Equipo Jurídico Pueblos

Equipo Jurídico Pueblos

domingo, 13 de abril de 2014

HOMENAJE AL MAESTRO ALONSO CARRASCAL CONDE DEFENSOR DE PRESOS POLÍTICOS Y DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS.

Maestro Alonso Carrascal Conde
El pasado 10 de marzo a la edad de 74 años falleció en la ciudad de Bucaramanga el maestro ALONSO CARRASCAL CONDE; su vida intelectual estuvo al servicio de los sectores populares del país; hasta el último día de su existencia se dedicó al estudio del “Humanismo Marxista” pretendiendo inculcar en sus alumnos las bases científicas de la construcción de pensamiento crítico; fue materialista histórico, anticlerical, filósofo, revolucionario, un hombre profundamente solidario; comprometido desde su juventud por construir un mundo justo.

A la edad de 24 años obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad Libre de Colombia con una particular tesis de grado llamada “Estudio sobre el individuo, el estado y el derecho en la teoría Marxista de la alienación” en cuyos aportes se refleja la rigurosidad académica y claridad política que lo destacó durante toda su vida, su escrito permanece vigente 49 años después:

“Para el objetivo buscado me propongo presentar, primero, una exposición global de los que ha sido la filosofía en el decurso del tiempo, las diversas corrientes del pensamiento filosófico y, por ende, el carácter clasista de todo pensamiento o sistema filosófico para evocar, luego, y como consecuencias de estos planteamientos generales, el análisis de la teoría de la alienación aplicada al individuo, al Estado y al derecho. Es preciso recalcar la tremenda importancia que en la actualidad sume para nosotros el estudio de este últimos aspecto de la filosofía marxista, pues estamos presenciando constantemente el jocoso espectáculo de “resentidos” intelectuales burgueses que, con inusitado fervor, peroran sobre las “estructuras”, como si las citadas estructuras existieran en la conciencia de ellos mismos y no en la realidad económica del país, sometida al capital financiero del imperialismo norteamericano…” (Tesis de Grado, Universidad Libre, Bogotá, junio de 1965)

Tal postura crítica lo acompañó durante toda su vida; ejerció el derecho como una opción de vida al servicio de los excluidos de este País. En 1969 participó en el  famoso “juicio del siglo” adelantado por el Juez 26 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, actuando como defensor de centenares de personas señaladas de pertenecer a la guerrilla del ELN. Un diario regional dejó plasmadas las palabras del Maestro Carrascal, con las que dignificaba la lucha de sus representados mientras confrontaba a sus delatores: “Allí están, con la cabeza en alto… pagando con su dignidad el delito de ser revolucionarios, y afuera deambulando y exhibiendo impúdicamente su vergüenza, los que por debilidad, cobardía y flaqueza, ostentan en sus frentes el oprobioso título de traidores a la Revolución Colombiana”

Haber asumido esta defensa política con total ahínco originó que la inteligencia militar promoviera un proceso penal en su contra. El 25 de septiembre de 1972 fue detenido arbitrariamente por órdenes de la justicia penal militar por el delito rebelión siendo remitido al patio cuatro de la cárcel Modelo de Bucaramanga donde permaneció privado de la libertad hasta el 27 de marzo de 1973, tras ser absuelto.

En los años posteriores dedicó su vida a la defensa de los presos políticos del nororiente colombiano, fue uno de los primeros abogados de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Santander; representó  a los trabajadores ante los tribunales; y acompañó procesos populares en sus luchas por la exigibilidad de sus derechos.

En los inicios de los años noventa,  en vigencia de la “Justicia Regional” conocida como justicia sin rostro, decide apartarse del litigio ante el impacto que le causara que una luchadora popular a quien defendió de los delitos de rebelión y terrorismo fuera injustamente condenada por las declaraciones de testigos bajo reserva de identidad. Desde ese momento dijo que la única alternativa para un luchador del pueblo procesado por el Estado colombiano era acudir a los procesos de ruptura.

El maestro CARRASCAL fue docente en la Universidad Industrial de Santander  y en otros claustros privados de Bucaramanga; su método siempre fue cuestionar, desde el materialismo histórico, la estructura de pensamiento de sus alumnos. Prefirió los cursos de Filosofía del derecho y laboral colectivo, convirtiendo sus clases en verdaderos espacios de discusión política y filosófica; con profunda ironía y gran sentido del humor demostraba científicamente las atrocidades del capitalismo.

