Equipo Jurídico Pueblos

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viernes, 30 de enero de 2015

TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES POR PARTE DEL INPEC A PRES@S DEL COMPLEJO CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA

Los pres@s confinados en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta, denunciamos ante los medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional, el sometimiento a Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes por parte del INPEC; es de conocimiento público la crisis humanitaria que se presenta en este campo de concentración donde se pierde la garantía de los más elementales Principios y Derechos Constitucionales. 

Sin embargo en lo corrido del año 2015 la situación se hace cada vez más precaria dado a la proliferación de enfermedades infecto- contagiosas como lo son: la Tuberculosis, la Varicela, la Viruela y para el colmo tenemos el letal brote de Meningitis Bacteriana, que ha cobrado la vida de nuestro compañero Henry Gregorio Ferrer Carrillo del patio 1 y tiene en cuidados intensivos a dos compañeros más. 

Con indignación hemos visto cómo la negligencia de los funcionarios de la Administración, la IPS Vihonco, CAPRECOM y la oficina de Salud Pública del INPEC son responsables de la muerte y el estado de salud de nuestros compañeros, lo mismo nos ocurre con la Defensoria del Pueblo, la Procuraduria, la Personeria, y la secretaria de salud e incluso, los Jueces de Ejecución de Penas de Cúcuta, quienes han guardado un silencio cómplice frente a esta grave situación que amenaza aa nuestros derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta los hechos de los últimos días y el estado de vulnerabilidad en que nos encontramos, resulta irracional que las autoridades sigan de espalda dejándonos a la exposición y contagio de estas enfermedades. Hasta la fecha no ha sido posible que se ponga en marcha un plan de contingencia para evitar que mas presos nos sigamos contagiando, sólo se han tomado algunas medidas para los funcionarios del INPEC y personal de las EPS, pero en los patios donde se presentaron los brotes no se ha hecho nada para evitar nuevos infectados. Esto lo entendemos como una clara y efectiva discriminación a la población reclusa. 

Cómo es posible que mientras el Gobierno Nacional habla de PAZ y de RECONCILIACIÓN, a los pres@s se nos siga dando un tratamiento de guerra propio de los campos de concentración de la Alemania NAZI. En dónde queda el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales, si en uno de los compromisos con la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5 numeral 2 se estableció que toda persona privada de la libertad será tratad con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En estos momentos no tenemos garantías para nuestros derechos dado el contubernio entre el INPEC y la administración de justicia pues ya ni con la Tutela podemos acceder l servicio de salud, sólo nos queda la lucha y las instancias internacionales para que el Estado Colombiano acate los tratados y acuerdos internacionales y la Constitución Nacional, y en ese sentido busque un solución de fondo al hacinamiento como la principal causa de la crisis humanitaria en las prisiones de Colombia, en donde no es racional las medidas legislativas para el aumento de las penas ni la construcción de más Cárceles.

PLIEGO DE PETICIONES

1. Solicitamos un plan de contingencia para erradicar el brote de enfermedades infectocontaagiosas como son: la Meningitis, la Tuberculosis, la Viruela y la Varicela, para ello solicitamos un barrido a todos los pres@s del Complejo y se decrete la emergencia sanitaria.

2. Solicitamos una campaña de vacunación contra estas enfermedades y el tratamiento integral y oportuno a las patologías que aquejan a esta población incluyendo el servicio de alimentación.

3. Solicitamos la presencia inmediata de las siguientes autoridades a fin de tratar las condiciones para la ejecución del plan de contingencia, estos son:

*Dirección General del INPEC*Dirección Regional Oriente del INPEC. 
*Dirección del Complejo Penitenciario-Cúcuta.        
*Gerente de CAPRECOM-norte de s/der.
*Gerente de la IPS VIHONCO.
*Oficina de Salud Pública.
*Secretaria de Salud-norte de S/der.

4. Como garantes de este pliego de peticiones solicitamos la presencia de:

*Procuraduria General de la Nación.
*Defensoria del Pueblo B/ta.
*Comité de Derechos Humanos del Senado.
*Gobernación de norte de S/der.
*Alcaldia de Cúcuta.
*Jueces de Ejecución de Penas de Cúcuta.
*Asocición de Familiares y Amigos de los Presos-Cúcuta.


"PORQUE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS NO SE PIDE....SE EXIGE". 

VIVA EL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO!        

