Equipo Jurídico Pueblos

Equipo Jurídico Pueblos

jueves, 21 de julio de 2016

INPEC IMPLEMENTA PASEO DE LA MUERTE A CIRO BALLONA INTERNO DE LA CÁRCEL DE PALOGORDO - GIRÓN

Denuncia pública por falta de atención a la salud, por tortura y paseo de la muerte a prisionero  Palogordo - Girón
La población de prisioneros de la comunidad número tres de la Prisión de Palogordo - Girón, se permite informar y denunciar ante la comunidad nacional e internacional, organismos de control y organizaciones defensoras de los derechos humanos, del grave estado de salud del compañero CIRO ALFONSO BALLONA ORTÍZ quien padece hemorroides crónica y quien requiere de manera inmediata intervención quirúrgica con carácter urgente, por cuanto al hacer sus necesidades fisiológicas expulsa chorros de sangre, deteriorándose su salud cada día que pasa.

Se interpuso acción de tutela para salvaguardar su derecho a la salud, derecho que fue tutelado por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga bajo el radicado 2016-00144-00, sin que hasta la fecha el INPEC y el CONSORCIO DE SALUD garanticen los derechos de CIRO BALLONA y por el contrario se le someta al llamado “Paseo de la Muerte”, Torturas, tratos crueles e inhumanos, que nos permitimos detallar.

1. El domingo 17 de julio de la presente anualidad, CIRO BALLONA fue valorado por el galeno del área de sanidad el doctor DIEGO RAMÍREZ, quien le formuló 8 ampollas de dexametasona, ibuprofeno, diclofenaco y bisacodilo, desafortunadamente ninguno de esos medicamentos existen en la farmacia de la penitenciaria y al día de hoy no le han sido suministrados.

2. El día 18 de julio siendo las 7:00 a.m., CIRO BALLONA fue llevado a la jaula de recepciones y allí permaneció hasta las 4:00 de la tarde, durante todo el día no le suministraron su dieta alimenticia y posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital, donde una doctora lo observó y le dijo que ella no podía hacer nada sobre esa hora (7:00 p.m.), regresándolo en un bus del INPEC a la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

3. En la Cárcel Modelo, CIRO fue sometido a pasar la noche allí a pesar de estar sangrando a chorros por el ano, fue obligado a dormir en el cuarto de locutorios en el físico suelo y bajo la inclemencia del frio, sin modo de hacer sus necesidades fisiológicas porque en dicho cuarto no hay orinal ni baño, ya sobre las 5:00 a.m. del día siguiente, fue sacado y ubicado en una jaula contigua a la cancha y allí permaneció hasta las 3:30 de la tarde y posteriormente fue trasladado en ambulancia a una estación de policía en girón, donde permaneció en un calabozo hasta que llegó otra ambulancia que lo llevo al hospital pero no para atenderlo sino para recoger internos que junto con el fueron trasladados de regreso a la prisión de Palogordo - Girón siendo las 5:30 p.m., dejándolo nuevamente en la jaula de recepciones donde permaneció encerrado hasta las 7:00 p.m. y luego conducido al patio número 3.

Lo anterior demuestra el grado de indolencia y deshumanización de los funcionarios del INPEC, del director LUIS FRANCISCO GÓMEZ BENÍTEZ del EPAMS - Girón y del CONSORCIO DE SALUD de los presos, al someter a tratos crueles e inhumanos y degradantes a CIRO BALLONA por la desatención médica y quien fue sometido a dormir como un perro sin amo en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, constituyéndose así el llamado pase de la muerte.

Al día de hoy el prisionero CIRO BALLONA, sigue botando chorros de sangre a raíz de la hemorroides crónica que padece, sin que las autoridades del INPEC y de SALUD le garanticen su sus derechos, al punto de mantener una actitud de indolencia lo cual nos ha obligado a declararnos  en desobediencia pacifica, la cual consisten en cese total de actividades e iniciando huelga de hambre indefinida hasta tanto el INPEC y el CONSORCIO DE SALUD y los ENTES DE CONTROL se comprometan a atender al compañero CIRO BALLONA

Por último, hacemos responsables al DIRECTOR DEL PENAL, AL CONSORCIO DE SALUD y los ÓRGANOS DE CONTROL, del deterioro de salud y vida del compañero CIRO BALLONA, igualmente solicitamos que secén los vejámenes y tratos crueles contra el compañero en condición de enfermo, exigimos que se le atienda de manera urgente e inmediata.

!!!Nuestra dignidad no se negocia!!!  

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO - MNC
COMUNIDAD CARCELARIA PATIO TRES

DÍA MUNDIAL CONTRA LAS MULTINACIONALES, POR SOBERANÍA, CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO Y POR LA MEMORIA DE LOS PRESOS Y DETENIDAS VÍCTIMAS DE TORTURA Y SOMETIDAS A MUERTE POR EL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y APOYO A LA LEY DE DESHACINAMIENTO CARCELARIO

Invitación

Éste 22 de Julio de 2016, participa del Día Mundial Contra las Multinacionales, por Soberanía, Contra la Impunidad de los Crímenes de Estado y por la  memoria de los presos y detenidas víctimas de tortura y sometidas a muerte por el régimen penitenciario y apoyo a la ley de deshacinamiento carcelario. 

