Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 22 de noviembre de 2014

LAS COMUNIDADES Y LA CAMPAÑA DE PROPAGANDA A FAVOR DEL FRACKING EN COLOMBIA

Entre el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre se llevó a cabo del VIII Congreso Petrolero en la ciudad de Barrancabermeja, el municipio santandereano que a la vez funge como capital de facto del Magdalena Medio.  Dentro de los distintos temas que se trataron durante los dos días, se resalta el de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.  Esta temática fue tratada en la mañana del 21 de noviembre por varios expositores, entre ellos al exministro de minas, Amylkar Acosta.

Lo que se esuchó en las distintas intervenciones fueron datos aislados, información descontextualizada, aseveraciones contrarias los hallazgos científicos sobre la materia y en general lo que se podría entender como una campaña de propaganda a favor del fracking.  En el Congreso no existió espacio para el debate, ni se tuvo en cuenta a las comunidades rurales que serán las primeras afectadas, pero en los pocos momentos en que intervino el auditorio se escucharon voces muy críticas con el fracking y con la información que proporcionaron sus propagandistas.

En el evento estuvo presente el Comité Ambiental de Barrancabermeja, el Centro de Altos Estudios Minero Energéticos y el Equipo Jurídico Pueblos; estas organizaciones dejaron sentada su oposición al extractivismo irracional y en particular al fracking; esto se hizo mediante la distribución de un volante con el siguiente texto:



EL “FRACKING” UNA REALIDAD EN EL MAGDALENA MEDIO Y LOS SANTANDERES  

En la región del nororiental de Colombia se han asentado desde principios del Siglo XX varias multinacionales con el interés de extraer recursos como el petróleo, gas, carbón, oro, y otros.  Por esto se han establecido ciertas infraestructuras que permiten a estas grandes empresas desarrollar su actividad. En estos departamentos se han construido miles de kilómetros de tubería para los poliductos, oleoductos y gaseoductos; kilómetros de carreteras para conectar los diferentes pozos y permitir el tránsito de equipos de perforación y bombeo, diferentes estaciones de gas y almacenamiento de crudos, plantas de tratamiento de lodos, vías férreas para el carbón, en fin toda una infraestructura para la extracción.

Debido al establecimiento de esta infraestructura, el Magdalena Medio y los santanderes se establecieron como sitios aptos para desarrollar yacimientos no convencionales utilizando la tecnología de la  fractura hidráulica o fracking, es más, ya se han adjudicado los bloques VMM-5, VMM-29, VMM-16, VMM-9 y CAT-3; además, la Cordillera Oriental en los límites entre Santander y Boyacá es una potencial zona para el desarrollo de estos yacimientos. Desde enero de 2014 la ANLA abrió el expediente LAV0007-2014 por el cual está evaluando el estudio de impacto ambiental entregado por Ecopetrol para adelantar el proyecto “área de perforación exploratoria coyote” en los municipio de Barrancabermeja, San Vicente y El Carmen de Chucurí, que da inicio a la utilización del fracking en los campos de la Cira-Infantas y Lizama-Nutrias.

Las comunidades campesinas y urbanas del Nororiente de Colombia exigimos diálogo e información precisa a la ANH, al Ministerio de Minas, al ANLA y demás instituciones del Estado relacionadas con el tema; como a las empresas que pretenden adelantar proyectos de fractura hidráulica para que expliquen estas iniciativa a las comunidades, en sus territorios, en una conversación horizontal y clara donde se respetan las idiosincrasias, culturas y visiones de vida que posee cada comunidad.

Comité Ambiental de Barrancabermeja 
Congreso Ambiental de Santander- Casa Aguaya
Equipo Jurídico Pueblos
Centro de Altos Estudios Minero-energéticos –CAEM





martes, 18 de noviembre de 2014

ENCUENTRO REGIONAL CAMPESINO POR LA MEMORIA HISTÓRICA

Grupo de Danzas
El pasado 8 de noviembre se llevó acabo el Encuentro Regional por la Memoria Histórica, en el marco del Proyecto “Voces de la Memoria” en el corregimiento de Santa Isabel municipio de Curumaní - Cesar, se contó con la participación de aproximadamente 90 campesinos y 80 niños provenientes de las diferentes veredas y municipios del Departamento del Cesar como La Gloria, Pelaya, Pailitas, Chiriguaná y Chimichagua entre otros.

El taller fue acompañado por el Equipo Jurídico Pueblos y el Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, se buscó el fortalecimiento del proceso de reconstrucción de la memoria histórica de esta Región y especialmente del corregimiento de Santa Isabel, uno de los más golpeados en años anteriores por la ola de violencia.