Cúcuta 29 de Enero de 2015

jueves, 15 de enero de 2015

La desastrosa delimitación del páramo de Santurbán y la inmediata respuesta ciudadana

Por: Alberto Castilla. 
Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo


Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.
En primer lugar, preocupa que la delimitación reduce el área del páramo. El páramo pasó de tener 129.743 a solo 98.954 hectáreas protegidas, lo que significa una reducción del 24% frente a lo determinado por el instituto Humboldt en virtud de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 937 del mismo año expedida por el Ministerio de Ambiente.  En las casi 30.000 hectáreas donde se elimina la protección se establecen las llamadas zonas de restauración y zonas de uso sostenible, zonas que en la práctica permiten la actividad minera. Esta sustancial reducción del área protegida se debe a la modificación de la cota del páramo que pasó de 2.800 a  3.100 metros sobre el nivel del mar. Tal redefinición es un evidente retroceso en el cumplimiento de los deberes constitucionales e internacionales del Estado colombiano en cuanto a la protección de los ecosistemas estratégicos.
En segundo término, la reducción del páramo también se hace de manera indirecta, ya que se desnaturalizó el sentido de los derechos adquiridos. Lo anterior implica que incluso se podría permitir que continúe o se inicie la actividad minera en las 98.954 hectáreas supuestamente protegidas.  Lo anterior se deriva de la validación de los títulos mineros y las licencias ambientales otorgadas hasta febrero de 2010.  Sin embargo, esta clara permisividad con la minería se echa de menos en lo agropecuario porque los campesinos de la zona sí serán obligados a “reconvertir” sus esquemas productivos. 
En tercer lugar, la totalidad del páramo terminó siendo atacada con la disposición de pago por servicios ambientales, una herramienta con la que se afirma proteger el medio ambiente, aunque realmente resulta “comercializando su flora, su fauna, su capacidad para retener y almacenar agua, su significado cultural y de vida. Además del impacto que esto genera sobre la naturaleza y la vida misma de quienes habitan estas zonas o sus áreas de influencia, también repercute sobre los territorios y los derechos de propiedad que hay sobre estos; en lo concreto, estos territorios pasan a ser de quienes hacen la compensación, todo esto con el aval del Estado y su economía neoliberal aplicada a los recursos.”[1].
Un cuarto punto: la decisión gubernamental entrega el control y vigilancia del páramo enteramente a las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR-. Aunque tal entidad sea competente para hacer tal control y vigilancia, las organizaciones sociales y ambientalistas del departamento de Santander han lanzado profundos cuestionamientos a la Corporación Autónoma, ya que ha facilitado en muchos casos las actividades de la gran minería en la región. En este punto también debe analizarse el cambio de jurisdicción de 6.000 hectáreas que hasta la delimitación eran responsabilidad de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y que ahora están bajo la vigilancia de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).  Esta última entidad no participó de ninguna manera en el proceso de delimitación, así que la recepción de esta nueva responsabilidad fue inconsulta. Ahora bien, están perfectamente claras las carencias de la institucionalidad ambiental en Colombia. De hecho la misma Contraloría General habla de ausencia de institucionalidad en su informe sobre minería de 2013; estas carencias afectan también, y de manera grave, a la CAS.  De esta manera se configuró un escenario donde se recarga de manera inconsulta una gran responsabilidad sobre una entidad endeble y sin recursos.
Un quinto punto es la evidente carencia de participación de la sociedad en el proceso de delimitación. Todo el proceso de la delimitación estuvo teñido de secretismo, se desarrolló con diálogos a puerta cerrada, se excluyó a buena parte de las organizaciones sociales del departamento, y se ignoró el clamor del pueblo santandereano que lleva varios años defendiendo su agua y su páramo.  No es casual que el día del anuncio de la delimitación, el viernes 20 de diciembre, la CDMB estaba militarizada de manera nunca antes vista.
La cuestión de Santurbán lleva ya varios años desarrollándose y el episodio de la delimitación es el más reciente de una larga cadena de hechos.  Por lo anterior, esa misma ciudadanía que ha defendido el agua y el páramo ha reaccionado frente a la delimitación, proponiendo iniciativas como la Gran Movilización Nacional Contra la Minería, el Fracking y Rechazo a la Delimitación de los Páramos de Colombia, programada para principios de marzo del presente año. Salta a la vista que esta movilización no trata de manera exclusiva sobre Santurbán, pues aborda problemas nacionales como la gran minería y el fracking.  Esto es signo de una cualificación en la lucha por la defensa del territorio que se adelanta en Santander y en toda Colombia.
Durante los primeros años de la defensa del páramo, la posición preponderante al interior de ese movimiento ciudadano era la de abogar exclusivamente por Santurbán y sus aguas.  Esto rindió magníficos frutos en su momento y permitió la consecución de resonadas victorias para el campo popular, como la negativa de la licencia ambiental pedida por la minera Greystar, hoy Eco Oro, para iniciar la explotación del páramo. Tal decisión administrativa se dio en marzo de 2011 después de que Bucaramanga y Santander enteros le dejaran perfectamente claro a todos los niveles de gobierno que no se iba a permitir la destrucción del páramo.  No obstante, el gran capital minero-especulativo trasnacional prosiguió su ofensiva en pos de la destrucción de Santurbán y es así como se llega al actual escenario de la desastrosa delimitación.
Este revés de la delimitación, en consuno con muchos otros factores, ha concienciado a la ciudadanía sobre un aspecto crucial: el problema no se resuelve mientras a nivel nacional sigan imperando el extractivismo y los intereses de las grandes mineras. 
La defensa del agua y la vida en Santander, Colombia y el mundo entero es un camino largo y tortuoso, pero cada paso adelante es una señal de esperanza y a pesar de los retrocesos que vengan, esta lucha no cesará hasta la construcción del otro mundo posible, uno donde la relación entre la raza humana y el resto de la naturaleza no se halle mediada por la irracionalidad egoísta del mercado, sino por la inteligencia y el espíritu constructivo del ser humano.