El maestro Alonso Carrascal Conde entregó su vida por la causa de los pobres de Colombia; fue estigmatizado, amenazado y encarcelado, aun así, continuó por varios años en la defensa de los presos políticos y luego aportó incondicionalmente con su conocimiento a la academia. Compartió sus luchas con otros abogados al servicio del pueblo, como el maestro Eduardo Umaña Luna y el abogado Pedro Ardila, reconocido defensor de presos políticos de Santander; todos ellos seres humanos profundamente solidarios de la causa de los desposeídos. Su legado, al igual que el de sus compañeros Ardila, Umaña Luna, Umaña Mendoza, Barriga, entre otros, está más vigente que nunca, las razones de su lucha persisten; los presos políticos siguen existiendo en las cárceles colombianas.

Bucaramanga, 13 de abril de 2014

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS - EJP

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS - FCSPP

sábado, 12 de abril de 2014

JUEZ DE SOCORRO PROFIERE CONDENA POR HOMICIDIO DE CÉSAR ARIEL SEPÚLVEDA DÍAZ



CÉSAR ARIEL SEPÚLVEDA DÍAZ

El  8 de abril de 2014 el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Socorro condenó a 34 años de prisión a JOSUÉ VALLEJO ARANDA por el homicidio agravado de CÉSAR ARIEL SEPÚLVEDA DÍAZ, un joven trabajador y habitante del Barrio Ciudad Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga.  Los hechos acaecieron entre el cinco y el seis de septiembre de 1994.  Para esas fechas,  según la sentencia, JOSUÉ VALLEJO, adelantaba una feroz campaña de justicia privada por un hurto que sufrió en su finca del municipio de Oiba, Santander.  Esta campaña contaba con todas las facilidades, pues JOSUÉ VALLEJO era un prestante finquero y concejal del municipio de Oiba, con estrechas relaciones con la Policía acantonada en esa región. 

CÉSAR ARIEL SEPÚLVEDA trabajaba liderando un proceso de autoconstrucción de vivienda de interés social y a su vez alternaba el trabajo con una sociedad  en dos vehículos los cuales nunca manejo pues siempre les tuvo conductor trasporte y uno de sus vehículos lo conducía una persona que fue detenida en el socorro por la Policía Nacional por el hurto contra JOSUÉ VALLEJO.  La detención del conductor en el municipio del Socorro y las posteriores llamadas a su casa de Cesar por parte del chofer JAVIER ROJAS QUITANILLA lo obligó a CESAR ARIEL A desplazarse hasta el municipio del Socorro donde se encontró con la sorpresa que los detenidos habían sido enviados a Oiba. CESAR ARIEL viajo para resolver  cuestiones relativas al vehículo y nada más.  Sin embargo, la presencia de CÉSAR ARIEL SEPÚLVEDA llamó la atención de la Policía y de  JOSUÉ VALLEJO quien comprobadamente dio la orden de retenerlo ilegalmente.  El atroz hecho  lo realizan unos civiles que trabajan para VALLEJO, el día cinco de septiembre de 1994 en la carretera entre Oiba y Bucaramanga, más exactamente en la entrada a Guapota.

El cadáver fue hallado 14 días después en el municipio santandereano del Palmar, donde fue sepultado como N.N.  Pero cuando el joven seguía vivo y en poder de JOSUÉ VALLEJO, este último se presentó en la casa de CÉSAR SEPÚLVEDA DÍAZ, lugar donde amenazó a su Señora madre, AURA MARIA DÍAZ.  Sin embargo, esta valiente mujer jamás dejó de buscar a su hijo, se articuló con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y en el año 2010 logró encontrar los restos de su hijo gracias al apoyo de Medicina legal y de la continua labor  de Euclides Díaz funcionario de Medicina Legal de San Gil. La noticia del hallazgo de los restos óseos de CESAR ARIEL SEPULVEDA trajo solidaridad de organizaciones sociales ONGs y sindicatos para la defensora de derechos humanos AURA MARIA DIAZ HERNANDEZ quien a pesar del duelo y el dolorosa por tan nefasta noticia preparo una peregrinación de más de doscientas personas para ir a recibir los restos óseos de su hijo hasta San Gil. El ansiado hallazgo permitió que la investigación penal se reabriera después de que AURA MARIA enviara derechos de petición a la Fiscalía y a la Procuraduría para que de acuerdo a los nuevos hechos se reabriera la investigación sin embargo esto tardo más de un año. Es así como en este 2014, la justicia finalmente se pronuncia, lamentablemente  no se tipificaron los hechos como desaparición forzada.