Colombia atraviesa por una de sus peores crisis y quienes tienen el poder y gobiernan ejercen la explotación, expropiación, represión y opresión más brutal sobre las mayorías a quienes han hundido en el hambre, la desnutrición, la precarización, la pobreza, la indigencia y pretenden seguir quitándole los pocos derechos que aun quedan y no se inmutan en resolver los graves problemas sociales.

Ante las expresiones de inconformismo social la respuesta estatal es la represión. La protesta es militarizada. El alto gobierno anuncia fortalecer el Esmad ante una etapa de mayor movilización social. Desde las esferas de poder, la cárcel es vista como la única solución, mientras tanto, miles de colombianos mueren lentamente víctimas del aterrador sistema carcelario en la que predomina el concepto de seguridad en desmedro de los derechos humanos de la población privada de la libertad.

La política neoliberal aplicada en Colombia arroja inmensos beneficios para los capitalistas extranjeros dueños de las multinacionales, grupos financieros y los oligarcas criollos propietarios de los  conglomerados nacionales que se asociaron para crear un régimen de terror contra la población, para apoderarse de nuestros mercados y fuentes de materias primas agrícolas, minerales y energéticas, controlan la tecnología e infraestructuras y monopolizan las finanzas. Se  transformaron así en dueños de la industria, el comercio y los servicios, acelerando el proceso de transnacionalización, reprimarización y financiarización. Se aliaron con la oligarquía criolla y los narcoparamilitares para “limpiar” los territorios de donde extraen carbón, petróleo, gas natural,  níquel, oro, platino y plata y quitarles la tierra a campesinos, afrodescendientes e indígenas a fin de expandir los cultivos de palma africana, banano y caña de azúcar.

Contra ésta cruel política, participa el 22 de julio de 2016, de la Caravana de denuncia que iniciará a las 5:00 A.M., frente a las instalaciones de la multinacional Coca Cola en el Kilometro 2 vía a Girón, pasando por varias empresas e instituciones del área metropolitana de Bucaramanga, además plantones en la cárcel de Mujeres de Bucaramanga -Chimitá- y en la cárcel Modelo de Bucaramanga, llegando a las 3:00 p.m. a la plazoleta Luis Carlos Galán frente al Palacio de Justicia, donde realizaremos el acto cultural, en memoria de las victimas, los luchadores políticos detenidos y reivindicar la resistencia contra éste antisocial modelo económico.

Bucaramanga, 12 de julio de 2016

Convocan: 

Sinaltrainal, Equipo Jurídico Pueblos -EJP-, Somos Acción Libertaria, Movimiento Nacional Carcelario -MNC-,  Sintraincopmed, Uso, Unimotor, Sintratextil, Frente Amplio Estudiantil -FAE-, Sintracap, Sintraine, Sintraclinicas, Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria agregado CUT - Santander, Colectivos de presos políticos de la cárcel de Palogordo.

lunes, 18 de julio de 2016

PRESOS DEL PATIO SEIS DE PALOGORODO SE COSEN LOS LABIOS EXIGIENDO ATENCIÓN EN SALUD

Los internos del patio numero 6 entramos en desobediencia pacífica para reclamar nuestros derechos a la salud y derechos administrativos los cuales vienen siendo vulnerados sistemáticamente por la dirección del EPAMS Girón - Santander.

Por lo anterior, nos vemos obligados a cosernos la boca para entrar en huelga de hambre hasta que nos solucionen nuestros problemas.

Hemos agotado todos los recursos jurídicos, como la tutela y derechos de petición. Además acudimos a nuestras banderas de lucha para hoy entrar en esta desobediencia pacifica  reclamando nuestros derechos administrativos y jurídicos.

Vamos a esta forma de protesta pacífica como la huelga de hambre, obligados a cosernos la boca hasta el tiempo necesario para que nos clasifiquen en fase de mediana y mínima seguridad, lo cual no se ha hecho por negligencia de la administración; muchos presos lleva hasta cuatro y más años pasados para ser clasificados en mediana seguridad y acceder a los beneficios administrativos como la libertad condicional, 72 horas, entre otros.

Palogordo, 19 de julio de 2016.

Iván Galvis Aparicio  TD 2462
Jimmy Alejandro Hurtado TD 4302
Harlie Zaan Espitia TD 3957
Juan Francisco Galvo  TD 444
Sergio Andrés Tarazona TD 6398
Oscar Fonseca TD 6374
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO - MNC

ATENTADO CONTRA TESTIGO DE LA MUERTE DEL INTEGRANTE DE COMUNIDADES NEGRAS ASESINADO EN CHIRIGUANÁ POR LA POLICIA NACIONAL

Naimen Agustin Lara
El 17 de julio de 2016, en el punto de Boca del Puente, en la entrada al corregimiento de la Sierrita del municipio de Chiriguaná atentaron contra la vida de una de las familiares, testigo del homicidio de NAIMEN AGUSTIN LARA perpetrado por la Policía Nacional el pasado 11 de julio en el marco de una protesta de la comunidad en la que exigían mejor servicio de salud. 

La joven YERALDIN LARA BITTA de 19 años de edad, se desplazaba desde Cruce hasta su residencia siendo perseguida por un hombre desconocido. Ante la situación y el temor que sintió, ella logró comunicarse con una prima a quien le dijo que estaba siendo objeto de seguimiento por una persona extraña. La familia y la comunidad de manera inmediata procedieron a buscarla. Tiempo después la encontraron en una parte solitaria muy cerca del lugar donde NAIMAN AGUSTIN  fue asesinado.

La Joven estaba inconsciente, en ropa interior, la blusa y el pantalón rasgados violentamente, con un nylon sobre su cuello ya que su victimario intentó asfixiarla; sus objetos personales: celular, un bolso y una cadena de oro fue halladas en el lugar.

De inmediato fue traslada al hospital del municipio donde recibió la atención médica, allí se pudo observar que fue fuertemente golpeada en la frete al parecer con un ladrillo y en el abdomen con un objeto contundente, se  observa fuertes señales de violencia en su cuello.

Lo que Yeraldin ha podido comunicar a la familia, es que se trataba de un hombre corpulento que en todo momento la amenazó con un arma blanca, llevaba capucha, que le manifestó que no fuera a declarar por la muerte de su tío de lo contrario ella o su familia se morirían. En el lugar de los hechos se encontró el nylon y cuchillo siendo entregado a la policía nacional. Según exámenes realizados hasta el momento se descarta que haya sido accedida carnalmente, aunque por la forma como fue hallada es posible hablar de violencia sexual contra la joven.

Responsabilizamos directamente al Estado colombiano por este grave hecho y de cualquier atentado contra la vida o integridad personal de la familia LARA y cualquier otra víctima o testigo del accionar criminal del Esmad y de la Policía de Chiriguaná. 

Exigimos de manera inmediata la adopción de medidas preventivas y de protección, entre otras el relevo o destitución de todo el personal policial asignado a esta región que participó en las acciones de agresión contra la comunidad que protestaba.

Exigimos igualmente resultados inmediatos en las investigaciones por lo ocurrido, la asignación especial del caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH y que la Procuraduría General de la Nación asuma la indagación disciplinaria, retirando de la Policía Nacional cualquier labor investigativa.

Bucaramanga, 18 de julio de 2016

Equipo Jurídico Pueblos

sábado, 16 de julio de 2016

EN RECHAZO A LA REVICTIMIZACIÓN DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA

DENUNCIA PÚBLICA

  

Las organizaciones políticas, del movimiento social, defensoras de derechos humanos y de prisioneras y prisioneros políticos, organizaciones de mujeres y personalidades abajo firmantes: 

DENUNCIAMOS QUE

A pesar de los anuncios del gobierno y la insurgencia de las FARC-EP sobre la cercanía de un Acuerdo final, el Estado sigue dando muestras de su accionar represivo.

Lejos de ajustar su actuación en clave de generar confianzas en la nueva etapa que se avecina, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha decidido dar continuidad al proceso de cobro coactivo en contra de la socióloga y defensora de derechos humanos Liliany Patricia Obando Villota, pretendiendo a través del mismo ejecutar la multimillonaria multa impuesta como parte de la pena por el delito de rebelión.

Sentencia, que debe recordarse, fue proferida en desarrollo de un cuestionado proceso, en el que se vulneraron todo tipo de garantías judiciales. Liliany no sólo fue condenada mediáticamente incluso desde antes de su captura, violando su derecho a la presunción de inocencia y a su intimidad, sino que la determinación judicial se basó en pruebas ilegales, desechadas por la Corte Suprema de Justicia en otras actuaciones.

Sumado a ello, tanto los medios de comunicación como las determinaciones de los operadores de “justicia” reprodujeron una constante violencia de género, sometiéndola a un “sutil” maltrato a su condición de mujer. A su presentación ante la opinión como la “amante” o “compañera sentimental” del abatido comandante de la insurgencia Raúl Reyes, lo cual refleja la forma como la asignación de roles sociales a la mujer se reproducen en los procesos judiciales denigrando de la condición femenina, se sumaron repetidas negativas al reconocimiento de los beneficios que la ley contempla para las madres cabeza de hogar, que como Liliany deben asumir solas la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos.

Hoy, esta misma violencia de género se reproduce con la decisión de perseguir el patrimonio de su familia, para supuestamente reparar a sus presuntas víctimas, que jamás existieron en el proceso penal.

El Estado sigue empeñado en continuar un proceso de inversión de la verdad, tratando como victimarios, a quienes en realidad son víctimas del abuso del poder judicial y su uso como arma de guerra.

Mientras se anuncia la próxima implementación de un Sistema Especial de Justicia y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que permitirá, entre otras cosas, la revisión de sentencias proferidas arbitraria e ilegalmente, se persiste en el ensañamiento contra quienes han sido sometidas a la cárcel y el escarnio público, por sus supuestos vínculos con la insurgencia.

La determinación contenida en el auto 4325 de mayo 31 de 2016, en contra de Liliany Obando, emanada de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que reza: “… ORDENAR el embargo del bien inmueble…”, no sólo constituye una afrenta en la construcción de confianzas en este momento crucial del proceso con las FARC-EP, sino que es un claro reflejo de una política estatal que desconoce por completo una perspectiva de género en sus actuaciones, al perseguir sin miramiento alguno de su condición social, a las mujeres que se enfrentan a la realidad de proteger y garantizar la estabilidad integral de sus hijas e hijos.

Ante esta nueva evidencia de la violencia estatal, hacemos un llamado a la solidaridad. Un llamado a rechazar la continuidad de la política de guerra que sigue usando el gobierno en las decisiones jurídicas contra quienes han sido condenados por su pensamiento crítico, como Liliany Obando.

Rechazamos cualquier tipo de estigmatización, persecución y revictimización contra Liliany.  La paz son cambios y no discurso, por ello, el silencio  NO es alternativa!


PETICIONES

Solicitamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, defensoras de la Paz y la Justicia Social, nacionales e internacionales, enviar cartas de apoyo y solidaridad con Liliany y de presión a las instituciones colombianas, solicitando:

1.    La SUSPENSIÓN de la medida de cobro coactivo de la multa y embargo de su inmueble familiar (Radicado No. 20161120039833, Auto 4325 del 5/31/2016), para que su caso pueda ser revisado en la JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, en consecuencia con lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones de Paz entre el gobierno Santos y las FARC en el Punto V de la agenda: VICTIMAS.

2.    Que cese la estigmatización, persecución y revictimización en contra de la Socióloga y Defensora de Derechos Humanos LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA.

3.    Que se garantice el respeto a su vida, su integridad física y moral y la de su familia.


Sus cartas de presión y solidaridad con Liliany puede dirigirlas a las siguientes direcciones, con copia a:

RED INSPP  - Correo electrónico: contact@inspp.org

JUAN MANUEL SANTOS
PRESIDENTE DE COLOMBIA
Dirección: Casa de Nariño, Carrera 8 No. 7 – 26 Bogotá
Correo electrónico: contacto@presidencia.gov.co
http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Gobierno/Paginas/JuanManuelSantosCalderon.aspx


ALAN JARA
Director
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Dirección: Calle 16 No. 6 – 66 Edificio Avianca

IVAN SARMIENTO GALVIS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Dirección: Carrera 6 No. 14 – 98

Doctor
SERGIO JARAMILLO
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ
Dirección: Casa de Nariño, Carrera 8 No. 7 – 26 Bogotá


DELEGACIÒN DE PAZ DE LAS FARC – EP
La Habana – Cuba



Firman,

GLORIA INÉS RAMÍREZ, Ex Senadora de la República

LILIA SOLANO, Relaciones Internacionales de la Unión Patriótica, Consejera del Consejo Nacional de Paz

MARK BURTON, abogado defensor de Derechos Humanos (EEUU)

JUSTICE FOR COLOMBIA (Inglaterra)

MARCHA PATRIÒTICA

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

COMISIÓN DE SOLIDARIDAD CON LAS DETENIDAS Y PRESOS POLÍTICOS DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

DEPARTAMENTO DE MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

UN MILLON DE MUJERES DE PAZ

COLECTIVA JUANA JULIA GUZMÁN

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP

BRIGADA JURÍDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA – BJEUM

FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS - FCSPP

COMITÉ PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH

FUNDACION POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH DEL CENTRO Y ORIENTE DE COLOMBIA – DHOC

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

OBSERVATORIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS RAFAEL URIBE URIBE – ODDHHRUU

PAIS PLURAL

REBELDIA ENTRE MUROS

ASOCIACION NACIONAL PARA LA AYUDA SOLIDARIA – ANDAS

CAMPAÑA SOMOS DIGNIDAD

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

CAMPAÑA YO TE NOMBRO LIBERTAD

ROMPIENDO CADENAS

FAMILIARES CASO LEBRIJA


Más organizaciones y personalidades adhiriendo… ¡unidas y unidos por la Solidaridad y la Paz para Colombia!



Bogotá, Colombia, Julio 15 de 2016

viernes, 15 de julio de 2016

DURANTE PROTESTA EN CHIRIGUANÁ EL ESMAD Y POLICÍA ASESINA CON ARMA DE FUEGO A AFRODESCENDIENTE Y PRODUCE GRAVES HERIDAS A OTRAS DOS PERSONAS

Durante una jornada de protesta social adelantada por pobladores del municipio de Chiriguaná - Cesar, el Esmad y patrulleros de la Policía Nacional asesinaron con arma de fuego al dirigente de negritudes NEIMAN AGUSTIN LARA; hirieron con arma de fuego a una segunda persona que padece trastorno mental; hirieron gravemente a otro joven a quien arrollaron con una moto oficial sobre su cuerpo en tres ocasiones; golpearon brutalmente con los bolillos en la cabeza a un número considerable de pobladores, golpearon en el rostro a varias mujeres; irrumpieron sin orden judicial a viviendas; detuvieron arbitrariamente, destruyeron bienes de la comunidad, hurtaron objetos personales y aplicaron tortura colectiva a los pobladores del centro del departamento del Cesar.

Los pobladores del corregimiento La Sierrita del municipio de Chiriguaná, decidieron realizar una jornada de protesta ante la decisión del Ministerio de Salud de cerrar el Hospital público San Andrés que presta el servicio a los municipios del centro del departamento del Cesar. El 11 de julio desde tempranas horas de la mañana optaron por apostarse sobre la vía que conduce a Bosconia, más concretamente en el punto conocido como el Cruce.

Desde las tres de la mañana se concentraron en varios puntos de la vía; a las 5:30 am los policías de Chiriguaná hicieron presencia en el Cruce. Una hora después, irrumpieron de manera violenta con el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, lanzando de manera indiscriminada granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la humanidad de los manifestantes sin mediar palabra.

Lo anterior dispersó a los manifestantes quienes horas después se concentraron nuevamente en la vía generando la reacción violenta del Esmad y de los miembros de la Policía. Los primeros, ingresaron sin orden judicial a varias viviendas y negocios ubicados en el Cruce, violentando las puertas; en una de ellas golpearon fuertemente a unos de los voceros de la comunidad, quien minutos antes con Megáfono en mano suplicaba al Esmad que suspendiera los atropellos en la medida que en el lugar habían mujeres, niños y adultos mayores. El dirigente fue golpeado por varios miembros del Esmad; uno de ellos le arrojó una roca contra su humanidad, sin que por fortuna lo alcanzara; después de someterlo a golpes le quitaron el celular procediendo a estrellarlo contra el piso llevándose la Simcard.

En esa misma vivienda, mientras algunos agentes golpeaban con sus bolillos a otro joven, un patrullero de la Policía Nacional sacó un arma corto punzante enterrándola en el glúteo izquierdo de la víctima. El dueño del inmueble fue insultado con palabras soeces, intimidándolo.

Cerca de allí, una dirigente comunal de 55 años de edad fue rodeada por los policías y Esmad con la intención de golpearla, pero ante la presencia de la comunidad, proceden a insultarla, y después un sargento del ESMAD con su bolillo arremetió contra su motocicleta.

Un pequeño comerciante ajeno totalmente a la protesta, por el solo hecho de tener su establecimiento en el Cruce, fue sometido a la fuerza siendo golpeado por Policiales y arrojado violentamente al interior de una patrulla de tránsito y transporte produciéndole al parecer fracturas en varias de sus costillas. Un poblador que grababa con su celular los atropellos fue golpeado fuertemente por hombres del Esmad, quienes le destruyeron su celular y seguidamente procedieron a hurtar la Simcard y la memoria microSD que contenía la evidencia de los abusos cometidos por la fuerza pública.

Minutos después, a cien metros del cruce, en la vía que conduce hacia el municipio de Chiriguaná, en el momento que varias personas corrían para protegerse de los gases lacrimógenos, el joven TONY RAFAEL JIMÉNEZ LERMAN de 29 años de edad, fue alcanzado por un motorizado de la Policía de la estación de Chiriguaná, quien de manera premedita lo hace caer y procede a pasarle la moto en tres ocasiones por encima produciéndoles graves heridas.

En otra vivienda cercana al Cruce los miembros del Esmad ingresaron de manera arbitraria insultando a sus moradores, ante los reclamos de la familia un agente golpeó en la cara a una mujer, levantando la mano en señal de que haría lo mismo si cualquier otra persona decía algo.

Cerca de las tres de la tarde, en el corregimiento de Rincón Hondo de Chiriguaná, un número aproximado de 10 miembros del ESMAD irrumpieron violentamente y sin orden judicial a una casa dañando la chapa golpeando a los jóvenes EZQUIEL JOSE TORRES SANCHEZ, IVAN NAVARRO y DANIEL MAURICIO QUINTERO RAMIREZ. Del lugar, sacaron a uno de ellos golpeándolo hasta dejarlo inconsciente; mientras que al otro de 18 años de edad la obligaron a arrodillarse recibiendo un fuerte golpe en la cara. El tercero fue golpeada en la cabeza originándole una herida abierta en cuero cabelludo.

Esta situación originó que las familias de la cuadra intercedieran por las víctimas, siendo amenazados con armas de fuego; a una vecina que gritaba desde la distancia que pararan la golpiza le disparan contra su humanidad una granada de gas lacrimógeno. Finalmente se llevaron dos celulares de propiedad de los jóvenes agredidos y al salir golpearon con sus bolillos lo motocicleta de uno de ellos.

Igualmente en Rincón Hondo, LUIS CARLOS ARTURO BARAHONA OSPINO de 31 años de edad, quien padece una fuerte limitación cognitiva, recibió dos disparos de arma de fuego accionada al parecer por miembros de la Policía Nacional. En este momento permanece en observación en un centro hospitalario de Valledupar,  luego de salir de cirugía del brazo derecho.

A las 5:00 pm, en el punto de Boca del Puente, en la vía que conduce del Cruce a Rincón hondo, la comunidad se encontraba apostada sobre la vía cuando arribaron dos camionetas y motorizados de la Policía de la estación de Chiriguaná; simultáneamente hizo presencia efectivos del ESMAD quienes dispararon gases lacrimógenos de manera horizontal contra los manifestantes produciendo la estampida de los pobladores; en ese instante un Policía descendió de una de las motocicletas, avanzó en paralelo por el muro de una casa y sacó una pistola 9 mm de su pierna, la cual apuntó contra varias personas que huían de los gases. De esta manera, procedió realizando un primer disparo contra un joven sin lograr impactarlo, de inmediato disparó contra una segunda persona fallando de nuevo, y en la tercera oportunidad activó su arma, impactando en la espalda de NAIMAN AGUSTIN LARA, quien minutos después falleció.

Al caer NAIMAN AGUSTIN, una familiar solicitó ayuda a los policiales quienes proceden a encender sus vehículos abandonando el lugar. La comunidad reaccionó logrando que una ambulancia lo trasladara al Hospital de Chiriguaná al cual ingresó sin signos vitales. Ante esta situación, la población indignada se dirigió el casco urbano de Chiriguaná para expresar su inconformismo.

NAIMAN AGUSTIN LARA de 39 años de edad, padre de seis hijos menores de edad, era un reconocido dirigente del Consejo de Comunidades Negras de la Sierrita, el Cruce y la Estación de Chiriguaná -CONESICE-, era representante del comité de deportes. Conocido por la difusión del deporte en la juventud de La Sierrita, motivo por la cual lo llamaban profesor. El sepelio realizado el 13 de julio de 2016 fue multitudinario, en él la comunidad expresó su solidaridad con la familia de NAIMAN y al mismo tiempo su indignación contra las autoridades de todo nivel que se muestran indolentes ante la problemática social que aqueja esta región de Colombia.

Durante la visita de verificación, realizada el 13 de julio por miembros del Equipo Jurídico Pueblos con acompañamiento internacional al lugar de los hechos, se pudo constatar de manera directa que hombres del ESMAD que se movilizaban en un camión tipo furgón sin placas, bajaron del vehículo armas de fuego de largo alcance tipo fusil. Igualmente durante la conversación realizada en el parque principal del municipio de Chiriguaná con el Teniente Coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval - Comandante Operativo de la Policía del Cesar, los abogados del EJP fueron filmados por un hombre de civil quien fue visto dos horas más tarde durante el sepelio NAIMAN AGUSTIN; esta persona de tez blanca de ojos claros se acercó al escolta de los abogados indagando por el tipo de blindaje del vehículo.

La familia de NAIMAN AGUSTIN y en general los pobladores de la Sierra expresaron temor por la presiones que está ejerciendo funcionarios de la Policía Nacional y la Sijín para que les entregue nombre de testigos de los hechos; igualmente, se tiene conocimiento que se está adelantando diligencia por parte de la Inspección de la Policía Nacional cuando en estos casos la investigación disciplinaria debería asumirla la procuraduría delegada para los derechos humanos. En igual sentido, hasta el momento de la verificación, ningún despacho fiscal ha asumido la investigación, tan solo, fue asignada una funcionaria del CTI del Chiriguaná, quien por supuesto, no genera la confianza suficiente pues existe un alto riesgo de presión por parte de la policía.

Lamentablemente los victimarios continúan laborando en la Estación de Policía de Chiriguaná al mando del Capitán Hegel García sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas inmediatas como el traslado del personal. Por otro lado, el ESMAD continúa patrullando la región intimidando a los pobladores, portando armas de largo alcance, tal como fue constado por el Equipo Jurídico Pueblos.

La respuesta de la alcaldesa de Chiriguaná ZUNILDA TOLOZA fue la de rendir declaraciones confusas ante los medios de comunicación dejando entrever que los manifestante portaban armas de fuego, cuando es un hecho totalmente falso; incluso se llegó afirmar que la protesta estaba infiltrada por el Ejército de Liberación Nacional. Información que inicialmente la Policía Nacional intentó trasmitir para justiciar los crímenes perpetrados por esta institución.

La violenta respuesta oficial en Chiriguaná contra el ejercicio del derecho a la protesta social no es un hecho aislado. En la pasada jornada de movilización nacional convocada por la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular fueron asesinados por el ESMAD en el sur occidente de Colombia los indígenas WILLINGTON QUIBERACAMA NEQIRUCAMA, GERSAIN CERON y MARCO AURELIO DÍAZ; igualmente el 3 de junio del presente año murió el estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá MIGUEL ANGEL BARBOSA después de haber recibido dos meses atrás una fuerte golpiza del Esmad en el marco de una protesta estudiantil; mientras que en actual paro camionero el joven LUIS ORLANDO SAIZ de 19 años murió después de haber sido impactado en su rostro por una granada de gas lanzada por un miembro de ese escuadrón policial; hechos que por su sistematicidad obedecen a directrices presidenciales dirigidos contra la población civil con el objetivo de reprimir la inconformidad social, y por tanto constituyen sin duda alguna Crímenes de Lesa Humanidad. El presidente Juan Manuel Santos, el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, el Teniente Coronel Mauricio Bonilla, el Coronel Jorge Urquijo, el Capitán Hegel García y el comandante nacional del Esmad Coronel Rafael Alberto Méndez son autores de estos hechos considerados como Crímenes Internacionales conforme el Estatuto de Roma.  

Mientras el gobierno de Santos posa de abanderado de la Paz, refuerza el aparato represivo, en especial el ESMAD, para neutralizar mediante la violencia Estatal las expresiones de inconformismo popular que se acrecienta en todo el territorio colombiano.

La respuesta estatal contra la protesta social, es solo un indicador de la evidente continuidad que tendrán las profundas causas que ha justificado el conflicto en Colombia. Un preocupante falta de voluntad política del Gobierno y los sectores representados en él de promover y construir una sociedad justa, en la que las condiciones indignas de miseria a las que se somete a las grandes mayorías de la población sean atendidas y resueltas. Una fuerte advertencia del silenciamiento que seguirá teniendo el pueblo que protesta.

 Bucaramanga, 13 de julio de 2016

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS -EJP-

Galería Fotográfica  
 
Vehículo sin Placas del cual el ESMAD bajo armas largas tipo Fusil

Coronel Urquijo Comandante Operativo Polícia Cesar

Persona que fue Torturada por el ESMAD y la Polícia

Persona herida con Arma Corto punzante por Miembros del ESMAD y la Polícia

Celular Hurtado por la Polícia, lo único que le dejaron al propietario

Arremetida del ESMAD y Polícia contra Objetos Personales de las comunidades
Tony Rafael Jiménez - Esmad y Polícia lo atropellan con la motocilceta en varios oportunidades

Joven golpeado en el rostro por miembros del ESMAD y Polícia en Rincón Hondo

Tratos Crueles e Inhumanos y Tortura a los Pobladores de Rincón Hondo

Sepelio de Neiman Agustin Lara en el Corregimiento La Sierrita de Chiriguaná
Multitudinaria Movilización de Familiares y Amigos de Neiman Lara

miércoles, 13 de julio de 2016

Comunicado de la sociedad civil colombiana frente a la política pública sobre Derechos Humanos y Empresa del Gobierno de Colombia

12 de julio de 2016

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación frente a la construcción de la política pública sobre Derechos Humanos y Empresa (DHyE) encabezada por la Consejería Presidencial de DDHH, y frente a la implementación de su principal instrumento: el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos (en adelante PNA). Esta política pública, que en su esencia debería estar enfocada en atender y ofrecer soluciones efectivas ante la ocurrencia de violaciones de los DDHH de las comunidades asentadas en los territorios donde se implementan proyectos de extracción de recursos naturales y de inversión en cabeza de actores empresariales diversos, adolece de una serie de defectos estructurales que despiertan nuestra preocupación frente a las deficientes respuestas que ofrece el Estado en este sentido y, por tanto, motivan este comunicado.

Nos sentimos preocupadas porque el PNA, en palabras de la misma Consejería Presidencial, es un marco que da respuesta a las necesidades de las empresas inversoras, visto que se trata de un documento construido sobre un gran vacío en diagnósticos referidos a: i) impactos y violaciones a DDHH generadas como consecuencia del desarrollo de las actividades empresariales en los territorios, ii) vacíos en la normativa colombiana en materia de Empresas y Derechos Humanos, iii) mecanismos efectivos de prevención y remediación, aspectos todos ellos que consideramos deben ser comprendidos cabalmente si existe una motivación verdadera en dar soluciones con garantías para las víctimas afectadas por el actuar empresarial. A estos vacíos sobre los que se construye la política de DHyE, cabe añadir que el texto del PNA plantea sin pudor el respeto a los DDHH como “ventaja competitiva empresarial”, lo cual indica claramente que la política de DHyE del Gobierno colombiano busca ofrecer un escenario propicio para atraer flujo de inversiones hacia el país, ofreciendo un marco político y jurídico con base en estándares internacionales de responsabilidad, sin que eso implique necesariamente una protección efectiva de los derechos de las comunidades afectadas, ni un obligatorio respeto de los DDHH por parte de las empresas.