[1] PORRAS, Alejandra y DÍAZ, Freddy.  Pago por Servicios Ambientales PSA: otra falacia extractivista. CEDINS. (http://cedins.org/index.php/proyectos-mainmenu-50/tierras-y-territorios-mainmenu-69/566-pago-por-servicios-ambientales-psa-otra-falacia-extractivista)  


SÉPTIMO FESTIVAL DEL RÍO CATATUMBO - TERRITORIO. AGUA Y VIDA PARA CONSTRUIR LA PAZ

Cordial invitación.

Fecha: del 22 al 25 de enero de 2015.
Lugar: El Estanquillo - Parroquia Barí - Municipio de Jesús María Semprún - Estado Zulia - Venezuela.


Programación

Jueves 22 de enero.

2:00 pm: llegada y recibimiento de las diferentes
7:00 pm: cena

Viernes 23 de enero.

7:00 am: desayuno
8:00 am: apertura y palabras de bienvenida
9:00 am: presentación de las delegaciones
10:00 am: mesas de trabajo
12:00 m: almuerzo
2:00 pm: continuación de las mesas de trabajo.
6:00 pm: cena
7:00 pm: acto cultural

Sábado 24 de enero.

7:00 am: desayuno
8:00 am: mesas de trabajo
12:00 m: almuerzo
2:00 pm: continuación de las mesas de trabajo.
4:00 pm: plenaria y conclusiones de las mesas de trabajo.
6:00 pm: cena.
7:00 pm: acto cultural y deportivo.

Domingo 25 de enero.

7:00 am: desayuno
8:00 am: actos culturales, lúdicos y deportivos.
12:00 m: almuerzo
2:00 pm: actos culturales, lúdicos y deportivos.
6:00 pm: cena
7:00 pm: Sesión solemne de la honorable Cámara Municipal.
9:00 pm: Cierre, fuegos pirotécnicos y amanecer bailable.



Tarjeta de invitación

Plegable con la programación

Plegable con la programación

sábado, 27 de diciembre de 2014

DEFENDER EL TERRITORIO DE VELÉZ, ES DEFENDER LA VIDA

Defender la Provincia de Vélez de la minería, es defender la vida, el territorio y la cultura campesina

Senador Alberto Castilla, Polo Democrático

La política minera viene ocasionando graves afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, que en muchos casos resultan irreversibles para comunidades y sus territorios. Esta aplanadora no descansa, pues en plenas festividades navideñas sigue avanzando amenazante. Desde las 3:00 am del día viernes 26 de diciembre un grupo aproximado de 40 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), comandados por el Mayor Córdoba y el Capitán Jara, acompañados por la personera de Landázuri, Eulalia Chacón, hicieron presencia en la zona de Río Blanco -municipio de Landázuri, provincia de Vélez en Santander- custodiando el ingreso de  maquinaria pesada para la extracción de minerales en la zona.