Esta condena se dicta basada en un extenso número de pruebas, pero nada hubiera sido posible sin el tesón de  AURA MARIA DÍAZ el apoyo de su familia y de las familias que conforman ASFADDES - Bucaramanga, acompañadas de organizaciones como el CSPP, Corporación Compromiso, la psicóloga Esperanza Bohórquez, Cristina Obregón de ASAPAZ entre otras, que han impulsado la causa en contra de la desaparición forzada, incluyendo la petición de castigo  para los más altos responsables.

Lamentablemente un número considerable de familiares de detenidos desaparecidos  continúa sin recibir información del paradero de sus seres queridos; la mayoría de los casos continúan en la impunidad, observándose total negligencia por parte del aparato de justicia colombiana en investigar desde una metodología de Crimen de lesa Humanidad.

Finalmente, ASFADDES – Bucaramanga invita a un Plantón contra la impunidad en casos de desaparición forzada, para el próximo jueves  24 de abril, a las 09:00 am, en el parque principal de Socorro - Santander, instante en que la  madre de Cesar ARIEL SEPULVEDA señora AURA MARIA DIAZ, familiares y amigos   recibirán copia de la sentencia condenatoria.

“LOS DESAPARECIDOS SON LOS AUCENTES SIEMPRE PRESENTES EN LA MEMORIA DE LOS FAMILIARES Y DE LA SOCIEDAD”

“LOS FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS EXIGEN VERDAD JUSTICIA REPARACION INTEGRAL MEMORIA HISTORICA Y GARANTIAS DE NO REPETICION FRENTE A LA DESAPRICION FORZADA DE PERSONAS”





Bucaramanga, 12 de abril de 2014.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS -ASFADDES-

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS -FCSPP-

Imagen Tomada de http://www.asfaddes.org/comunicados.php

ASESINATO DE LUCIANO ROMERO, UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El Juzgado Cincuenta y Seis (56) Penal del Circuito Programa O.I.T., califico el asesinato de Luciano Enrique Romero Molina, como crimen de lesa humanidad, en fallo de fecha 31 de marzo de 2014, contra HEVER OVIDIO NEIRA BELLO alias “R1”, “Fugitivo” o “El Abogado”, por el delito de Homicidio en Persona Protegida. 

HEVER OVIDIO NEIRA BELLO alias “R1, EL FUGITIVO y/o EL ABOGADO”, acusado como coautor del delito de HOMICIDO EN PERSONA PROTEGIDA en contra de la humanidad de LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA, fue condenado a trescientos noventa (390) meses de PRISIÓN y a una multa equivalente a dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales vigentes al momento de su cancelación, al ser hallado coautor del delito de Homicidio en Persona Protegida.

“Dentro de la investigación se estableció que LUCIANO fue trasladado en su mismo vehículo, esposado, amordazado  y reducido a la voluntad de varios hombres integrantes del grupo armado ilegal, autodenominado “frente Mártires del Valle de Upar”, del Bloque Norte de las “autodefensas”, que delinquía en esa región, al mando de “Jorge Cuarenta”; quienes una vez cometido el homicidio se apropiaron del taxi y procedieron a comercializarlo por partes. …El cadáver fue hallado con cincuenta (50) heridas abiertas, penetrantes, producidas por arma corto punzante. … en este proceso está plenamente demostrado que LUCIANO fue retenido en el taxi que conducía para ganar su sustento, para asesinarlo con toda sevicia y crueldad.”

