Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 1 de agosto de 2015

COMUNICADO PÚBLICO POR ABUSO POLICIAL

Denuncia por vulneración al derecho a la libre circulación y al trabajo como fuente de subsistencia en el municipio de Pelaya, Cesar a la comunidad de transportadores de economía Informal.




Las autoridades de tránsito de Pelaya incurrieron en continuas  violaciones  a los principios a la  libre circulación, debido proceso, principio de confianza legítima , presunción de inocencia   y  el derecho de rango constitucional fundamental al  trabajo, en tanto las  mismas  han  restringido  el sustento mínimo vital de  trabajadores de economía informal dedicados al transporte de personas, por cuanto de manera sistemática y reiterada   dichas autoridades de tránsito  abusando del derecho crean masivos retenes,  los cuales tienen por fin exclusivo  generar el mayor número de multas y quebrar  a las personas que se dedican a dicha labor,  no obstante la arbitrariedad y dudoso procedimiento se extiende a  la población en general.
Hechos

1.    La comunidad de transportadores de economía informal del municipio de Pelaya, Cesar, han sufrido una continua persecución por parte de la policía de tránsito en tanto la misma se ha ceñido en desestabilizar esta actividad abusando del derecho y afectando el patrimonio y a su vez el  sustento para subsistencia  y mínimo vital de los mismos y su  familias, en tanto  las multas (“comparendos”), son reiterados y sistemáticos  y especial mente a ciudadanos laboriosos que se han identificado  como trabajadores de  este escenario;  axial a lo anterior  también se constituye una afectación directa al principio de confianza  legítima por parte de la administración pública, dado a que la misma en años anteriores no presentaba objeciones a esta forma de trabajo por lo cual los trabajadores de economía informal  crearon un expectativa de sostenibilidad en esta actividad y por ende de confianza en que su actividad no era  perjudicial  , ahora la corte constitucional en la Sentencia T-442  de 2013 precisa:

“(…) preservar el interés general no es a través de actos lesivos del principio de confianza legítima de los administrados, de forma tal que no puede castigárseles por ejercer actividades económicas con las que además se garantizan la subsistencia y el mínimo vital. No es una culpa atribuible a ellos cuando quiera que por acción u omisión (en la mayoría de casos por esto último) la administración ha permitido dichas situaciones, que por mucho tiempo, creó en ellos expectativas favorables que no pueden ser eliminadas súbitamente (…)”

2.    En cuanto al actuar por parte de la policía de tránsito transgrede drásticamente los principios  de confianza legítima, libre circulación , el debido proceso y presunción de inocencia , pues estos actúan bajo  postulados de especulación y arbitrariamente presumen la  culpabilidad a todo aquel que transporte personas y que  en alguna ocasión realizo o tuvo afinidad con el transporte de economía informal  y sin una previa corroboración proceden a realizar   continuas multas de cuantiosos “comparendos de transito” e incluso la inmovilización de los vehículos.

3.       Ahora lo preocupante de la situación radica en que el trabajo ateniente al transporte   de personas constituye una arteria de la vida de los trabajadores de economía informal  y  sus familias, esta actividad laboriosa  asegura la subsistencia  y mínimo vital, como  también una  forma de dignificar  las condiciones de pobreza y falta de oportunidades laborales en este municipio que no le dejan más opciones a estas  perseverantes personas que realizar una actividad de transporte de economía informal y que hoy día de forma drástica pretende ser   erradicada tanto por la administración Publica  como por la autoridad de tránsito.

4.    Lo anterior  impacta negativamente la calidad de vida de los trabajadores de economía informal y sus familias a consecuencia de que el actuar por parte de  la administración pública y autoridades de tránsito transgrede la expectativa de confianza que estos laboriosos de economía informal habían creado en torno a su actividad, cabe anotar que esta actuación riñe nuevamente con el principio de confianza legítima en tanto el mismo configura unas pautas para que la administración pública  no conculque  el bienestar de aquellas personas dedicadas a esta actividad.

5.    Dicho actuar restrictivo por parte de estas autoridades resulta contraproducente a los criterios que  emana el principio de confianza legítima   pues si bien el mismo comprende: “(…)cualquier acto que pretenda modificar la expectativa creada en los administrados, debe tener en cuenta los siguientes criterios con el fin de garantizar el principio de confianza legítima: (i) la medida de protección no equivale a indemnización ni a reparación y (ii) debe brindarse el tiempo y medio necesarios para que pueda reequilibrar su posición o se adapte a la nueva situación.” Sentencia T-442 del 2013.