Las comunidades campesinas se opusieron  al ingreso de la maquinaria aduciendo que  la minería es una actividad  contraria a la vocación agrícola de la región. Tras la decisión de la comunidad, el ESMAD  procedió a lanzar de manera indiscriminada  gases lacrimógenos, balas de goma y bombas de aturdimiento  sobe la población campesina, ocasionando lesiones a varias personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo a  información suministrada por líderes de la comunidad de Río Blanco, 15 motos que estaban en el sitio del plantón campesino fueron retenidas por parte del ESMAD y personal de civil que los acompaña. Los vehículos fueron movilizados hacia el centro de la vía y registrados en un video, para luego ser devueltas al sitio del plantón. Preocupa que este procedimiento sea el primer paso para justificar las agresiones contra las comunidades, o para adelantar montajes judiciales contra las y los líderes campesinos, como ha ocurrido en situaciones similares.    

Por otro lado, el paso de  las máquinas sobre el puente metálico vehicular de Río Blanco, puente utilizado por la comunidad y no apto para este tipo de maquinaria, resultó seriamente averiado a pesar de las advertencias de la comunidad. Los líderes y lideresas de la región afirman que dicho  daño pone en riesgo a los vehículos y pasajeros que transitan diariamente sobre el puente.

Le exijo a las autoridades civiles y de policía se garantice la integridad física y la vida de la comunidad de Rio Blanco y se abran las investigaciones sobre los procedimientos seguidos por el ESMAD, pues en su accionar se evidencia uso indebido de la fuerza. También hago un llamado a las autoridades ambientales para que revisen la licencia ambiental que, de acuerdo a análisis elaborados por organizaciones ambientales, contiene disposiciones que viola la ley 2 de 1959.

Como integrante del movimiento campesino y Senador de la República, manifiesto mi firme propósito de seguir acompañando a la comunidad de Rio Blanco en grave riesgo por los posibles perjuicios para los territorios, el ambiente y la vida campesina que acarrea la gran minería.

Denunciemos, acompañemos y apoyemos la defensa del territorio en la región de Vélez, apoyemos la producción campesina.

Que sean las comunidades quienes decidan sobre su propio territorio.

La personera de Landázuri siempre de lado de los intereses de la minera

Líderes campesinos tratando de evitar la confrontación

Campesino herido por la brutalidad policial

Parte de la maquinaria que ingresó

El ESMAD escoltando la maquinaria

miércoles, 24 de diciembre de 2014

POR MUERTE DE SINDICALISTA COLOMBIANO, DEMANDAN A SUIZA ANTE TRIBUNAL EUROPEO DE DDHH

Luciano Romero
El proceso lo impulsa una organización no gubernamental alemana que pretende reabrir el caso de Luciano Romero, asesinado en 2005 en el Cesar por paramilitares y quien trabajó para Cicolac Ltda., una filial de la multinacional Nestlé, y fue miembro de Sinaltrainal.

Activistas europeos no se han quedado quietos en la búsqueda de responsabilidad de la multinacional de alimentos Nestlé S.A. en la muerte del sindicalista Luciano Romero, asesinado por grupos paramilitares en el departamento del Cesar en septiembre de 2005. Su más reciente acción fue la presentación de una demanda contra Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que determine si la justicia de ese país fue negligente o no en aclarar el papel de esa empresa en el homicidio del líder gremial.

La demanda fue presentada por abogados del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR, por sus siglas en inglés) el jueves pasado en Estrasburgo, amparándose en disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos: la primera de ellas en el artículo 2, sobre el derecho a la vida; y la segunda en el artículo 13, que hace referencia a un recurso efectivo de la justicia cuando se hayan violado derechos fundamentales.

Lo que alegan los abogados del ECCHR para justificar este nuevo procedimiento judicial, presentado a favor de la viuda de Romero, es que la justicia suiza “se negó a aclarar el rol de la multinacional Nestlé en el asesinato del sindicalista colombiano y trabajador de dicha compañía”, según consignaron en un comunicado.

Romero, quien trabajó para Cicolac Ltda., una filial de Nestlé en el país y se desempeñó como directivo local del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), fue secuestrado, torturado y asesinado la noche del 10 de septiembre de 2005 en Valledupar. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente cerca del Batallón La Popa con 50 heridas proferidas con arma cortopunzante.