Luciano, “Fue sujeto de medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Padeció persecución laboral y política: “la empresa –CICOLAC- lo suspendió y determinó unilateralmente despedir a los trabajadores mencionados, sin haber terminado de escucharlos en sus descargos… entre los años 2001 y 2002 fueron asesinados selectivamente por los grupos paramilitares los dirigentes sindicales… -relacionan 12 personas- y amenazados LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA… entre otros… los  grupos paramilitares tienen en su poder los nombres de varios dirigentes y activistas sindicales para ser asesinados… así renuncien a la actividad sindical, continuarán siendo objetivo militar ellos y sus familias… paramilitares habían dicho que este –se refieren a LUCIANO- no se les iba a escapar porque sabía mucho y que estaban haciéndole seguimiento”  

“Así mismo, en el expediente se encuentran denunciados hechos de persecución o discriminación por motivos de lucha sindical; hay una fotocopia de la resolución de acusación mediante la cual se llama a juicio a directivos de CICOLAC por haber obligado a renunciar a trabajadores afiliados a SINALTRAINAL en septiembre de 2003, encerrándolos en hoteles y presionándolos en horas inusuales como de madrugada en sus casas, logrando que 200 de  ellos renunciaran para acabar el sindicato. Seguidamente a esa maniobra, Nestlé CICOLAC es vendida a DPA, quien obviamente, contrata trabajadores no sindicalizados y a más bajos salarios, para después, recomprarla.”

“El presidente de la agremiación sindical también refiere que el despido de LUCIANO y otros integrantes de la Junta Directiva obedeció a una serie de persecuciones iniciadas por la empresa CICOLAC – NESTLE-; destaca cómo, en una ocasión recibieron amenazas por convocar a una huelga, la cual a pesar de no haberse llevado a cabo, fue declarada ilegal y  fue utilizada para el despido conjunto de varios trabajadores, entre ellos LUCIANO ROMERO.”

“De igual manera, el Presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, hizo mención en varios escritos y bajo la gravedad del juramento, que durante la negociación del pliego de peticiones con la empresa CICOLAC – NESTLE-, los trabajadores fueron intimidados por personas sospechosas que asistían a la empresa y arremetían en contra de aquellos, al parecer, para evitar que ejercieran libremente su actividad sindical. Asegura además, que desde el año 1999 empezaron a hacer presencia en la ciudad de Valledupar grupos paramilitares que querían asumir el control territorial y a quienes responsabiliza de las amenazas y muertes de las que fueron víctimas varios de sus integrantes, como LUCIANO ROMERO.” 

“Por estos hechos han sido condenados como coautores, quienes fueran miembros de esa organización ilegal, JORGE ARMANDO TURIZO IBAÑEZ alias “Calabazo”, JOSE ANTONIO USTARIZ alias “Jose”, JHONATHAN DAVID CONTRERAS alias “Paco”, JAIR DOMINGO PLATA RODRIGUEZ alias “Emiliano”, ADOLFO ENRIQUE GUEVARA CANTILLO alias “ciento uno”, GIOVANNY ALFREDO ANDRADE RACINES alias “el guajiro”. …” Igualmente fue condenado el funcionario del gobierno colombiano vinculado al DAS José Antonio Riaño; el proceso contra Norberto Sotomayor, también agente del DAS, coordinador de la Unidad Investigativa de Policía Judicial ante el GAULA, continua.

El juez  Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T. José Nirio Sánchez, ordenó abrir investigación contra los gerentes de la Cicolac - Nestlé, Enrique Flavio Almeida, Carlos Fajardo Pinzón, Enrique Rueda Noriega, Carlos Represas, Isoliel Montero Pérez, Jairo Nieto Castañeda, pero inexplicablemente fue suspendido de su cargo. Hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación no ha iniciado el proceso, a pesar de que el jefe paramilitar “SALVATORE MANCUSO, un desmovilizado de las autodefensas ilegales, extraditado a los Estados Unidos, confesó que a las cooperativas lecheras CODEGAN, CICOLAC y PROLECHE se  les cobraba dinero para financiar al grupo armado ilegal. Cuando se quiso ampliar su declaración en audiencia de juicio que se realizara de manera virtual Bogotá-Washington, el testigo se negó acusando al Estado de haberle dejado a su familia desprotegida dado que estaba denunciando acciones ilícitas cometidas por miembros de las fuerzas militares y policivas. Y aunque el Juzgado solicitó al Ministro del Interior y de Justicia se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el avance de los procesos judiciales que se adelantan para establecer la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas de violencia sindical, la respuesta fue anodina.”

“Efectivamente, aparecen en el expediente, diversas comunicaciones en las que se le expresa al Presidente de CICOLAC- NESTLE- su preocupación por las evidentes diferencias que existían entre trabajadores y empleador, así como el peligro en que se encontraban los miembros del sindicato, debido a los perjudiciales señalamientos que, incluso, se realizaban al interior de la empresa; situación que ponía en mayor riesgo a los miembros sindicales.“

Al no obtener en Colombia claridad sobre los móviles y castigo para los responsables intelectuales (determinadores), acudimos a las cortes federales de los Estados Unidos y posteriormente a las cortes suizas. El 1 de Mayo de 2013, día internacional de la clase obrera, la Fiscalía del Cantón Vaud en Suiza, decidió no abrir investigación contra Nestlé S.A., argumentando la prescripción por homicidio involuntario por negligencia, decisión que fue apelada el 9 de enero de 2014 ante el Tribunal Federal suizo.

Ante la justicia continua vigente la responsabilidad de Nestlé.

Abril de 2014.

DIRECCIÓN NACIONAL DE SINALTRAINAL

viernes, 11 de abril de 2014

CONDENADOS MILITARES DEL BATALLÓN LA POPA POR LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CUATRO POBLADORES DE SOLEDAD, ANTLÁNTICO


El pasado 18 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar condenó a cuarenta años de prisión al teniente del Ejército Nacional CARLOS ANDRES VERGARA MEJÍA y al cabo Segundo CARLOS REINEL ORDOÑEZ LARA por la ejecución extrajudicial de JHON JAIRO PAREJO PEREZ de 23 años de edad, ayudante de albañilería, residente en el barrio Porvenir del municipio de Soledad; IVAN DE JESUS SIERRA DE LA ROSA de 34 años de edad, vendedor de gallinas criollas, quien residía en el barrio Nuevo triunfo del municipio de Soledad; ALFREDO MANUEL RETAMOSO ASCENCIO de 23 años de edad, habitante del barrio Provenir de Soledad; y WALBERTO ANTONIO COHEN PADILLA, moto taxista de Barranquilla.

Los hechos que originaron la sentencia condenatoria ocurrieron el 20 de noviembre de 2005, en zona rural denominada “Parcelas del Tocaima” del municipio de San Diego, Departamento del Cesar, en la que según información militar, mueren en supuesto combate con tropas del Batallón Artillería No. 2 La Popa de Valledupar cuatro personas señaladas de pertenecer al frente guerrillero José Manuel Martínez Quiroz del ELN. De acuerdo con el informe oficial, el presunto operativo se desarrolló para evitar acciones de extorsión contra habitantes de la región, razón por la que se ejecuta la operación “esplendor” misión táctica “Nigeria”, suscrita por comandante del Batallón RAUL ANTONIO RODRIGUEZ AREVALO. Posteriormente se pudo establecer que las víctimas eran pobladores del municipio de Soledad –Atlántico-; a quienes les habían formulado la propuesta de trabajar recolectando algodón en una finca del departamento del Cesar.

La defensa de los militares alegó en todo momento que la orden fue legal, sin embargo el Juez determinó en su sentencia que “el falso enfrentamiento es confirmado por la falsedad plasmada en el acta que certifica legalización del gasto de munición empleada y suscrita con su firma y huella de todos los militares… Ciertamente está probado que la munición allí relacionada en la mencionada acta no se usó porque tal enfrentamiento nunca existió…” y concluye que la condición de indefensión de las víctimas se probó pues “no portaban armas porque no tuvieron oportunidad de hacerlo, muestra de ello es lo manifestado por (Testigo), dueño del predio donde ocurrieron los hechos, y quien tuvo la oportunidad de ver a las víctimas minutos antes de su muerte, cuando pidieron permiso para coger una naranjas…” (pg. 40 y 42 de la Sentencia, respectivamente)

Aunque la sentencia condenatoria un es paso fundamental en la satisfacción de las víctimas y la sociedad de Justicia y Verdad, el Juez negó la petición de la Parte Civil de calificar los hechos con Crimen de Lesa Humanidad, analizándolos de manera insular, aunque la realidad colombiana habla de más de 3000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país.