El proyecto Voces de la Memoria, es una estrategia de participación nacional para obtener las percepciones ciudadanas sobre el alcance y la función social del Museo Nacional de la Memoria, dispuesto en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), en articulación con el Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, la que se desarrollara a través de diversos instrumentos de consulta: talleres, encuestas, entrevistas, foros virtuales entre otros. 

La comunidad abordó el reto de desarrollar procesos para la reconstrucción de la memoria en torno a la concreción del derecho a la Verdad, como mecanismo de lucha contra la impunidad, y para reivindicar el buen nombre de sus seres queridos, a quienes de manera injusta las balas de criminales les cegaron sueños y esperanzas.

Es la memoria de estos Humildes Campesinos, que han regado el campo y sus parcelas con cada gota de sudor para sacar adelante a sus familias, luchando a diario por sus derechos y que por defenderlos, han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, por ello se reunieron para hacer memoria y luchar contra la impunidad.

En esta tarea, también participaron los niños, niñas y adolescentes de la región, realizando actos culturales y danzando los bailes tipicos de la región y propios de su cultura y tradiciones que han trasmitido sus padres y abuelos, es una cumbia de justicia, vida y dignidad, la que reclama la comunidad mediante la memoria.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS - EJP
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS - FCSPP
MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS, CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ABOGADXS DEFENSORXS DE DERECHOS HUMANOS - ACADEHUM


 
Apertura Taller

Galeria Niños y Niñas

domingo, 16 de noviembre de 2014

CONMEMORAN 14 AÑOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA CIÉNAGA DEL OPÓN



El viernes 14 de noviembre, se conmemoraron los 14 años del desplazamiento forzado y masivo que sufrió la comunidad del casco corregimental de la Ciénaga del Opón, municipio de Barrancabermeja.  En esos aciagos días del año 2000, la estrategia paramilitar desplazó a toda una comunidad compuesta por alrededor de 800 personas.


La mayoría de los desplazados llegó al casco urbano de Barrancabermeja, después de perderlo todo; entonces empezó la revictimización, fueron discriminados y señalados, fueron ignorados por el Estado encargado de responderles, fueron confinados al hambre y a la miseria.  A raíz de esa situación tan difícil deciden retornar, las primeras familias lo hacen seis meses después del desplazamiento y en el año 2002 retornó un grupo más grande.


Sin embargo, el corregimiento de la Ciénaga del Opón no es ni la sombra de lo que era, de los 800 habitantes que tenía su casco corregimental hoy solo hay cerca de 100, de su boyante actividad económica, social y cultural no queda casi nada, de la comunidad organizada que se reunía regularmente con la administración municipal solo queda un corregimiento sin Junta Administradora Local que no aparece en el Plan de Desarrollo de Barrancabermeja y que no ha recibido inversión alguna durante al actual administración.


A pesar del difícil presente, la comunidad de la Ciénaga del Opón sigue creyendo en un futuro mejor y construyendo su proyecto de vida; esto quedó demostrado durante la conmemoración de su desplazamiento, donde se escucharon voces que piden verdad, justicia y reparación; como única manera de reconstruir lo destruido.  Esta es una tarea titánica, pero sin duda la comunidad estará a la altura de las circunstancias, si cuenta con la solidaridad de las demás víctimas y de los sectores populares de Colombia y el mundo entero.

Barrancabermeja, 16 de noviembre de 2014

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
COMITÉ AMBIENTAL DE BARRANCABERMEJA
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - CNA

Intervención de un líder comunitario de la Ciénaga del Opón

Antiguo líder de la Ciénaga describe cómo era su comunidad antes del desplazamiento

Pescador faenando en la Ciénaga

viernes, 14 de noviembre de 2014

Apoyo al Senador Alberto Castilla en La Silla Vacía

Cordial saludo Compañeros y Compañeras 

El portal La Silla Vacía está haciendo un sondeo de opinión sobre quién consideramos es el mejor Senador o Senadora de la actual legislatura.

Les invitamos a votar en este link por nuestro compañero Alberto CastillaSenador del Polo Democrático Alternativo y dirigente popular de la Región del Catatumbo.


Hay que registrarse pero es rápido y sencillo.