De estos hechos fueron responsabilizados varios exparamilitares que hicieron parte del Frente Mártires del Valle de Upar, facción del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y por decisión del Juzgado 56 Penal del Circuito del Bogotá, fechada el 31 de marzo de este año, fue declarado crimen de lesa humanidad.

Centro del litigio 
El proceso judicial contra Nestlé S.A. comenzó el 5 de marzo de 2012, cuando el ECCHR, en conjunto con Sintrainal, presentó una querella ante la Fiscalía de Zug, en Suiza, contra la empresa Nestlé S.A. y varios de sus ejecutivos. Según informes de esta organización, que tiene su sede en Berlín, Romero “había sido acusado falsamente por representantes de Nestlé en Colombia de pertenecer a la guerrilla […] en el contexto del conflicto armado colombiano, tales difamaciones suponen una sentencia de muerte”.

Por tal razón, la querella inicial les recriminaba a los directivos de la multinacional de alimentos “la participación en homicidio por omisión imprudente, puesto que debían haber impedido la comisión del crimen”. Adicional a ello, la ECCHR destacó “la conexión a varios niveles de la representación local de Nestlé con distintos círculos, como, por ejemplo, sus vínculos comerciales con grandes terratenientes que a su vez mantuvieron relaciones con los círculos paramilitares”.

A todo ello le sumaron un componente más, el de la supuesta financiación ilegal: “también existen indicios de que la filial local de la empresa realizó pagos a grupos paramilitares. La Dirección de Nestlé en Suiza conocía la conducta de riesgo adoptada por sus gerentes en Colombia, así como el gran peligro que ello suponía para la vida de los sindicalistas afectados”.

No obstante esos argumentos, el Supremo Tribunal Federal de Suiza falló a favor de Nestlé S.A. en julio pasado, desestimó los señalamientos de los activistas en derechos humanos y precluyó el caso.

Al respecto, Annelen Micus, una de las abogadas de ECCHR consultada por VerdadAbierta.com, explicó que ese alto tribunal “decidió no investigar la responsabilidad ni de los gerentes individuales de Nestlé ni de la empresa misma por responsabilidad corporativa”, asunto que no comparte, pues la justicia suiza, según ella, “tenía la obligación de hacer una investigación sobre la responsabilidad que han tenido los gerentes y la empresa sobre un asesinato que ocurrió en Colombia”.

Por su parte el secretario general de ECCHR, Wolfgang Kaleck, también cuestionó la decisión: “Prescripción, falta de competencia, problemas en la investigación, siempre son los mismos argumentos. Rara vez una empresa europea es declarada responsable en su estado de origen, por violaciones a los derechos humanos cometidas en el extranjero” señaló Kaleck.

Citando estadísticas nacionales, que establecen que desde 1986 por lo menos tres mil sindicalistas ha sido asesinados, entre ellos 13 trabajadores de esa multinacional de alimentos, Kaleck aseguró que “ni los directivos de Nestlé ni las autoridades suizas pueden aseverar haber desconocido la violencia en Colombia o haber sido impotentes ante ella”.

Tras estudiar el fallo y explorar alternativas para evitar que el proceso quedara impune, la ECCHR y Sinaltrainal tomaron la decisión de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza. “Lo que pretendemos –explica Micos- es que la Corte analice si Suiza hizo una investigación adecuada en este caso, ya no se trata tanto de establecer la responsabilidad de Nestlé, sino de determinar si la Fiscalía y los tribunales en Suiza hicieron lo suficiente para esclarecer los hechos”.

Esta es la última instancia a la que se puede acudir en Suiza para tratar de evitar que el caso se cierre de manera definitiva, aunque Micus precisó que también ha sido presentado ante la Corte Penal Internacional como un caso emblemático de violencia contra sindicalistas que no ha sido juzgado debidamente.

Habla Nestlé S.A.
VerdadAbierta.com consultó a las directivas de la multinacional agroalimentaria, que tiene su sede en Vevey, Suiza. Meike Schmidt, su portavoz oficial, precisó a través de un correo electrónico que se habían enterado de la presentación de la demanda por parte de ECCHR a través de informes de prensa y procedió a explicar el proceso judicial que ha afrontado Nestlé S.A. desde el 2012.

