alrededor de este trato que se ejerce sobre el otro, cuando se denigra y se violenta su dignidad. Muchos argumentan que es una forma de deshumanización de la sociedad, creo que en la medida que permanezcan este tipo de injusticias sin ningún tipo de respuesta se va naturalizando la violación de la dignidad humana como una condición natural, y eso sí es muy peligroso para las sociedades.

C.I: El proyecto de ley 148 fue retirado por el gobierno. ¿Cómo va la construcción de la nueva iniciativa?

V.C: Lastimosamente el proyecto de ley 148 fue retirado por parte del Ministerio de Justicia en un contexto político bastante complejo. Teniendo en cuenta que el señor Fiscal General estaba en contra del proyecto, se emprendió un proceso de construcción en el marco de unas nuevas realidades de debate político con todo el consejo de política criminal, buscando la legitimidad del proyecto con otros actores de la institucionalidad tenga una mayor viabilidad en el trámite legislativo. El proceso apenas comienza, sé se ha tomado como referencia el texto original del proyecto ley 148, y espero que toque y profundice otros elementos de la política criminal y penitenciaria que deben ser transformados.

C.I: Usted además de congresista es médico. Díganos, a partir de las visitas que ha realizado a distintos centros de reclusión ¿cuáles son sus consideraciones sobre el sistema de salud en las prisiones? ¿Cuáles son las alternativas o propuestas deben implementarse para un goce efectivo del derecho a la salud?

V.C: La situación de salud, en su conjunto, es bastante grave. Pero aquí tenemos una particularidad y es la  gente que está enfrentando las crueldades del sistema de salud en condiciones de reclusión. Gente que precisamente por sus  condiciones de reclusión debería estar protegida con mayor fuerza por parte del Estado colombiano.

Yo me uno al informe que realizó la Defensoría  del Pueblo, en el cual se evidencia que hay una vulneración sistemática del  derecho a la salud desde varias perspectivas: desde la perspectiva prestacional asistencial, pues a la gente no le están entregando los medicamentos, ni dando citas o programando cirugías. Desde el enfoque determinante del proceso salud y enfermedad, el hacinamiento en las cárceles facilita la propagación de enfermedades, como la tuberculosis. También el acceso al agua potable y los problemas de alimentación contribuyen a que se vulnere el derecho fundamental a la salud. Esto debe resolverse con urgencia, a través de actuaciones serias por parte del Estado. Por ejemplo, la interventoría que debería estar haciendo la USPEC tendría que determinar por qué la FIDUPREVISORA no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir cuando se le están pasando los recursos.

C.I: ¿Cree que el problema de la política criminal en Colombia y la situación carcelaria debe ser abordada en una mesa de diálogos que busca la salida negociada al conflicto? De ser así ¿qué le propone a la mesa de Quito?

V.C: Yo creo que sí, los procesos de negociación de paz deberían incluir la discusión sobre política penitenciaria y criminal en Colombia, porque la guerra no es un tema que solamente haya permeado o tenga que ver con la lucha de la confrontación entre las guerrillas y el Estado. La guerra ha sido transversal a muchos de los ejes de nuestra sociedad y creó unos imaginarios entre los cuales estaba la cárcel como gran respuesta y solución  a los problemas sociales. Además los problemas sociales que motivaron el origen del conflicto armado también en buena parte fortalecieron esta política criminal y penitenciaria, saturando las cárceles  a través de la criminalización de la pobreza, en efecto, se cree que debe ser un tema que se discuta en las mesas de paz, porque la paz no se hace solo entre las guerrillas sino entre la sociedad y el Estado, principalmente.

http://www.colombiainforma.info/la-paz-deberia-incluir-la-discusion-sobre-politica-penitenciaria-y-criminal-en-colombia/

20 de Junio de 2017

Equipo Jurídico Pueblos

lunes, 19 de junio de 2017

ENTREVISTA: ¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA PRESA POLÍTICA EN COLOMBIA?


Desde Equipo Jurídico Pueblos compartimos la entrevista realizada a las presas políticas de la cárcel de alta y mediana seguridad de la cárcel de Cúcuta, con apoyo de la Agencia de Comunicaciones Colombia Informa sobre la situación carcelaria desde un enfoque de género.

19 jun. CI.-  La situación de la población privada de la libertad en las cárceles colombianas, siempre ha sido de pésimas condiciones, con una constante violación de derechos humanos. A esto se suma el componente de género, el cual ha sido violentado históricamente. Un escenario en el que las reclusas tienen que superar una serie de dificultades adicionales a las ya impuestas por el sistema carcelario.
Al respecto, Colombia Informa entrevistó a algunas presas políticas de la cárcel de alta y mediana seguridad de Cúcuta -COCUC-.

Colombia Informa: ¿Qué opinión les merece su situación de mayor represión al recibir condenas de más años y tener más límites en las cárceles que los hombres?

Respuesta: Estamos en un lugar donde la discriminación del género femenino es mayor, se necesita luchar por programas alternos que nos lleven a un nivel de igualdad de condiciones.

C.I: ¿Cómo ha sido su situación de reclusas en cuestión de derechos humanos?

R: Nuestra situación de derechos humanos como mujeres privadas de la libertad deja ver la ausencia de políticas y programas institucionales y así nos obligan a resistir en las cárceles bajo pésimas condiciones.

C.I: ¿Al ser mujeres, presentan más inconvenientes en higiene que los hombres, cómo sobrellevan esa situación?

R: Por supuesto, las mujeres tenemos un ciclo menstrual y también la maternidad, por ende nuestra higiene es de mayores inconvenientes ya que estamos propensas a mayores enfermedades. A pesar de que somos una población vulnerable, sobrellevamos la situación con muchas dificultades, nos toca ser muy recursivas y esas son las medidas que tiene la entidad con nuestra situación.

C.I: ¿Qué mecanismos de seguridad existen para las presas que entran en estado de embarazo?

R: Somos  ubicadas durante ese tiempo en un pasillo para pasar la maternidad, pero no tenemos ningún beneficio en plenitud, alimentación o salud, ni lo que corresponde para tener un cuidado integral.

C.I: ¿Cómo mantienen y preservan el bienestar y seguridad sexual de las presas?

R: Nuestra seguridad sexual es pésima, no existe un control serio respecto a la protección, en cuestión de métodos, información y herramientas para la anticoncepción. Además de que solo recibimos una visita íntima al mes por dos horas.

C.I: ¿Creen que existe una estigmatización hacia las presas políticas?

R: Por supuesto que sí, ha sido una lucha constante para que nos den un espacio como presas políticas. En la mayoría de las cárceles de Colombia nos ha negado ese espacio con la intención de quebrantarnos en nuestros ideales y dejándonos reducidas a lo que el Estado llama “lo peor de la sociedad”.

C.I: ¿qué exigencias piden frente a las vulneraciones a sus derechos humanos?

R: Que el INPEC cree programas institucionales, que ayuden a la reparación del flagelo del machismo que ha fragmentado y distorsionado las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Que los entes de control de derechos humanos trabajen con prácticas de control de la discriminación femenina y nos busquen soluciones como población vulnerable que somos.

http://www.colombiainforma.info/entrevista-que-significa-ser-una-presa-politica-en-colombia/

20 de Junio de 2017

Equipo Jurídico Pueblos