Si quieren saber más sobre el trabajo y el compromiso con las causas populares del Senador Castilla ver:




Gracias por su atención

UTL DEL H.S. ALBERTO CASTILLA, POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS 

Senador Alberto Castilla 



miércoles, 12 de noviembre de 2014

PANEL: INICIATIVAS DE DEFENSA PARA LOS TERRITORIOS

El Equipo Jurídico Pueblos extiende la siguiente invitación:

PANEL: INICIATIVAS DE DEFENSA PARA LOS TERRITORIOS ¿CÓMO GENERAR PROPUESTAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO?

Fecha: Jueves 13 de noviembre
Horario: 8am - 12m
Lugar: Universidad Industrial de Santander, Auditorio Camacho Caro (ing. Industrial)

ENTRADA LIBRE


lunes, 10 de noviembre de 2014

EL CATATUMBO EN ALERTA POR NUEVAS AMENAZAS EN EL MUNICIPIO EL TARRA

En la noche del 29 de octubre de la presente anualidad, luego de un intenso patrullaje por parte de tropas del Ejército Nacional en el casco urbano del municipio de El Tarra – Norte de Santander, se encontró un panfleto a nombre de las Águilas Negras en el que se amenaza a habitantes de este municipio del Catatumbo, generando zozobra y preocupación en los pobladores de la región. 

Este hecho se suma al constante acoso militar que han venido sufriendo las comunidades campesinas del Catatumbo durante los últimos meses, y que pone en un alto riesgo a la población civil, por cuanto se está violando el principio de distinción que consagra el Derecho Internacional Humanitario. Esta situación se manifiesta en tanto los miembros del Ejército Nacional se encuentran ocupando bienes de carácter civil y protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como son el puesto de salud, los colegios, las casas de habitación de las comunidades y los bienes en general de carácter privado y público.

El Ejército Nacional también pone en riesgo a la población civil por los constantes bombardeos indiscriminados que hacen en los municipios y veredas de la región, como es el caso del pasado 26 de octubre cuando aproximadamente sobre las 10 de la mañana en el corregimiento de Filo Gringo se presentaron estos ataques. De igual manera son totalmente ilegales los permanentes empadronamientos, el control y decomiso de alimentos e insumos agrícolas, así como las constantes judicializaciones sin causa de campesinos. 

Hechos similares se han presentado en otras regiones del país en las que los grupos armados ilegales realizan acciones criminales en el marco de vastos operativos del ejército y la policía, igual que en épocas no tan lejanas cuya modalidad ya ha sido confesada por varios jefes paramilitares. No podrá ocurrir otra vez que las FFAA no tengan capacidad para controlar el orden público de manera legal, mucho más cuando les otorgan fueros o permisos para reprimir sin contemplación de los derechos humanos. 

La Asociación Minga y el Comité de Integración Social del Catatumbo - CISCA, integrantes de la Coordinación de Derechos Humanos Colombia Europa Estados Unidos, hacemos un llamado de atención al gobierno nacional y a los órganos de investigación y protección, para que garanticen la salvaguarda de los derechos fundamentales de la población campesina que habita la Región del Catatumbo y en especial el Municipio de El Tarra. De igual manera a la comunidad internacional a realizar el acompañamiento debido y la incidencia necesaria para que prime el cumplimiento de los acuerdos de las Naciones Unidas que protegen la vida y bienes de la población civil. 

COORDINADOR NACIONAL AGRARIO  - CNA 
COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO – CISCA
ASOCIACIÓN MINGA
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS – EJP
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – FCSPP
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ABOGADOS DEFENSORES DE DDHH – ACADEHUM
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES, CAMPESINOS Y COMUNIDADES DEL CESAR – MTCC

Bogotá, noviembre 6 de 2014

viernes, 7 de noviembre de 2014

Declaración Política del Seminario Internacional sobre Delito Político y Situación de los Presos Políticos

Más de 600 personas de todo el país nos encontramos en la ciudad de Bogotá el 15 de octubre, Día Nacional del Preso y la Detenida Política, para reflexionar sobre los diálogos de paz, el delito político y la situación de los presos políticos en Colombia y el mundo. Como resultado de este Seminario, los familiares y amigos de los presos políticos provenientes de distintas regiones del país, reconocidos analistas e investigadores, así como defensores de derechos humanos de países como Argentina, Chile, País Vasco, Palestina y Venezuela, declaramos que:
La desigualdad social, la represión institucional, la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, la fragilidad de la democracia y la captura del Estado por parte de élites políticas corruptas y excluyentes, así como el despojo de tierras a campesinos, indígenas y afro-descendientes y la explotación de los recursos estratégicos de la nación por parte de las multinacionales con el apoyo de las fuerzas paramilitares, son las causas estructurales que han dado origen al conflicto social, político y armado que lleva más de 50 años en el país. En Colombia la población continúa padeciendo la violencia socio-política de un Estado que implementa varias formas para perseguir, reprimir y eliminar a la oposición, así como para criminalizar la protesta social y popular.
A pesar de que las luchas sociales y populares del pueblo colombiano han tenido expresiones pacíficas, el contexto de represión militar y de exclusión política y económica ha dado como resultado el levantamiento en armas de diferentes sectores sociales empobrecidos y el surgimiento de las insurgencias hacia mediados del silgo XX. En este sentido, es importante ubicar, en su justo lugar, el surgimiento de los actores políticos armados que, mediante la combinación de varias formas de lucha, han propendido por la toma del poder y la transformación de las estructuras políticas y económicas de la sociedad colombiana. Se trata de un sujeto social y político motivado por propósitos altruistas y que, en el derecho nacional e internacional, es tipificado como un delincuente político, es decir, como un detractor del orden social impuesto siempre que se trate de un orden social injusto.
Sin embargo, el estatus del delito político, que incluye en sus bases jurídicas y filosóficas el reconocimiento y el respeto hacia el oponente político y a su legítimo derecho a disentir, se encuentra, hoy en día, desnaturalizado. Mediante la estrategia de “guerra contra el terrorismo”, quien incurre en el delito político ya no es considerado como un rebelde que busca trasformar la sociedad y que emplea la violencia como último recurso, necesario para instaurar un orden social justo, sino como un terrorista que amenaza la seguridad nacional y mundial del modelo económico capitalista. Esta situación ha desvirtuado la naturaleza política del conflicto armado colombiano y ha intensificado la persecución a los procesos de resistencia popular, reflejada en el incremento de la represión y criminalización de la pobreza, sustentadas por una política criminal cuya regla general es la privación permanente de la libertad.
La crisis carcelaria que vive el país no sólo se refleja por el alto índice de hacinamiento (más del 53%), sino por el incremento exacerbado de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares. Hoy en día, el sistema carcelario atraviesa por una grave crisis humanitaria profundizada por la Nueva Cultura Carcelaria que fue impuesta en el país con la firma del Plan Colombia y por medio del cual se han venido militarizando y privatizando las cárceles, afectando los derechos del conjunto de la población reclusa, con graves consecuencias para los presos y detenidas políticas. Esta crisis, ignorada conscientemente por el Estado colombiano, es el resultado del conflicto político y armado y sirve de muro de contención para silenciar las miles de voces de protesta que denuncian las arbitrariedades de quienes históricamente le han robado al pueblo su derecho a vivir dignamente.

En este sentido, y en el marco de la coyuntura actual de los Diálogos de Paz, el Seminario Internacional hace énfasis en tres (3) puntos fundamentales, necesarios para construir paz con justicia social:
1. El reconocimiento y la ampliación de la noción de delito político como un mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto.
2. El respeto al pensamiento crítico, al derecho a la protesta y a las diferentes formas organizativas del pueblo colombiano como un derecho a la paz y a la satisfacción integral de los derechos fundamentales.
3. La inclusión, en la agenda de paz, de la solución a la crisis carcelaria, la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y la transformación de la actual política criminal, así como la inclusión de garantías de participación para la población reclusa.


Por eso las diferentes organizaciones que convocamos a este Seminario Internacional nos unimos a la ingente necesidad de rescatar, política e históricamente, la noción de delito político como base para el reconocimiento de las causas que dieron origen al conflicto político y armado. Así mismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que muestre una vocación real de paz y agilice los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN –. Exigimos, también, la asistencia de un representante de los presos y detenidas políticas en la próxima delegación de víctimas en los diálogos de la Habana, Cuba.
Por último, y no menos importante, hacemos un llamado a todo el movimiento social y a la sociedad en general, a apoyar las jornadas de desobediencia pacífica que se están desarrollando en las cárceles del país para que sea decretada la emergencia social carcelaria y se puedan establecer las bases para una verdadera transformación del régimen penitenciario y de la política criminal que lo sustenta. 

¡Porque la paz son cambios, libertad a los presos y detenidas políticas!

Firman la declaración:


Asociaciones de familiares y amigos de los presos políticos de Colombia
Colectivos de presos políticos de Colombia
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD) de la Argentina
Presos Políticos de Palestina
Presos Políticos del País Vasco
Izquierda Libertaria (Chile)
Estudiantes Venezolanos en Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia
Organizaciones Internacionales en Apoyo a los Presos Políticos Colombianos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
Universidad Pedagógica Nacional
Congreso de los Pueblos