“El Supremo Tribunal Federal de Suiza en julio 2014 desestimó el recurso presentado por los demandantes contra Nestlé. Respetamos el razonamiento de la Corte respecto de su decisión de la apelación, lo que confirma las resoluciones anteriores, tanto del Tribunal de Apelación del Cantón de Vaud como del Fiscal del Estado del Cantón de Vaud para este caso”, indicó Schmidt.

Asimismo, escribió en su mensaje que Nestlé “condena todas las formas de violencia” y rechazó de manera enfática, a nombre de la compañía, “las acusaciones hechas por los demandantes, que son contrarias a los hechos. No tenemos ninguna responsabilidad alguna, directa o indirectamente, ni por acción ni omisión por el asesinato de Luciano Romero”.

De acuerdo con el recuento de los hechos que hizo Schmidt, el líder sindical fue asesinado tres años después de que dejó de trabajar para Cicolac Ltda., una filial de Nestlé con sede en Valledupar dedicada al procesamiento de leche: “En ese momento, la violencia en Colombia afectó a todo el país. Fue un entorno de alto riesgo. Lamentablemente, los líderes sindicales fueron efectivamente amenazados, secuestrados y asesinados, así como también algunos miembros de nuestro equipo de gestión local, otros empleados y sus familiares”.

El portavoz de Nestlé recordó que el asesinato de Romero ha sido investigado y enjuiciado por la justicia colombiana. “Aquellos que fueron declarados culpables se les ha dado largas penas de prisión”, afirmó.

Hasta el momento han sido condenados a penas de más de 20 años de prisión a Hever Ovidio Neira Bello, conocido con los alias de ‘R1’, ‘Fugitivo’ o ‘El Abogado’; Jorge Armando Turizo Ibáñez, alias ‘Calabazo’; Jose Antonio Ustariz, alias ‘Jose’, informante del DAS; Jhonathan David Contreras, alias ‘Paco’; Jair Domingo Plata Rodríguez, alias ‘Emiliano’; Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘Ciento Uno’; y Giovanny Alfredo Andrade Racines, alias ‘El Guajiro’.

Finalmente, Schmidt aseguró que Sinaltrainal ha intentado culpar a Nestlé del homicidio de Romero en otras jurisdicciones, incluida una Corte Federal en Florida. “En todos los casos –puntualizó el portavoz - ni ninguno de sus ejecutivos fueron acusados, procesados o condenados por cualquier acción u omisión que podría hacer cualquiera de ellos responsable de este asesinato”.

Las miradas de quienes han estado pendientes de este caso se dirigen ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que en las próximas semanas deberá tomar decisiones con respecto a lo planteado por la ECHHR y determinar si se investiga a la justicia suiza, lo que le daría un nuevo aire al proceso, o se cierra de manera definitiva.

(Tomado de: http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/5560-asesinato-de-sinsicalista-luciano-romero-agita-justicia-en-suiza)

lunes, 22 de diciembre de 2014

NOTA DE PRENSA SOBRE LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO SANTURBÁN



PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA.  22 de diciembre de 2014

Contactos de prensa
Miguel Ramos, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Bucaramanga), +57 3209915526, equipojuridicopueblos.sder@gmail.com
Carlos Lozano Acosta, AIDA (Bogotá), +57 300 56 40 282, clozano@aida-americas.org
Carla García Zendejas, CIEL (Washington D.C.), +1 (202) 374-2550, cgarcia@ciel.org
Kristen Genovese, SOMO (Ámsterdam), +31 20 639 1291, k.genovese@somo.nl
Jennifer Moore, MiningWatch Canadá (Ottawa), +1 (613) 569-3439, jen@miningwatch.ca


            Ministerio de Ambiente de Colombia debe garantizar que no habrá minería a gran escala en el páramo de Santurbán

La entidad de gobierno delimitó el 76% del páramo. Sin embargo, anunció que permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y licencia ambiental. Esto pone en grave riesgo al ecosistema, fuente de agua para casi dos millones de personas.

Bogotá, Colombia. Aunque el Ministerio de Ambiente de Colombia realizó una delimitación que protege el 76% del páramo de Santurbán, hizo declaraciones preocupantes sobre el futuro de operaciones mineras a gran escala en la zona. Éstas representan un grave riesgo para el ecosistema y para el agua que éste brinda a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta.

El viernes pasado, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo informó que 98,954 de las 129,743 hectáreas de superficie de Santurbán quedaron delimitadas como área protegida. No obstante, se negó a informar con claridad si con la medida proyectos de gran envergadura serán o no permitidos en el páramo. El ministro se limitó a señalar que empresas que ya tienen títulos mineros y licencia ambiental continuarán operando en la zona, sujetas a “fuertes controles ambientales”, pero no especificó la escala de la actividad, algo relevante debido a la presencia en el lugar de minería a pequeña escala.