La política pública de DHyE normaliza e ignora el evidente desequilibrio en el diálogo entre Empresas y comunidades afectadas por violaciones de DDHH, promoviendo los espacios multi-actor y los mecanismos no judiciales como los instrumentos idóneos para la prevención, mitigación, resolución de conflictos e incluso para el acceso a remediación frente a las tensiones y violaciones de DDHH por parte de Empresas. En esta línea, el Gobierno a través de este PNA no ofrece ningún tipo de garantía para las víctimas de violación de DDHH por parte de Empresas, pues precisamente en estas últimas  delega i) la recepción de quejas y reclamos sobre los impactos adversos en DDHH, ii) el seguimiento de los avances en mitigación de impactos negativos y iii) la evaluación de impactos posibles o existentes de su actividad sobre las personas y sobre el medio ambiente. En este planteamiento, donde la víctima debe reclamarle directamente al agente violador de sus derechos, el Gobierno colombiano está desconociendo el enfoque pro victima que debe inspirar todos los marcos en materia de DDHH; adicionalmente, nadie más allá de las empresas valora qué tan apropiadas son las medidas tomadas y, además, el PNA no prevé mecanismo alguno para el caso en que no sea tomada ninguna acción frente a los impactos negativos ocasionados, dejando un gran margen para la impunidad.

Con este tipo de propuestas, queda patente como el Gobierno sigue sin tomar con seriedad que las Empresas en la ejecución de sus actividades generan impactos (daños) que derivan en violaciones de DDHH, y desconoce de forma negligente la necesidad de incorporar los principios básicos de aplicación de los derechos humanos (principio pro-víctima, pro-homine, igualdad y no discriminación, precaución y prevención, etc.) en la atención de estas indeseables situaciones. Gran parte de las violaciones a DDHH se da en el marco del incumplimiento con las leyes nacionales y la Constitución por parte de las Empresas y del mismo Estado; el Gobierno debe exigir (y exigirse) un cumplimiento cabal de la Constitución y las leyes, tomando el respeto a los DDHH como parte del bloque de constitucionalidad, y siendo éste un aspecto prioritario e imprescindible para el desarrollo de las actividades económicas en territorio colombiano. El respeto a los DDHH no puede abandonarse a merced de la voluntad de los actores empresariales, sino que se constituye en una obligación que nos asiste a todas y todos, incluyendo al Estado y a las empresas.

En este punto, habiendo constatado la crisis que se registra en las regiones en términos de irrespeto a los DDHH por parte de los actores empresariales, no nos sirve que la Consejería se empecine en decir que el PNA ha sido un gran esfuerzo y una prueba de buena voluntad del Gobierno en trabajarle a este tema, o que ya iniciada su etapa de implementación se siga repitiendo que se trata de “documento vivo”. El motivo de nuestra preocupación en realidad, y la cuestión que invitamos a  analizar aquí es si en verdad el PNA está ofreciendo algún tipo de garantía para las víctimas o si más bien sigue desconociendo los problemas concretos, la responsabilidad de las empresas en la violación de DDHH y ahondando las vulnerabilidades de las comunidades asentadas en los territorios de interés inversionista.

Consideramos que con la promoción e implementación del PNA, y con la negativa por parte del Ejecutivo colombiano frente al apoyo a posibles mecanismos de carácter vinculante para el control de las conductas empresariales en lo que se refiere al respeto de los DDHH, se les está negando a las comunidades afectadas la posibilidad de un verdadero ejercicio de exigibilidad de derechos, y se está menguando toda garantía (jurídica o política) para las víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas con las actividades empresariales en terreno. De continuar con el rumbo que dicha política se ha trazado, ignorando las problemáticas concretas en terreno, a sus víctimas y las herramientas esenciales para la protección de derechos, esta iniciativa no hará sino profundizar los conflictos socio-ambientales del país y la injusticia, socavando las posibilidades de construcción de una verdadera paz territorial, estable y duradera, en Colombia.

Por todo lo expuesto hasta aquí, instamos al Gobierno a:

1)      Analizar y reconsiderar los vacíos estructurales de la política pública sobre DHyE;
 2)      Retomar las funciones que le son propias en favor del cumplimiento efectivo de las leyes y los principios constitucionales para recuperar el control efectivo frente a los riesgos que se ha demostrado tiene la implementación de los proyectos de inversión en los territorios;
 3)      Ofrecer las respuestas que se esperarían de una política pública en DDHH: un marco institucional que ofrezca mecanismos efectivos para la prevención de impactos de los proyectos de inversión en los territorios, y respuestas claras -de tipo normativo y regulatorio- para ofrecer garantías a las víctimas de violaciones de DDHH ya perpetradas y para prevenir su repetición.
Organizaciones firmantes:
Asociación AMBIENTE Y SOCIEDAD
Asociación MINGA
Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA
Colombia PUNTO MEDIO
Comisión Intereclesial de JUSTICIA Y PAZ
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Equipo Jurídico PUEBLOS
Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Greenpeace Colombia
Grupo de investigación geo-ambiental TERRAE
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
Observatorio de Expansión Minero-Energética y Re-Existencias
Pensamiento y Acción Social - PAS
SOS Ambiental



Para más información: mesaeydh@gmail.com