A pesar de las evidencias que reposan en el proceso, tampoco se pronuncia la Judicatura sobre la posible concurrencia de otros punibles como la desaparición forzada y falsedad en documento público, que deben ser investigados.

Los familiares de las víctimas, acompañados por la Fundación Comité de solidaridad con los presos políticos, deben continuar su exigencia de justicia, promoviendo el juzgamiento de los más altos responsables de estos crímenes de lesa humanidad y  el desmonte real de las estructuras organizadas de poder desde las cuales se diseñaron y cometieron de forma masiva y sistemática las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
   
Bucaramanga, 11 de abril de 2014.

FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS

miércoles, 9 de abril de 2014

COMUNICADO DEL COMITÉ PARA LA DEFENSA DEL AGUA Y EL PÁRAMO DE SANTURBÁN

Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
El Gobierno nacional a través de MinAmbiente, hace populismo y acomoda a las Multinacionales Mineras, con la Delimitación de Santurbán. La realidad para el AGUA de los Santanderes y la vida de las comunidades en zona de páramo es otra, por lo que el "Comité Para La Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán" se permite adarar y precisar:

1. La delimitación de Santurbán no conserva ni preserva el agua de los santandereanos. Científicamente está demostrado que en Colombia, el 70% de la población depende del agua de los páramos y éstos para su funcionamiento necesitan sub-páramo, bosque alto andino, lagunas, humedales, turberas y acuíferos Por todos los medios, las autoridades, han tratado de confundir, hablando de cota y Parque Natural Regional y con el Artículo 202 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos, se creó la figura "Línea de Páramos", con la que se pretende por vía administrativa, recortar el tamaño de todos los páramos de Colombia, empezando por Santurbán, para dar paso a la gran minería asentada en zonas de recarga hídrica.

2. La presencia de multinacionales mineras en la alta montaña de Santander y sus implicaciones para el agua, son la causa de la movilización social en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Es responsabilidad del gobierno, solucionar el problema creado al concesionar ecosistemas esenciales para la vida a la gran minería, estas empresas, no pueden aducir derechos adquiridos, un título minero sólo representa una expectativa; gobiernos anteriores y el actual, han ido acomodando las normas a favor de las multinacionales mineras, de esta forma, algunas empresas vienen haciendo explotación con títulos comprados a pequeños mineros.

3. La Ministra de Ambiente de forma amañada arregla la información. Cumpliendo la tarea ordenada, desinforma, no entrega coordenadas del área anunciada, no expide el acto administrativo, no se sabe qué empresas quedan con títulos mineros en páramo fuera del límite que se viene acomodando, la información es imprecisa e incompleta, sólo responde a una estrategia electoral, que niega la posibilidad de dar un debate real sobre el futuro del agua frente a la gran minería, no sólo en Santander, sino a nivel nacional.

4. Pretender conservar, desconociendo las comunidades que habitan la alta montaña, es contribuir al desplazamiento y la pobreza. Las comunidades deben continuar en su territorio, pero necesitan apoyo del Estado, para hacer reconversión tecnológica. Es indigno y repudtable que se pretenda equiparar la afectación generada con pequeñas actividades agropecuarias y minería artesanal, con la contaminación irreversible de la megaminería. Con Soto Norte, —-al igual que las regiones olvidadas de Colombia-—, el Estado tiene una deuda histórica de inversión social.

5. Se quiere hacer pagar a los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga, los daños ambientales de las transnacionales mineras. El Pago por Servicios Ambientales (PSA), formalizado con el Decreto 953/13, forma parte de la concepción "todo tiene precio", será un nuevo impuesto, adornado con un halo de conservación, tras el que se esconde los efectos de los grandes contaminadores, —como es la megaminería—, y las pretensiones de comercializar la biodiversidad del país. Por la resistencia social en Santander, (exigiendo agua para las presentes y futuras generaciones) el PSA, empezará en Santurbán, pero se extenderá a todo el territorio nacional.

Sólo Tenemos Una Arma Civilizada La Movilización Social

Preparemos Una Vez Más Una Gran Jornada Para El 5 Oe Junio 2014

AGUA SÍ....... ORO NO Bucaramanga,

Abril 7 de 2013