“El ministro no entregó el acto administrativo de la delimitación y se negó a confirmar si ésta afecta o no al proyecto minero Angostura, o a cualquier otro a gran escala. Es positivo que 98 mil hectáreas queden reconocidas como páramo, pero ese reconocimiento es ineficaz si el gobierno interpreta que las empresas mineras con licencia ambiental tienen derechos adquiridos y pueden permanecer en el lugar”, afirmó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA.

Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, se han otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán. Entre ellos están los de la compañía canadiense Eco Oro Minerals, la cual pretende construir la mina de oro Angostura en ese ecosistema.

Además de ser fábricas naturales de agua, los páramos son refugio de especies endémicas y en peligro de extinción, y ayudan a mitigar el cambio climático al capturar carbono de la atmósfera.

“El Ministerio de Ambiente ha sido poco claro en la toma decisiones sobre Santurbán. Exigimos que se respete el agua de dos millones de habitantes y que se haga efectiva la prohibición de minería a gran escala en todo el páramo; seguiremos trabajando y movilizándonos hasta que sea así”, dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

Dicho Comité agrupa a más de 40 organizaciones en el departamento de Santander. Desde 2010, ha movilizado a decenas de miles de personas en contra de Angostura y de cualquier proyecto minero a gran escala en Santurbán, para garantizar el agua de las comunidades de la zona.

Actualmente y mediante su mecanismo de rendición de cuentas, la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, realiza una auditoría de su inversión en  Angostura con base en una queja presentada por el Comité en junio de 2012.  

“Pese a la ausencia de una decisión coherente por parte del gobierno sobre la minería a gran escala en  el páramo de Santurbán, la CFI, que es accionista en la empresa Eco Oro, tiene que determinar si sus políticas ambientales y sociales le permiten apoyar un proyecto en un ecosistema protegido”, sostuvo Kristen Genovese, del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO).

Según las leyes colombianas, la delimitación es una herramienta para proteger el páramo de las actividades que lo dañan —en particular la minería a gran escala— y no para justificarlas. Ése es el curso de acción al que está obligado el Gobierno colombiano.

EL TURBIO TRÁMITE DEL DESPOJO

Una serie de hechos han empañado el trámite en el Congreso de la Republica  del proyecto de Ley 133 de 2014 “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, más conocido como la ley Urrutia – Lizarralde, proyecto que seguiría propiciando el despojo a los campesinos de los baldíos para entregarlos en concesión a empresarios nacionales y extranjeros (Ver http://cnagrario.org/2014/11/05/la-disputa-por-los-baldios-el-campo-para-los-inversionistas-o-para-el-campesinado/).

Para comenzar, el proyecto fue presentado el mismo día que se instalaba la mesa de negociación entre el gobierno y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El contenido del proyecto claramente contradice los puntos en el pliego a negociar, principalmente los relacionados con tierras, territorio y economía propia.

Hemos tenido acceso a información que señala que varios miembros de la Comisión Quinta de Cámara serían propietarios de predios en regiones que potencialmente podrían convertirse en Zidres. Por lo anterior, si los Representantes aprueban este proyecto estarían legislando en causa propia, ya que podrían verse beneficiados por los incentivos para los proyectos productivos que se desarrollen en tales regiones. La Cumbre Agraria dirigió una petición a la Comisión Quinta solicitando que sus miembros dieran a conocer sus propiedades rurales con el objetivo de dar transparencia al debate. Luego de una serie de remisiones al interior de la Cámara, se negaron a responder aduciendo que se trataba de “información reservada”, cuando claramente lo solicitado es de interés público y resulta trascendental para el trámite del proyecto.

Esa solicitud de información fue respaldada con una constancia elaborada por Iván Cepeda y Alirio Uribe, Congresistas de la Bancada del Polo Democrático. Tras la lectura de la constancia durante la discusión del proyecto, el presidente de la comisión y coordinador ponente, el Representante Marco Sergio Rodríguez Merchán, confesó ser dueño del predio Las Payaras, ubicado en el departamento del Casanare. Posteriormente volvió a tomar la palabra para aclarar que el predio le pertenecía a la también Representante de la Comisión Nery Oros, con quien Rodríguez estuvo casado (Ver: http://lasillavacia.com/queridodiario/lo-que-la-tierra-ha-unido-que-no-lo-separe-el-congreso-49194).


