Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 28 de febrero de 2015

EXTRADICIÓN: ATRANQUE A LA SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO Y MECANISMO DE IMPUNIDAD

(Comunicado 02)

Campaña: “Por la Soberanía, no a la extradición”


La extradición es un mecanismo que responde a intereses políticos útiles a los países imperialistas en la recomposición del orden mundial. Aunque considerada como un instrumento de “cooperación” entre estados, su aplicación ha evidenciado una inexistente reciprocidad que refleja la real desigualdad en el actual escenario internacional y que por tanto no fortalece la democracia, la defensa de los derechos humanos, ni la construcción de paz.

Lejos de ser una figura jurídica neutral y efectiva al servicio de la justicia,  la extradición en Colombia ha sido usada en detrimento de los principios de soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

En Colombia ha sido usada principalmente por requerimientos de los Estados Unidos y entendida como un mecanismo legal en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no todas las personas entregadas por el gobierno son grandes capos funcionales al tráfico de drogas; al contrario, la opinión pública ha conocido denuncias del juzgamiento en estrados judiciales norteamericanos, de personas humildes acusadas falsamente de traficar coca y lavar activos. Adicional a ello, aunque ha bajado el número de hectáreas de cultivos ilícitos en los últimos diez años, nuestro país es hoy el segundo productor de drogas en el mundo, lo que indica que el negocio persiste, como trasnacional del capitalismo, aunque hayan sido condenadas en el exterior, algunas de sus cabezas visibles.

Más allá de los imperdonables errores investigativos de la policía judicial de los Estados Unidos y la falta de control eficaz de las autoridades colombianas al momento de estudiar un requerimiento en extradición, la aplicación de esta figura ha traído consigo problemas de mayor envergadura, entre las que se encuentran las dificultades de acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas  de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y las dificultades que hoy implican para la concreción de un acuerdo de solución política al conflicto, al constituirse en una amenaza contra los miembros de la insurgencia que den el paso hacia la construcción de una nueva sociedad sin el uso de las armas.

Ya en el pasado, la extradición fue aplicada como una herramienta de presión a las organizaciones rebeldes que se hizo más evidente en el caso de Simón Trinidad; así como una forma de silenciamiento contra varios comandantes paramilitares que aún deben al país la verdad sobre los más altos responsables de la conformación y funcionamiento de aparatos organizados de poder desde donde se cometieron sangrientos crímenes contra la población colombiana.

En contraste con los altos requerimientos de las autoridades norteamericanas y aunque mucho se ha dicho y documentado sobre papel jugado tanto por el Gobierno de Estados Unidos como de las Empresas de ese país en el conflicto armado interno, en Colombia ni siquiera se denota interés de la administración de justicia en investigar y sancionar, menos aún de requerir en extradición, a quienes siendo extranjeros resulten responsables de crímenes que constituyan violaciones a los derechos humanos contra nuestros nacionales.

A lo anterior se suma, el abandono estatal al que son sometidos los ciudadanos colombianos llevados a cárceles en el exterior. Ninguna verificación de sus condiciones y menos aún, notas de protesta se realizan de parte del estado Colombiano ante situaciones que violentan los principios y reglas mínimas para el tratamiento de la población reclusa, tales como el aislamiento prolongado, las restricciones de información, las limitaciones en el contacto y comunicación con familiares, amigos y abogados, las falencias en la prestación de servicios de salud, entre otras prácticas de sistemas penitenciarios como el norteamericano, que a pesar de haber sido denunciadas públicamente, persisten.

Así pues, existen razones de peso para oponerse a la extradición de cualquier ciudadano. Primero, como un ejercicio de soberanía y autodeterminación, segundo, para garantizar desde nuestro país, el respeto cabal de los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad, a la vez que se propicia y avanza hacia la satisfacción de los derechos a la verdad y la justica de las víctimas de crímenes de Estado y la sociedad.

Por esta razón, nuevamente convocamos a todos los colombianos y colombianas, a los familiares y amigos de los presos, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos de presos políticos y al movimiento social, a unir fuerzas en la campaña “Por la soberanía, no a la extradición con el objetivo de:

· Rechazar y denunciar el uso de la extradición como una violación a nuestra soberanía.

· Defender los procesos de paz entre el Gobierno y las insurgencias y promover su construcción democrática.

· Visibilizar la grave situación carcelaria y jurídica que tienen que soportar las personas extraditadas por orden del Estado colombiano.

· Exigir la suspensión y cesación definitiva del constante flujo de connacionales en extradición y la repatriación de quienes ya están extraditados.

· Promover reformas legislativas por la no extradición como aporte  a una política criminal alternativa bajo el paradigma de una justicia restaurativa.

La soberanía de los pueblos no es un concepto vacío sino un escenario en permanente disputa política  dentro y fuera del país; es una condición necesaria para la paz con justicia social y el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos: no a la extradición!  

Colombia, 28 de febrero de 2015

CONVOCAN: Sinaltrainal; Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos-FCSPP-; Unión Sindical Obrera -USO-; Sintraunal; Congreso de los Pueblos; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia -REDHER-; Coordinador Nacional Agrario -CNA-; Corporación Solidaridad Jurídica; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Campaña Soberanía y Libertad No a la Extradición; Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza; Poder y Unidad Popular -PUP-; Equipo Jurídico Pueblos; Congreso Ambiental de Santander-CASA AGUAYA; Movimiento de trabajadorXs Campesinxs del Cesar –MTCC-, Ciudad en Movimiento; Acadehum Santander; Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cúcuta ASOFAMINTERCCUC;  Fundación para la Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barriga Vergel; Movimiento Social y Político de Masas de Centro oriente; Familiares y Amigos de los Presos del Nororiente; COSPACC; Fundación Joel Sierra; PUP Santander; Fundación Territorio por la Vida Digna; ASOINCA; Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria DDHH de la CUT de Santander; Cut Arauca;  ASONALCA; ASCATIDAR; CDP; REDHC; Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos; Grupo de Trabajo Carcelario Ruptura; Cátedra Libre y Abierta contra la Nueva Inquisición; Fundación Colombia Soberana; Izquierda Libertaria (Chile); Komitek Internacionalista de País Vasco; Unión Syndicale  Solidaires (Francia); ASSOCIATION AIPAZCOMUN (Suiza) Colectivo de Presos Políticos de Palogordo “José Antonio Galán”; Movimiento Nacional de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo; Colectivo de Presos Políticos Orlando Quintero Páez - Picota-Bogotá; Presos Políticos y Detenidas Políticas del complejo carcelario de Cúcuta; Colectivo de detenidas política Policarpa Salavarieta de la cárcel de mujeres de Chimitá – Bucaramanga; ANTHOC Cauca; Corporación Nasa Yak del Cauca; Corporación Fénix del Sol "CORFESOL"; Aline Castro, Red Por ti América, BRASIL; Igor Calvo, militante de base del FNRP, Honduras; ADHESIONES DE ARGENTINA: Asociación de ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD - Argentina); Grupo de Comunicaciones: El Lente; La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina; Aurora Tumanischwili Penelón, Guillermo López, FETERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía eléctrica de la República Argentina en CTA); Marta Speroni, militante internacionalista por los DDHH; Alejandro Cabrera Britos, delegado General ATE SENASA MARTÍNEZ; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FETERA; Carlos Loza, AGP, junta interna  Asociación General de Puertos; Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano Pvcia de Buenos Aires; CARINA MALOBERTI, Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA; Convocatoria por la liberación Nacional y Social, Frente Sindical: Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén); Agrupación político; sindical Tolo Arce; Centro Cultural “Alejandro Olmos”; Convocatoria Alte. Brown; Convocatoria Matanza; Convocatoria Capital Federal; Convocatoria Comunidad; campesina Tartagal-Salta; Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro, Herman Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”; Susana Rearte, Coordinadora en defensa del patrimonio público y de la Soberanía; María Rosa González, comunicadora social.

lunes, 23 de febrero de 2015

EN SUIZA Y LA PATRIA GRANDE APOYAN CAMPAÑA POR LA SOBERANÍA COLOMBIANA

Desde la campaña Por la Soberanía, No a la extradición; tenemos el gusto de reportar una excelente recepción de la misma en todo el territorio nacional y también en el extranjero. Además de las 48 organizaciones que lanzaron la campaña, de Colombia, Argentina, Chile y País Vasco; ahora se han unido muchas más desde varios puntos de la Patria Grande y Europa.  A continuación las últimas adhesiones:

1.       Aline Castro, Red por ti América (Brasil).
2.       Igor Calvo, Frente Nacional de Resistencia Popular (Honduras).
3.       ASSOCIATION AIPAZCOMUN (Suiza).
4.       Aurora Tumanischwili Penelón, Guillermo López, FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía eléctrica de la República Argentina en CTA).
5.       Marta Speroni, militante internacionalista por los DDHH. (Argentina).
6.       Alejandro Cabrera Britos, delegado general ATE SENASA MARTÍNEZ. (Argentina).
7.       Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FeTERA. (Argentina).
8.       Carlos Loza, AGP, junta interna  Asociación General de Puertos. (Argentina).
9.       Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano Pvcia. Bs.As. (Argentina).
10.   Carina Maloberti, Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA. (Argentina).
11.   Convocatoria por la liberación Nacional y Social, Frente Sindical. (Argentina).
12.   Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén). (Argentina).
13.   Agrupación político sindical Tolo Arce. (Argentina).
14.   Centro Cultural “Alejandro Olmos” (Argentina).
15.   Convocatoria Alte. Brown (Argentina).
16.   Convocatoria Matanza (Argentina).
17.   Convocatoria Capital Federal (Argentina).
18.   Convocatoria Comunidad campesina Tartagal-Salta (Argentina).
19.   Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro (Argentina).
20.   Herman Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie” (Argentina).
21.   Susana Rearte, Coordinadora en defensa del patrimonio público y de la Soberanía (Argentina).
María Rosa González, comunicadora social (Argentina).


A las anteriores organizaciones y personas, le presentamos nuestro agradecimiento por su gesto solidario y al resto del movimiento popular y de organizaciones de DDHH en Colombia y el mundo entero, le invitamos a que se unan en la lucha por la soberanía del pueblo colombiano.


CAMPAÑA POR LA SOBERANÍA, NO A LA EXTRADICIÓN.


Logos de dos de los adherentes. 

sábado, 21 de febrero de 2015

COMUNIDAD DE CANTAGALLO EXIGE ATENCIÓN EN SALUD

Desde el pasado 18 de febrero, habitantes del municipio de Cantagallo, en el Sur del departamento de Bolívar, están en una protesta pacífica por el pésimo servicio de salud que se presta en su municipio.  La comunidad denuncia  que ya van dos años sin que ningún médico atienda en el área rural del municipio y que actualmente solo hay uno en el casco urbano, que no da abasto para una población de 8.000 personas.

Los cantagalleros afirman que la actual administración municipal ha sido negligente frente a la grave crisis de salud que afrontan y que la alcaldesa Yaneth Cortéz se rehúsa a viabilizar la entrada de fondos para la ESE Centro de Salud Cantangallo.  Según dicen, estos fondos solo requieren de la firma de un convenio, pero la burgomaestre se niega a suscribirlo.

Para solucionar esta crisis de salud, la comunidad exige el establecimiento de mesas de diálogo con la presencia de las distintas autoridades con competencia en la materia, de los entes de control, de la sociedad civil y de distintas figuras y personalidades políticas.  Sobre el particular piden que se trate de funcionarios del nivel nacional, cuando haya lugar, y con capacidad de decisión.  Sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota no se había instalado mesa alguna y la alcaldesa no ha atendido ni siquiera a los medios de comunicación.

Por lo pronto se efectúa un llamado al pueblo colombiano, a la sociedad civil, a las autoridades estatales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con esta comunidad campesina que afronta una grave crisis y para que impidan cualquier tipo de represalia contra los cantagalleros que están defendiendo su vida y su salud.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROMINERAS DEL SUR DE BOLÍVAR Y ANTIOQUIA - AFASBA
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - CNA

Entrada a la alcaldía de Cantagallo

Sitio del plantón

Sitio del plantón

CAMPAÑA: “POR LA SOBERANÍA, NO A LA EXTRADICIÓN”


Tan absurda como la deuda externa, la extradición en Colombia es una herramienta política que, lejos de hacer justicia, impide su eficaz ejercicio, con el argumento que carece de capacidad operativa implementando a un alto costo político acuerdos de “cooperación” para entregar ciudadanos colombianos a tribunales más allá de las fronteras nacionales. Esta supuesta “cooperación” es, en la mayoría de los casos, un acuerdo unilateral que pone en peligro la soberanía de los pueblos, al imponer una justicia mercantilizada que no fortalece la democracia, la defensa de los derechos humanos ni la construcción de paz.

Desde 2002 el Estado colombiano ha entregado en extradición, según el Ministerio de Justicia, a más de 2.104 personas, siendo Estados Unidos el país que más solicitudes aprobadas ha realizado, con 1.748 colombianos judicializados, entre los que se encuentran narcotraficantes, paramilitares, insurgentes y ciudadanos del común, cada uno con una modalidad de extradición diferente. Por eso no sería exagerado afirmar que la extradición es un arma con la que se hace política, se imponen poderes, se otorgan garantías, se niegan otras, se oculta la verdad y se persigue a la oposición. Lejos de ser un mecanismo recíproco, neutral y efectivo al servicio de la justicia y los derechos humanos, la figura de la extradición en Colombia ha servido para consolidar un proyecto político que desconoce los principios de soberanía y la autodeterminación de los pueblos sometiendo a algunas personas extraditadas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Mientras que el 93% de los extraditados colombianos son requeridos por el Gobierno de Estados Unidos, en sentido inverso la cifra no llega a cinco. Estas estadísticas señalan un panorama distorsionado. Basta sólo con revisar qué papel ha jugado el Gobierno de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, para preguntarse si no tenemos nosotros más legitimidad en juzgar los crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses en el territorio nacional, sobre todo cuando la mayoría de ellos fueron orientados por sus propias agencias de seguridad e inteligencia.

Durante los últimos años han salido a la luz los “errores” judiciales que han cometido las cortes estadounidenses, con la complicidad de sectores nacionales, contra colombianos inocentes que, entre otras cosas, deben sobrevivir a las injusticias del modelo carcelario y penitenciario de los países requirentes.

Además de esto, se han encontrado casos donde grandes narcotraficantes, muchos de ellos articulados con el paramilitarismo y responsables de la muerte y el despojo de miles de personas, han salido en libertad en seis años o menos. Así mismo, algunos de estos narcoparamilitares han sido condenados sin que se pueda acceder, desde la justicia colombiana, a sus procesos, violando el derecho de las víctimas y del país a conocer la verdad sobre hechos que tuvieron graves implicaciones para la sociedad. La extradición es sinónimo de impunidad, y ha sido un fracaso en el desmonte de las estructuras nacionales e internacionales asociadas al crimen.

Por esta razón, convocamos a todos los colombianos y colombianas, a los familiares y amigos de los presos, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos de presos políticos y al movimiento social, a unir fuerzas en la campaña “Por la soberanía, no a la extradición”, para la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz con el objetivo de:

· Rechazar y denunciar el uso de la extradición como una violación a nuestra soberanía.

· Defender los procesos de paz entre el Gobierno y las insurgencias y promover su construcción democrática.

· Visibilizar la grave situación carcelaria y jurídica que tienen que soportar las personas extraditadas por orden del Estado colombiano.

· Exigir la suspensión y cesación definitiva del constante flujo de connacionales en extradición y la repatriación de quienes ya están extraditados.

· Promover reformas legislativas por la no extradición como aporte  a una política criminal alternativa bajo el paradigma de una justicia restaurativa.

La soberanía de los pueblos no es un concepto vacío sino un escenario en permanente disputa política dentro y fuera del país; es una condición necesaria para la paz con justicia social y el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos: no a la extradición! 

Campaña por la Soberanía, no a la Extradición

21 de febrero de 2015

CONVOCAN: Sinaltrainal; Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos-FCSPP-; Unión Sindical Obrera –USO-; Sintraunal; Congreso de los Pueblos; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –REDHER-; Coordinador Nacional Agrario –CNA-; Corporación Solidaridad Jurídica; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Campaña Soberanía y Libertad No a la Extradición; Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza; Poder y Unidad Popular -PUP-; Equipo Jurídico Pueblos; Congreso Ambiental de Santander-CASA AGUAYA; Movimiento de trabajadorXs Campesinxs del Cesar –MTCC-, Ciudad en Movimiento; Acadehum Santander; Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cúcuta ASOFAMINTERCCUC;  Fundación para la Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barriga Vergel; Movimiento Social y Político de Masas de Centro oriente; Familiares y Amigos de los Presos del Nororiente; COSPACC; Fundación Joel Sierra; PUP Santander; Fundación Territorio por la Vida Digna; ASOINCA; Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria DDHH de la CUT de Santander; Cut Arauca; ASONALCA; ASCATIDAR; CDP; REDHC; Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos; Grupo de Trabajo Carcelario Ruptura; Cátedra Libre y Abierta contra la Nueva Inquisición; Fundación Colombia Soberana; Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD - Argentina); Izquierda Libertaria (Chile); Komitek Internacionalista de País Vasco; Colectivo de Presos Políticos de Palogordo “José Antonio Galán”; Movimiento Nacional Carcelario Camilo Torres Restrepo; Colectivo de Presos Políticos Orlando Quintero Páez - Picota-Bogotá; Presos Políticos y Detenidas Políticas del complejo carcelario de Cúcuta; Colectivo de detenidas política Policarpa Salavarieta de la cárcel de mujeres de Chimitá – Bucaramanga; ANTHOC Cauca; Corporación Nasa Yak del Cauca; Corporación Fénix del Sol "CORFESOL"; Grupo de Comunicaciones: El Lente; La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. 



Para mayor información Sobre la Campaña "POR LA SOBERANÍA, NO A LA EXTRADICIÓN"

Correo:     colombiasinextradición@gmail.com
Twitter:    @porlasoberania1
Facebook: Por la Soberanía, No a la extradición

jueves, 12 de febrero de 2015

DENUNCIA DE LAS DETENIDAS DE LA UNIDAD TRES DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CÚCUTA

Las internas de la unidad tres del complejo penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos:

Elevamos nuestra voz de protesta por ser excluidas de la búsqueda de soluciones a la crisis que nos afecta y a raíz de la cual, las internas confinadas de la unidad tres del complejo penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta, desde el pasado 2 de febrero, nos declaramos en desobediencia pacifica, pero pareciera que para la Administración del INPEC no somos parte de la crisis ya que se han realizado varias reuniones con los representantes del Comité Derechos Humanos para debatir el pliego de peticiones presentados por todos los hombres y mujeres privados de la libertad en este complejo.

Denunciamos que a estas reuniones las representantes de las mujeres no han sido llevadas.  Con preocupación vemos estas actitudes discriminatorias por parte del INPEC precisando que somos internas del mismo complejo que estamos atravesando los mismos problemas. Consideramos además que aparte del pliego de peticiones existen un sinnúmero de necesidades muy particulares siendo este el escenario propicio para visibilizarlo y exigir soluciones

San José de Cúcuta 12 de febrero de 2015.

DETENIDAS DE LA UNIDAD TRES DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA ADSCRITAS AL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO



TRATOS CRUELES E INHUMANOS CONTRA DETENIDA POLÍTICA DE LA CÁRCEL DE MUJERES DE BUCARAMANGA

Las detenidas políticas en la cárcel del Buen Pastor de Bucaramanga informamos a la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones a los derechos humanos que se están presentando en la cárcel, en especial, los actos de tortura física y sicológica contra la detenidas políticas.

Como ya es costumbre en la cárcel el Buen Pastor de Bucaramanga (conocida como Chimitá) las violaciones a las derechos fundamentales contra las detenidas políticas han sido la constantea. El día 11 de febrero de 2015, siendo las 8:30 am; nuestra compañera detenida política YESENIA PABÓN se encontraba en el área de talleres disponiéndome a trabajar para lograr su descuento cuando las dragoneantes JOHANA SOLANO y DEISY RINCÓN le estaban haciendo la requisa corporal; entonces el dragoneante RAÚL CELIS y la cabo AIDE CABALLERO la sacaron de su sitio de trabajo y le practicaron una requisa invasiva obligándola a quitarse la licra y la ropa interior dejándola prácticamente desnuda a la vista de las guardianas antes mencionadas; posteriormente le hicieron  hacer cuclillas para a ver si tenía estupefacientes al ver que no tenía nada le dicen que realizaban este procedimiento era porque el perro cuando la olisqueó se había puesto nervioso.

No es la primera vez que ocurre un hecho de persecución contra la compañera YESENIA PABON, en noviembre de 2014, mientras se efectuaba una requisa le decomisaron libros de estudio entre ellos un libro una vida revolucionaria del CHE GUEVARA  aduciendo que este libro era apología política, por tanto, este tipo de libros estaban prohibidos por la cárcel.  Algo completamente irregular e ilegal.

Miramos cómo sistemáticamente se vienen violando los derechos humanos de nosotras las detenidas políticas en esta cárcel y pedimos a todos las organizaciones de derechos humanos estar atentas a lo que ocurre al interior de esta paredes; igualmente hacemos un llamado al Estado colombiano a suspender todo acto de persecución contra nosotras en especial cualquier retaliación por hacer denuncias como la que motivó este comunicado público.

Febrero 12 de 2015



DETENIDAS POLITICAS CÁRCEL DE MUJERES EL BUEN PASTOR (CHIMITA ) BUCARAMANGA



MUERE PRESO POLÍTICO ANTE NEGLIGENCIA DEL ESTADO COLOMBIANO

A las 10:30 de la noche de ayer, el Preso Político JESUS MIGUEL VELANDIA LEON murió en el Hospital Universitario de Santander  después de padecer Cáncer sin que hubiese recibido la atención médica adecuada, contraviniendo las reglas mínimas de tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas y del Derecho Internacional Humanitario.

JESUS MIGUEL había sido capturado el 30 de noviembre de 2010 en la vereda La Cristalina de Rionegro (Santander), señalado por la inteligencia militar de pertenecer a las FARC-EP, siendo condenado de manera irregular por el delito de rebelión y homicidio ante la pésima asesoría de un abogado de la defensoría del pueblo que le aconsejó que aceptara cargos por estos delitos; posteriormente recluido en Centro penitenciario de alta y mediana  seguridad de Palogordo – Girón.

VELANDIA era un humilde campesino de 54 años de edad que no sabía leer ni escribir. Nacido el 25 de enero de 1961. Desde el 4 de abril de 2012 le iniciaron una serie de dolencias que obligaron a su hospitalización determinándose posteriormente que padecía de CANCER denominado “TUMOR MALIGNO DE LA AMPOLLA DE VÁTER”.

Durante un tiempo considerable JESUS MIGUEL permaneció sin atención en el patio tres de Palogordo obligando al Colectivo de Presos Políticos “José Antonio Galán” a efectuar acciones pacíficas de desobediencia para exigir del Inpec y Caprecom la atención inmediata en salud.

Ante esta situación se fallaron dos tutelas a su favor, la última, el 14 de noviembre de 2014 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, y ante el incumplimiento de Caprecom EPS se interpuso incidente de desacato el 4 de enero de 2015, siendo desestimado el 6 de febrero de 2015, por cuanto Caprecom EPS a última hora suministró algunos medicamentos y procedimientos para evitar la sanción respectiva, esto cuando ya la muerte de JESUS MIGUEL era inminente en medio de los más fuertes dolores.

Su muerte se produce por negligencia de Estado colombiano que le negó la atención médica oportuna para contrarrestar los efectos del cáncer ya que permaneció desde abril de 2012 sin recibir el tratamiento adecuado.

Igualmente se observa el perverso papel de los Jueces de Ejecución de Penas de Bucaramanga que de forma reiterada negaron la domiciliaria bajo el argumento que el concepto de medicina legal concluía que su cáncer era una enfermedad tratable en condiciones de privación de la libertad, desconociendo la grave crisis de salud de las cárceles colombianas. Sin lugar a dudas, las condiciones en que murió JESUS MIGUEL constituyen actos de tortura que evidencian la aplicación de un derecho penal de enemigo, que en la práctica es una pena de muerte silenciosa; dejando constancia de que este no es el único caso registrado, basta con recordar la situación similar ocurrida a los presos políticos del ELN José Albeiro Manjarrés Cupitre que fallece por desatención de Estado el 12 de enero de 2011 y Vicente Saul Balcarcel el 18 de septiembre de 2012.

En este momento el cuerpo de JESUS MIGUEL está siendo velado en la sala dos de la funeraria San Pedro ubicada en la calle 45 No. 27-71 de Bucaramanga. Invitamos a las organizaciones regionales a expresar su rechazo por lo ocurrido y manifestar solidaridad con la humilde familia de JESUS MIGUEL.

Bucaramanga, 12 de febrero de 2015
 

Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos - FCSPP
Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria DDHH de la CUT de Santander
Equipo Jurídico Pueblos - EJP
Asociación de familiares del Nororiente colombiano