6.    A   consecuencia  la comunidad de transportadores de economía informal  de Pelaya, Cesar, han venido desarrollando esta actividad por cuanto vieron una alternativa de ingresos  al identificar falencias en la prestación de  los servicios de transporte público en el sentido de que la comunidad necesitaba una solución a tal situación, brecha que  también se presentó como una solución a las necesidades de  subsistencia de los transportadores de economía informal que permitiere siquiera devengar un mínimo vital para la subsistencia de ellos y sus familias, es así que vislumbraron una expectativa de confianza en la medida que su hacer era permitido; situación que drásticamente cambio con las nuevas políticas de la administración pública  que se ven reflejadas en el actuar de las autoridades de tránsito  que tienen por objeto erradicar toda forma de  transporte; realizada por los trasportadores de economía informal.

7.    Así también este actuar resulta lesivo al derecho al trabajo, toda vez que el artículo 25 del estatuto supremo precisa   “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”;  lo anterior confluye conforme al criterio de la Corte Constitucional  Sentencia No. C-606 de 1992, quien se refiere al trabajo así “(…) El derecho al trabajo debe interpretarse en estrecha relación con los principios de igualdad, libertad y dignidad humana”.

8.    Actualmente los trabajadores en esta actividad han intentado obtener el reconocimiento  formal por parte de la alcaldía a través de la creación de asociaciones, empero, la misma administración mediante su omisión ha impedido que se materialice el derecho fundamental a la libre asociación   yendo en contravía de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, universalidad, transparencia, debido proceso, estado social de derecho   que confluyen  para salvaguardar el derecho de rango constitucional del trabajo  por tanto tal actuar por parte del representante de la Administración publica se aleja de los postulado por la corte en la sentencia C542 de 1992 quien se alude al trabajo como:

“(…) un bien significativo cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo. En efecto, es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto a la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad.”

Por lo anterior esta comunidad de transportadores de economía informal y las organizaciones sociales suscriptoras se permiten solicitar respetuosamente a la administración pública y autoridad de tránsito propender y asegurar la protección de la dignidad humana toda vez que la comunidad de transportadores de economía informal tienen su sustento de vida y mínimo vital a través de esta actividad,  el accionar actual por parte de estos entes va en menoscabo de la calidad de vida tanto de transportadores como de su familia.

También se solicita la creación de mesas de dialogo entre la administración pública, autoridades de tránsito y transportadores de economía informal para buscar soluciones en caminadas a favorecer a esta comunidad y crear un marco de desarrollo sostenible.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS, CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC

martes, 28 de julio de 2015

CIUDADANOS SE MOVILIZARON CONTRA LA EXTRADICIÓN Y POR LA SOBERANÍA

(Agencia Colombia Informa),
El pasado jueves 23 de julio ocurrió la más reciente manifestación en contra de la extradición de ciudadanos colombianos. Desde tempranas horas Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, fueron el escenario de plantones, jornadas culturales y movilizaciones para apoyar el quinto punto de la plataforma general del Movimiento Nacional Carcelario e insistir en la necesidad de que el Gobierno decrete la Mesa Nacional de Concertación para avanzar en soluciones de fondo a la grave situación carcelaria que vive el país.
La jornada de movilización también respaldó el Proyecto de Ley 009, radicado el pasado 21 de julio y en el que se regula la figura jurídica de la extradición, iniciativa legislativa impulsada por la bancada del Polo Democrático Alternativo en Senado y Cámara de Representantes. La propuesta llama al Estado colombiano a cumplir con su responsabilidad de administrar y aplicar la justicia como corresponde.
“En Colombia la extradición ha aumentado dramáticamente durante los últimos 15 años, con más de dos mil personas extraditadas sin ninguna garantía judicial”, afirmó una de las voceras de la campaña Por la Soberanía, No a la Extradición, durante el plantón realizado en la ciudad de Cúcuta. Además, los manifestantes coincidieron en que los constantes “errores judiciales” que han tenido que padecer personas humildes del país, requeridas en extradición principalmente por los Estados Unidos, son una clara violación a la dignidad humana. “La extradición no sólo afecta a las personas requeridas sino a sus familiares” afirmaron varios de los asistentes a la movilización en la ciudad de Bucaramanga.

Figura jurídica

Según la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1106 del 2000, “el fundamento de la figura de la extradición ha sido la cooperación internacional con el fin de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el que cometió el delito. (…) ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad. y (…) que permita garantizar los derechos de las personas que a ella (extradición) se encuentren sometidos”.
Pese a estas afirmaciones, los familiares y amigos de los presos bajo la consigna “la cárcel no es la solución, mucho menos la extradición”, denunciaron que en Colombia existe una política criminal que opera como mecanismo de represión social y política. Señalaron que la extradición fracasó en la lucha contra el narcotráfico y por el contrario profundizó la guerra al promover la impunidad.

Plan Colombia

Por otro lado, a pesar de la figura jurídica ya mencionada, la extradición responde en la mayoría de casos ejecutados a demandas particulares de los Estados Unidos y su 'estrategia de guerra contra las drogas' por medio del Plan Colombia. No obstante, el país sigue siendo uno de los mayores productores y exportadores de droga en todo el mundo.
Según el último informe mundial de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Undoc-, “América del sur sigue siendo el eje principal de salida de cocaína al resto del mundo”. Colombia, junto con Perú y Bolivia, sirven como países de salida y tránsito de cocaína con el resto del mundo. El informe añade que “las incautaciones de heroína en los Estados Unidos han aumentado desde 2008 (en 6,2 toneladas en 2013). Las autoridades han informado aumento en el tráfico tanto de México y Sudamérica y, en 2014, México informó que es un país de tránsito para la heroína producida en Colombia y con destino a los Estados Unidos”.
Otra de las mayores preocupaciones que representa la extradición es que permitió a varios jefes paramilitares evadir su responsabilidad al no realizar las declaraciones necesarias en el proceso de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado, ya que estando en Estados Unidos, por ejemplo, responden a los delitos señalados por narcotráfico y no por aquellos de lesa humanidad.
Desde hace más de 15 años el presupuesto de la nación se acondiciona para el sostenimiento y aumento de la guerra, lo que implica modificar la política carcelaria y penitenciaria, entre otros. Innumerables violaciones a los derechos humanos ocurren en las cárceles como consecuencia de tal modelo, en el que gran parte de la responsabilidad recae en el Plan Colombia que no ha permitido a la administración de la justicia autodeterminación para hacer el respetar estos derechos.
Se espera el avance durante los debates en el Congreso de la República de este Proyecto de Ley 009. Una iniciativa del movimiento social por la soberanía y la autodeterminación de la justicia colombiana. “Estamos reclamando soberanía porque la justicia debe ejercerse en Colombia, la extradición rompe la familia y viola las garantías judiciales, además se corre el riesgo de que haya maltrato y torturas a las personas enviadas a otros países. Por eso nos sumamos al Proyecto de Ley 009 que busca la reglamentación del código penal para reclamar condiciones de dignidad y soberanía” concluyó el Senador Alberto Castilla.
Tomado de:  




Imágenes de archivo propio



viernes, 24 de julio de 2015

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO, CÚCUTA

Unidad, movilización y lucha por el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad"

Movilización del 23 de julio en Cúcuta.


Movilización del 23 de julio de Bucaramanga.


Desde la prisión, desde estos gélidos muros de la ignominia saludamos fraternalmente a los familiares y amigos de los presos, a los sectores sociales y ONG's defensoras de derechos humanos que nos acompañan en esta movilización por la dignidad humana, GRACIAS por su solidaridad, hoy en medio de los avatares de cada familia, de cada comunidad, de cada sector social, estamos demostrando la madurez de un proceso que poco a poco, con persistencia y sin desfallecer vamos consolidando la lucha de todas y todos en torno a la plataforma política del MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO – MNC - compañeras y compañeros, esté es el camino correcto, estas movilizaciones y manifestaciones que se desarrollan en cinco ciudades del país alimentan la esperanza de más de 120 mil personas privadas de la libertad sometidas a condiciones inhumanas de subsistencia en las prisiones colombianas, propias a los campos de concentración nazi.

Como víctimas del sistema penitenciario con graves problemas estructurales y de la utilización de la justicia como un arma de guerra contra el enemigo interno, ratificamos nuestro compromiso con los cinco puntos planteados por el MNC al gobierno nacional para solucionar la crisis carcelaria. Consideramos que la solución pasa por la toma de decisiones políticas con un sentido humanista, reconociendo en primer lugar las causas sociales, las difíciles condiciones de subsistencia de donde provienen más del 80% de las personas privadas de la libertad, que en muchos casos encuentran en el delito la única forma de sobrevivir. En segundo lugar, insistimos en la declaratoria de la EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA donde es prioritario garantizar el servicio integral de salud sin las EPS que han hecho del derecho a la salud un negocio dejando en un tercer plano la vida de cientos de miles de pacientes que mueren abandonados en calabozos y celdas. En tercer lugar, se debe dar trámite de urgencia en el congreso de la república al proyecto de ley 082 de 2013 que contempla una rebaja de penas de un 20% para todos los delitos. En cuarto lugar, el mismo congreso de Colombia no puede seguir de espaldas a la crisis carcelaria y por ello, tiene la obligación moral de corregir el aumento desproporcionado de las penas que sólo ha causado hacinamiento y por ende violaciones a los derechos humanos en las cárceles y penitenciarias del país. En quinto lugar, se debe discutir de fondo el tema de la EXTRADICIÓN DE COLOMBIANOS, por considerarse un atentado a la soberanía y al derecho de auto determinación de nuestro pueblo y una clara manifestación del neocolonialismo en pleno siglo XXI.

Aprovechamos esta oportunidad para decirle a Colombia y al mundo que, para construir la paz se necesita solucionar de fondo la sistemática violación a los derechos humanos en las cárceles. No olvidemos que el desarrollo de una democracia se demuestra en la forma como trata a sus prisioneros.

¡VIVA EL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO!

CÁRCEL DE CÚCUTA 23 DE JULIO DE 2015. 

jueves, 23 de julio de 2015

DECLARACIÓN POPULAR POR LA SOBERANÍA Y CONTRA LA EXTRADICIÓN

(Comunicado No. 3 de la Campaña por la Soberanía, No a la Extradición)

En el día de hoy, 23 de julio de 2015, nos hemos congregado de todos los puntos cardinales de Colombia, contando con el apoyo de organizaciones solidarias del mundo entero, con el objeto de reclamar de vuelta nuestra soberanía y rechazar la extradición de nacionales colombianos.  La soberanía es un principio básico para la independencia de un pueblo y para el éxito de sus proyectos como nación, se habla de reclamarla porque Colombia evidentemente carece de la misma; el gran capital financiero y especulador impuso el modelo neoliberal usando al FMI, al Banco Mundial y otras instituciones análogas que, aún hoy en día, siguen dictando las principales políticas públicas.  Por otro lado, existen al menos siete bases militares de los EE.UU. en territorio colombiano, las cuales convierten al país en un portaviones estacionario del Comando Sur; esto sin contar con la presencia no reconocida de militares extranjeros en otros puntos del territorio o la presencia de mercenarios de empresas como Dyncorp y Blackwater.  En definitiva, ni en la forma ni en el fondo gozamos de soberanía y por eso es necesario reclamarla.

En cuanto a la extradición, se trata de una figura jurídica que se promociona como un instrumento de lucha contra el narcotráfico y para suplir la debilidad manifiesta de nuestro sistema judicial, sin embargo los hechos demuestran que no ha servido para nada de lo anunciado y que el país continúa ocupando los primeros lugares de producción de cocaína en el mundo. De acuerdo con informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la producción de cocaína sigue creciendo y los grandes carteles mantienen sus acostumbrados niveles de control sobre la población y los poderes públicos.

Lo que sí ha resultado con la extradición es lo siguiente:

  • La aplicación de esta figura violenta la soberanía de una nación.
  • La entrega de personas que además están siendo investigadas en Colombia por otros delitos, ha afectado los derechos de las víctimas; o el derecho que estos tienen de defenderse de todos los cargos que se les imputan.
  • Con su uso se violan garantías judiciales de los colombianos requeridos.
  • La entrega de nacionales  provoca la desintegración familiar y afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, discapacitados que dependen económica y afectivamente de la persona requerida.
  • Se incrementa el riesgo de tortura y otros malos tratos y penas inhumanas y degradantes de los ciudadanos en cárceles del exterior.
  • Continuar su aplicación puede constituir un atranque a la solución política al conflicto en Colombia.
  • Los errores judiciales contra nuestros nacionales en países extranjeros debe cesar.

Por todo lo anterior, varios parlamentarios han radicado el proyecto de ley No. 009 de 2015 que regula esta figura jurídica de la extradición.  Víctor Correa Vélez, Alberto Castilla, Iván Cepeda, Alirio Uribe, Germán Navas, Alexander López, Jorge Enrique Robledo y Oscar Ospina son los congresistas que oyeron el clamor por la soberanía y tienen todo nuestro apoyo para que salgan adelante con ese importante proyecto de ley.

Invitamos al gobierno, en cabeza del señor presidente Juan Manuel Santos y su Ministro de Justicia Dr. Yesid Reyes Alvarado, a apoyar esta propuesta de reforma del procedimiento penal en materia de extradición, a efectos de abundar en garantías para sus ciudadanos.  Le agradecemos a toda la comunidad nacional e internacional que nos apoyó en esta importante jornada de lucha y solicitamos mayor solidaridad en Colombia y el mundo entero por esta justa causa que hoy nos unió.

Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali, Pereira y Manizales; 23 de julio de 2015.

CAMPAÑA POR LA SOBERANÍA NO A LA EXTRADICIÓN.

Movilización en Bucaramanga

Movilización en Bucaramanga

Movilización en Bucaramanga

Movilización en Bucaramanga
Movilización en Bucaramanga
Movilización en Cali

Movilización en Bogotá


Movilización en Cúcuta


miércoles, 22 de julio de 2015

FORO: “VIOLENCIA EN COLOMBIA, CONFLICTO, JUDICIALIZACIÓN Y PAZ”

El EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS los invita

A participar en el FORO: “Violencia en Colombia, Conflicto, Judicialización y Paz” que se realizara este Viernes 24 de Julio a las 4:30 de la tarde, en el Auditorio de SINALTRAINAL en la Carrera 7 No. 6 - 35 de Bugalagrande - Valle.

Invitados:

- Padre Javier Giraldo S.J. Defensor de Derechos Humanos
- Leonardo Jaimes. Defensor de Presos Políticos y miembro del Equipo Jurídico Pueblos

La presente actividad es convocada por SINALTRAINAL

 

ACCIÓN URGENTE: HACINAMIENTO EN CÁRCEL DE PEDREGAL DEJA VARIOS PRESOS HERIDOS DURANTE VISITA FAMILIAR

Como Movimiento Nacional Carcelario informamos sobre delicados hechos que comprometen la seguridad de los presos y sus familiares por hacinamiento carcelario en la cárcel El Pedregal - Antioquia.

El 19 de junio de 2015 domingo, en la cárcel el pedregal en Medellín Antioquia, a la hora de las mujeres iban a visitar a sus familiares recluidos, la Directora de este centro LILIANA MARIA VELEZ GUTIERREZ ordenó que se reunieran las visitas del patio B y del patio UTE en un solo patio, el de visitas, ocasionando incomodidades no solo para los familiares de los presos sino que además perjudicando a los presos.

Según la información suministrada, debido al hacinamiento al momento de las visitas se presentaron enfrentamientos entre los presos dejando cuatro heridos, dos de ellos presos y dos guardianes, llama la atención la falta de previsión por parte de las directivas del INPEC ya que no tuvieron en cuenta los riesgos de tener a más de 200 personas en un solo patio.

Hacemos un llamado urgente pues estas disposiciones afectan la integridad y seguridad tanto de los presos como las personas o familiares que los visitan. Nos preocupa que esta disposición sea adoptada nuevamente, pues según se nos ha informado este fin de semana se va a realizar la visita de igual forma, esto es, juntando dos patios en un solo patio de visita.

De manera urgente exigimos se tomen las medidas pertinentes para evitar situaciones similares, a las autoridades nacionales, regionales y locales activar los mecanismos establecidos por la Ley que ordenan brindar protección a la vida e integridad física de las personas que están bajo su custodia del Estado, así como también a los familiares, amigos que los visiten.

Medellín, 22 de julio de 2015.

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

CÁRCEL DE PALOGORDO INICIA DESOBEDIENCIA POR MUERTE DE PRESO SOCIAL

Los Presos Políticos y Sociales de la cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Palogordo - Girón nos permitimos poner de presente la grave problemática originada por la pésima asistencia en salud a pesar que hemos agotados todos los recursos jurídicos exigiendo el respeto inmediato de nuestros derechos a la salud y la vida digna sin que hasta fecha sea posible.

El Estado colombiano a través del INPEC y CAPRECOM siempre se comprometen mediante la firma de acuerdos que no cumplen. Sumado a lo anterior, la empresa CAPRECOM EPS subcontrató con una Unión Temporal siendo esta última totalmente negligente. La situación de salud de los presos es tan grave que hace apenas 48 horas dejaron morir al interno OSCAR DARIO SANCHEZ TORDECILLAS (TD 2720); nosotros somos testigos que fue por negligencia e indolencia ya que no recibió la atención médica adecuada.

Por lo anterior, para evitar que casos como estos se repitan, decidimos que a partir del jueves 23 de julio del 2015 entraremos en desobediencia pacífica consistente en:

- Cese total de actividades indefinidamente.

Hacemos un llamado a las organizaciones de DDHH y en general al movimiento social para que sean veedores y observadores de estas acciones que adelantaremos evitando que seamos atropellados por el INPEC por simple hecho de ejercer el derecho a la protesta social. Anunciamos que iremos hasta las últimas consecuencias, pues no nos ha quedado otro camino que acudir a este tipo de mecanismo como recurso para ser escuchados por actual Estado indolente. Agradecemos su apoyo y solidaridad para con nosotros las víctimas del sistema penitenciario colombiano.

Bucaramanga, 22 de julio de 2015

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO
Cárcel de Palogordo - Girón