Equipo Jurídico Pueblos

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martes, 24 de marzo de 2015

Declaración política “Encuentro de Campesinos sin Tierra del Sur de Santander”

Los campesinos sin tierra de las provincias Sur de Santander reunidos en la asamblea el 16 de marzo de 2015  en la ciudad de Socorro, manifestamos a la opinión pública:   

Hoy 16 de marzo, los campesinos sin tierra conmemoramos las luchas dadas por MANUELA BELTRÁN, ANTONIA SANTOS, JOSÉ ANTONIO GALÁN y muchos otros héroes, que ofrendaron sus vidas en luchas justas por la reivindicación de los derechos de los campesinos y campesinas.

Los campesinos en la actualidad nos encontramos en una profunda crisis producto de las políticas neoliberales implementadas por la dirigencia política del país. Los Tratados de Libre Comercio, la falta de apoyo del Estado, el desplazamiento forzado, el avance de la gran minería y la explotación de petróleo, el monopolio de las semillas, y la falta de tierra, son graves problemas que afectan a las comunidades campesinas Aunque alimentemos al país, las campesinas y campesinos no somos poseedores de la tierra para la producción de la comida que sostiene a Colombia.

En los diversos municipios que hacen parte de las provincias del sur de Santander, estamos reviviendo el movimiento de campesinos sin tierra, buscando una auténtica reforma agraria y el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos.   

Como campesinos alentamos y apoyamos el enorme esfuerzo que dirigentes campesinos vienen haciendo, en las mesas de negociación con el Gobierno Nacional, mesas que son producto de los paros campesinos de 2014, y saludamos a la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular, el más importante esfuerzo de coordinación del movimiento agrario colombiano en als últimas décadas. 

Nos preocupa enormemente que el Plan Nacional de Desarrollo no incluye ninguna disposición para apoyar al campesinado. Por el contrario, encontramos la entrega de los baldíos a grandes empresarios y un ordenamiento del territorio que fortalecerá la gran minería, la explotación de petróleo, los grandes proyectos de infraestructura y los agronegocios impulsados por grandes inversionistas. 


Declaramos nuestra oposición a ese Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto 133 que pretende entregarle los baldíos a grandes empresarios, en lugar de destinarlos a campesinos y víctimas de la violencia, como debería ser.    

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

El reconocimiento político de los campesinos y campesinas como sujetos de derechos.

El ordenamiento popular del territorio conforme a su vocación y a las necesidades de su poblaicón, incluyendo la consituciónde territorios colectivos campesinos, como zonas agroalimentarias que generen garantías de disfrute social de la tierra y el territorio.  

Una verdadera reforma agraria autentica que garantice la propiedad, el dominio, la soberanía, del uso y el usufructo sobre la tierra cultivable.

La creación de una política pública de estímulos a la economía campesina para asegurar el bien-estar del campesinado colombiano.  

Una mayor inversión social en el sector rural, incluyendo recursos para agua potable, alcantarillado, saneamiento básico, vivienda rural, vías, educación, salud y demás derechos sociales.

Tecnología para el campo y protección ambiental del territorio. 

COMO CAMPESINOS SIN TIERRA NOS COMPROMETEMOS

A seguir encontrándonos y reconociéndonos como organizaciones comunitarias, a seguir construyendo nuestra propia historia, a seguir defendiendo nuestra cultura, a seguir revalidando los conocimientos ancestrales que poseemos y a seguir luchando por la solución a la compleja realidad que nos agobia.

A seguir organizándonos y seguir trabajando por un mejor futuro, derrotando la marginación a la que nos han sometido durante tantos años, a seguir gestionando directamente la solución a nuestros propios problemas, a seguir creyendo en nuestras propias capacidades a creer en nosotros mismos a ayudarnos mutuamente y a seguir luchando para que el gobierno nacional, departamental y municipal entiendan que la paz sólo se logra si los campesinos y campesinas somos los poseedores de la tierra.

A seguir luchando para recuperar la propiedad de la tierra que por herencia de los Guanes y los Comuneros nos pertenece, a luchar para que se quiten los impuestos del campo, a recuperar los valores de los guanes y legítimos comuneros y a consolidar en todo el sur de Santander el movimiento de campesinos sin tierra y en definitiva nos comprometemos a la conquista de la libertad.

CAMPESINOS SIN TIERRA DE LAS PROVINCIAS DEL SUR DE SANTANDER

Galería de imágenes de la movilización del 16 de marzo



COMUNICADO EN SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL PROYECTO HIDROSOGAMOSO

Desde el pasado lunes 16 de marzo las comunidades de las  veredas de San Juan de Río Sucio del Municipio Sabana de Torres, Cascajera de Barrancabermeja, Casa de Barro, Tienda Nueva, El Peaje, La Playa y Peña Morada de Betulia y Marta de Girón. Desplazadas por la construcción del proyecto Hidrosogamoso de la empresa estatal ISAGEN. Se movilizaron llegando a Bucaramanga el pasado miércoles 18 de marzo. Desde esta fecha mantienen un plantón frente a la  gobernación de Santander.

Las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico vienen denunciando desde el inicio de la construcción de la presa las afectaciones para el Río Sogamoso y con ello la repercusión para las comunidades ribereñas que han vivido de la pesca, la agricultura y otras actividades ligadas al río afectando sus derechos individuales y colectivos.

La construcción y puesta en marcha la represa  ha contribuido a la afectación de la pesca por la interrupción del cauce natural del río y de los químicos vertidos en la construcción de muro, provocando la desaparición de diversas especies de peces.

Adicionalmente, las comunidades viven con la zozobra de tener a pocos metros de sus viviendas una presa de 192 mts., con un peso de agua de 4.800 millones de toneladas, cerca del segundo  nudo sísmico de mayor actividad  del mundo y de soportar diariamente los gases emitidos por la descomposición de la  materia orgánica que ya se en el fondo del embalse.

Estas comunidades han tenido que soportar la falta de interés  del gobernador de Santander  Richard Aguilar, que se niega a realizar solicitudes formales tanto al Gobierno Nacional como a la empresa ISAGEN, para que reubiquen urgentemente estas familias e intervenir inmediatamente habilitando un comité de atención al riesgo con el fin de evitar que se siga agravando la situación humanitaria y ambiental. Por estas razones las organizaciones sociales de Santander y de Colombia hacemos los siguientes llamados:

Al gobernador de Santander Señor Richard Aguilar;

1. A declarar la emergencia social y económica y a reubicar las familias que se encuentren como desplazados ambientales. De igual manera adelantar todas las gestiones ante el Gobierno Nacional para atender la crisis ambiental  y humanitaria que se vive en los  sectores de influencia del proyecto.

2. Al Congreso de la República; a delegar una comisión para que realice una visita a las veredas circundantes a la represa con el fin de verificar  la situación de crisis ambiental y humanitaria.

3. Al Gobierno Nacional; establecer inmediatamente una mesa de trabajo  con las comunidades afectadas además de abstenerse a la venta de ISAGEN empresa estatal, por cuanto existen responsabilidades presentes y futuras con el megaproyecto que podrían no ser asumidas por futuros dueños.

4. Al Alcalde y a la diócesis del Municipio de Bucaramanga; demandamos el respeto por la protesta social y en ese sentido al mandatario municipal  solicitamos evitar la intervención de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

5. A la Corporación Autónoma de Santander y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; que cumplan con su papel de autoridades ambientales realizando un seguimiento permanente y efectivo de acuerdo con las obligaciones de la licencia ambiental del proyecto y advertir de los daños no contemplados en la licencia y que son señalados por las comunidades.

6. Finalmente invitamos a las organizaciones sociales, ambientales, Juntas de Acción Comunal y ONG defensoras del ambiente y los derechos humanos para acompañar a las comunidades movilizadas en un abrazatón en el parque García Rovira frente a la Gobernación de Santander el día miércoles 25 de marzo a la 1:30 P.M.

RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE


Movimiento en Defensa del Rio Sogamoso, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Unión Sindical Obrera USO, Sindicato Nacional de Alimentos SINALTRAINAL, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, Equipo Jurídico Pueblos, CORDESTE, Polo Comunero, Poder y Unidad Popular PUP, Movimiento por los derechos del pueblo MODEP, CENSAT Agua Viva, Colectiva Amapolas Incidentes, Ciudad en Movimiento, Colectivo Frente Unido CFU, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de   Santurban, Zua Quelzal, Acción Libertaria, Congreso Ambiental de Santander – CASA AGUAYA, Movimiento de Trabajadxs, Campesinxs y Comunidades del Cesar - MTCC y Comité Ambiental de Barrancabermeja.

Comunidades del Sogamoso el día de su llegada a Bucaramanga.

Carpa de la Resistencia.

Cordial invitación para el miércoles 25 de marzo.



lunes, 16 de marzo de 2015

COMUNICADO No. 9 DEL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO SECCIONAL CÚCUTA

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Parte III, artículo 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ley 74 de 1968 para Colombia.


Entrada al campo de concentración de Auschwitz.  El letrero reza: el trabajo os hará libres.

Cuántos muertos se deben presentar en este Complejo Penitenciario por negligencia médica para que el Estado Colombiano respete y acate los tratados y acuerdos internacionales? Con indignación pero con voz firme de repudio nos dirigimos a los medios de comunicación social, para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, ante las ONG defensoras de derechos humanos, los sectores progresistas de América Latina y el Caribe, secretario general de UNASUR Dr. Ernesto Samper Pizano, a las Colombianas y Colombianos por la PAZ en cabeza de la Dra. Piedad Córdoba, invocando primero que todo el principio de SOLIDARIDAD entre los pueblos hermanos, denunciamos el sometimiento a la pena de muerte que se nos está imponiendo a las personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario de Cúcuta donde se empieza hacer parte de la siniestra lista toda aquella persona que se enferme sin importar género, color de piel, religión, opinión política, en fin, está prohibido enfermarse en este lugar; en lo corrido de este año han muerto 4 compañeros, el último caso se trató de nuestra compañera GLADIS CALLEJAS NARANJO.

¿En qué consiste la pena de muerte que denunciamos? Es un método dirigido a anular en primer lugar, la personalidad de la víctima que se encuentra sufriendo por cualquier enfermedad, luego, es sometida a un procedimiento de omisión, dilación y negación del tratamiento médico, agotando poco a poco las energías y las expectativas de vida de los pacientes hasta lograr su cometido, morir en un calabozo abandonado a su propia suerte. El caso de nuestra compañera GLADIS que en paz descanse fue conocido por el Ministerio Público, el INPEC y CAPRECOM dado a las reiterativas denuncias que de manera colectiva e individual se interpusieron exigiendo el tratamiento médico de nuestra compañera para salvaguardar la vida de nuestra compañera, sin embargo, CAPRECOM y el INPEC ni a la Personería Municipal le respondieron sus requerimientos. Nuestra compañera venía sufriendo de una rara enfermedad, y como siempre ocurre en CAPRECOM se murió sin saber lo que tenía porque los médicos son desleales en su juramento Hipocrático, jamás hacen un diagnóstico riguroso evitando costos mientras las enfermedades de esta población vulnerable van carcomiendo los órganos vitales poco a poco, en una muerte lenta pero segura, así llamamos a esa omisión perversa de las bandas criminales conformadas entre el INPEC, CAPRECOM y VIHONCO que con el silencio cómplice de la administración de justicia de Cúcuta en donde han causado la muerte en los últimos 24 meses a 26 personas por negligencia médica, esta situación no tiene precedentes en la historia del sistema penitenciario colombiano, porque ni en los tiempos de la violencia y guerra vivida al interior de las cárceles se llegó a esta estadística tan alta de muertos por año. Los últimos 8 días de vida de nuestra compañera fueron de completa tortura, padeció en los calabozos sin medicamentos, sus compañeras de presidio tuvieron que anunciar una huelga de hambre indefinida para que la llevaran al médico, de su celda la sacaron esposada, la subieron a una lata de sardina, así llamamos a uno de los vehículos que utiliza el INPEC para transportar los pres@s que le suena hasta la pintura y está lleno de agujeros por todos lados; primeramente la llevaron al palacio de las injusticias más conocido con el nombre de Francisco de Paula Santander, allí la mantuvieron en un calabozo esposada en condiciones infrahumanas, porque los calabozos del palacio son verdaderas cloacas, tuvo que esperar en ese lugar hasta que llegó la hora de su cita médica que por su gravedad estuvo hospitalizada por varios días. Sin embargo, sin realizarse un diagnostico de su enfermedad fue trasladada nuevamente a su celda; a sus compañeras de infortunio les sorprendió su llegada porque era evidente el deterioro físico y psicológico que presentaba, a las 8 horas de estar en su celda, GLADIS CALLEJAS NARANJO, después de soportar la tortura física y psicológica de las bandas criminales de CAPRECOM, VIHONCO y el INPEC por varios meses no aguantó más y se durmió para siempre.

Hoy a través de este comunicado público solicitamos al gobierno nacional, a la fiscalía General de la Nación y al Congreso de la República que este caso no quede en la impunidad, exigimos que se haga justicia y que se desmantelen estas bandas criminales, la muerte de nuestros 26 companer@s deben ser abordados en virtud de la Ley 70 de 1986, Convención Contra la Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, donde se debe reparar a las victimas o en estos casos a sus familiares, el Estado debe comprometerse a cesar de amanera inmediata la sistemática Violación a los derechos humanos al interior de las prisiones de Colombia porque esto que venimos denunciando desde el Movimiento Nacional Carcelario, es nada más y nada menos que la manifestación de otras formas del TERRORISMO de ESTADO desplegado contra una población vulnerable y en un estado de TOTAL INDEFENCION. Solicitamos la solidaridad para nuestras compañeras CARMEN CECILIA ALMEIDA ROLON y TERESA HERNANDEZ confinadas en la torre 1B del Complejo Penitenciario de Cúcuta para mujeres, las cuales se encuentran en grave estado de salud y total abandono, ya que ni con un fallo de Tutela a su favor han podido acceder a tratamiento médico especializado, solicitamos la protección de sus derechos fundamentales, que se deje a un lado los formalismos y se pase a hechos reales concretos en aras de salvaguardar su vida e integridad, de igual forma solicitamos sean protegidas de esos métodos de tortura y de muerte que se encuentran establecidas en este campo de concentración, propio de la Alemania Nazi, por parte de las bandas criminales del INPEC, CAPRECOM y VIHONCO.

También solicitamos la solidaridad para nuestros compañero DEVINSON MARTINEZ ALZATE del patio 2 quien fue sometido a un procedimiento de cirugía de terigio y salió peor el remedio que la enfermedad, pues por negligencia médica de las bandas criminales del INPEC, CAPRECOM y VIHONCO hoy se encuentra a punto de perder la vista ya que se le produjo una hernia en el ojo y no ha recibido ninguna clase de medicamento ni tiene posibilidades que lo atiendan a tiempo lo que desde luego se convierte en un atentado contra su integridad. Responsabilizamos a la doctora Heddy Yazmith Tuta García directora territorial de CAPRECOM Norte de Santander, al doctor Rolando Arbey Corredor Ochoa, a la doctora Ana Luisa Fernanda Tovar Pulecio, al doctor Hugo Pérez Amador, Representantes de VIHONCO y CAPRECOM, al doctor Alejandro Gaviria Ministro de la Protección Social, al doctor José Manuel Díaz Soto delegado de la política criminal y penitenciaria, al Brigadier General Luis Ramírez Aragón director general del INPEC, al capitán Davis Alexander Álvarez Cárdenas director del COCUC, de ser parte por acción y por omisión de la alianza criminal que ha cobrado la vida de 26 de nuestros compañeros privados de la libertad en esta Complejo Penitenciario. Solicitamos al Gobierno de Juan Manuel Santos acate nuestra petición y se declare la emergencia Social Carcelaria en el Complejo Penitenciario de Cúcuta para poder contrarrestar la CALAMIDAD PÚBLICA que estamos viviendo por la problemática de salud. Solicitamos al Procurador General de la Nación Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado que dentro de las facultades concedidas por la Constitución se aparte del silencio cómplice que ha guardado para exigirle al Estado el respeto a nuestros derechos humanos y cese la Sistemática violación a los derechos humanos, ya es hora de que mire hacia la problemática que vivimos en las cárceles y prisiones de Colombia y deje de preocuparse por lo que pasa en Venezuela porque aquí si se violan los derechos humanos y de qué forma. Pues las cárceles de Colombia hoy son campos de concentración, propios de la Alemania Nazi y usted no ha hecho nada para garantizar nuestros derechos humanos a los cuales usted está obligado a garantizar y velar por que se cumpla la constitución y las leyes colombianas.

DIGNIDAD, MORAL Y LUCHA PARA SER LIBRES!

VIVA EL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO SECCIONAL CÚCUTA!


Marzo 14 de 2015

domingo, 15 de marzo de 2015

CAMPAIGN "FOR SOVEREIGNTY, STOP EXTRADITION”

EXTRADITION:
An obstacle to the political resolution of the conflict and a mechanism of impunity

Extradition is a mechanism related to certain political interests that are useful for imperialist countries and the reconfiguration of world order. Although regarded as an instrument of "cooperation" between states, its implementation has shown a false reciprocity that reflects the actual inequality in the current international climate. As a consequence, this mechanism jeopardizes democracy, the defense of human rights and peace building.

Far from being a neutral legal and effective figure at the service of justice, extradition has been used against the principles of sovereignty and self-determination of people.

In Colombia it has been implemented by US Government requirements, and it is frequently understood as a legal mechanism for the war on drugs. However, not everyone handed over by the government are big drug business capos; on the contrary, public opinion has known allegations of trials, in American courts of law, involving humble people falsely accused of trafficking cocaine and asset laundering. In addition, although the number of hectares of illicit crops has lowered in the past ten years, our country is, today, the second largest drug producer in the world, showing that the business continues as a transnational enterprise of capitalism, even though their visible leaders have been convicted abroad.

Beyond the unforgivable mistakes from the federal police of the United States and the lack of effective control by Colombian authorities when a request for extradition takes place, the application of this figure has brought major problems with it. Some problems relate to truth and justice access for victims of grave human rights violations. Another difficulty we embrace today is related to achieving a political solution to overcome the conflict, as it represents a threat against guerilla members who are taking big steps toward the building of a new society without the use of weapons.

Already in the past, extradition was applied as a tool to pressure rebel organizations. This was clear in the case of Farc-ep commander Simon Trinidad, as well as in the silencing of several paramilitary commanders who owe the country the truth about the highest responsibilities involved in the perpetration of bloody crimes against the Colombian population.

In contrast with the highest requirements of American authorities, and in spite of what has been said and documented on the role played in the internal armed conflict by both the Government of the United States and its corporations, in Colombia there is not even a slight interest from the justice administration to investigate and punish, still less to require by extradition, foreigners responsible of crimes that constitute human rights violations against our people.

And we cannot forget the state´s abandonment which Colombian citizens are subjected to when they are jailed in prisons outside the country. It’s almost impossible to verify their living conditions, and no letter of complaint been sent from the Colombian state regarding situations that, clearly, violate the principles and minimum standard rules for the treatment of the prison population.

Thus, there are compelling reasons to oppose the extradition of any Colombian citizen. First, for the sake of sovereignty and self-determination. Second, to ensure full respect of the rights of those deprived of liberty. And third, in order to move toward the satisfaction of truth and justice for victims of State crimes.

For this reason, once again we call on every Colombian citizen, every family and friend of prisoners, the whole international community, human rights organizations, political prisoners’ collectives and the social and political movement, to join forces in the campaign "For sovereignty, stop extradition”. Our aim is to: 

  • Reject and denounce the use of extradition as a violation of Colombian sovereignty.
  • Defend the peace process between Colombian Government and the insurgencies, promoting democratic peace building.
  • Expose the grave legal situation within prisons that people extradited by order of the Colombian State have to endure.
  • Demand the suspension and the definitive termination of the constant flow of extradited countrymen and the repatriation of those who have already been extradited.
  • Promote legislative reforms to stop extradition as a contribution to an alternative criminal policy under the paradigm of restorative justice.


Sovereignty of people is not an empty concept, but the scenario of permanent political dispute within and outside of the country; it is a necessary condition to achieve peace with social justice: Stop extradition!

Colombia, 28 de febrero de 2015

PARTICIPANTS: Sinaltrainal; Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos-FCSPP-; Unión Sindical Obrera –USO-; Sintraunal; Congreso de los Pueblos; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –REDHER-; Coordinador Nacional Agrario –CNA-; Corporación Solidaridad Jurídica; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Campaña Soberanía y Libertad No a la Extradición; Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza; Poder y Unidad Popular -PUP-; Equipo Jurídico Pueblos; Congreso Ambiental de Santander-CASA AGUAYA; Movimiento de trabajadorXsCampesinxs del Cesar –MTCC-, Ciudad en Movimiento; Acadehum Santander; Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cúcuta ASOFAMINTERCCUC;  Fundación para la Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barriga Vergel; Movimiento Social y Político de Masas de Centro oriente; Familiares y Amigos de los Presos del Nororiente; COSPACC; Fundación Joel Sierra; PUP Santander; Fundación Territorio por la Vida Digna; ASOINCA; Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria DDHH de la CUT de Santander; Cut Arauca;  ASONALCA; ASCATIDAR; CDP; REDHC; Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos-INSPP; Grupo de Trabajo Carcelario Ruptura; Cátedra Libre y Abierta contra la Nueva Inquisición; Fundación Colombia Soberana; Izquierda Libertaria (Chile); Komitek Internacionalista de País Vasco; Unión Syndicale  Solidaires (Francia); ASSOCIATION AIPAZCOMUN (Suiza) Colectivo de Presos Políticos de Palogordo “José Antonio Galán”; Movimiento Nacional de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo; Colectivo de Presos Políticos Orlando Quintero Páez - Picota-Bogotá; Presos Políticos y Detenidas Políticas del complejo carcelario de Cúcuta; Colectivo de detenidas política PolicarpaSalavarieta de la cárcel de mujeres de Chimitá – Bucaramanga; ANTHOC Cauca; Corporación Nasa Yak del Cauca; Corporación Fénix del Sol "CORFESOL"; Aline Castro, Red Por ti América, BRASIL; Igor Calvo, militante de base del FNRP, Honduras; ADHESIONES DE ARGENTINA: Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD - Argentina); Grupo de Comunicaciones: El Lente; La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina; Aurora TumanischwiliPenelón, Guillermo López, FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía eléctrica de la República Argentina en CTA); Marta Speroni, militante internacionalista por los DDHH; Alejandro Cabrera Britos, delegado General ATE SENASA MARTÍNEZ; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FETERA; Carlos Loza, AGP, junta interna  Asociación General de Puertos; Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano Pvcia de Buenos Aires; CARINA MALOBERTI, Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA; Convocatoria por la liberación Nacional y Social, Frente Sindical: Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén); Agrupación político; sindical Tolo Arce; Centro Cultural “Alejandro Olmos”; Convocatoria Alte. Brown; Convocatoria Matanza; Convocatoria Capital Federal; Convocatoria Comunidad; campesina Tartagal-Salta; Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro, Herman Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”; Susana Rearte, Coordinadora en defensa del patrimonio público y de la Soberanía; María Rosa González, comunicadora social; Sindicato Mexicano de Electricistas - Nueva Central de Trabajadores (México); Wayna Tambo - Red de la Diversidad (Bolivia)
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CAMPAÑA POR LA SOBERANÍA, NO A LA EXTRADICIÓN.

Correo:     colombiasinextradicion@gmail.com
Twitter:    @porlasoberania1
Facebook: Por la Soberanía, No a la extradición
Blog:
https://porlasoberanianoalaextradicion.wordpress.com/


viernes, 13 de marzo de 2015

GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SUR DE BOLÍVAR

Comisión de Verificación encuentra una gravísima situación de Derechos Humanos en el sur de Bolívar, especialmente en los municipios de Cantagallo, Arenal y Tiquisio.

Imagen de la Comisión en su primer día
La Comisión de Verificación debió ser organizada por el Congreso de los Pueblos, frente a los últimos hechos y violaciones a los DDHH que se vienen presentando en esa región del país.  Primeramente se constataron los graves daños en la persona y bienes de los habitantes de Cantagallo, quienes se hallaban en una protesta pacífica por el derecho a la salud y soportaron un feroz ataque protagonizado por el ESMAD de la policía el pasado sábado siete de marzo.  Por estos hechos ya fueron interpuestas las denuncias formales ante las entidades competentes y se hizo denuncia pública en nota anterior: Avanza comisión de verificación en el municipio de Cantagallo en el Sur de Bolívar.

Por otra parte, se verificó la situación de DDHH en los municipios de Arenal y Tiquisio, donde también se hallaron preocupantes evidencias de que las comunidades viven bajo constante ataque de la fuerza pública y los paramilitares.  Desde el pasado siete de marzo, la Comisión de DDHH del Congreso de los Pueblos y la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y el Centro y Sur del Cesar; denunciaron una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario consistente en la ocupación del Centro Comunitario de Arenal por parte de miembros la Quinta Brigada del Ejército, afortunadamente la pronta denuncia obligó a los efectivos militares a corregir su infracción, pues ya abandonaron las instalaciones que habían ocupado irregularmente.

Pero los hechos anteriores no fueron los únicos que se hallaron por parte de la Comisión de Verificación.  A continuación se hace relación de los hallazgos más graves:

  1. Hay una fuerte presencia de personal armado y presuntamente paramilitar en la zona rural de Arenal y también en la de Tiquisio.
  2. La fuerza pública es agresiva sin ninguna justificación, en contra de la comunidad; incluso se dio una agresión policial contra un menor de 11 años el pasado cuatro de marzo.
  3. Se tiene una marcada persecución por parte de la policía contra un los líderes juveniles del municipio y contra un medio de comunicación como es la emisora La Negrita Stereo, que es de carácter comunitario y por algún motivo molesta a la administración municipal de Arenal.  La emisora es administrada por la Fundación Rescate Cultural – FUREC, cuyos miembros han sido objeto de señalamientos injuriosos y calumniosos, lo más grave es que el personero municipal participa en esta ilegal persecución, un funcionario que debería estar velando por los derechos humanos en lugar de estar censurando a la emisora de la comunidad.
  4. En toda la región la fuerza pública persigue con saña al minero pequeño y al artesanal. Estos son habitantes de la región que compaginan sus actividades mineras con agricultura y el cuidado del ambiente y el territorio; sin embargo son engañosamente denominados mineros ilegales y se tienen a muchos de ellos privados de la libertad o en líos judiciales.
  5. El municipio no tiene agua potable ni acueducto funcional.  Se supone que el nuevo acueducto está en construcción pero van dos y medio en ese proceso sin que se tenga ningún tipo de resultado.  Por lo pronto, las comunidades se surten de la quebrada Arenal, pero la misma está altamente contaminada.
  6. Hay una grave problemática ambiental por las afectaciones que producirá la construcción de los puertos multimodales sobre el Río Magdalena y se tiene también el caso de la ciénaga Morrocoy, ubicada en el corregimiento San Rafael.  Las desviaciones irregulares de los cuerpos de aguas que le alimentan y la alta sedimentación la tienen al borde del desecamiento total.
  7. La malnutrición y desnutrición se extienden entre la población, en gran parte por la imposibilidad de seguir pescando en la ciénaga Morrocoy.
  8. Una alta tasa de crímenes y agresiones sexuales que se  hallan en la impunidad.
  9. El personal educativo del colegio Ifigenia Mendoza es insuficiente.  Actualmente le hacen falta cinco profesores y las instalaciones se hallan en un estado deplorable.  Aparte de eso se tienen salones enteros del colegio Emma Troncoso tomando clases debajo de árboles y se carece de transporte escolar para los niños de la vereda El Sereno.
  10. Se tiene también que los corregimientos de Buena Vista y Carrizala, de Arenal, carecen de médico desde hace más de seis meses y cualquier situación ha de ser atendida en la cabecera municipal, por lo que implica costos y complicaciones extras que deben asumir aquellos que tengan problemas de salud.


Las anteriores violaciones a los DDHH son graves en extremo y por ello mismo se solicita la actuación de las entidades competentes y de control; de manera tal que se remedie la situación.  También se hace un llamado al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a todo aquel que se entere de lo aquí denunciado; para que se solidarice con los habitantes del Sur de Bolívar; quienes están tratando de construir y materializar sus planes de vida comunitarios y personales.

La Misión estuvo conformada por:
  • Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
  • Coordinador Nacional Agrario -CNA, 
  • Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia -AFASBA, 
  • Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia– REDHER, 
  • Convergencia Bacatá, 
  • Instituto Nacional Sindical – CEDINS,
  • Unidad Técnica Legislativa del Senador Alberto Castilla (Polo Democrático Alternativo).
  • La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y el Centro y Sur del Cesar, y
  • Equipo Jurídico Pueblos.

miércoles, 11 de marzo de 2015

AVANZA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO EN EL SUR DE BOLÍVAR

I. INTRODUCCIÓN 

Mesa de Negociación Comunidad de Cantagallo
El 10 de Marzo de 2015, se instaló la Misión de verificación de la situación de las familias del municipio de Cantagallo - Sur de Bolívar, recientemente desalojadas por disposición de la administración municipal en cabeza de la alcaldesa YANNETH CÓRTES, con el objetivo de establecer la situación humanitaria en que se encuentran la comunidad en general y las condiciones actuales en materia de Derechos Humanos y Garantías al derecho a la Protesta. 

En horas de la mañana toda la delegación se desplazó hacia el municipio de Cantagallo, dividiéndose la comisión en dos grupos a efectos de constatar las condiciones en materia de derechos humanos y de otra parte participar en la mesa de dialogo que se instaló entre la comunidad y las autoridades locales, con el fin de buscar alternativas para solucionar los atropellos de los que son víctima la comunidad del Municipio de Cantagallo, en el marco del derecho a la protesta social para exigir sus derechos fundamentales como el de la salud, educación y otros. 

Además de la visita física que se hizo a la comunidad, los distintos grupos de la Misión recaudaron el testimonio de campesinos de las veredas aledañas, además de la comunidad del municipio de Cantagallo, que fue violentada en sus derechos durante los 22 días de protesta que adelantaban en su municipio.  

Antecedentes informados por las comunidades: 

Los pobladores del corregimiento Brisas de Bolívar llevan más de dos años exigiendo a la Alcaldesa de Cantagallo YANNETH CÓRTES el mejoramiento del servicio de salud. Hasta la fecha se han realizado cuatro movilizaciones exigiendo este derecho, la última iniciada el 18 de Febrero, uniéndose otras comunidades del municipio de Cantagallo.

 La movilización se gesta desde el momento en que el Concejo Municipal de Cantagallo junto con la Alcaldesa YANNEHT CORTES pretendía aprobar el presupuesto del municipio para el año 2015 sin destinar recursos para salud. 

Debido a esto, las comunidades se movilizaron ejerciendo el derecho a la protesta social asentándose  frente  la Alcaldía y el Concejo Municipal con la pretensión de ser escuchados. La respuesta de las autoridades civiles fue traer al Coronel de la policía WILLIAM ARIAS quien arriba a la región el 20 de febrero junto con diez policiales fuertemente armados quienes se dirigieron hasta el sitio de concentración con la intención de desintegrar la protesta. 

Las Comunidades continuaron concentradas exigiendo el derecho a la salud. Después de una semana la Alcaldesa se comprometió a citar una reunión con los entes de control, fiscalía y Derechos Humanos para dialogar en una mesa concertación con las comunidades. Dicha reunión inició el día 2 de marzo de la presente anualidad sin presencia de la Alcaldesa, Personería, Defensoría del Pueblo y procuraduría; ante esta situación la reunión no se llevó a cabo. 

Posteriormente, la alcaldesa YANNETH CÓRTES amenazó a la Comunidad con utilizar la fuerza policial. El 2 de Marzo de 2015 en el momento en que la funcionaria hace presencia uno de sus escoltas grabó con teléfono personal a dos compañeros voceros de la mesa de dialogo. 

La Alcaldesa organiza para el siguiente día (3 de Marzo de 2015) una marcha convocando a sus seguidores.  La marcha salió aproximadamente a las 3:30 de la tarde desde el Coliseo las palmas hasta la CARPA DE LA RESISTENCIA procediendo a agredir verbalmente a las personas que protestaban.

El 6 de marzo de 2015 se instaló nuevamente la mesa de concertación con el objetivo de llegar a unos acuerdos mínimos donde se garantizara el derecho a la salud, en la mesa participaron los voceros y voceras de la comunidad, un representante del Ministerio del Interior, un Delegado de la Defensoría del Pueblo de la Regional Magdalena Medio y un Miembro de la Contraloría, nuevamente la Alcaldesa YANNETH CÓRTES, ni el Personero no se hicieron presente.

El día 7 de marzo de 2015 siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, arremete de manera violenta contra los manifestantes que se  encontraban durmiendo en la CARPA DE LA RESISTENCIA. En el sitio se encontraban aproximadamente 30 personas, entre los cuales había mujeres, adultos Mayores y niños. 

II. LO OBSERVADO 

A los pocos minutos de arribar al municipio de Cantagallo, fue notoria la presencia de efectivos de la policía nacional en las diferentes calles del municipio a la espera de continuar ejecutando las órdenes de la administración local.

La Misión pudo constatar la destrucción total del sitio donde se encontraba asentada a comunidad para exigir sus derechos y el denomino como “LA CARPA DE LA RESISTENCIA”. En el sitio solo se encontraron escombros, y objetos personales de la comunidad en estado total de perdida, entre ellos varias ollas en las cuales cocían sus alimentos durante los 22 días de resistencia en la exigencia que se le hace a la alcaldesa y al consejo municipal para que invirtieran en salud. 

De igual manera se verificó que un gran número de miembros de la Comunidad de Cantagallo y de sus veredas aledañas, se les violaron sus derechos humanos y fueron sometidos múltiples vejámenes por parte de agentes de la policía nacional, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, miembros de la SIJIN y de parte de la administración local en cabeza de YANNETH CÓRTES.

Delegados de la Misión recibimos las denuncias de los pobladores del municipio de Cantagallo, quienes señalaron que el día Sábado 7 de Marzo de 2015, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, arremete de manera violenta contra los pobladores del municipio de Cantagallo que se encontraban durmiendo en la CARPA DE LA RESISTENCIA y que exigían sus derechos fundamentales como el de la salud. En el sitio se encontraban aproximadamente 30 personas, entre los cuales había población vulnerable como lo son los Adultos Mayores, niños y niñas, además de los compañeros que se movilizaron desde las veredas y que acamparon en el sitio, los demás se encontraban en sus casas descansando. 

La Misión también conoció el testimonio de personas que indican que los agentes del Escuadrón Móvil – ESMAD, salieron desde la Base militar que se encuentra ubicada en el Municipio al lado de las Instalaciones de Ecopetrol, que los mismos entran al pueblo arremetiendo en forma violenta contra quienes dormían en la CARPA DE LA RESISTENCIA, pero no bastándoles, siguieron posteriormente a agredir a los demás miembros que se encontraban en sus casa descansando, a su paso ocasionaron serios daños a elementos personales de la Comunidad, como es el caso de sus viviendas, ollas, una nevera donde la comunidad tenía guardada la carne, agredieron física y verbalmente a los miembros de la comunidad, especialmente a niños y adultos mayores. 

Delegados de las organizaciones que conformaron la Misión se desplazaron pro varias calles del municipio entrevistándose con los pobladores y en las mismas manifestaban que el ESMAD en su  arremetida dejo a varios heridos de gravedad, porque disparaban los gases directamente al cuerpo lesionando de esta manera a muchas personas, a otros los golpearon cuando estaban en el suelo, les pegaban patadas, puños, con la macana también los golpearon, muchos de estos miembros del ESMAD nos gritaban “GUERRILLEROS, PROSTITUTAS, GALLINAS….”, hecho que pone en riesgo nuestra vida e integridad física. 

El otro grupo de la Misión de Verificación, se encontraba en la mesa de negociación que se instaló y en la cual participan miembros de la Comunidad del municipio de Cantagallo y las autoridades locales, sin que hasta el momento se hagan presente los entes de Control del Ministerio Público.

De otra parte, la comunidad afirma que sienten que su vida corre peligro, debido a los señalamientos y la forma como los reprimió el ESMAD y más si se tiene en cuenta que en la región todavía hay presencia del paramilitarismo. 

III. CONCLUSIONES 

La Misión advierte que la Comunidad del Municipio de Cantagallo – Sur de Bolívar, actualmente se encuentra en un riesgo inminente debido al actuar de los miembros de la policía nacional, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios y especialmente por la ausencia de organismos de control y la búsqueda de una salida política y negociada a las peticiones de la Comunidad. 

A partir de las condiciones constatadas y conforme a los testimonios de la Comunidad se observa que se han desconocido sus derechos fundamentales y humanos, que protege el derecho internacional y la propia Constitución Colombiana, derechos que el Estado Colombiano se obligó a respetar y a garantizar la vigencia de los derechos inalienables de la Comunidad y que han sido desconocidos. 

Para esta Misión, la administración municipal de Cantagallo, ha desconocido a la Comunidad como actor político en los diálogos y ha incumplido constantemente los acuerdos que se han firmado, de otra parte que los organismos del ministerio público y la alcaldesa YANNETH CÓRTES, han evadido su responsabilidad frente al hecho de garantizar los derechos fundamentales de la población y por el contrario la alcaldesa reprimió la protesta social, en la cual un campesino perdió la vida.  

IV. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentras las mujeres, niños, hombres y adultos mayores de la comunidad de Cantagallo, la Misión presenta las siguientes recomendaciones y solicitudes: 

1. A las autoridades Nacionales y Locales, que tomen las medidas necesarias para garantizar a la Comuinidad del Municipio de Cantagallo el Derecho a la Salud, el agua, la educación y demás derechos que estan siendo desconocidos por la administración.

2. A la Defensoría del Pueblo, solicita su presencia y participación en la mesa de negociación que se adelanta para buscar una salida política al paro que ya lleva más de 22 días. 

3. A la Procuraduría, solicita su presencia y participación en la mesa de negociación que se adelanta para buscar una salida política a la actual situación.

4. Se requiere a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los funcionarios que intervinieron en los hechos del 7 de marzo de la presente anualidad y de aquellos que han desconocido su deber constitucional y legal de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la población de Cantagallo.  

5. Solicita a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue con celeridad e imparcialidad los  de marzo de hechos acaecidos el día 7 de marzo de 2015, en los cuales se atentó contra la vida e integridad física y personal de la Comunidad en general.  

6. Alienta a la Defensoría Regional del Pueblo para que realice un seguimiento riguroso a la situación actual que se vive en el municipio de Cantagallo e intervenga en el marco de sus competencias ante las entidades obligadas legal y constitucionalmente, para que garanticen los derechos de la población en general y se respete la vida de los mismos por parte de los miembros de la policía nacional, Escuadrón Móvil Anti Disturbios - ESMAD y las autoridades locales. 

11 de marzo de 2015 

La Misión estuvo conformada por el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Coordinador Nacional Agrario – CNA, Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia (AFASBA), Red de Hermandad y Solidaridad – REDHER, La Convergencia Bacatá, Instituto Nacional Sindical – CEDINS

Comisión de verificación Documentando las Denuncias de la Comunidad

Mesa de Negociación
Campesino Agredido por el ESMAD con un Gas Lacrimógeno

Daños a las Viviendas ocasionados por agentes del ESMAD
Justa Simanca de 101 años de edad y su hijo Anatanael Camargo de 75 fueron agredidos por miembros del ESMAD

COMUNICADO N.8. CONTINÚA CRISIS EN COMPLEJO PENITENCIARIO DE CÚCUTA

Llamado a la solidaridad.

Una vez más acudimos a los medios de comunicación nacionales e internacionales para denunciar ante la opinión pública, ante la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería, ONG's Defensoras de Derechos Humanos, y solicitar su intervención de carácter urgente ante la Secretaria de Salud, CAPRECOM, IPS VIHONCO, Oficina de salud Pública del C. O. CUC , Dr. William Martínez Director encargado del C. O. CUC. Para que de INMEDIATA garanticen el tratamiento integral a nuestros compañeros JHONATAN KELLER VANEGAS y ALEXANDER TISOI CONTRERAS contagiados con el bacilo de KOCH - más conocida como la TUBERCULOSIS que tiene en riesgo sus vidas y abre la posibilidad de que más personas privadas de la libertad se sigan contagiando.

La razón de nuestro llamado a la solidaridad es que nuestros compañeros se encuentran confinados en el patio # 20, más conocido como el calabozo de la tuberculosis, ese lugar riñe con los derechos a la dignidad humana toda vez que no es apto para albergar presos y mucho menos enfermos con un virus que puede ser mortal. No es posible que a estas alturas de la vida la Secretaria de Salud no haya suministrado ninguna clase de medicamentos o tratamiento a nuestros compañeros. ¿Qué están esperando? No existe ninguna justificación para continuar con la violación a su integridad, si la Secretaria de Salud no asume la atención inmediata de nuestros compañeros alguien tiene que hacerlo, por ello hacemos el llamado al ministerio público para que verifiquen las condiciones de cautiverio en que se encuentran nuestros compañeros y se garanticen su acceso al tratamiento especializado y verifiquen las condiciones de cautiverio en se encuentran. Responsabilizamos al INPEC a la Secretaria de Salud de Cúcuta de lo que le pueda pasar a la integridad y vida de nuestros compañeros que se encuentran en una situación hostil e inhumana proscrita en la Constitución Nacional.

Hacemos un llamado al doctor EDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA Magistrado del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DiSTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA-SALA PENAL, para que ORDENE una inspección judicial al patio 20 del Complejo Penitenciario de Cúcuta. Esto de acuerdo al fallo de tutela del 26 de Noviembre de 2014 aprobado por el acta N. 443 en donde se estableció y comprobó que dicho patio o calabozo no es apto para mantener enfermos por TBC o tuberculosis ni para ningún otro motivo. Así lo estableció la SALA PENAL del TRIBUNAL, y  a pesar de haber de por medio una orden judicial del alto Tribunal, ni la Secretaria de salud y mucho menos el INPEC y CAPRECOM toman medidas para respetar el fallo de tutela en mención y ni qué decir de los derechos humanos de nuestros compañeros enfermos con tuberculosis.

Esto es otra muestra de la incapacidad del Estado representado por el INPEC, CAPRECOM y la Secretaria de Salud para resolver el problema de salud epidemiológico que tenemos en esta Penitenciaria, señor alcalde de Cúcuta, señor Gobernador de Norte de Santander, van a la fecha la estadística de más de 50 enfermos contagiados con TUBERCULOSIS. ¿Cuántos más debemos estar infectados para que desde sus funciones se tomen medidas y se intervengan en el control y la erradicación de tuberculosis?, o ¿es que están esperando que esta enfermedad infectocontagiosa se riegue en toda la ciudad?, no les basta con la calamidad pública que vivimos en este campo de concentración, propio de la Alemania NAZI donde hasta la fecha en lo corrido del año han muerto 3 compañeros por negligencia médica llegando a una suma de 25 muertos en 2 años por el mismo problema, donde se repite el mismo guion, ¿será que no es hora de pasar la página y se haga JUSTICIA?

Reiteramos nuestra petición al Gobierno Nacional del señor Juan Manuel Santos, ya es hora de que se decrete la EMERGENCIA SOCIAL para solucionar de forma y de fondo la CALAMIDAD PÚBLICA al interior del Complejo Penitenciario de CÚCUTA.

Solicitamos a la Secretaria de Salud de Norte de Santander de manera inmediata ordene una comisión de control epidemiológico para que ingrese a la Penitenciaria y patio por patio haga la toma de muestras de esputo y se logre establecer cuántos presos más estamos contagiados o infectados con el bacilo KOCH o tuberculosis.

…ABAJO LOS MUROS DE LA INFAMIA...


…VIVA EL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO SECCIONAL CÚCUTA MARZO 06 DE 2015...