Por estos hechos representantes del movimiento campesino recusaron al Representante Rodríguez, con el objetivo de que se declarara impedido para continuar liderando el trámite del proyecto. La Comisión de Ética negó la recusación, afirmando que el Representante no tendría ningún beneficio directo con la aprobación del Proyecto. En el texto presentado ante la comisión, Rodríguez confesó que la Sociedad El Mana M.R. S.A.S., de la cual es único socio, es propietaria de los predios Alcaraván 1 y El Cairo, cuyo representante legal es el hijo de Merchán y Oros.

Por hechos similares fue recusado Alexander García Ramírez, también Representante de la Comisión Quinta por el Partido de La U. García Ramírez es propietario del predio Rancho Victoria, de 922 hectáreas, ubicado en Puerto Gaitán (Meta). Adicionalmente, el propietario original de este predio había sido víctima de desplazamiento forzado en el año 2004 por las Autodefensas del Meta y Vichada. Actualmente pesa una medida cautelar sobre el predio, fijada por la Unidad de Restitución de Tierras (Ver: http://lasillavacia.com/queridodiario/la-cumbre-agraria-contra-el-proyecto-de-baldios-49249). Se está a la espera de que la Comisión de Ética resuelva esta recusación.  

Con la negativa a declarar los bienes de los miembros de la comisión, será muy difícil dar trámite al proyecto, no se sabe qué otros representantes tengan intereses allí. Quienes los tengan deberían apartarse de la discusión del proyecto. Las organizaciones campesinas y la bancada del Polo estaremos atentos a denunciar otros posibles impedimentos.

Por el lado del gobierno tampoco ha habido transparencia. No me ha sido posible obtener información precisa sobre las ZIDRE que crea el proyecto. Dirigimos una petición desde mi oficina al Ministerio de Agricultura solicitando información relacionada con esta figura: cuál sería la ubicación de las Zidre, qué extensión estaría involucrada, cuáles serían los beneficios que se entreguen a los empresarios allí establecidos, etc. El Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri respondió diciendo: “me permito abstenerme de responder dado que en el Consejo de Ministros (…), me fue aprobado un impedimento para conocer y decidir sobre la iniciativa legislativa de acceso a la tierra (ZIDRES), nombrando como Ministro ad-hoc para estos asuntos al Dr. Juan Fernando Cristo Bustos”. Por tanto, oficiamos al señor Ministro del Interior quien a su vez remitió al Ministerio de Agricultura la petición, agregando: “me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes la petición antes mencionada (…). Lo anterior, con el fin de que su entidad provea la respectiva respuesta”.

Enviamos la misma solicitud también a la Superintendencia de Notariado y Registro, por la vocería que ha tenido en el tema. En la respuesta se reconoce entre otras cosas que “a la fecha ninguna entidad ha realizado estudios específicos para identificar o delimitar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico”. En conclusión, no se tiene información concreta de un asunto tan delicado sobre el que se pretende legislar.

Respecto a la vocería del gobierno para el trámite del proyecto, hay que señalar que el Superviniente Jorge Enrique Vélez no es competente para el trámite. Se le asignó esta tarea únicamente por el impedimento del Ministro Iragorri y por el desconocimiento del tema del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La Superintendencia es un organismo de control que debiera estar investigando las irregularidades en la tenencia de la tierra en vez de intentar sanearlas con este proyecto. Por estos hechos, el Representante Alirio Uribe presentó una queja disciplinaria contra Vélez en la Procuraduría (Ver: http://aliriouribe.com/representante-la-camara-alirio-uribe-munoz-instauro-queja disciplinaria-contra-superintendente-de-notariado-y-registro-por-su-actuacion-en-el-tramite-del-proyecto-de-ley-de-baldios/). 

Por lo anterior, está claro que el Proyecto 133 Urrutia – Lizarralde no solo es altamente inconveniente, regresivo e inoportuno, sino que todo su trámite ha estado enrarecido. El gobierno nacional debiera tener la sensatez requerida para retirar el proyecto y garantizar todas las condiciones para que la adjudicación de baldíos contribuya a la democratización de la propiedad de la tierra, como lo exige la ley y la Constitución, y no lo contrario.

ALBERTO CASTILLA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO